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Comunidades rechazan dictamen de Ley de Comunidades Campesinas y Nativas
Las organizaciones integrantes de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería -CONACAMI-PERU- nos dirigimos al Congreso de la República y a la opinión pública nacional e internacional para expresar nuestro rotundo rechazo al dictamen de la “Ley General de Pueblos Originarios o Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas”, que aprobó hace unos días la Comisión de Pueblos AndinoAmazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, la misma que ha solicitado pase al pleno del legislativo para su debate y aprobación, desconociendo las propuestas de las organizaciones sociales. Por tal motivo queremos expresar:
1. Las comunidades campesinas y nativas tenemos derechos preexistentes a la formación del Estado, como son el derecho al territorio comunal y al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, principalmente del agua, que es fuente de vida y salud. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han cumplido con su obligación de garantizar el respeto de esos derechos, por el contrario, permiten que se sigan violando a costa de una promesa de desarrollo que nunca llega. Esto está costando vidas humanas, el despojo de nuestras tierras, sequías y contaminación de las aguas de nuestros ríos, lagunas y manantiales; lo que conlleva a la pérdida material de nuestros cultivos y ganado, que son nuestra fuente de subsistencia, además hacernos víctimas de enfermedades que atacan principalmente a nuestros hijos. Para nosotros el territorio y los recursos naturales son nuestro sustento de vida, no podemos hablar de desarrollo y de mejorar nuestra calidad de vida sin ellos.
2. Sin embargo, el Estado sigue promoviendo las concesiones de los recursos naturales, permitiendo que las empresas mineras, de hidrocarburos y forestales continúen sus acciones en desmedro de nuestros pueblos que requieren una ley que ampare sus derechos.
3. Hace algunos meses la Comisión de Pueblos AndinoAmazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología convocó a varias organizaciones sociales para dar sus aportes, pero finalmente acordó fusionar dos proyectos de ley anteriormente aprobados, ignorando su compromiso de respetar el derecho a consulta que nos garantiza el Convenio 169 de la OIT. Así, el 22 de noviembre pasado, la Comisión aprobó el dictamen de la Ley General de Pueblos Originarios, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.
4. Dicho dictamen vulnera flagrantemente los derechos de los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente y por el Convenio 169 de la OIT. Lejos de garantizar la integridad e inviolabilidad de los territorios comunales promueve la disolución de las comunidades a través de la parcelación y venta de tierras a terceros. Asimismo favorece la concesión de los recursos forestales y mineros dentro de los territorios comunales, dejando de lado el derecho de los pueblos a la consulta libre e informada sobre el tipo de desarrollo que desean, y no garantiza la participación de las comunidades en el uso, administración y conservación de los recursos existentes en sus territorios.
5. Tampoco reconoce los derechos a la salud, educación y derecho consuetudinario de las comunidades campesinas de elegir a sus autoridades encargadas de impartir justicia, no da solución a los conflictos sociales y no garantiza una indemnización justa para los afectados por la violencia política que lamentablemente tuvo mayor repercusión en los pueblos andinos y amazónicos.
6. Es lamentable que este dictamen autorice la disolución de las comunidades cuando este tipo de organización ancestral ni siquiera es un derecho de los actuales comuneros y menos de los congresistas que nunca han vivido en comunidad. Es nuestro deber dejarla como herencia para nuestros y nietos.
7. Las bases de CONACAMI consideramos que formular una nueva Ley de Comunidades Campesinas en el marco de la actual Constitución – aprobada por el corrupto gobierno fujimontesinista- es avalar la impunidad en la violación de nuestros derechos que han sido disminuidos para favorecer a la industria extractiva.
Por estas razones:
* Rechazamos el dictamen de la Ley General de Pueblos Originarios o Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas y exigimos que sea devuelto a la Comisión de Pueblos AndinoAmazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Para las comunidades es vital nuestro territorio y los recursos naturales que existen en él; no queremos una nueva ley en la que se nos despoje de más derechos.
* Invocamos a los legisladores que no aprueben el dictamen de la Ley General de Pueblos Originarios o Indígenas, Comunidades Campesinas y Nativas si previamente no ha sido sometido a consulta en nuestros pueblos.
* Si el Pleno del Congreso aprueba la nueva ley de comunidades campesinas y nativas nuestros pueblos no la acatarán, por ser una norma ilegítima, ilegal y contraria a nuestros derechos que están garantizados por el Convenio 169 de la OIT que ha suscrito el Perú.
* Alertamos a la comunidad nacional e internacional que desde el Parlamento se pretende vulnerar, una vez más, los derechos de las comunidades desconociendo su derecho a la consulta.