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Desde hace años, la UTIER viene denunciando la política de privatiza­ción de la energía eléctrica en Puerto Rico. En las últimas semanas se ha corroborado que los señalamientos de la UTIER eran correctos. Ante la oposición inmensamente mayoritaria del pueblo a la privatización, ejempli­ficada por la lucha contra la venta de la telefónica, el gobiemo ha seguido en este caso una política de privatización distinta. Han adelantado la privatiza­ción poco a poco a través de la sub­contratación, y sobre promoviendo la construcción de plantas privadas para producir energía eléctrica.

Bajo el gobiemo de Rosselló se privatizó el 33% de la producción de energía eléctrica a través de las plan­tas privadas EcoEléctrica y AES. Esta privatización ha tenido un impacto su­mamente negativo en la tarifa eléctrica que paga el pueblo. Mas del 70% de lo que se le factura aI pueblo por el con­sumo de energía eléctrica se atribuye al concepto de “compra de energía y combustible”. Esto lo puede corroborar cada cual con su propia factura de la AEE. Este costo que paga el pueblo está directamente relacionado con la privatización de Ia producción de ener­gía. Desde hace unos 7 años, la AEE compra un tercio de la energía total que maneja a las industrias privadas a un costo mayor de lo que le costaría pro­ducirla ella misma. Sin embargo, desde entonces la AEE opera a menos de la mitad de su capacidad de producción de energía. Esto ha implicado costos mayores que pagar el pueblo en sus tarifas. Según estudios de la UTIER, el pueblo ha pagado sobre 600 millones de dólares producto de la privatización de la producción energética.

Ahora, bajo el gobiemo de Aceve­do Vilá y apoyado por la propia AEE, se pretende construir dos nuevas plan­tas de producción de energía eléctrica privadas, lo cual implicaría que e1 75% de la producción de energía eléctrica estaría en manos privadas. Son me­didas que el pueblo tiene que objetar militantemente. -De lo contrario, ter­minaremos pagando este producto de primera necesidad aún mús caro.

Los proyectos de privatización de los servicios esenciales han sido un fracaso y han sido nefastos para el pueblo: derroche de dinero, peores y más caros servicios para el pueblo. En el caso de la AAA el gobiemo tuvo que retomar el control de la agencia después de haber derrochado cientos de millones que se llevaron las compa­ñías privadas. Sin embargo, un futuro intento de privatización de la AAA está en agenda. Subir los precios del agua puede ser una medida para hacer el “negocio” rentable para otra compañía privada.

La oposición a los proyectos de privatización ha sido muy distinta se­gún la oposición que genere el sector obrero directamente afectado. En el caso de la AAA, la privatización contó con el visto bueno de la Unión dirigida por Héctor René Lugo. Como la Unión no protestó la privatización, no se hizo una “campaña” apropiada y el Pueblo no se movilizó contra la misma. Algo similar ocurrió en el caso de la priva­tización de los hospitales públicos. En este caso, aunque el liderato sindical de la UNTS se oponía a la privatización, no estuvo dispuesto a luchar en contra de la privatización de la salud. El caso de la venta de la telefónica fue muy distinto. Bajo el Iiderato de Alfonso Benítez, la Unión se opuso de manera militante a la venta y se colocó a la van­guardia de la lucha del pueblo contra la privatización. La lucha fue intensa y el apoyo del pueblo a la lucha fue inmen­so. Fue de hecho cuando sale Benítez de la dirección de la Unión y entra José Juan Hernández que se debilitó profun­damente la lucha contra la venta de la telefónica. Jose Juan prácticamente traicionó la lucha del pueblo contra la venta de la telefónica.

Ahora el gobierno adelanta la privatización de la energía eléctrica. Saben que allí se tendrán que enfrentar a una unión poderosa y militante que dará la lucha contra la privatización. Por eso han seguido un camino distinto: privatizar la agencia poco a poco, pedazo a pedazo, sin vender, hasta ahora, las plantas que son propiedad del gobierno. Además, han desatado un movimiento intenso para tratar de desprestigiar la agencia permitiendo que se deteriore el servicio que ofrece al pueblo. Han detenido el reclutamiento de personal y no se le está dando el mantenimiento adecuado al equipo, han reducido la compra de equipo y materiales de tal manera que los trabajadores de la agencia no puedan dar un servicio adecuado, han cerrado oficinas comerciales y han aumentado desmedidamente el costo de la energía para el pueblo.

El pueblo no puede permitir que se siga privatizando la AEE. El aumento en el costo de la vida y el deterioro de nuestras condiciones de vida ya no aguantan más. Por eso hacemos un llamado a todo el pueblo trabajador a que enfrentemos la privatización de la energía eléctrica de la manera mas de­cidida y militante posible. Tenemos que exigir que la energía eléctrica, como servicio público, esté bajo control público y no en manos de la empresa privada que solo pretende lucrarse de las necesidades del pueblo. Para fre­nar la rapacidad de las privatizadoras tenemos que organizar a los obreros que en éstas trabajan en sindicatos democráticos y militantes que, como parte de su programa de lucha, exijan que la producción de energía eléctrica esté bajo control público. Tenemos que exigir que se descarte la propuesta de construcción de nuevas plantas priva­das de producción energética, y que la AEE retome el control de toda la pro­ducción de energía del país. Es preciso convocar a todos los sectores sindica­les, sociales, comunales y políticos del país a unir fuerzas a través de un Frente Unido para derrotar la privatización de la AEE y retomar el control público de la producción de energía. La UTIER está dispuesta a encabezar esta lucha. Sin embargo, para alcanzar el éxito, se requiere la más resuelta solidaridad de nuestro pueblo.

iLuchemos unidos contra la privati­zación de la energía eléctrica!