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Pascual Pichún Collonao, miembro de una comunidad de Traiguén (IX Región de Chile), se presentó el martes en Buenos Aires ante el Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) y logró un permiso provisorio para permanecer en el país. El joven de 23 años había sido condenado por la justicia chilena bajo una ley antiterrorista de la dictadura de Pinochet, y permanecía en clandestinidad desde hace dos años. La solicitud ante el organismo – dependiente del Ministerio del Interior – fue presentada en documento reservado el 15 de noviembre por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH).

Organizaciones mapuche anunciaron el inicio de una campaña internacional de apoyo a Pascual Pichún para lograr que el gobierno argentino conceda la calidad de refugiado, mientras que el militante mapuche realizará hoy una conferencia de prensa en la sede del LADH para exponer su caso.

En tanto, según informó el Diario La Tercera de Chile, José Bernales – general director de Carabineros – alertó de que “están los mecanismos judiciales para poder seguir con este caso”, y el fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljubetic, no descartó iniciar los trámites para solicitar la extradición del militante mapuche. Por su parte, Francisco Vidal, Ministro del Interior, consideró que “no se justifica” la solicitud de asilo.

Pascual Pichún se encontraba desde fines de 2003 declarado prófugo por la justicia chilena y con órdenes de búsqueda y captura policial. Junto a su hermano Rafael (25 años), hoy encarcelado junto a su padre en la cárcel pública de Traiguén, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol tras un proceso plagado de irregularidades como autor de un incendio en el que resultó destruido un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de estado Juan Agustín Figueroa, señalado por los mapuche como uno de los mentores de la criminalización de sus demandas.

COMISIÓN POR EL REFUGIO POLÍTICO EN ARGENTINA DEL HERMANO MAPUCHE PASCUAL PICHUN COLLONAO”
E-mail: libertad_pascualpichun@yahoo.com.ar
Te: 011 - 4307 5136 (Buenos Aires)
Cel: 0299 - 154 013 654 (Neuquén)
Puelmapu - Argentina

Carta Política Mapuche por el caso de Pascual Pichún Collonao.
Al Pueblo Nación Mapuche, a la sociedad argentina y chilena y a la opinión pública internacional:

Con fecha 06 de diciembre de 2005, el hermano PASCUAL ALEJANDRO PICHUN COLLONAO, joven de 23 años, miembro del Pueblo Nación Mapuche y perteneciente a la comunidad de Temulemu, comuna de Traiguén en el sur del actual Estado de Chile, y sobre quien pesa una orden de captura por parte de los tribunales de justicia chilenos, ha formalizado su Solicitud de Refugio Político ante las autoridades correspondientes del Estado Argentino.
Siendo un destacado miembro del movimiento social mapuche, fundador del grupo de música tradicional “Kimkache” y activo promotor de los derechos culturales y políticos de su pueblo, nuestro hermano Pascual pertenece además a una emblemática comunidad que ha mantenido en los últimos años una férrea oposición al avance de empresas forestales sobre sus tierras ancestrales, lo que ha desembocado en la persecución judicial de sus dirigentes y miembros por parte de las autoridades chilenas, tal como lo han denunciado en sus informes destacados organismos internacionales como Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y personalidades como el Relator Especial de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen.

En los últimos años, la familia Pichún ha sido víctima de una implacable persecución judicial y política, encontrándose al día de hoy encarcelados dos de sus integrantes: Pascual Pichún Collonao, lonko (jefe tradicional) de la comunidad y Rafael Pichún Collonao, padre y hermano -respectivamente- del joven Pascual. Debemos agregar que otros nueve ciudadanos mapuches cumplen severas condenas en las cárceles del sur de Chile, todos enjuiciados bajo la “Ley 18.314 Sobre Conductas Terroristas” creada por la dictadura militar de Pinochet para perseguir a opositores políticos. A ellos se suman otros cientos de ciudadanos mapuches procesados por la justicia civil y militar chilena en los últimos 5 años y que se encuentran bajo diversas modalidades de “libertad condicional” o “vigilada”.

