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La Jornada, México
Jueves 22 de diciembre de 2005
Dan amparo a indígenas contra minera trasnacional
El juez primero de distrito en materia administrativa del tercer circuito, con sede en Guadalajara, Francisco Olmos Avilés, concedió amparo al poblado indígena de Ayotitlán, municipio de Cuautitlán, Jalisco, contra las concesiones mineras y las autorizaciones ambientales que fueron otorgadas al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, SA de CV, propiedad de la trasnacional Hylsamex-Ternium, para abrir un camino y ampliar la mina que explota desde los años 60.
La suspensión provisional -dictada el pasado día 20 en el juicio radicado con el número 1528/2005- para que no se prive a la comunidad quejosa de sus tierras, bosques y aguas refuerza la medida adoptada por la mayoría del núcleo agrario, encabezado por el Consejo de Mayores, el pasado 22 de noviembre, cuando frenaron los trabajos que realizaba la minera (La Jornada, 30 de noviembre de 2005).
Asimismo, los ejidatarios del mismo poblado interpusieron un juicio -435/05- en el Tribunal Unitario Agrario 38, con sede en la ciudad de Colima, en el que se demanda la nulidad del acta de la asamblea en la que fue electo el actual comisariado ejidal, Jesús Michel, quien es empleado de la minera. Además, solicitaron un amparo, admitido en el juzgado segundo de distrito en materia administrativa del tercer circuito, con el número de expediente 1490/2005, en contra de la inscripción en el Registro Agrario Nacional del acta de la citada asamblea.
En la defensa legal de sus derechos colectivos, los nahuas interpusieron una denuncia ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco, en contra del Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada por daños causados al entorno con motivo del camino que estuvo construyendo para extraer mineral del paraje denominado la Piedra Imán. En este caso, “la Profepa no ha dicho ni ha hecho nada”, señalaron.
Las autoridades demandadas en el juicio 1528/2005 interpuesto por una veintena de ejidatarios, entre ellos Gaudencio Mancilla Roblada, representante legal del Consejo de Mayores de Ayotitlán, con la representación sustituta del poblado, “ante la actitud omisa y negligente” de su comisariado ejidal, son principalmente los secretarios de Economía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por violación de los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, así como del 15 del Convenio 169 de la OIT.
Establecen en su demanda que el poblado indígena nahua de Ayotitlán es uno de los más antiguos centros de población indígena en el área mesoamericana y en la región cultural conocida como “el occidente”, y que a lo largo de los años han sido numerosos los conflictos que su poblado ha confrontado con grupos económicamente poderosos que han ambicionado principalmente su riqueza forestal y minera. “El resultado siempre ha sido la miseria de nuestras familias frente a la insultante riqueza de quienes han realizado el ilegal despojo de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales”.