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Bolivia: Reflexiones sobre, para y desde el porvenir

23.10.05

Raquel Gutiérrez Aguilar
La Haine

Lo que insistentemente buscan en Bolivia los movimientos sociales de insubordinación al orden del capital, es habilitarse un espacio político en el cual puedan intervenir y decidir directamente
“[Lo que con el concepto utópico y el principio de esperanza] se designa se halla en el horizonte de la conciencia adecuada de toda cosa, bien en el horizonte ya amanecido, como en el que todavía tiene que amanecer. Espera, esperanza, intención hacia una posibilidad que todavía no ha llegado a ser”.
Ernst Bloch, El principio esperanza

1. De cómo ha quedado constituido el momento actual

El momento histórico actual ha quedado constituido, básicamente, a partir de las múltiples, variadas y contundentes acciones de movilización, rebelión, levantamiento e insurrección que desde el año 2000 han llevado a cabo los comunarios y comunarias aymaras, los vecinos y vecinas de la ciudad de El Alto, las familias de regantes de los valles centrales de Cochabamba, la población sencilla y trabajadora de las ciudades de Cochabamba, La Paz y, en cierta medida Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí, los hombres y mujeres del Chapare y los Yungas con sus sindicatos y organizaciones cocaleras, los trabajadores de Bolivia toda, los mineros, los jóvenes, los gremialistas, en fin, el pueblo boliviano en su sentido más profundo y más vinculado al trabajo y a la comunidad. Este mosaico diverso y fluctuante de acciones de insubordinación social al orden capitalista-colonial sometido al poder transnacional, es la fuerza real que ha roto la “normalidad neoliberal” con todas sus imposiciones y padecimientos. Ese conjunto móvil y múltiple de acciones de insubordinación social es el fundamento real de lo que se ha venido llamando “nuevos movimientos sociales” en Bolivia y es esa energía social de la rebelión multitudinaria la que ha llevado a que, durante todo este año, vivamos un “empate catastrófico de fuerzas” -a decir de Luis Tapia, siguiendo la idea de Gramsci-.

En junio de 2005 la conflagración social y política puso en la mesa de discusión, de manera descarnada los elementos más profundos de este “empate catastrófico”:

Por un lado, los de arriba no pueden seguir gobernando como hasta ahora lo habían hecho. Esto es, las maniobras emprendidas por ellos, desde el aparente desmarcarse de Sánchez de Lozada y su política represiva en octubre de 2003, la subida de Mesa a la presidencia, el referéndum de julio de 2004, el traslado del Congreso a Sucre en junio de 2005 y ahora, el reacomodo del número de escaños, han sido impotentes para “enfriar”, disolver, cooptar, frenar o subsumir la energía social que ha articulado dos propósitos fundamentales: “reapropiación social de los hidrocarburos hoy en manos de las transnacionales” y “Asamblea Constituyente” para refundar el país, transformando la estructura colonial y clasista del poder que hasta hoy sigue vigente. Todas estas maniobras -incluida la última: el fallo del Tribunal Constitucional- son parte de la estrategia política de la derecha para debilitar, confundir y tratar de re-encausar hacia formas más controlables, la energía social desestructurante del orden capitalista-colonial-neoliberal que se han desplegado y generalizado desde el 2000.

Por otro, los de abajo no han logrado todavía, salvo en los momentos cúspide de la confrontación social y sobre aspectos muy puntuales, asumirse como un poder soberano que incluya a toda la nación, y que tenga la capacidad de asumir la ejecución de sus propias decisiones. Esta imposibilidad se ha mostrado, en momentos como junio de 2005, ante todo frente a sí mismos: el cerco al parlamento que durante mayo y junio tendieron los movilizados aymaras de El Alto y de las provincias y los chuquisaqueños y comunarios quechuas en Sucre, tenía la finalidad básica de “presionar” a los diputados para que éstos, “cumplieran su deber”: se los presionaba, primero, para que hicieran una ley de hidrocarburos como exige la población, esto es, que cuando menos diga “nacionalización”. Se los presionaba, después, para que no permitieran que la representación más radical de la derecha: Hormando Vaca Diez se encaramara en el gobierno. Sin embargo, a lo largo de toda esa enorme acción colectiva, coordinada de forma laxa y aun así, densamente cohesionada, no se llegó a desconocer la prerrogativa de decisión y mando de estos hombres y mujeres, que ya no representan a nadie más que a sí mismos, pues sus partidos desaparecieron y su capacidad política es nula. Este ha sido un límite de y para las acciones de los de abajo.

