Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Nota de Clajadep:
hemos traído noticias de los diarios de oposición, de medios bolivarianos y declaraciones de autoridades, para hacer un cuadro general, ya que algunos dicen que el alcalde comenzó la oleada expropiando 7 edificios y de ahí se fue sumando el resto desde la población. Otros afirman que se trata de ocupaciones para desestabilizar al gobierno. Otros que ahí hay militantes de la oposición y en otros militantes del gobierno. Unos dicen que son policías y bomberos, el alcalde refuta que a algunos de esos los puso él. También se habla en general de damnificados.
El hecho está ahí. Saque sus propias conclusiones. Seguiremos informando:

Ascienden a 45 edificios ocupados en una semana en Caracas

EL UNIVERSAL DE CARACAS
12 de enero 2006

Según fuentes extraoficiales, la tarde de este martes se registraron otras cinco invasiones en el área metropolitana de Caracas, con lo que la cifra ascendió a 45 edificaciones ocupadas de manera ilegal por policías y damnificados.

Entre los edificios afectados se encuentra el Bel-Vel, ubicado en Candelaria, de Tracabordo a Puente Yanes, el cual fue invadido a las 5:00 de la tarde del martes; el edificio La Paz de la avenida Vollmer, en San Bernardino; y otro ubicado entre las calles San Pedro y San Francisquito, en la parroquia San Juan.

La fuente también reportó la invasión de otro edificio, el cual está ubicado en la calle Lima, de Los Caobos. Durante la misma tarde del martes invadieron un inmueble en la avenida Urdaneta, edificación que supuestamente fue desalojada por órdenes del ministro Jesse Chacón, debido a la cercanía de la sede del Ministerio.

Durante la noche del martes, funcionarios de la Brigada de Respuesta Inmediata de la policía científica, la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana desalojaron a 50 personas que habían ocupado el edificio Almosny, en la avenida Urdaneta con esquina de Platanal.

Estos 50 individuos (18 hombres, 15 mujeres y 17 niños) ocuparon el inmueble de forma ilegal el domingo en horas de la noche. De acuerdo con uno de los trabajadores de la zona, los dueños de las oficinas que funcionan en el inmueble colocaron la denuncia en la sede del Cicpc.

Imputados

El Ministerio Público imputó a 19 personas por haber participado en la invasión de dos inmuebles. 17 de ellos estuvieron en la toma del Almosny y fueron presentados ante el Tribunal 33 de Control. Los otros dos fueron presentados ante el Tribunal 48. El delito que se les atribuye (invasión), está previsto en el artículo 471-A del Código Penal y contempla una pena de prisión de 5 a 10 años. Los jueces dictaron medidas cautelares para los imputados, previa cancelación de una fianza de 30 unidades tributarias. Hasta tanto cumplan el requisito, permanecerán en la Zona 7 de la PM.

Detenidas 17 personas por invadir propiedad privada
Por: Agencia Bolivariana de Noticias (ABN)
Aporrea. Miércoles, 11/01/06

Caracas, 11 Ene. (ABN).- El alcalde Mayor, Juan Barreto, informó que en horas de la noche de este martes se inició el desalojo de seis edificios, donde fueron detenidas 17 personas por su responsabilidad en la invasión de propiedad privada.

“Anoche empezamos los desalojos, fueron desocupados seis edificios, hay 17 personas detenidas, varios de ellos pertenecen a organizaciones políticas de la oposición y otras dicen estar vinculadas con el gobierno”, expresó Barreto.

Según el alcalde, todo parece indicar que la toma masiva de los edificios, realizada en las últimas noches, fue producto de un plan concertado para desestabilizar la acción que lleva a cabo la alcaldía metropolitana, para darle viviendas dignas y justas a los pobladores de la quebrada Anauco y del Barrio Nueva Esparta.

“Todo nos indica que la hipótesis de que mucha gente estaba pescando en agua revuelta, que existe un plan para aprovecharse de una circunstancia legal llevada adelante por el gobierno metropolitano para causar caos y desestabilizar las medidas que estábamos tomando, es cierta”, destacó Barreto.