En su Informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas en Chile, el Relator Especial Sr. Rodolfo Stavenhagen, recomendó en diciembre del año 2003 al estado chileno que “bajo ninguna circunstancia” deberían ser criminalizadas o penalizadas las “legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas” y que no deberían aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (”amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) “a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas”. No obstante, la criminalización de las legítimas reivindicaciones sociales, políticas y culturales del Pueblo Mapuche continúa inalterable.
En diversas zonas rurales de las regiones VIII, IX y X, persiste la militarización de las comunidades originarias y violentos allanamientos policiales. En este contexto, la familia del joven afectado y su comunidad han debido enfrentar durante tres años un verdadero “cerco policial”, con el uso de helicópteros, permanente resguardo y vigilancia de la zona, controles de identidad en caminos públicos, allanamientos nocturnos a las viviendas de los comuneros y hasta arrestos arbitrarios y extrajudiciales.
Todos los antecedentes antes mencionados, son el fundamento por el cual, un conjunto de estudiantes y militantes mapuche de Puelmapu, Argentina, hemos accedido a la solicitud de la familia Pichún Collonao y nos hemos constituido en la “Comisión por el Asilo Político en Argentina del Hermano Mapuche Pascual Pichún Collonao”, por entender que su petición es un derecho que cumple todas y cada unas de las condiciones requeridas por el Estatuto para el Refugiado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los términos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto para Solicitantes de Refugio, pues se trata de una persona perseguida por su condición de miembro del Pueblo Mapuche, lo que constituye una persecución por cuestiones étnicas, así como por ser un luchador social, que se traduce en persecución política encubierta bajo la figura de delito terrorista. Si nuestro hermano fuese extraditado, nos asiste el fundado temor de que su libertad y derechos correrán serio riesgo de ser vulnerados, una razón más para la urgente necesidad de solidaridad que busca concitar nuestra Comisión.
Los Mapuche somos un solo Pueblo Nación a ambos lados de la cordillera de los Andes, todo lo que a este afecte en cualquier punto de su Territorio Ancestral, afecta a cada uno de sus hijos e hijas. En Puelmapu, el Estado Argentino está dotado de un conjunto de instrumentos jurídicos de alcance nacional y de índole internacional. En su propia Constitución Política ha reconocido la preexistencia de los Pueblos Indígenas; es por esto que, en nuestra condición de miembros del Pueblo Nación Mapuche en Puelmapu, invocamos esa preexistencia para solicitar enfáticamente a las instancias que correspondan en la esfera del Gobierno y la Justicia Argentina, la protección jurídica y política de nuestro hermano Pascual Pichún Collonao.
Por ello también, convocamos a la solidaridad interna del conjunto de nuestro Pueblo Mapuche, así como de los sectores sociales, de derechos humanos, estudiantiles, trabajadores y demás expresiones organizadas de la sociedad civil argentina, chilena e internacional, con el fin de sumarse a las acciones que nos lleven a obtener el asilo político de nuestro hermano en ésta, nuestra tierra que es la de él, para poder vivir en paz y con justicia junto a su Pueblo al Este de los Andes, en el presente su principal aspiración.

Firma:
Comisión por el Refugio Político en Argentina del Hermano Mapuche Pascual Pichún Collonao.
E-mail: libertad_pascualpichun@yahoo.com.ar

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Joven mapuche solicita refugio político en Argentina

Pedro CAYUQUEO / Azkintuwe Noticias
azkintuwe@yahoo.es

PUELMAPU / Hoy martes y de manera sorpresiva, Pascual Pichún Collonao (23 años), joven mapuche miembro de la Comunidad “Antonio Ñirripil” del sector de Temulemu (Traiguén, sur de Chile), hijo del reconocido lonko Pascual Pichún Paillalao y quien se encontraba desde fines del año 2003 declarado “prófugo” por la justicia chilena, se presentó en Buenos Aires ante el Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE) de la República Argentina.