De la continuación tensa y convulsa del “empate catastrófico de fuerzas” surge la ambigüedad del actual periodo electoral. Y sobre esto, dos consideraciones:

* Las elecciones NO son la manera de resolver la crisis social y política que se ha abierto en Bolivia. Las elecciones son, ante todo, uno más de los esfuerzos de la derecha política y del capital en Bolivia, por disolver las aristas más agudas de la confrontación social, por aminorar el filo de las acciones de insubordinación social más contundentes, por aislar a las fuerzas sociales desestructurantes del orden estatal más tenaces y enérgicas.

* Las elecciones son, sin embargo, un momento de la confrontación política que el movimiento social de insubordinación también debe encarar. De hecho, el “empate catastrófico de fuerzas” ha impregnado y trascendido incluso al terreno de lo electoral. El hecho de que el MAS1 se encuentre arriba y como favorito en las encuestas, el hecho de que justamente ese partido presente la tendencia más clara hacia aumentar el número de votos, es lo que ha detonado la última “crisis” orquestada a través de la maniobra del fallo del Tribunal Constitucional. Además, la confrontación política abierta por la fuerza social de la múltiple rebelión, se trasluce asimismo, en el terreno de lo electoral: los discursos de los candidatos, aun el de Jorge Quiroga, el más neoliberal, pro-estadounidense y pro-empresarial de todos ellos, tiene que asumir un discurso “moderado” -o cínico, como quiera calificarse- señalando que “no es posible que el país quede en manos de unos cuantos”; o Doria Medina, el tercer candidato en preferencia electoral, quien expresa que “no se puede seguir gobernando para las empresas transnacionales… ” y que se les tienen que poner límites.

Sobre las elecciones volveré un poco más adelante y ahí expresaré algunas consideraciones sobre la ambigüedad y peligros que el MAS confronta y, a su vez, representa.

2. Sobre las fuentes de la fuerza social de insubordinación en Bolivia

A fin de contribuir a abrir la reflexión sobre este punto, para poder prefigurar una perspectiva política autónoma, presento brevemente algunas ideas generales para distinguir entre la diversidad y heterogeneidad de acciones sociales de insubordinación, que se han denominado “movimientos sociales”. Una primera distinción producto de la reflexión sobre las acciones de insubordinación social en las regiones de Mesoamérica y Los Andes, y presentada a manera de hipótesis, sugiere lo siguiente2:

Un tipo específico de movimientos de insubordinación social surge cuando un conglomerado heterogéneo de individuos, colectivos y grupos se dota de un objetivo negativo que impugna aspectos puntuales de alguno de los tres cimientos de la ofensiva neoliberal3 y produce una vasta lucha de resistencia que, por lo general, desborda el entramado institucional y normativo dominante y aceptado como legítimo en cada uno de los países donde ocurren (el caso de las luchas por el agua en Bolivia, es paradigmático de este tipo de movimientos).

Otro tipo de movimientos de insubordinación tiene rasgos más estables, el grado de cohesión interna entre sus miembros es más densa y se propone objetivos no meramente definidos por la negatividad y el antagonismo, sino que establece “ideas fuerza” positivas para reconfigurar ámbitos más amplios del espacio social (la lucha de las comunidades rebeldes de Chiapas organizadas en torno al EZLN en México es paradigmático de este tipo de movimientos)

El primer tipo de movimientos de insubordinación entonces, son las acciones colectivas más altamente volátiles: condensaciones densas de hombres y mujeres que despliegan en el espacio público –la calle, los medios de comunicación, las instalaciones e instituciones públicas- su acción colectiva contundente, simultánea en el tiempo aunque coordinada laxamente, exhibiendo una específica y estridente “capacidad social de veto4” contra determinados aspectos puntuales, locales, nacionales o globales de los planes del capital.