Barreto informó que aún falta desalojar 24 inmuebles, debido a que en horas de la tarde de ayer se produjeron otros eventos de ocupaciones ilegales.

El mandatario metropolitano aseguró que actuarán con toda la autoridad que les confiere la ley y aplicarán todo el peso de la misma a aquellas personas que de manera ilegal, sin ningún decreto que los ampare, estén ocupando edificaciones y estén violando el derecho a la propiedad.

El Universal:
Las parroquias San Bernardino, San José y El Recreo están entre las más afectadas por las ocupaciones ilegales de inmuebles. Entre los tomados del jueves hasta ayer, están los edificios: 4608 (Avenida Baralt), Centro Cunico (Candelaria), Cumaná, Anna Shirley, Orinoco, San Vicente, Milross, Zaida (San Bernardino); Balen (Las Palmas); República (Candelaria), Los Arboles (avenida Los Jabillos), Fondo de Crédito Industrial (Sarría), Wesher (avenida Victoria), Tovar (avenida Solano), 70 (Prado de María). Centro Tuy, Almosli, Aiterly (avenida Urdaneta)) y San José (avenida Urdaneta) además de la Quinta Camorqui, en San Bernardino.

Diario Rumbo:
La Alcaldía toma edificios de Caracas

CARACAS — El alcalde de Caracas, Juan Barreto, ha expropiado siete edificios abandonados tras decretar la semana pasada una emergencia inmobiliaria que lo faculta para ocupar edificios deshabitados.

Barreto, aliado del presidente Hugo Chávez, dijo que la medida fue adoptada para alojar a decenas de personas de bajos ingresos que perdieron sus casas por los deslaves causados por las lluvias y para hacer frente al déficit nacional de vivienda.

La Constitución de 1999 garantiza el derecho a la propiedad privada, pero establece que “por causa de utilidad pública o interés social […] podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

Chávez también aprobó en noviembre de 2001 una ley que le permite al gobierno el uso de tierras y expropiar terrenos, edificios residenciales y fábricas que se determine que no están siendo usadas.

El Alcalde indicó que la ciudad comprará esos y otros edificios residenciales que no están siendo utilizados adecuadamente.

Sin embargo, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Luis Vera, calificó la acción de invasión y dijo que “el negocio inmobiliario tiene que estar basado en el derecho a la propiedad”. (Agencias)

AP
Surgen ocupaciones ilegales en edificios de Caracas

Alcalde señala que expropiará trece inmuebles que están desocupados

CARACAS [AP]. José Antonio Abreu, un humilde vigilante de 50 años, sintió que su vida cambiaba radicalmente la noche del 5 de enero cuando desconocidos, portando armas de fuego, se presentaron frente al edificio que custodia desde hace seis años en el norte de Caracas, Venezuela, para exigirle que le diera entrada a un grupo de personas que querían tomar el inmueble.

Abreu relató que gracias a la protesta de los vecinos, que salieron en masa a enfrentarse al grupo, los desconocidos se replegaron y abandonaron los edificios Italia y Celta IV de San Bernardino, una urbanización de clase media. Situaciones similares fueron denunciadas en diferentes puntos de la capital venezolana durante la semana pasada.

El alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, declaró el martes que su despacho maneja denuncias de 22 edificios que han sido parcialmente ocupados en los últimos días en la capital.

Indicó que las autoridades comenzaron conversaciones con los ocupantes ilegales para lograr que desalojen en forma pacífica los inmuebles.

Barreto, quien es un estrecho aliado del presidente Hugo Chávez, informó que su despacho expropiará trece inmuebles en Caracas por razones de utilidad de uso público, tal como lo prevé una regulación, para entregárselos a familias pobres.

Precisó que las autoridades han contado 92 edificios abandonados en la capital que son evaluados por los bomberos para determinar cuántos de ellos pueden ser ocupados inmediatamente. Reconoció que uno de los inmuebles que está en evaluación es un campo de golf de dieciséis hectáreas.

