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Miércoles 30 de noviembre de 2005
Amenaza la juez con imputarles un nuevo delito de “desórdenes públicos”
Expulsan de la sala a los 56 procesados en el macrojuicio contra presunto entorno de ETA
Madrid, 29 de noviembre. Angela Murillo, presidenta del tribunal de la Audiencia Nacional del macrojuicio contra el supuesto entorno del grupo armado ETA, expulsó hoy de la sala a los 56 procesados, a los que incluso amenazó con imputarles un nuevo delito de “desórdenes públicos”.
De forma simultánea al proceso, unos 30 ex trabajadores del clausurado diario vasco Egin se concentraron a las puertas de la sede judicial para denunciar la “falta de libertad de expresión”, y para exigir que se “cuente la verdad” sobre el cierre de este rotativo vasco, ordenado en 1998 por el juez Baltasar Garzón.
El macrojuicio contra el llamado “entorno de ETA” inició el pasado lunes y, dada la envergadura de la causa, tiene previsto prolongarse varios años antes de que haya una resolución definitiva sobre todos los imputados. La matriz del sumario fue aportada por las diligencias judiciales y policiales auspiciadas por el juez Garzón, para quien supuestamente medios de comunicación, organizaciones política, civiles y sindicales están vinculadas con ETA.
En la primera etapa del proceso se interroga a los imputados por los casos relativos al supuesto “aparato político de ETA”, en el que Garzón ubicó a la organización Ekin y al diario Egin.
La expulsión de los 56 imputados ocurrió cuando se interroba a uno de los fundadores de Egin, José Luis Elkoro, quien a la pregunta de su abogado Iñigo Iruin sobre su relación con ETA se remontó a 1977.
La juez Murillo le interrumpió, al señalar: “nos interesa que nos cuente esto en relación con los delitos que se le imputan, pero no nos cuente su vida”.
Acto seguido, los imputados silbaron y aplaudieron en la sala, a lo que la juez replicó con la suspensión de la audiencia y la expulsión de todos los imputados.
La abogada defensora Jone Goirizelaia reiteró su denuncia de que hay una “parcialidad manifiesta del tribunal”, al considerar que la sala “había comprometido de forma grave su imparcialidad, pues estaba tratando de sustituir a las acusaciones en su función, había intentado introducir un elemento de cargo a su instancia, y lo había hecho al margen del procedimiento penal”.