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Desde la noche del viernes indígenas paeces pertenecientes a los resguardos de Caldono se tomaron la hacienda ‘Japio’ ubicada en el municipio de Caloto al norte del Departamento.

Mientras que más de dos mil nativos guambianos ocuparon ilegalmente desde el pasado miércoles la hacienda ‘Ambaló’ en el municipio de Silvia.

Y la situación tiende a complicarse según el Secretario de Go­bierno del Departamento, Carlos Horacio Gómez cuando “se tienen indicios de que el bloqueo de la vía Panamericana es inminente”.

De acuerdo a la información suministrada por el Secretario, la toma a la vía estaba programada para realizarse el día de ayer, sin embargo en solidaridad y para acompañar a las comunidades guambianas, los nativos que se comenzaron a congregar en ‘La María’ en Piendamó se trasladaron a Silvia a la hacienda ‘Ambaló’.

Allí durante todo el día de ayer, los más de dos mil indígenas que ocupan los terrenos se enfrentaron con la Policía que trata de desalojarlos.

Sin embargo entre más pasa el tiempo, continúan llegando nativos al predio que mide aproximadamente 500 hectáreas, “y así la situación se complica y se torna incontrolable”.

Las comunidades manifestantes y en especial las del norte (los resguardos de Caldono) plantean necesidades de tierras (11.600 hectáreas) “y desde ese punto de vista la posición es muy complicada porque pretenden una negociación sobre la que hicieron hace un mes con el Gobierno Nacional”, comentó Gómez.

“Los nativos dicen que la plata que han destinado para las comunidades indígenas diferentes a las comprometidas en la situación de ‘El Nilo’ es muy poca y que en consecuencia su pretensión es avanzar en mayores reivindicaciones”, añadió el Secretario.

Igualmente comentó que el viernes se había reunido con los gobernadores de los resguardos manifestantes y con la Personera de Caloto para tratar de darle alguna solución a la situación, pero que no se había logrado nada.

“Los gobernadores dijeron que no aceptan mediación de nadie y que tampoco aceptan como negociador al Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin, están planteando una situación de modificación pero con nuevos actores”, dijo el Alto Funcionario del Gobierno Departamental.

Solicitan además la libertad del ex alcalde del municipio de Caldono, Vicente Otero Chate y recursos para los sectores de la salud y la educación.

“Se ve entonces, que la situación se está convirtiendo en un problema de carácter regional hasta el punto que la toma sobre la carretera Panamericana parece inminente”, aseguró.

Por otro lado las comunidades guambianas que invaden la finca ‘Ambaló’, solicitan 12.500 hectáreas de tierra y la presencia del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, a eso se le suman otras solicitudes, como la derogatoria a la ley 715 para poder invertir los recursos de conformidad con lo que ellos están pidiendo.

Algunos acuerdos

El funcionario del Gobierno Departamental, también informó que en las otras dos situaciones que se presentaron el día miércoles, en donde nativos se tomaron otras dos fincas, la situación ya estaba controlada.

“Ayer (el viernes) nos reunimos con los líderes indígenas que protestaron en el Municipio de Corinto y con las comunidades de Quizgó que se tomaron la finca ‘Los Recuerdos’ y se lograron unos acuerdos”, informó Gómez.

Después de discutir por varias horas con las comunidades [campesinas] de Corinto, el Gobierno Departamental acordó instalar unas mesas de trabajo que permitan abordar la problemática planteada en torno a tierras.

“Lo mismo sucedió con las comunidades de Quizgó, en el sentido de que se van adelantar algunas acciones de apoyo, ya que la hacienda ‘Los Remedios’ está en proceso de extinción y eso puede ofrecer una situación más fácil de manejar”, aseguró el Secretario.

Y a manera de ver de este, la situación que se viene presentando en el Departamento desde hace algún tiempo y que en este año se ha incrementado “es prácticamente el reflejo de la situación que se está viviendo en latinoamérica”.

Dijo además que la posición del Gobierno no podía ser diferente a la de plantear que bajo situaciones de hecho no pueden haber negociaciones bajo ninguna condición.

Al cierre de la edición, El Liberal intentó comunicarse con representantes del Gobierno Departamental y con los líderes nativos que protestan para que dieran un parte de la situación, sin embargo no fue posible obtener información.

El acuerdo con el Gobierno

El pasado 13 de septiembre las comunidades indígenas del norte del Cauca [representadas por la Acin] firmaron un acuerdo con el Gobierno Nacional representado por el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega en el que se comprometían a desalojar los predios que habían ocupado ilegalmente doce días antes.

En el acta se pactó que el Gobierno invertiría 26.100 millones de pesos para comprar las 6.615 hectáreas de tierra que hacen falta para completar las 15.663 hectáreas que se comprometió a dar como reivindicación a la masacre ocurrida en 1991 en la hacienda ‘El Nilo’.

El Gobierno decidió que ese rubro sería invertido por partes y que comenzaría en el 2006 con 10 mil millones de pesos los cuales serán ejecutados por el Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección de Etnias.

A su vez se decidió que para la vigencia 2007 se incorporaría en el proyecto de presupuesto que se le presentará al Congreso de la República otros 10 mil millones de pesos. Igualmente, se acordó que a ese rubro se le sumarían los 1.300 millones de pesos que están presupuestados para este año y que en este momento se encuentran en ejecución de común acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Recursos, que se invertirán en la compra de 777 hectáreas de tierra de acuerdo a los predios identificados y presentados por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acin ante el Ministerio del Interior.

Por otro lado, se acordó incorporar en el presupuesto general de la nación presentado al Congreso para la vigencia 2006, un rubro denominado recursos para la ejecución de lo establecido en el marco del decreto 982 y que se mantendrá en las vigencias futuras y en el que se destinarán cuatro mil millones de pesos.

De la misma manera, en el proyecto del presupuesto nacional se tendrán en cuenta recursos por valor de 600 millones de pesos para atención y seguimiento a las comunidades indígenas y otro rubro por valor de 200 millones de pesos para los estudios técnicos que se requieren para la compra de los predios, dineros que serán ejecutados por el Incoder.

Dentro del acta de concertación, también se acordó reactivar la comisión de seguimiento de los acuerdos de El Nilo, con el fin de identificar los predios en donde se puedan comprar las hectáreas que hacen falta para cumplir los pactos, los cuales deberán estar ubicados en los municipios de Caloto, Corinto, Miranda, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Jambaló.