“El derecho a la propiedad debe ser democratizado. El derecho a la propiedad no puede ser que una persona tenga seis, ocho, diez, quince edificios mientras hay decenas de miles de ciudadanos que no tienen ninguna propiedad”, añadió.

El alcalde expresó que las expropiaciones se están haciendo ajustadas a un plan que se inició hace diez meses, el cual dispone concretar acuerdos con los propietarios para cancelarles el costo de sus inmuebles. Barreto negó que policías metropolitanos hubiesen invadido viviendas, tal como señalaron algunos afectados por las ocupaciones.

La Fiscalía General anunció la apertura de una investigación de doce denuncias de ocupaciones ilegales en la zona metropolitana la semana pasada.

“Si a mí se me meten (en el edificio) tienen que matarme adentro; yo no voy a dejar que le hagan nada a mi señora, ni a mi hermano, ni a nadie”, dijo Abreu, quien presta protección desde hace seis años al edificio Italia, que se encuentra casi en ruinas en su interior y donde solo habitan el vigilante, su esposa y un hermano.

Señaló que desde el 5 de enero en la calle Manuel Felipe Tovar de San Bernardino ya nadie puede dormir.

INVASIONES
Omar Mora justifica ocupaciones de inmuebles expropiados
TSJ avala acciones de Barreto

Presidente del Máximo Tribunal destacó relatividad de la propiedad privada

EL UNIVERSAL DE CARACAS
12 de enero 2006

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Omar Mora, considera que las actuaciones desarrolladas por el alcalde Juan Barreto para conceder vivienda a funcionarios del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Metropolitana, entre otros funcionarios al servicio del gobierno capitalino, están ajustadas a derecho en la medida en que se fundamentan en decretos de expropiación con fines de utilidad pública.
Mora dijo que se ha enterado del problema a través de los medios de comunicación, pero que, en todo caso, habría que recordar que el derecho a la propiedad no es absoluto “y su relatividad tiene que ver con el bien común, con el sentido social de la propiedad y, en ese sentido, los entes públicos que tengan necesidad de afectar un bien privado para un fin público tienen que hacerlo dentro del marco de la Constitución y la ley”.

Al advertir que no se refería a ningún caso en particular, dijo que también es necesario recordar que las invasiones están prohibidas por la ley.

“Si se trata de una expropiación, la ocupación está perfectamente justificada y ajustada a Derecho. Por lo que he leído, el alcalde mayor ha señalado que ha procedido a expropiar algunos bienes para satisfacer necesidades habitacionales de sectores muy necesitados de la sociedad y, en ese sentido, su actuación estaría plenamente ajustada a Derecho. Si el propietario no está de acuerdo con el pago que se le está ofreciendo, un tribunal establecerá el monto de la indemnización”, explicó el magistrado.

Según Mora, la misma autoridad expropiante puede designar al perito encargado de avaluar el inmueble. Sólo se recurriría a los tribunales, si existe desacuerdo sobre el peritaje, de modo que el órgano jurisdiccional actúe como tercero imparcial.

Comentó que en materia de invasiones y ocupaciones ha habido mucha “especulación mediática e ignorancia jurídica”. Insistió que ante un problema habitacional, el ente público correspondiente puede invocar la utilidad pública para expropiar y, con la urgencia que se requiera, proceder a la ocupación previa del inmueble, “sin necesidad de que se haya hecho el peritaje, tal como lo establece la ley”.

Sin embargo, aclaró que en todo caso la ocupación previa debe estar suficientemente motivada y sujeta a control jurisdiccional.

Los señalamientos del presidente del TSJ sobre las recientes actuaciones del alcalde mayor Juan Barreto tienen el mismo sentido de los realizados por el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, pero difieren de la posición asumida por el fiscal general de la República, Isaías Rodríguez, quien considera que es imprescindible la autorización de un tribunal para llevar a cabo ocupaciones previas de inmuebles expropiados.