Este tipo de movimientos consiste, ante todo, en el despliegue colectivo de una enorme carga de energía social desestructurante de las decisiones e instituciones del orden neoliberal: Cochabamba contra la privatización del agua en el 2000 y El Alto por la recuperación del agua y del gas en 2003-2005, Argentina en el 2001 contra las medidas financieras de despojo masivo de la población, entre otras; el motín civil de Arequipa contra la privatización de la energía eléctrica en 2001; y también la oposición de los pobladores y vecinos de Atenco en los bordes de la ciudad de México a la privatización de sus tierras para construir un aeropuerto, la lucha de los estudiantes en el CGH de la UNAM contra el desmantelamiento de la educación pública en México, la resistencia contra el despojo de tierras en Tepoztlán, Morelos, México, realizada por comuneros y vecinos, etc., son ejemplos de movimientos de insubordinación de este tipo. Todos ellos son movimientos de insubordinación intempestivos y, a veces, acumulativos; casi siempre intermitentes y parciales, que contribuyen a modificar la correlación de fuerzas existente en cada país donde ocurren, llegando en ocasiones a poner en jaque el andamiaje normativo e institucional del capital, su orden pues.

Todos estos movimientos esbozan una nueva gramática, ie, unas nuevas reglas para los lenguajes de la lucha social, que no son fácilmente comprendidos por su carácter básicamente desestructurante del orden dominante, antes que productor de nuevas socialidades positivas5. En este sentido, son movimientos de insubordinación que modifican abrupta y sustancialmente la correlación de fuerzas en un lugar o país, aunque lo hacen por lo general durante lapsos cortos de tiempo. Por otro lado, por la manera en la que tales movimientos privilegian el enlace horizontal de multiplicidades sociales y en tanto complejizan la vida política de cada país particular al habilitar espacios para la participación política de estructuras sociales anteriormente ceñidas al ámbito de la vida privada –las familias, las juntas de vecinos, los grupos parroquiales y una gran diversidad de colectivos y comunidades-, son movimientos también preñados de posibilidades emancipativas germinales que, a largo plazo, pueden modificar de manera decisiva la correlación de fuerzas.

El segundo tipo de movimiento de insubordinación es menos volátil, esto es, más denso, cohesionado y estable; privilegia la lucha de resistencia y construcción de autonomía local, socava de manera persistente y lenta las relaciones de dominación y sólo en ocasiones irrumpe de manera contundente en el espacio público presentándose como sujeto crítico que impugna los principales soportes del orden del capital: la estructura de la propiedad, las formas liberales –privatizadas- de la política, la estratificación racial de la sociedad que sostiene el “colonialismo interno”. Ejemplos de este tipo de movimientos son el MST brasileño, el EZLN mexicano y, en cierta medida, el movimiento aymara rural en Bolivia, el tejido sindical-comunal de los productores de coca en el Chapare y el entramado comunal en resistencia, principalmente quechua, en Ecuador. Todos estos son movimientos de más larga data, con una tradición de resistencia y lucha sedimentada a partir de sus propias acciones previas de confrontación y auto-configuración, con un grado de heterogeneidad menor dentro de sí y situados, claramente, dentro de un canon nacional de acción política. La virtud de esta clase de movimientos, que en cierta medida constituyen estabilizaciones de fluctuaciones y rupturas sociales previas, es que construyen ámbitos de resistencia colectiva susceptibles de desdoblarse, también intermitentemente, en acciones más contundentes que tienden a modificar la correlación de fuerzas no de forma convulsa y espasmódica sino a más largo plazo. En tanto ocupan territorios demarcados con nitidez, en ellos despliegan más bien, cierta energía estructurante de nuevas relaciones sociales que, de manera compleja, transforman, superan y anulan tendencialmente ciertas relaciones de dominación y explotación, aunque algunas otras perviven refuncionalizándose.

