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Asamblea popular Parque Rivadavia
Aunque Cromañon estaba supuestamente habilitado y “en regla” según los organismos de control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (El local terminaba siendo habilitado mediante coimas a inspectores), se utilizaba allí material inflamable como media sombra, tergopol o poliuretano para la acústica, se bloqueaban y simulaban las puertas de emergencia, se permitía el acceso de más personas que las autorizadas para el local y el evento. Como agravante a todo esto, habían ocurrido incendios previos a la masacre.
Durante la catástrofe se produjo la salida y autoevacuación por parte del mismo público asistente. En ningún momento se implementó el plan de emergencia en situación de catástrofes que el Gobierno de la Ciudad tiene para estos casos.
Como consecuencia de esto, la respuesta del Gobierno de la Ciudad fue tardía, ineficiente e improvisada: según los relatos del personal de hospitales, sobrevivientes y familiares, las ambulancias no tenían los elementos adecuados para asistir a las víctimas, ni existían en cantidad suficiente para cubrir tamaña situación. Como forma de paliar la necesidad de llevar a las víctimas a los centros asistenciales se utilizaron carros de detención de la guardia de infantería. Esto nos retrotrae a como se los utilizaba en los recitales de rock en la época de la dictadura, o en casos más recientes como la detención y asesinato de Walter Bullacio. Estos mismos carros, cuando llegaron a los hospitales, dejaron a las víctimas tiradas en las playas de estacionamiento y pasillos de los mismos, al verse colmada su capacidad y la asistencia.
Como desenlace, fueron asesinadas 194 personas, en su mayoría jóvenes.
No fue la primera vez que ocurrió esto. En 1993 murieron 17 personas tras un incendio en el boliche bailable de Vicente López Kheyvis, caso en que los responsables todavía están impunes.
Para que ello ocurra es necesario que el Estado oficie de garante para la impunidad, como ha ocurrido y sigue ocurriendo en los crímenes de la dictadura, los atentados a la embajada de Israel y AMIA, los asesinatos de María Soledad Morales, Nahir Mustafá, los crímenes del 20 de diciembre de 2001, los asesinatos de Kosteki y Santillán, los crímenes por Gatillo Fácil.
El escenario político que plantea la masacre de Cromañon, volvió a instalar la crisis institucional devenida de las jornadas de diciembre de 2001. Por eso el Estado trata de evitar que el proceso político no apunte hacia lo institucional. Lo hace ofreciendo indemnización a los familiares a cambio que suspendan el juicio civil hacia el Estado; Utiliza cínicamente a través de la difusión en los medios de comunicación, el legítimo duelo de los familiares como una forma de contención, en lugar de mostrar cómo los familiares plantean conjuntamente su reclamo de Justicia; A su vez, promueve desde los medios, que las responsabilidades de los hechos recaigan en “chicos que usan bengalas”.
Ante este manejo de la situación por parte del Gobierno de la Ciudad y el Estado Nacional, es necesario aclarar cuáles son las responsabilidades mayores de Cromañon:
El entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Anibal Ibarra: por ejercer el cargo que ocupa y por ser el máximo responsable político.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: porque no cumplió con su función de verificar que se hiciera efectivo el control de locales nocturnos y en función de esto no hubieran actos de corrupción; por la falta de pedidos de explicación de la no aplicación del plan de contingencia; por encubrir, desde los bloques mayoritarios ibarristas, macristas y kirchneristas, haciendo eje en que ni la corrupción ni la falta de control hubiesen ocurrido si se hubiese aplicado el código contravencional (método disuasivo-represivo).
El entonces Jefe de Gobierno, Anibal Ibarra, y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires: por haber ignorado: advertencias de la defensoría del pueblo en mayo de 2003, que expresaban preocupación acerca de las normas de seguridad, prevención contra incendio y salidas de emergencia; nuevas advertencias de la defensoría del pueblo acerca de serios incumplimientos de las normas, destacando la gravedad de las advertencias, tomando como antecedente lo ocurrido en la discoteca Kheyvis; el informe de la auditoría del Gobierno de la Ciudad en mayo de 2004 que constataba que había más del 75% de los boliches sin inspeccionar; la notificación del vencimiento del certificado de bomberos.
Omar Chabán: por privilegiar las ganancias sobre las vidas humanas; por ser parte instrumental de la corrupción; porque decidió huir para poder quedar impune ante la masacre
A casi un año de la masacre de Cromañon, ocurrieron otros hechos similares y la respuesta del Estado no fue preventiva sino que se siguió la misma línea de lo que pasó en el local de once: ante el incendio desatado en el club italiano de caballito y el escape de gas en palermo, las medidas consistieron en colocar, en el primer caso, vallado en lugar de la pertinente cinta roja perimetral; y en ambos estaban presentes: policías de civil, guardias de infantería, guardia urbana y numerosos carros de detención haciendo las veces de ambulancia y en el caso del club italiano excediendo el número de ambulancias y carros de bomberos.
Mediante el marco represivo, el Estado busca mantener la corrupción y la impunidad ligada al “poder”. Todo reclamo con el fin de poner coto a esta situación, en este mismo marco, es tildado por el Gobierno de la Ciudad y por el Gobierno Nacional como de “golpista institucional”, “desestabilizador”.
Estamos inmersos en un sistema en el que se privilegian las ganancias del poder económico sobre la vida humana. Un Estado que además de provocar esta masacre la utiliza para justificar las medidas represivas y designa funcionarios y recursos para esta función. Un Estado que garantiza la corrupción y la impunidad y que a su vez es el que controla.
A un año de la masacre de Cromañon, acompañamos a los familiares en su búsqueda de Justicia y castigo a los responsables, para que nunca más haya otro Cromañon y sumamos el histórico reclamo de las jornadas de diciembre de 2001 de que se vayan todos.
Asamblea popular Parque Rivadavia- Caballito
Declaración del 29/12/05