El segundo vicepresidente de la AN, Roberto Hernández, también manifestó: “Queremos hacer las transformaciones dentro de las leyes. Nuestra revolución se caracteriza por ser pacífica y legal, de manera que no podemos aprobar acciones que violen nuestro ordenamiento jurídico”.

Barreto: 17 detenidos aseguran haber invadido por órdenes de grupos políticos

Caracas.- El alcalde metropolitano, Juan Barreto, admitió que consiguieron a un grupo de efectivos de la Policía Metropolitana “que, sin ninguna orden superior, estaban haciendo uso de la fuerza y de la investidura como agentes del orden público para ocupar edificaciones”.

Precisó que esos agentes han sido suspendidos y pasados a consejo de investigación. “Muchos de ellos van a ser destituidos y otros van a ser pasados a tribunales, aquellos que tengan mayor nivel de responsabilidades”, afirmó.

Informó que tienen 17 personas detenidas que han declarado que invadieron edificios privados “por órdenes de segundos y de terceros, de grupos y organizaciones políticas, tanto de algunos que dicen formar parte de las filas que apoyan al gobierno como de filas que apoyan a grupos de oposición”.

Al preguntarle directamente sobre la supuesta participación de la oposición, Barreto señaló que “por lo menos se trataba de un juego más dentro del plan de desesperación, porque yo ya no creo que tengan ni siquiera un plan de desestabilización, de sectores que pescan en río revuelto cada vez que ven una oportunidad”.

Adelantó que cuando culmine la investigación dará a conocer la identidad de los presuntos responsables de propiciar invasiones a la propiedad privada en distintos edificios de la capital.

Barreto asegura que hay factores que buscan desestabilizar la acción que adelanta la Alcaldía Mayor para darle viviendas dignas a los ciudadanos de la quebrada Anauco y el barrio Nueva Esparta.

El alcalde aseguró que anoche fueron desalojados seis inmuebles, aunque reconoció que faltan aún 23 o 24 por desocupar y garantizó que actuarán pronto en el desalojo del edificio San José de Los Palos Grandes, el cual fue invadido en la madrugada del martes.

Sobre la posibilidad de ser citado por el Ministerio Público para declarar acerca de su rol en las invasiones a inmuebles privados por parte de efectivos de la PM y los Bomberos Metropolitanos, Barreto dijo que “me gustaría por que el fiscal (Isaías Rodríguez) es muy buen amigo mío y ahí preparan un café delicioso. Llevaré todos los documentos y los elementos probatorios de la manera como hemos actuado”.

Fiscal general define los actos contra la propiedad privada
“Son invasiones, no ocupaciones”

Autoridades del Consejo rechazaron invasiones y abren investigación

El Consejo Moral Republicano se pronunció en contra de las invasiones de inmuebles de propiedad privada y evaluará las “ocupaciones” derivadas de supuestos decretos de expropiación recientemente dictados por el alcalde mayor, Juan Barreto, a fin de determinar si han cumplido con los requisitos legales y constitucionales.
El fiscal general, Isaías Rodríguez, precisó que hasta el lunes pasado ha recibido doce denuncias, las cuales han sido tramitadas.

El Contralor General, Clodosvaldo Russian, expresó, por su parte, que las invasiones “no tienen explicación racional y lógica”.”Hay una deuda social muy grave que el Estado tiene que pagar, pero de manera racional”.

Dudas en Rosal Plaza
En forma separada, Rodríguez se refirió a la “ocupación” de la residencia Rosal Plaza, ubicada en El Rosal, tomada por las autoridades de la Alcaldía Mayor para alojar a bomberos y policías, entre otros trabajadores, damnificados por las lluvias: “Se ha solicitado información a la Alcaldía Mayor, específicamente a los efectos de tener presente el decreto en el cual supuestamente se sustentan algunas ocupaciones”. El fiscal dijo que es posible que Barreto sea citado a declarar formalmente ante el Ministerio Público, pero comentó que “colocar contra la pared a un funcionario o a unos funcionarios que posiblemente no tienen responsabilidad en estos hechos no es lo más conveniente”.