La fuerza general del movimiento de insubordinación social en Bolivia, se asienta en la existencia y combinación, muchas veces tensa y contradictoria, de acciones de lucha, confrontación y resistencia de las dos clases distinguidas anteriormente: una y otra vez se han presentado en el escenario político multitudinarias campañas negativas de veto y cerco a las decisiones de los poderosos, no sólo porque se han logrado hilvanar acuerdos “discursivos” o “ideológicos”, sino porque tales objetivos logran ser explicitados y ejecutados a través del complejo entramado social no mercantil, sino comunal, vecinal, sindical, propio de los múltiples mundos de la vida que llevan en germen la posibilidad de transformar las relaciones sociales.

Ahí descansa la fuerza real del movimiento social de insubordinación en Bolivia: en su dúctil habilidad de dotarse de objetivos propios y tomar acuerdos, así como en el amplio y denso tejido social que puede ponerlos en marcha.

La afirmación pertinente para el tema que nos ocupa, una vez propuesto lo anterior, está en aseverar que esta complejidad no cabe en las formas electorales de política y no puede ser un objetivo de “izquierda” el reducir estas potencias en moldes partidarios, si no es a costa y riesgo de diluir la energía que las anima.

3. De las posibilidades más allá del momento electoral

Ahora bien, para pensar las posibilidades y retos del diverso conjunto de movimientos de insubordinación social en Bolivia considero pertinente hacer el siguiente ejercicio. En primer lugar, intentar aclarar qué es lo que puede esperarse de un eventual gobierno del MAS -o de cualquier otro gobierno, “popular” o “de izquierda”-. En segundo lugar, reflexionar sobre los aspectos más profundos de la propia acción de insubordinación social, de su fuerza -para ampliarla- y sus límites -para superarlos.

La pregunta acerca de qué es previsible esperar de un eventual gobierno del MAS, puede traducirse a otra cuestión: qué es lo que en realidad se está jugando, en Bolivia, hoy, en el terreno de lo político formal. Expongo lo que pienso a manera de hipótesis

Premisa 1 -cuyo acierto está abierto a la discusión-:

La contradicción fundamental abierta hoy en el mundo entero, y descarnadamente explícita en Bolivia, es aquella entre “los pueblos6″ sencillos, trabajadores, muchas veces comunitarios de todas las naciones del mundo y la desbocada campaña de subordinación, saqueo y explotación a la que buscan someterlos las corporaciones transnacionales más poderosas, el Estado y los sucesivos gobiernos estadounidenses, los organismos de control financiero y comercial transnacionalizados creados por los dos anteriores (FMI, OMC, BM, y demás agencias de control jurídico y económico de los países), y esto, durante las últimas dos décadas ha contado por lo general con la azorada anuencia o el entusiasta apoyo de los sucesivos, variados y diversos “gobiernos nacionales7″.

Sobre esa premisa presento el siguiente argumento:

Si la contradicción principal abierta en el mundo entero es la confrontación entre las necesidades y aspiraciones de los pueblos sencillos, comunitarios y trabajadores y el poder transnacionalizado del capital dirigido por el gobierno estadounidense y vehiculizado por los gobiernos nacionales entrampados en decenas de compromisos estatales jurídicos y financieros, entonces, lo máximo que puede hacer en la actualidad un gobierno de izquierda -como eventualmente sería el del MAS- es buscar, conseguir y afianzar, cierta “autonomía” del andamiaje estatal nacional frente al embate del capital transnacional.

Eso es lo que de diversas maneras -más o menos tímidas- están haciendo Tabaré Vázquez en Uruguay y Kirchner en Argentina. Eso es lo que, de manera más radical, directa y estridente, está haciendo Chávez en Venezuela. Eso es lo que podrá hacer Evo Morales en caso de que logre ser presidente8.

