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DR. RODOLFO STAVENHAGEN
RELATOR ESPECIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS
Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Sr. Relator:
Sea usted bienvenido al estado de Oaxaca, queremos manifestarle nuestro agradecimiento por aceptar participar en este Foro de los Derechos Indígenas, que se celebra en el marco de su visita en calidad de Relator Especial de Las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas.
Oaxaca es un estado caracterizado por fuertes contrastes sociales, seguramente usted lo ha respirado a su llegada a este territorio. Una de las más fuertes contradicciones se refiere al significado de los pueblos indígenas. En Oaxaca ser indígena es símbolo de orgullo como en ningún otro estado del país, pero a la vez representa olvido, pobreza y muerte para el poder público; ser indígena en Oaxaca es muestra de riqueza cultural y diversidad étnica y lingüística, pero a la vez significa desprecio de parte de las instituciones del Estado; ser indígena en Oaxaca también es un buen pretexto para disputar poder y recursos al adversario político o para elaborar leyes que justifiquen la vocación “indigenista” de un gobierno. Qué fácil es para el Estado construir un discurso tan distante a la realidad política de nuestras comunidades. Con todo esto y contra todo esto, saludamos, Sr. Relator, su presencia, su tiempo y su palabra destinada a este espacio.
Este día concurren al Foro sobre los Derechos Indígenas, hermanos y hermanas de pueblos y organizaciones indígenas, cuyos derechos colectivos han sido violentados. Por esta razón este Foro no pretende trasmitir un informe más, muerto en un archivo perdido, convertirse en un relato más de la violencia y de las consecuencias de la guerra sucia que se vive en Oaxaca. Lejos de ser eso, quiere ser un instrumento de reflexión y un estimulo para construir un dique que contenga la violencia institucional contra nuestros pueblos. Quiere despertar indignación, repudio y acción. Quiere denunciar a los criminales que usando el poder asesino torturan, amenazan, intimidan, destruyen. Quiere denunciar a quienes usando el infundio del miedo, pretenden lograr sus objetivos haciendo que los que luchan se dobleguen a sus intereses.
El aumento de la intensidad en la guerra sucia que ha implementado el gobierno en los últimos años, ha tenido como objetivo no sólo de combatir la lucha de nuestros pueblos sino también eliminar la oposición y a los enemigos políticos, en algunos lugares, o al menos debilitarlos.
Así, en este espacio, se han presentado casos de municipios a quienes les han impuesto autoridad municipal, vulnerando con esto su derecho político a la libre determinación. Es necesario decir que en nuestro estado se han reconocido legalmente los Usos y Costumbres en la elección de autoridades municipales, de los 570 municipios en que se divide el estado 418 eligen autoridades por usos y costumbres, lo que lo convierte en un ejemplo claro de democracia participativa directa, lo cual en un principio representó un esfuerzo por liberarse del control estatal. Sin embargo conforme esto sucede el proceso se ha ido pervirtiendo porque tanto las autoridades estatales, a través las delegaciones de gobierno y las diversas secretarías de estado, así como el poder legislativo han introducido elementos con intereses ajenos a las comunidades, con lo que las dividen y finalmente provocan conflictos que después presentan como intercomunitarios. El reconocimiento legal de los Usos y Costumbres no prevé recursos de impugnación para casos de controversia política, por ello afirmamos que el reconocimiento legal es insuficiente.
Por otro lado, también se han presentado casos de conflictos agrarios, de estos conflictos que en su mayoría pertenecen a comunidades indígenas, oficialmente se registran 656 conflictos agrarios, de los cuales 53 son considerados “de atención especial” por ser altamente conflictivos, y si no se les atienden pueden generar violencia social. Vale decir que muchos de estos conflictos agrarios se encuentran resueltos jurídicamente, pero ni las resoluciones agrarias, ni los amparos, ni las sentencias de los tribunales agrarios se han ejecutado, porque así conviene a los gobiernos federal y estatal que observan la ley como elemento de negociación en cada asunto particular. En Oaxaca, la lucha por la tierra, también es una lucha por poder, por mantener sometidos a los pueblos, así cuando los problemas estallan el gobierno se constituye como quien administra y controla el conflicto.
