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Domingo 25 de septiembre de 2005
Comisario regional denuncia persecución del Estado
Exigen indígenas respeto a su “sistema de seguridad”
Analizan en Casa Lamm la policía comunitaria en Guerrero
La Jornada.
A 10 años de su creación, “de perseguir la delincuencia y de ser perseguido por el Estado”, el Sistema Comunitario de Seguridad, Impartición de Justicia y Reducación (SCSIJR) de la Costa-Montaña de Guerrero exige al gobierno respeto y coordinación.
La tensión entre el Estado y los pueblos “está presente en órdenes de aprehensión, guerra sucia, detenciones, desarmes y amenazas contra las autoridades y los comandantes comunitarios”, denunció el mixteco Cirino Plácido Valerio, comisario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), durante la sesión extraordinaria del foro México y el mundo actual, organizado por La Jornada y Casa Lamm, dedicado al tema “una experiencia de construcción autonómica: 10 años de trabajo de la policía comunitaria indígena en Guerrero”.
En un somero recuento de la historia de la creación de la policía comunitaria (PC) en poblados de los municipios de San Luis Acatlán y Malinaltepec, en 1995, con la participación de mixtecos y tlapanecos; de su evolución, un par de años después, hacia la creación del SCSIJR ante la corrupción que permeaba el sistema estatal de justicia, Plácido Valerio afirmó que se les ha tachado de estar fuera de la ley. “La palabra ilegalidad no nos espanta” dijo, y señaló que el fundamento jurídico de las instituciones que han creado está en el artículo 39 constitucional, sobre todo en el párrafo tercero, que establece: “El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
La PC -que ahora tiene más de 600 elementos, “el pueblo en armas”, subrayó Plácido Valerio- se creó ante la falta de respuesta del gobierno para garantizar la seguridad de los pueblos, “pero también para rescatar el legítimo derecho que habíamos perdido”, explicó. Durante tres años estuvieron entregando al Ministerio Público (MP) a los delincuentes que detenían, hasta que se dieron cuenta de que la seguridad y la justicia “eran un gran negocio; si no hay dinero no hay justicia”. Ante el hecho de que el MP liberaba de inmediato a los detenidos, decidieron impartir ellos la justicia, una diferente a la oficial. Fue sólo entonces que empezaron los problemas con el Estado.
Marcos Santana Crisóstomo, ex coordinador de la policía comunitaria, subrayó que los hechos son la carta de presentación de sus instituciones, ya que mientras ellos prácticamente han logrado erradicar la delincuencia de sus comunidades, “no vemos en el futuro mediato que el gobierno vaya a preocuparse de veras por nuestros pueblos. Seguro no habrá marcha atrás, el futuro está en nuestras manos de manera colectiva para beneficio de todos”, aseveró, recordando uno de los lemas de su organización: “no estamos contra nada ni contra nadie, sino con todos y por el bien de todos”.
La especialista Magdalena Gómez sostuvo a su vez que al igual que los zapatistas, los comunitarios constituyen “un auténtico desafío al Estado”, mismo que se justifica “en la ineficacia de éste y en su histórica falta de legitimidad al haber excluido de su Constitución a los pueblos indígenas”.
Mencionó que se está ante un proceso social de reconstitución de las comunidades que se ha venido dando desde abajo y paso a paso, y que ya forma parte de las experiencias autonómicas indígenas en América Latina. En el actual contexto regional y nacional no será factible encontrar una solución al reconocimiento jurídico de la experiencia de la CRAC “mientras existe el gran candado que significa la contrarreforma indígena de 2001″.
Abel Barrera, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, apuntó que la legitimidad, confianza y credibilidad de que goza el sistema comunitario de justicia, que es una justicia alternativa, se debe a que la población analiza, discute y elige a sus autoridades y nombra directamente a los policías comunitarios. “Es un sistema que busca acabar con los vicios de la justicia estatal, es accesible, directo, no discrimina, es gratuito, plurilingüe e intercultural. Es un esfuerzo inédito de democratización utilizando la llave maestra de la participación ciudadana. Es un ejemplo claro de la verdadera descentralización de la justicia que garantice su verdadero acceso”.
Añadió que el sistema de justicia comunitaria forma parte de los procesos reivindicativos de los pueblos indígenas en favor de la autonomía y del reconocimiento de sus derechos colectivos. Es una iniciativa regional que se ha ganado el respeto y un lugar digno entre los indígenas de México y que forma parte de una nueva configuración política cimentada en la pluralidad jurídica, la multiculturalidad, la autonomía y la democracia participativa.
Este es un sistema de justicia, subrayó Barrera, “que está resquebrajando los cacicazgos, está debilitando a los grupos de poder cobijados por los pistoleros emparentados con policías del estado, está liberando sus territorios de las mafias y de la siembra de enervantes. Está reactivando el diálogo y la reconciliación de las comunidades, ya que las autoridades han recuperado su poder y legitimidad y ahora son dignas representantes de sus pueblos. Son un contrapeso real a las autoridades municipales y estatales que se encuentran en un dilema que no los deja crecer al estilo de los caciques”.
Participación de la mujer, entre los retos
Entre los retos que habrá de enfrentar este sistema de justicia comunitario mencionó fortalecer la participación de la mujer en las asambleas comunitarias y en la estructura del propio sistema; garantizar un mecanismo de autorregulación para el respeto de los derechos humanos de los detenidos; garantizar la seguridad de éstos (para evitar las fugas que se han dado); ir pensando en que debe haber un marco jurídico federal que lo contemple y no una ley estatal de derechos indígenas, de la que han hablado algunos diputados locales”.
Asimismo, revisar las relaciones con los municipios; buscar garantizar la sustentabilidad del proyecto; ver la manera de controlar esta experiencia, que se ha extendido a otros municipios sin estar acompañada por la CRAC, y buscar la forma de entrar también a la justicia agraria, incluso como una forma de reconciliar a las comunidades participantes.
El especialista Francisco López Bárcenas -mixteco oaxaqueño- planteó en su turno que el Estado mexicano vive un momento de “pluralismo conservador” que “simula” el reconocimiento de los derechos de los pueblos, en tanto que éstos en verdad quieren ejercerlos.
Los comunitarios, igual que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, apelan al artículo 39 constitucional y “nos están invitando a interpretar de otra manera las leyes”, aseveró López Bárcenas, quien subrayó la necesidad de discutir si con el discurso del multiculturalismo no se está reproduciendo un integracionismo, cuestionando si la sociedad tendrá capacidad de imaginar un derecho distinto al estatal, algo que sin embargo no puede hacerse de manera aislada, pues se requiere pensar en cómo diseñar otro modelo de país, una reforma a la justicia y cómo democratizar nuestra sociedad y darle el poder a la gente.