Es decir, las fuerzas políticas partidarias o frentistas de izquierda que llegan a ocupar el aparato estatal por la vía electoral están totalmente maniatadas para transformar las relaciones sociales y, a lo más, lo que pueden plantearse es esa “autonomía” relativa del Estado frente al entramado regulatorio, jurídico, político, financiero y militar, del capital internacional más poderoso.

Esto es, por supuesto, muy poco para lo que los hombres y mujeres de Bolivia se han propuesto como horizonte a partir de su ola de rebeliones, movilizaciones y levantamientos. Sin embargo, hay algunas aspiraciones indígenas y populares que podrían comenzar -y sólo comenzar- a ser consolidadas desde una gestión de un gobierno de izquierda. Entre otras, i) imponer un límite a la voracidad del capital transnacional; ii) repudiar la sumisión de los estados nación al dominio global de ese “poder-mundo” y renunciar a la aceptación graciosa de todas las decisiones del gobierno estadounidense en los múltiples organismos multilaterales. Es decir, en este sentido, lo que está haciendo Chávez en Venezuela es un modelo de lo máximo a lo que se puede aspirar, razonando desde el gobierno de un Estado nación. Esto no es poco, aunque considero que desde el punto de vista de los movimientos de insubordinación de ninguna manera puede ser el objetivo máximo ante el cual hipotecar toda la energía social.

* La segunda parte del ejercicio que he propuesto es reflexionar sobre los aspectos más profundos de la acción colectiva de insubordinación, de su fuerza -para ampliarla- y sus límites -para superarlos.

Aquí, nuevamente, de manera inicial, unas hipótesis:

Las acciones de insubordinación social que la población boliviana ha emprendido son ante todo, energía desestructurante, transformadora, de las relaciones sociales de explotación, opresión y discriminación étnica que, si bien tienen grietas, continúan existiendo en todo el país.

Los aspectos más importantes de esta energía social desestructurante apunta a lo siguiente:

1. A que sea la población, mediante sus organizaciones variadas y bajo su control, quien asuma la capacidad de decidir y ejecutar lo acordado en relación al asunto público, a lo que es cuestión de interés colectivo. Dicho de otro modo, lo más importante que ha sucedido en Bolivia en toda esta ola de rebeliones y sublevaciones es que se ha roto el monopolio de la decisión legítima sobre el asunto público secularmente detentado por varones, blancos, ricos y sus familias -burgueses, gamonales, por los q´aras y sus familias, pues.

2. Los nudos de esta confrontación han pasado, en primer lugar, por establecer que la discusión acerca de lo que es conveniente para todos no puede quedar aprisionada en la repetición de lo que es conveniente para el capital. Es decir, en términos clásicos, se ha roto la “comunidad ilusoria” de intereses que se da en el Estado. En segundo lugar, se ha comenzado a esclarecer en las mentes de las personas y en la sociedad entera, que la forma estatal hasta hoy conocida de gestionar las cosas no es ni la única ni la más adecuada. Dicho de otro modo: en Bolivia hoy, está muy claro que “lo político” no es, ante todo, un modo de “administrar y decidir sobre cosas”, sino una relación entre personas, para decidir sobre las cosas y administrarlas… relación que puede, por tanto, modificarse9.

Estas dos cuestiones son absolutamente claves, pues si algo ha comenzado a romperse en Bolivia es la eficacia de ciertos fundamentos simbólicos básicos del capital y del Estado del capital.

Y en esta misma dirección, conviene hacer un recuento de los sucesos más relevantes, de las experiencias más profundas -inmediatamente exitosas o no, esa no es la discusión-, que se han producido en la dirección de transformar las relaciones sociales. Es decir, intentar rastrear los límites de la “energía estructurante” de otro tipo de regulación y organización social. Entre ellas podemos enumerar a manera de ejemplos que no limitan la lista, las siguientes experiencias colectivas:

* Los esfuerzos de control, transformación y gestión social de SEMAPA, realizados por la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida desde el 2000.

* La multiplicidad de acciones de las Juntas vecinales de El Alto, para expulsar a la transnacional Lyonnesse del Eaux de la tarea de distribución del agua potable y los servicios sanitarios y la amplia discusión en torno a cómo construir una empresa pública-social de gestión del agua potable.