Sin embargo, Rodríguez dijo que estaba repitiendo lo dicho por el mismo alcalde mayor al señalar que “ninguna persona está autorizada para ocupar o para invadir un edificio que esté desocupado. No hay ninguna norma o disposición legal que autorice a nadie a hacer esas ocupaciones y mucho menos invasiones”.

A solicitud de los reporteros, el fiscal general definió lo que ha venido ocurriendo en los últimos días: “La tipificación es invasión, no es ocupación. La ocupación está prevista en los juicios de expropiación y se llama ocupación previa, que es una ocupación que autoriza el tribunal una vez que se ha hecho la solicitud de expropiación. Una vez que se acuerda la ocupación previa, se nombran unos peritos que van a determinar el precio del inmueble y sobre esa base se sustancia el juicio correspondiente”.

En cuanto a la ocupación del edificio Rosal Plaza, Rodríguez agregó: “Nosotros tenemos entendido que los policías acudieron violentamente al edificio para verificar si estaba desocupado, pero que no entraron”.

Certeza en Rosal Plaza
Sobre las mismas acciones realizadas por la Alcaldía Mayor en el edificio Rosal Plaza, el defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, señaló que no tiene duda de que se trata de una “ocupación previa” absolutamente ajustada a Derecho.

Para Mundaraín es suficiente que exista un decreto de expropiación con fines de utilidad pública para, en este caso, entregar los apartamentos del Rosal Plaza a bomberos y policías. Desde su punto de vista, el propietario debe esperar por la correspondiente indemnización y, si está inconforme, podría acudir a los tribuna les en procura de un nuevo avalúo.

Sin embargo, el defensor admite la posibilidad de que se hayan realizado invasiones u ocupaciones ilegales. A modo de ejemplo, comentó que recibió la denuncia de un afectado por lo ocurrido en un edificio ubicado en la avenida Urdaneta que nada tendría que ver con la Alcaldía Mayor. De hecho, Juan Barreto se habría comprometido a poner orden.

¿Sólo una docena?
Según los registros del Ministerio Público, las “ocupaciones ilegales” son: la antigua sede de la Escuela de Idiomas de la UCV y los edificios Milros, Zaida, Orinoco, Velderey, La Paz y otro ubicado en la avenida Avila, todos en San Bernardino; el edificio Ultramar, ubicado en la avenida Las Delicias de Sabana Grande; el edificio Damici, ubicado en Candelaria; el edificio General Urdaneta, ubicado en la esquina La Pelota; el edificio Teatro Metropolitano, ubicado en El Silencio; una vivienda situada en la avenida Morán; un edificio ubicado en Boleíta Norte; el edificio sede de Copei, en la avenida Panteón, el edificio Marciales, en la esquina Punceres; el edificio San José, ubicado en Los Palos Grandes; el edificio La Fe, en la avenida Las Palmas; la Torre Viasa, en Los Caobos, y otros cuatro edificios más.

Desalojo de barrio Nueva Esparta alcanza 90% de los vecinos

El desalojo de las familias del barrio Nueva Esparta aún no ha terminado. A pesar de que quienes habitan la zona saben que deben irse, hay los que no lo han hecho.
El alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal, acudió a la zona vecina a la autopista Caracas-La Guaira e informó que iniciarán la demolición de algunas viviendas. De acuerdo al alcalde unas 600 familias ya han salido.

“Mañana (hoy) deberíamos estar cercanos al 100% del desalojo. Vamos a empezar a demoler para que los compatriotas que hay medidas de autoridad y no vamos a permitir que vengan invasores de oficio”, aseguró.

Con respecto a las denuncias hechas por algunos vecinos de personas ajenas al barrio que se censaron, Bernal dijo que no descartan que tales cosas hayan ocurrido. “El Ministerio de la Vivienda está automatizando el censo, en el Fuerte Guaicaipuro había 8 personas que ya habían recibido viviendas y con la Fiscalía los conminaron a salir”.