Acompañado por miembros de una Comisión de Apoyo, Pascual ingresó a las 13:00 (Hora de Buenos Aires) a las oficinas del Comité de Elegibilidad para el Estatuto de los Refugiados (CEPARE), permaneciendo por espacio de tres horas en el recinto donde un Comité Especial evaluó los antecedentes presentados -el pasado 15 de noviembre en documento reservado- por los abogados Héctor Luis Trajtemberg y Carlos Mariano Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, además de Cecilio Melillán, miembro de la comunidad mapuche en la Argentina.

Según señalaron miembros de la “Comisión por el Refugio Político de Pascual Pichún Collonao”, tras finalizar la entrevista el CEPARE aceptó acoger a tramitación la solicitud de Refugio Político presentada por Pichún (Causa 599342-2005), otorgándole de inmediato un “certificado de residencia precaria para solicitantes de asilo”. En los hechos, se trataría de un documento que garantizaría su residencia “legal” mientras se desarrolla el lento proceso que definirá su futuro judicial en la República Argentina, proceso que aseguran podría extenderse por el lapso de un año.

Para mañana miércoles se espera en Santiago de Chile la realización de una conferencia de prensa donde familiares del joven mapuche entregarán mayores antecedentes sobre esta solicitud de refugio político que marcaría un verdadero “hito” en la historia del movimiento indígena latinoamericano, según señaló en conversación con Azkintuwe el dirigente Juan Pichún, hermano mayor de Pascual y actual vocero de las comunidades de Traiguén.

“El caso de mi familia, de nuestra comunidad, es emblemático y grafica lo que ha sido el tratamiento que el gobierno de Ricardo Lagos le ha dado al tema mapuche, que no es otro que asistencialismo por un lado y, por otro, cárcel, represión, leyes antiterroristas y peñi perseguidos, viviendo lejos de sus familias y seres queridos… esta solicitud de refugio que mi hermano ha presentado y que ha sido acogida en una primera etapa, muestra hacia el mundo el verdadero rostro del estado chileno”, indicó.

Si bien no ha existido hasta el cierre de esta edición un pronunciamiento de parte de las autoridades chilenas respecto de este caso, organizaciones mapuches anunciaron en Santiago de Chile y Buenos Aires el inicio en las próximas horas de una campaña internacional de apoyo a Pascual Pichún, iniciativa que contaría en Argentina con la participación de destacadas personalidades, tales como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, además de diversos organismos de derechos humanos y agrupaciones sociales e indígenas de ambos países del Cono Sur.

“Nosotros entendemos que su petición de refugio cumple todas y cada unas de las condiciones requeridas por el Estatuto para el Refugiado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en los términos de la Convención de 1951, ya que se trata de una persona perseguida por su condición de mapuche y luchador social. Sabemos además que si fuera devuelto a Chile, tanto su libertad como derechos corren serio riesgo, tal como acontece hoy con parte importante de nuestra familia y también con otros dirigentes de nuestro pueblo”, concluyó Juan Pichún.

Mapuche clandestino

Desde fines del año 2003 Pascual Pichún Collonao se encontraba declarado “prófugo” por la justicia chilena y con órdenes de búsqueda y captura policial. Junto a su hermano Rafael (25 años), hoy encarcelado junto a su padre en la cárcel pública de Traiguén, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol tras un proceso plagado de irregularidades, como autor del delito de “incendio” y en el que resultó destruido un camión forestal cargado con madera que prestaba servicios en el Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de estado, Juan Agustín Figueroa.