* La habilidad y destreza aymara, vasta y profunda, de control de su propio territorio y de toma autónoma y comunitaria de decisiones, sobre la educación, la seguridad, la movilización, la producción, etc.

* La experiencia recurrente de toma de tierras y de organización de nuevas relaciones sociales en los llanos del Oriente, en los bordes de La Paz y en amplias zonas del Altiplano, sobre todo en lo relativo a la toma de decisiones y organización de la vida dentro de los predios ocupados.

Todas estas acciones sociales, no agotan sino meramente ejemplifican la capacidad práctica tortuosa y difícil pero en marcha, de la energía social que estructura nueva relaciones sociales, transformando las prácticas de dominación étnica, de respeto al conocimiento ajeno, de aceptación de la estructura de la propiedad y de su entramado jurídico conexo. Estas experiencias, este conocimiento, es lo que hace posible pensar en la realización de una Asamblea Constituyente originaria y sostenida en otros criterios de representación y legitimidad para refundar al país que hoy se llama Bolivia. Y todo esto, nuevamente, no cabe en ninguna estructura partidaria clásica por más democrática que se proponga ser. Todo este conocimiento práctico de los movimientos de insubordinación social y el horizonte de deseo que habilita, no puede contenerse desde el gobierno, como ya quedó demostrado durante la gestión de Carlos Mesa. Un eventual gobierno del MAS, si no quiere ser vergonzosamente funcional al orden del capital, deberá establecer los límites de autonomía del Estado frente al poder transnacional del capital, pero sobre todo, deberá permitir, avalar, respaldar e impulsar, todo ese conjunto de iniciativas sociales transformadoras sin pretender su control y dirección.

4. De la importancia de que el futuro también configure el presente

A partir de todo lo anterior, considero que hay elementos para continuar pensando y dando cuerpo a la función utópica10: al ejercicio de la reflexión que se pregunta acerca de lo que es posible hacer y de lo que es deseable. Sobre esto, serán los hombres y mujeres que resisten, se movilizan y se levantan una y otra vez en Bolivia los que vayan esclareciendo el futuro.

Por mi parte una reflexión final en relación a la central noción de autonomía, hoy también en disputa en Bolivia.

Una primera idea que conviene presentar con claridad es que la demanda de “autonomía regional” levantada por las oligarquías cruceña y oriental en su conjunto, no es sino una manipulación del concepto de autonomía producido y afirmado desde la resistencia. Manipulación porque se vacía de contenido a un concepto que ha venido resignificándose en las diversas luchas en el mundo en los últimos años y, sobre todo, porque nada más esconde bajo un nuevo término, la añeja aspiración oligárquica de ejercer un poder más directo y no regulado centralmente, sobre su región, es decir, sobre los habitantes y recursos de esa región.

El término de autonomía, sin embargo, es mucho más poderoso que eso: es un dardo directamente dirigido a cualquier pretensión liberal de constitución del entramado político y jurídico. Así lo ha sido históricamente. Desde la aspiración mexicana sintetizada en la consigna zapatista de 1910 sobre el “municipio libre”, hasta la acción mil veces realizada en los últimos cinco años en Bolivia por los diversos contingentes sociales insubordinados al dotarse de sus propios fines. “Auto-nomos”: posibilidad de darse su propia ley, de establecer los fines y objetivos propios. Ese ha sido el contenido profundo de las movilizaciones y levantamientos indígenas y populares en Bolivia desde la Guerra del Agua en Cochabamba.

Con esa idea, con la mirada puesta en la Asamblea Constituyente a levantar, y sobre la base de la reciente experiencia mexicana marcada por la tenaz lucha de los pueblos indígenas por la autonomía, vale la pena señalar un aspecto sencillo y fundamental. En el México que hoy habito la pugna fundamental entre el Estado y los pueblos indígenas se ha sintetizado en la demanda de autonomía expresada en la confrontación entre los “pueblos” que pugnan por ser auténticos “sujetos de derecho público” o si más bien, son reducidos -legalmente- a meras “entidades de interés público”, tal como fue impuesto por el Estado mexicano en agosto de 200111.

