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Periódico CNT
El pasado 31 de mayo un trabajador de la ONG Paz con Dignidad (de, entre otros, Lola Sepúlveda -ex de la Red de Apoyo Zapatista- y Pascual Serrano -Rebelión-) fue despedido con la excusa de que había finalizado la obra para la que había sido contratado. Podría parecer que era un hecho aislado, impropio de una organización con compromiso social, pero en realidad no era sino otro ejemplo más de su política laboral.
En diciembre de 2003, el Gobierno Vasco aprobó subvencionarles para un proyecto de educación sobre el desarrollo que comprendía la investigación y posterior publicación de un libro sobre los impactos de la inversión de empresas españolas en el sector eléctrico centroamericano como estudio de caso para, a partir de éste, elaborar material educativo para el alumnado de Secundaria, y finalizar con la celebración de un seminario sobre empresas transnacionales.
Dado lo ambicioso del proyecto, éste contemplaba la dedicación exclusiva de dos trabajadoras, aparte de contar con la colaboración altruista de un Comité Asesor, integrado por varias personas vinculadas estrechamente al ámbito académico y militante.
Se trataba, a priori, de una ONG políticamente comprometida, con una Junta Directiva conformada por gente relativamente conocida entre los movimientos sociales, como Lola Sepúlveda (ex de la Red de Apoyo Zapatista) o Pascual Serrano (Rebelión), e incluso militantes de sindicatos como CGT. La realidad era bien distinta. Ya para aquel mes de diciembre de 2003 habían echado a una secretaria que, aunque solía rebasar su jornada laboral, al parecer carecía de suficiente compromiso político. Quienes sí lo tenían optaron por despedirla. Otros compañeros se adelantaron y optaron por irse antes.
A este clima laboral irrespirable se le unieron las presiones a una de las integrantes del proyecto para que viajara durante dos meses por Centroamérica para el estudio de campo, pese a que había advertido que no podría porque tenía una niña de corta edad. Ante esta situación y viendo como su labor era continuamente despreciada, optó por rescindir voluntariamente su contrato tras entrar otra persona a sustituirla. Aún así, decidió seguir colaborando en el proyecto, ahora de manera altruista; tan sólo tendría derecho a aparecer como coautora del libro y recibir veinticinco ejemplares.
A su sustituto, Antonio Sanabria, se le realizó un contrato por obra y servicio, forma legal de precariedad laboral. La jugada siempre es la misma: se establece una definición de obra lo suficientemente ambigua como para permitir a la patronal decidir unilateralmente y de manera gratuita el momento del despido. Cualquier concreción de plazos puede serle comunicada, pero siempre de manera verbal. En este caso, al trabajador se le dijo que su contrato se acabaría cuando terminara el proyecto, en diciembre de 2005, planteando su labor conforme a dicho
compromiso verbal.
A la vuelta del viaje comenzó el procesado de datos y la elaboración del libro. En todo momento las tres personas encargadas de redactar la obra quedaron apartadas de todo contacto con la editorial, sin tan siquiera poder negociar las fechas de entrega fijada, en principio para finales de mayo. Dado el escaso margen temporal y lo extenso del objeto de estudio se hacían necesarias jornadas intensivas de trabajo, que se vieron intensificadas cuando Luis Nieto, el coordinador de la Asociación, les comunicó que el plazo definitivo era un mes antes, el 29 de abril. A pesar de la esforzada dedicación, con jornadas que rebasaban las 12 horas diarias se les negó reconocimiento alguno de esas horas extra, ni en el salario ni tan siquiera con unos días de descanso. Mientras, tampoco eran atendidas sus peticiones de convocar al Comité Asesor para una última reunión antes de entregar los borradores a la editorial.
Justo un día después de entregar las últimas páginas del borrador definitivo a Antonio Sanabria se le notificaba que se había acabado la obra y con ello el contrato. Eso sí, les
gustaría que para las tareas pendientes tanto del libro(corrección de galeradas, difusión, reparto…) como del proyecto pudieran contar con su labor desinteresada. Sin tiempo ya para poder hacer modificaciones y con el libro a pie de imprenta, Luis Nieto decide convocar, por fin, al Comité Asesor. Obviamente el grupo asesor es informado por las tres personas afectadas del despido de Antonio y del difícil contexto laboral sufrido a lo largo de la investigación y posterior elaboración del libro. En dicha reunión, desde el Comité Asesor se sugiere que la Junta Directiva tenga una reunión con las tres personas afectadas para tratar de llegar a una solución razonable para todas las partes. Luis Nieto aceptó la idea y admitió que, tal vez, el error fue no haber hecho un sacrificio con Antonio hasta el mes de junio. Es decir, reconocía que el fin de obra dependía más de su voluntad que del contrato. ¿Cómo seguir hasta fin de junio si se suponía que la obra había acabado en mayo? La Junta Directiva, representada por el presidente, Eugenio Pascual y la vicepresidenta, Lola Sepúlveda, convocó al trabajador a una reunión para tratar su caso específico negando la posibilidad de tratar éste como una parte más de un problema mayor y que afectaba al trío autor. Sólo podría estar presente él, vetándose incluso la presencia de su abogado.
