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Entrevista Miguel Palacín Quispe (CONACAMI)
Las protestas campesinas contra las transnacionales mineras que operan en Perú son consideradas por el gobierno de Alejandro Toledo como “actos de vandalismo” que merecen ser castigados.
El gobierno peruano acusa a sectores de “izquierda radical” por las manifestaciones contra la empresa Majaz, que opera en el norte del país y pertenece a la compañía inglesa Monterrico Metals.
Los dirigentes campesinos que participaron en las protestas enfrentan juicios por delitos de “violación de libertad, secuestro y perturbación del orden público”, mientras que las mineras exigen a Toledo que aumente la “mano dura”.
Entrevista a Miguel Palacín Quispe, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería de Perú, quien según dijo, se encuentra “en la clandestinidad y perseguido por la policía”.
¿Qué objetivos se planteó la CONACAMI en su origen?
Nosotros somos la respuesta al llamado “boom minero” que se dio en Perú a partir de 1993 y que afectó los territorios de 3.200 comunidades campesinas. Si se toman en cuenta las concesiones a empresas, la actividad minera se multiplicó por cuatro desde ese año hasta ahora. Esto provocó impactos sobre los territorios comunales, los recursos hídricos y generó varios conflictos con las poblaciones locales.
La CONACAMI se constituye en 1999 con la participación de 600 comunidades provenientes de 13 de las 25 regiones del Perú. Actualmente estamos en 18 regiones y tenemos incorporadas unas 1650 comunidades afectadas por la minería.
Con el tiempo nos hemos convertido en una organización referente en lo que tiene que ver con temas energéticos y cuidado de recursos naturales.
Actualmente estamos en una situación muy difícil, ya que el estado y las empresas mineras han llevado a la justicia los reclamos de los agricultores, pueblos indígenas y campesinos. Nosotros trabajamos por la defensa de estos sectores en temas de derechos ambientales y territoriales, y los seguiremos acompañando en todos los procesos que desarrollen.
¿Cuáles son los principales impactos de la actividad minera?
En primer lugar, la actividad minera no es compatible con la ganadería o la agricultura. El desarrollo de la minería depende de los territorios comunales y principalmente de sus recursos hídricos.
Para procesar una tonelada de mineral se requieren tres metros cúbicos de agua, y esta es una actividad industrial que procesan diariamente hasta 130 mil toneladas de mineral, lo cual provoca graves impactos en las cuencas hídricas y la fertilidad de las tierras.
Por otra parte, la minería genera enclaves económicos que no generan empleos para la zona. Las empresas no compran los productos locales y no se complementan productivamente con la actividad de los agricultores. O sea que el llamado “desarrollo” minero no genera beneficios en estas comunidades, que por otra parte están en las zonas más pobres del país.
Por ejemplo, la empresa minera Yanacocha (*) vende anualmente más de 500 millones de dólares pero sin generar beneficios en la población, y la región donde opera, Cajamarca, sigue siendo una de las zonas más pobres del país.
¿Cómo surge el conflicto con la empresa Majaz y cuál es la situación actual?
En Conacami tenemos detectados alrededor de cien conflictos con empresas, de los cuales 42 podríamos calificar de graves o latentes.
Majaz es una empresa junior, de capitales ingleses, que se dedica a la exploración minera con fondos de las bolsas de valores europeas.
Hay actualmente en Perú unas mil empresas de este tipo, que lo que hacen es encontrar yacimientos y luego se retiran.
Majaz llegó al norte del país hace cuatro años, se asentó en el único páramo que tenemos en el país y nunca mantuvo conversaciones con las comunidades de Ayabaca y Huancabamba, que son las propietarias de los territorios. Esto provocó que los campesinos organizaran una caminata de cinco días, donde participaron unos siete mil manifestantes. La reacción del gobierno ante estas protestas fue la represión: envió fuerzas especiales a la zona, asesinó a un campesino, hirió a otros cincuenta, detuvo a unos treinta manifestantes y actualmente muchos de nuestros compañeros enfrentan juicios por estas protestas.
Las organizaciones sociales y los sectores de la Iglesia Católica, que defendieron los derechos de los agricultores, están ahora comprometidas y perseguidas por el gobierno peruano. Hay una confrontación muy fuerte entre las sociedad organizada y el gobierno de Toledo, que dispuso todas las fuerzas públicas en favor de las empresas mineras, que además también contratan sus propias fuerzas de seguridad.
¿Cómo evalúa el plan de seguridad que montó el gobierno ante este conflicto?
El gobierno de Toledo ha criminalizado nuestras protestas, es un delito en Perú salir a marchar por las calles y si apareces en dos o tres movilizaciones es muy probable que termines en la cárcel. Están buscando juzgar a los campesinos de las comunidades bajo la figura de “asociación ilícita para delinquir”.
El gobierno ha montado un plan de seguridad que incorpora a fuerzas policiales, militares y a varias empresas de seguridad privadas, lo cual ha generado un clima de persecución política atroz.
Nosotros tenemos 600 dirigentes enjuiciados en todo el país, enfrentamos una campaña de desprestigio de los medios de comunicación, aliados con la industria minera, que nos han etiquetado de grupos violentos o de izquierda radical.
En la actualidad lamentablemente no existe ningún diálogo, y esta es una situación provocada por la incapacidad del gobierno.
¿Qué grupos económicos participan de la actividad minera?
Gran parte de la minería en Perú representa los intereses de empresas multinacionales, las veinte corporaciones mineras más importantes del mundo ya están operando en el país, en la producción de oro, zinc y cobre, esencialmente.
La única empresa nacional que opera actualmente es Buenaventura, una de las más exitosas, aunque la tendencia es que está comenzando a realizar alianzas con capitales privados. Entonces las multinacionales mineras están copando el territorio nacional y aprovechando todos los beneficios legales que les otorga el gobierno. Se puede decir que hoy estas multinacionales son quienes de verdad gobiernan al país.
¿Cuál ha sido la posición de las empresas frente a estos conflictos?
Las empresas están organizadas en la Sociedad Nacional de Minería, una institución esencialmente política que tiene mucho poder en el gobierno y en los medios de prensa. Han construido un poder paralelo muy fuerte en todas las regiones del país y cuentan con el aval de las políticas de estado, que benefician básicamente al lobby empresarial y no a las comunidades afectadas.
¿Qué estrategia lleva adelante la CONACAMI en la actualidad?
Estamos aumentando las denuncias internacionales, tenemos 15 casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hemos pedido a delegados de las Naciones Unidas para que visiten y conozcan nuestras comunidades.
Hemos acordado que frente a la persecución política, nuestra respuesta debe ser también política, y estará sustentada principalmente en la movilización de nuestras bases y en las propuestas de diálogo con todos los actores involucrados.
Hay que decir que en Perú las comunidades no estamos contra la minería, sino que es la minería que está en nuestra contra, porque despoja nuestras tierras, contamina el medio ambiente y afecta la economía de la gente pobre.
(*) Minera Yanacocha es la empresa de oro más grande de Latinoamérica, la segunda en el mundo. Su principal accionista es la empresa estadounidense Newmont y opera en el departamento de Cajamarca, al norte del país.