Esta dicotomía señala con claridad la disputa en torno al término “autonomía”: ser “sujeto de derecho público” significa tener la prerrogativa de decidir sobre lo propio y de ejecutar legítima y legalmente lo decidido, significa potestad para nombrar y quitar representantes, para proponer normas para la convivencia interna y para la regulación de la convivencia con los demás. Significa que son los pueblos quienes son los sujetos de la acción: no son ellos solamente los titulares de una soberanía después delegada, sino los ejecutores directos de tal soberanía.

A esto se contrapuso, en México, la versión liberal reformada: las comunidades y los pueblos indígenas son “entidades de interés público”, es decir, una vez más se considera a los hombres y mujeres que constituyen los pueblos como inhábiles políticamente y se les reduce a ser depositarios de la “benefactora -o no- acción del Estado”, esto es, objetos silenciosos de las decisiones de otros.

En Bolivia, bajo otras formas, ésta es también la contradicción abierta en torno a la Asamblea Constituyente, así como en relación a un eventual gobierno del MAS. Los hombres y mujeres de diversos orígenes y procedencias que con sus esfuerzos, su sangre y sus muertos han abierto esta etapa histórica no necesitan ni desean un salvador que haga “por ellos”. Lo que insistentemente buscan los movimientos sociales de insubordinación al orden del capital, es habilitarse un espacio político en el cual puedan intervenir y decidir directamente; se esfuerzan por dotarse de una nación donde sus modos, sus usos y costumbres, sus prácticas de reciprocidad, sus maneras de decidir, sean no sólo legítimas sino legales y que queden colocadas en el corazón mismo del entramado institucional que regule a la sociedad toda. Eso es lo que se aspira a construir mediante la Asamblea Constituyente: que miles y miles de hombres y mujeres trabajadores y comunarios de distintas procedencias dejen de ser “extranjeros en su propia tierra”.

Son muchos retos los que quedan pendientes, son muchas las esperanzas que tenemos que imaginar.

Ciudad de México-Tenochtitlan, octubre de 2005

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Notas

1 El MAS es la sigla del Movimiento al Socialismo, partido de izquierda dirigido por Evo Morales, que en 2002 obtuvo la segunda mayoría electoral y que en 2005 tiene posibilidades ciertas de ganar las elecciones.

2 Los argumentos que siguen los he desarrollado más ampliamente en el trabajo “Reflexión sobre las perspectivas de la emancipación social a partir de los levantamientos en México y Bolivia” presentado al Colquio Imperio y Resistencias llevado a cabo en la UAM-X, México en octubre de 2005. Una versión completa de ese texto puede encontrarse en http://dsch.xoc.uam.mx/coloquio/

3 Los tres pilares fundamentales de la ofensiva neoliberal del capital pueden sintetizarse en: a. conjunto de acciones para modificar el “uso de la fuerza de trabajo”, a fin de depreciarla, aumentar los índices de explotación, precarizarla, flexibilizarla, etc.; b. políticas de saqueo y despojo de lo que fue riqueza pública o bienes colectivos -empresas públicas, fondos de pensiones, seguridad social, hidrocarburos, agua, biodiversidad, etc., que pueden pensarse como el conjunto de acciones de “desmantelamiento de lo público y/o colectivo”; c. prácticas de “privatización de la política”, mediante el desconocimiento y/o proscripción de todos los sistemas de participación colectiva en la vida política pública no partidarios. En Los Andes y Mesoamérica, la “privatización de la política” ha corrido paralela a la generalización de la democracia partidaria formal.

4 La idea de que los objetivos a través de los cuales se anuda la acción colectiva en un movimiento de insubordinación de este tipo es, ante todo, el despliegue social de “capacidad de veto”, de establecer límites a los planes y proyectos de los gobernantes y funcionarios de corporaciones transnacionales, resulta fértil para comprender el contenido inicial de una acción de confrontación que, ocurriendo de manera contradictoria, presenta límites aunque en ocasiones, como en Bolivia en años recientes, alberga y está preñada de múltiples posibilidades emancipativas y logra dar lugar a nuevas acciones de confrontación.