Bernal agregó que en el barrio Nueva Esparta y sus adyacencias instalaron otros 100 sensores, para un total de 168, que permitan un monitoreo constante de la situación del terreno.

Según el ministro de Hábitat y Vivienda, Luis Figueroa, el 93% del barrio Nueva Esparta ha sido desalojado. “43 familias aún no han salido de la zona”, afirmó.

Figueroa señaló que acudió a una asamblea de ciudadanos en Ojo de Agua donde está planteada la salida por el riesgo sanitario puesto que dicha comunidad está ubicada donde anteriormente había un relleno sanitario. Añadió que personal del Ministerio de Vivienda está realizando censos en zonas adyacentes como Blandín.

De acuerdo al ministro el certificado que entregan a quienes han desalojado las viviendas del barrio Nueva Esparta no se puede falsificar, “es inviolable”.

Agregó que es falso que dentro del mecanismo del Ministerio haya tráfico de influencias, dijo que “la única manera que no haya coleados de otras zonas es la ayuda de la comunidad”.

Barreto: Ley permite ocupación de inmuebles por causa de fuerza mayor

Caracas.- El alcalde mayor, Juan Barreto, aseguró hoy que la Ley de Expropiaciones permite la “ocupación temporal por causa de fuerza mayor” de inmuebles al tiempo que reiteró que no está pasando por encima del marco legal con los procedimientos de expropiaciones que buscan dar viviendas a las personas daminificadas por diferentes causas.

El artículo 59 de la mencionada ley señala “que la primera autoridad del estado o municipio, (…) en los casos de fuerza mayor, o de necesidad absoluta por incendio, inundación, terremoto, hechos calificados como catastróficos o semejantes por la autoridad, podrá proceder a la ocupación temporal de la propiedad ajena en términos inmediatos, sin perjuicio de la indemnización al propietario si a ellos hubiere lugar”, citó Barreto en rueda de prensa.

“Es decir que si después establecemos que hay lugar para indemnizarlo (al propietario), se hace la indemnnización (…) tomando en cuenta las circunstancias”, agregó.

Explicó que si ponen a un grupo de personas en un edificio por razones de fuerza mayor, “si no se llega a un arreglo, al menos durante seis meses ocuparán el inmueble, (y) después se podrá desocupar y si hubiere lugar se indemniza o se reparan los daños que pudieran haber ocurrido”.

“Aquí esta la Ley (dijo mostrando un ejemplar del instrumento legal), de manera pues que ni estamos pasándole por encima al marco legal, ni estamos atropellando a nadie”, subrayó.

Informó que hasta ahora su gobierno ha realizado la expropiación de 13 inmuebles, han desalojado 9 más que han sido tomados y están por desalojar igual número durante lo que resta de la semana, y estudian la posibilidad de expropiar otros 35.-

Treinta horas de protesta en El Jobito

Yare. Luego de casi 30 horas de protesta ininterrumpida, los vecinos del conjunto El Jobito cesaron la manifestación más larga de la historia de la región tuyera, debido a que la empresa Ingenieros V&A, encargada de la construcción de los apartamentos del Inavi, se comprometió a suministrar los servicios y propiciar un entendimiento con el gobierno municipal de Simón Bolívar.
La comunidad mantuvo una tranca en la carretera nacional Ocumare-Yare, desde las ocho de la mañana del lunes hasta pasado el mediodía de ayer y, desde las 4:00 am del segundo día de protesta, impidió también el paso por la carretera vieja de Tocorón.

La situación causó incomodidad entre los conductores y usuarios del transporte colectivo, estos últimos se vieron en la obligación de transitar a pie y cruzar entre los montones de basura pestilente que los vecinos habían colocado en la vía, para hacer un trasbordo en otra unidad e pasajeros que los llevara a su destino en Yare o Santa Teresa.

William González, gerente de operaciones de Ingenieros V&A, aseguró que hasta el período de asueto navideño la empresa estuvo a cargo de la recolección de basura y había asumido nuevamente la responsabilidad ante la situación planteada en la comunidad desde el pasado lunes.