Los hechos por el cual fue condenado Pascual ocurrieron durante la tarde del viernes 12 de abril de 2002. Si bien en un principio el chofer afectado declaró no haber podido reconocer a sus atacantes, en declaraciones posteriores culpó de los hechos directamente a los hermanos Rafael y Pascual Pichún, quienes fueron detenidos tras un violento allanamiento policial a su domicilio tan sólo un par de horas después del atentado, permaneciendo encarcelados por más de 1 año antes de ser llevados a Juicio Oral en la ciudad de Angol.

El 31 de enero de 2003, dicho tribunal los condenó a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por el delito de “incendio” (ambos fueron absueltos del delito de homicidio frustrado esgrimido por la Fiscalía), “a través de testimonios viciados y pruebas sin fundamento”, según denunciaron sus familiares y diversos organismos de derechos humanos que siguieron el polémico caso.

Si bien por su “irreprochable conducta anterior” el Tribunal concedió en marzo de 2003 el beneficio de la “libertad vigilada” a ambos hermanos, estos no pudieron finalmente gozar de dicho beneficio al no poder cancelar las costas del juicio y las altas indemnizaciones a que fueron condenados (“6.000.000 de pesos, a título de indemnización, 11 unidades tributarias mensuales de multa y 300.000 pesos por costos de la causa”, -en total cerca de 10 mil dólares-) impuestas como requisito, de acuerdo al artículo 17 de la Ley 18.216 sobre medidas alternativas a las penas privativas de libertad.

Con fecha 25 de noviembre de 2003, la jueza Silvia Molina decretó el definitivo encarcelamiento de ambos jóvenes, quienes a su vez se declaran en rebeldía, negándose a ser presentados ante la justicia. A partir de entonces se inició una intensa búsqueda de ambos por parte de efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile, que incluyó constantes allanamientos nocturnos, seguimientos a dirigentes de la comunidad y arrestos arbitrarios de miembros de su familia.

Mientras Rafael Pichún fue finalmente detenido y encarcelado en Traiguén el pasado 20 de julio de 2005, Pascual espera que las autoridades argentina acojan finalmente su solicitud de Refugio Político, categoría a la que también aspira en el país trasandino el ciudadano chileno Galvarino Apablaza Guerra, conocido como el “Comandante Salvador” y uno de los fundadores del hoy desaparecido Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), brazo armado del Partido Comunista Chileno en la década de los ochenta.

Los pasos que siguen (Recuadro)

Respecto de la solicitud presentada por Pascual Pichún Collonao y en caso de no prosperar una eventual petición de expulsión o de extradición por parte de las autoridades chilenas ante la justicia argentina, un oficial del CEPARE deberá evaluar el caso y elaborar una “recomendación de elegibilidad no vinculante” para ser sometida a decisión del Comité, que analiza a su vez cada petición, la correspondiente recomendación emitida por la Secretaría y resuelve definitivamente.

Si la petición es aceptada por el Comité, se inicia por intermedio de la Secretaría de CEPARE el trámite de radicación con carácter temporario por tres años, renovables por periodos iguales hasta que cese el estatuto otorgado. Una vez cumplido el trámite de radicación se remite al refugiado al Registro Nacional de las Personas para la obtención de su Documento Nacional de Identidad para Extranjeros.

Tras el primer periodo de tres años de radicación temporal, el refugiado puede optar por cambiar a radicación permanente, provisto que cumpla con los requisitos de la ley migratoria en la materia. Esto le posibilitará posteriormente solicitar la naturalización como ciudadano Argentino conforme lo normado en la Ley 346 de 1869 y sus modificaciones.

Si la solicitud hubiere sido denegada, el solicitante tiene un plazo de 15 días para apelar la decisión del Comité ante el Ministro de Interior. Este recurso agota la vía administrativa y abre la posibilidad de presentar un recurso posterior frente a los tribunales nacionales de justicia. A lo largo de todo el procedimiento, el solicitante y/o el refugiado podrán recurrir para orientación y asistencia a la agencia implementadora de los programas del ACNUR en Argentina, la Fundación Comisión Católica Argentina para las Migraciones (FCCAM) / Azkintuwe

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