En Oaxaca, también, se ha recrudecido la represión en contra de comunidades enteras y también en contra de dirigentes indígenas. Hay compañeros que han tenido que pagar con cárcel su lucha en contra de las violaciones a los derechos de sus pueblos. La detención arbitraria de compañeros, bajo el pretexto del estado de derecho, ya ha cobrado una gran resonancia a nivel nacional. El actual gobierno estatal se ha caracterizado por su autoritarismo y prepotencia; la intervención directa del Congreso Local, la Procuraduría de Justicia y el propio Partido Revolucionario Institucional han dado tintes políticos a conflictos comunitarios. Los defensores de los derechos humanos y los activistas sociales recurrentemente somos blanco de amenazas y acoso. Pues en muchos de los casos, a las organizaciones que promovemos los derechos de los pueblos indígenas, somos considerados por las distintas autoridades como organizaciones subversivas.
Hay una realidad que parece normal, la violación a los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, reflejado en la falta de una educación bilingüe e intercultural, la ineficacia de los servicios de salud para atender la demanda de la población indígena, la discriminación a la lengua, la cultura y las costumbres son realidades que a diario se observan como fenómenos normales. Con esto nos queda claro que existe una tendencia a nivel global de aniquilamiento de las poblaciones originarias.
En la lucha por los derechos humanos no podemos ser tibios, menos dejar de tener una posición clara, es decir, no se puede luchar con el amo y el esclavo al mismo tiempo, para luchar por los derechos humanos debe haber una definición y debemos actuar en el punto mismo del conflicto, no por encima de esta lucha ni de lado, porque hoy está en riesgo la sobrevivencia de los más débiles.
Todo esto, Sr. Relator, hemos estado discutiendo y reflexionando en este Foro, el propósito de esta reflexión es escuchar las demandas y clamores de los pueblos, pero también de encontrar puntos de coincidencia en la lucha de nuestras comunidades, además de emprender acciones articuladas que tiendan a resolver estas situaciones de injusticia y opresión social.
Haremos llegar a la Oficina que usted dirige las conclusiones de este Foro y los casos documentados que se entregaron en el mismo, con la finalidad de encontrar otras vías de solución a nuestras luchas y demandas. Nuestra vocación es la esperanza, nuestra fuerza política es la resistencia milenaria y nuestro compromiso es con la palabra. Le invitamos, Sr. Relator, a unir fuerzas y sentimientos ante esta batalla tan desigual que libramos los pueblos indígenas por sobrevivir ante la expoliación de los poderosos.
En el marco de su mandato, Sr. Relator, le solicitamos haga las siguientes recomendaciones a las autoridades federales, estatales y municipales:
1. Al gobierno federal que cumpla con su palabra empeñada en los Acuerdos de San Andrés, para que se haga efectiva en la Constitución y se cumpla de manera práctica.
2. Al gobierno del estado, que instale mesas de atención para los conflictos agrarios, para los asuntos políticos, de libertades fundamentales y para la violación a los derechos sociales, económicos y culturales presentados en este Foro.
3. La liberación de los indígenas detenidos por motivos políticos: Carlos Manzo, Luis Alberto Marín López, Francisco de la Rosa Gómez, Oliverio Neri López, Pedro Ruiz Crisóstomo, Filiberto González Rojas, Aureliano González Martínez, Ezequiel Rodríguez González, Marciano Cruz Ruiz, Ines García Luis, Francisco Gutiérrez, Gabriel González Martínez, Pedro Castillo Aragón, Isabel Almaráz Matías y Gonzalo López Cortes.
4. Garantías de seguridad jurídica para las comunidades y asegurar la integridad física y moral de las personas cuyos casos se presentaron en este Foro.
5. Atención inmediata a las demandas económicas y sociales de las comunidades participantes en este espacio.
6. Acciones efectivas para garantizar el derecho de asociación y de libre expresión de ideas de las organizaciones participantes en este Foro que han sido hostigadas y agredidas.
7. A las comisiones de derechos humanos que atiendan de manera pronta y expedita todas las recomendaciones que se le han emitido y que además actúen con independencia del poder ejecutivo.
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de Junio de 2003.