Indicó que aún se espera una decisión tribunalicia en torno a la situación generada debido a la revocatoria de los permisos de habitabilidad por parte del municipio y enfatizó que en mayo un tribunal venezolano concedió un amparo contra la nulidad y las medidas cautelares que el municipio ejerció en su contra.

Se pudo conocer que en horas de la tarde de ayer, representantes el gobierno municipal, la empresa constructora y una comisión de vecinos de El Jobito, iniciarían conversaciones a fin de abrir el camino hacia un acuerdo que permita a la comunidad disfrutar de los servicios públicos.

Aunque la acumulación de desperdicios y el consecuente impacto en la salud de niños y adultos del sector fue el detonante de la acción vecinal protagonizada por El Jobito, el conjunto residencial carece hasta los momentos de cualquier servicio público, entre otras razones porque no se ha entregado la obra al municipio y pesa en torno a la misma una acción judicial debido a problemas de uso y zonificación de los terrenos.

El desarrollo habitacional, integrado por un total de 26 edificios y 520 apartamentos, está siendo desarrollado por gestión del Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi). Hasta los momentos se han culminado 18 edificios y otros ocho están en construcción.

Trescientas personas, en su mayoría damnificados provenientes de Guarenas, Cúa, Charallave, Nueva Tacagua y Petare, residen en El Jobito, y trascendió que en los próximos meses podrían ser ubicadas al menos otras cien familias en el lugar. Esto genera polémica en la comunidad, que rechaza la llegada de mayor número de personas mientras no se cuente con los servicios públicos necesarios.

En San Bernardino activan un sistema de alerta temprana
Vecinos ojo avizor ante tomistas

Los vecinos de San Bernardino, después de haber sido azotados por invasiones durante el pasado fin de semana, aprendieron a repeler a los ocupantes ilegales y ahora disponen de un sistema de alerta temprano.
Los residentes del edificio Celta IV hicieron replegar a policías y bomberos a pesar de sus precarios sistemas de seguridad. “Esa gente llegó armada y de pronto comenzó a saltar puertas y procedieron a violentar las rejas del edificio. Aquí vivimos pocas familias, pero ellos exigían que prendieran la luz para verificar si efectivamente los inmuebles estaban ocupados”, comentó Vicente Reverón.

Los gritos espontáneos de las mujeres y las cacerolas permitieron que los residentes de otras edificaciones despertaran y salieran a las calles. Algunos lugareños aprovecharon la confusión para subir dos cuadras y solicitar la ayuda a los agentes que prestan servicio en la policía turística.

“Los uniformados nos escucharon, guardaron los conos, apagaron la luz y cerraron las puertas”, dijo Jacinto Oliveros, vecino de la avenida Manuel Felipe Tovar. Ahora los residentes dicen estar más preparados a pesar de que tienen cinco días sin dormir. Los detalles del sistema de alerta temprano no los revelan.

“Cuando esa gente llegue de nuevo con violencia recibirá una cucharada de su propia medicina y los responsables serán los políticos irresponsables que están aupando las invasiones ilegales”, aseguró Elizabeth Rojas. Expresó que han entrado en contacto con otras organizaciones vecinales para intercambiar ideas y prepararse para futuras invasiones.

“Lamentable es que ahora los vecinos ya no contamos ni siquiera con el apoyo de la PM. Los agentes de Policaracas gentilmente vigilaron la zona durante dos días, pero después se marcharon”, recordó el señor Vicente Reverón.

Recordó que la primera avanzada de policías llegó con una lista de edificios y minutos más tarde arribó un autobús repleto de supuestos invasores. “Ellos forzaron la reja y al percatarse de que el edificio estaba completamente ocupado se marcharon. Ahora le preguntamos al alcalde Juan Barreto quién pagará todos estos destrozos. Los policías y los fiscales se hacen los locos porque no ha aparecido por aquí, ni siquiera para pedir disculpas”, dijo el señor Vicente Reverón.