En realidad la reunión nunca pretendió negociar nada, sino tan sólo averiguar qué argumentos legales esgrimía el trabajador despedido para presentar una denuncia. Ante su negativa a dar detalles al respecto, la respuesta desde la Junta fue tajante. Agotados los intentos de diálogo, el trabajador despedido presentó la correspondiente denuncia por despido improcedente.
En la conciliación previa al juicio, el SMAC, nuevamente se negaron a tratar de acordar nada, por lo que finalmente habrá juicio. Por otra parte, se organizó un Comité de Apoyo a Trabajadores de Paz con Dignidad para recoger firmas y adhesiones vía e-mail y hacérselas llegar a la Organización Federal de IU, partido al que estaba vinculada, al menos, parte de la Junta Directiva. Apenas una semana más tarde se enviaron las primeras cien adhesiones electrónicas. Por supuesto IU guardó silencio y la Asociación, al recibir copia de esas adhesiones, se encargó de ir llamando a los nombres conocidos para pedirles explicaciones, así como a elaborar un comunicado donde, entre otras perlas, esta organización “solidaria e internacionalista” afirmaba que lo ideal sería “que el espíritu que moviera a las mujeres y hombres que creen en el proyecto que impulsa fuera absolutamente altruista, desinteresado y movido por las causas, injusticias y desigualdades que combatimos”. Obviaban decir que varios miembros de la Junta trabajan en la ONG de manera asalariada y, por cierto, con sueldos muy superiores al resto de la plantilla. Obviaban también que en esa solidaridad internacionalista estaban usando modalidades de contratos precarios que, como en el caso de Antonio Sanabria, suponían entre otras cosas una menor cotización a la Seguridad Social. El convenio colectivo de oficinas y despachos establece la jornada completa en 40 horas semanales.
Sin especificar esto, desde la ONG se vendía una progresista jornada de 35. Esto suponía que la jornada fuera considerada como parcial. Y para colmo, los trabajadores y trabajadoras de la ONG suelen dedicar bastantes más horas de trabajo. Obviaban, en definitiva, que es su práctica cotidiana y no sus comunicados oficiales lo que les define como vulgares empresarios. Una simple subcontrata del desarrollo. Desarrollo capitalista, no obviemos. Pero este caso no es sino un botón demuestra de un fenómeno muy extendido, donde el discurso “comprometido” choca con la práctica cotidiana en empresas públicas, o se convierte en coartada justificativa de condiciones laborales en toda una colección de organizaciones no gubernamentales donde se trabaja a destajo en condiciones laborales dignas de admiración en la CEOE. Ahí tenemos el reciente ejemplo de AUSSA, donde el pasado 21 de abril cuatro trabajadores fueron despedidos disciplinariamente y que, apenas dos semanas más tarde, expedientó a otros diecisiete empleados. Paradójicamente se trata de una empresa de grúas propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en coalición por PSOE e IU.
Tenemos entonces que una patronal de “izquierdas” despide y expedienta a trabajadores que simplemente ejercían su derecho de huelga. Y en Francia, una cadena de salas de cinededicada a la “cultura de izquierdas”, justificaba los despidos de dos trabajadores por “déficit de horas de trabajo de un delegado de personal”, así como falta de “un mínimo de conciencia política” en el otro caso. Y menos mal que los cines se llaman Utopía. La paradoja se repite ahora con una ONG que, por un lado, contrata personal investigador para hacer públicas las prácticas de empresas transnacionales y, al mismo tiempo, se comporta despóticamente con su propio personal asalariado, poco comprometido porque no les trabajan gratis.
Para cualquier información y/o adhesiones se ha abierto la siguiente dirección de correo electrónico: trabajodignoenpazcondignidad@yahoo.es
Fuente: cnt n° 315 agosto-septiembre 2005. Sindical-laboral