5 Sobre esto, próximamente ver el trabajo del Colectivo Situaciones, “Mal de altura”, en prensa.

6 El término de “pueblos” remite a la experiencia histórica mexicana y no al difuso y ambiguo término de “el pueblo” como el conjunto de habitantes de una nación. En México, por lo general, las grandes transformaciones sociales han sido impulsadas por conglomerados humanos, asentados en territorios estables y ligados entre sí a través de diversas relaciones sociales culturales, de procedencia y destino que en ocasiones incluyen también la propiedad colectiva de cierto tipo de bienes -agua, bosques, tierra, etc.- o prácticas políticas y productivas colectivas y/o comunales. Estos organismos sociales con frecuencia se denominan a sí mismo como “pueblos”: “pueblos indígenas”, “pueblos del sur de Veracruz”, etc. En este sentido, entonces, a lo que refiere la palabra “pueblos” es a una comunidad de mundos de la vida y por tanto, de destino, entre un conglomerado estable de hombres y mujeres geográficamente establecidos. Una nación, pensada a partir de esta expresión, puede concebirse como una articulación más o menos estable de múltiples “pueblos”.

7 Para una discusión sobre las formas que adopta la dominación del capital contemporánea, puede consultarse la página http://netx.u-paris10.fr/actuelmarx/mainl.htm. En particular, el trabajo de Jacques Bidet, “La “forma mundo” actual y las condiciones de una alternativa”, donde él propone la categoría “poder-mundo” para designar el entramado de relaciones inter-capitalistas supra-nacionales de dominación y discute sus límites.

8 Eso es lo que Alvaro García ha tratado de expresar mediante su propuesta de un cierto “capitalismo andino”. Sin embargo, la cuestión tal como él la argumenta, está mal planteada. No se trata de que “el nivel de desarrollo del capitalismo en la sociedad boliviana” -o de las fuerzas productivas- “sólo alcanza” para dar cuerpo a un capitalismo fuertemente estatalista que ponga límites a las peores agresiones neoliberales. Para una discusión detallada sobre este punto, puede leerse al mismo autor cuando firmaba bajo el seudónimo de Qhananchiri, Las condiciones de la Revolución socialista en Bolivia, Ediciones Ofensiva Roja, La Paz, 1987. La cuestión fundamental de ese problema está en que desde el gobierno, a partir de ocupar el aparato de Estado, sólo es eso lo que hoy puede hacerse. Esa, sin embargo, no es la alternativa de los múltiples pueblos sumergidos en la débil nacionalidad boliviana. Tales contingentes de hombres y mujeres y sus recurrentes movimientos de insubordinación no consideran tales límites a lo posible: su aceptación de que Evo Morales sea presidente, se mira sólo como una palanca para continuar sus variadas acciones transformativas de las relaciones sociales. Esperemos que un eventual gobierno del MAS sepa contribuir a ello y no resulte un nuevo estorbo. En todo caso, lo decisivo está en la lucha indígena y popular boliviana y no en la habilidad del MAS para gobernar el Estado.

9 Sobre este punto puede verse el trabajo de Rhina Roux, en particular El principe mexicano, Era, México, D.F., 2005 y “La política de los subalternos” en Avalos Tenorio (coordinador), Redefinir lo político, UAM-X, México, D.F., 2002.

10 Bloch Ernst, El principio esperanza, Tomo I, Editorial Aguilar, Madrid, 1977

11 Para una interesante discusión en torno a este punto puede consultarse, Magdalena Gómez, “La autonomía en la antesala: La paz inconclusa (el caso mexicano, 1985-2003)” en Escárzaga Fabiola-Gutiérrez Raquel (coordinadoras), Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, Juan-Pablos-UCM-BUAP, México, D.F., 2005.


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