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En Chapare se preparan más para luchar contra narcos
Delito. Altos jefes policiales de Umopar aseguran que la lucha antidrogas no cambiará. 20 patrullas salen a diario
La Escuela Garras del Valor de Chimoré, dependiente de la Unidad de Patrullaje Rural, Umopar, alberga a numerosos jóvenes policías que a diario se preparan física y mentalmente para encarar la lucha contra el narcotráfico.
Al menos unas 20 patrullas, fuertemente armadas, salen cada día a diversos puntos estratégicos, en medio de la selva, para rastrear a traficantes que procesan cocaína en fábricas diseminadas generalmente cerca a los riachuelos.
En lo que va de esta nueva gestión se incautó cerca de 200 kilos de cocaína durante los patrullajes, sin contar los controles fijos en Bulo Bulo, Eterazama, Ivirgarzama y otros lugares.
El lunes, martes, miércoles y jueves pasados, la Escuela Garras del Valor realizó demostraciones para altos jefes policiales, periodistas bolivianos y del exterior. Se practicaron simulacros, como emboscadas de francotiradores de narcotraficantes, descubrimiento de narcos en plenas transacciones de cocaína, incursión y toma de fábricas en pleno proceso de elaboración, sobrevivencia en selvas, además de lucha contra las drogas sobre ríos, pantanos y lagunas.
La pasada gestión de 2005, Umopar con gente preparada en la Escuela Garras del Valor, destruyó 2.161 fábricas, detuvo a 566 personas y se incautó 1.709.506 kilos de cocaína.
El jefe de Umopar, Rosalio Alvarez Claros, informó que en lo que va de este año en patrullajes terrestres se están descubriendo un promedio de 5 a 7 fábricas de cocaína por día.
Para las demostraciones de la preparación de los efectivos, arribó una comitiva de La Paz dirigida por el subcomandante nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Miguel Ángel Vásquez Viscarra. Esta autoridad expresó que la interdicción contra el narcotráfico no cambiará.
Ante la consulta de periodistas bolivianos y del exterior el jefe de la unidad de Umopar, con amplias instalaciones en Chimoré, donde se maneja la estrategia contra el tráfico de drogas, Rosalio Alvarez, aseguró que la lucha contra el narcotráfico no sera modificada. “Nosotros estamos preparándonos cada día para la interdicción y tenemos que actuar según la Ley de Sustancias Controladas 1008”, dijo.
Los periodistas insistieron con preguntas al jefe de Umopar, para conocer su criterio en torno a un posible cambio de conducta de los pobladores de Chapare con el nuevo Gobierno. Rosalio Alvarez dijo que los policías solamente deben cumplir con la interdicción y que la lucha contra el tráfico de drogas es de todos.
Los jefes antidrogas, sin embargo, no respondieron a preguntas sobre la erradicación de la coca, materia prima de la cocaína.
Prensa de Inglaterra y de Alemania
Las demostraciones de los jóvenes policías de la Escuela Garras del Valor, transcurrieron durante casi toda la semana anterior bajo la expectativa de canales televisivos de Alemania y de Inglaterra.
Rodrigo Vasquez y Yolotzin Saldaña del canal BBC, elaboraron filmaciones de las prácticas antinarcóticos en Chapare. El material recogido de la preparación de los policías será difundido por 15 canales en Inglaterra.
De la misma manera, realizaron intensas filmaciones por la selva periodistas del canal de Alemania ZDC. Este medio de comunicación no sólo difundirá el material en Alemania, sino en otros países de Europa y Brasil. Los periodistas aseguraron que estarán presentes en la posesión del Presidente Evo Morales.
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De Indymedia Bolivia:
Coca: Identidad, paz y conflicto armado en los Andes
Fernando García M
Días antes de las elecciones en las cuales fue elegido por última vez el el presidente Sanchez de Lozada, el sr. Rocha entonces embajador de los Estados Unidos allí, amenazaba a los bolivianos diciendo que si Evo y el MAS ganaban las elecciones, ese país retiraría la ayuda de cooperación norteamericana. Su comentario llevó a que las cifras de opinión por el MAS se dispararan. Días despues de las elecciones Evo agradecía el detalle del gobierno norteamericano anunciando que enviaría tarjetas con hojas de coca para los parlamentarios estadounidenses.
Esta corta historia refleja de una parte el orgullo de ser indígena -tan menos preciado en Colombia y la mayor parte de latinoamerica - y de otra, el costo de las incomprensiones de la política de Washington en relación con el fenómeno de la coca - cocaína.
La reciente eleccion de Evo Morales como presidente de Bolivia es una señal de que las discusiones acerca de la coca son procesos dinámicos de confrontación que han tenido diferentes desarrollos en cada uno de los tres principales paises andinos productores de coca. Esos procesos han sido especialmente influenciados por la historia y por la mentalidad de los actores en vueltos en ella. La política de drogas de los Estados Unidos ha sido un factor decisivo en la política de erradicación desarrollada por los gobiernos andinos. La certificación y el ATPDEA han sido efectivos mecanismos para ello. Sin embargo la erradicación de la coca ha creado y estimulado el conflicto y la discusión entorno a la coca. Cómo consecuencia directa se han dinamizado organizaciones sociales y se han fortalecido los procesos de identidad entre los productores de coca del Chapare, Putumayo, Alto Huallaga y Apurimac Ene. En estas regiones la presencia del Estado ha sido vista con desconfianza por sus pobladores y ha sido reforzada por las acciones represivas de erradicación de la coca.
En esas regiones hay una correlación entre el desarrollo del movimiento cocalero, el significado de la coca para los actores y la presencia de conflicto armado con grupos guerrilleros. En países como Peru y Bolivia, donde las poblaciones indígenas son mayoritarias y sus tradiciones continuan siendo fuente de identidad, defender los cultivos de coca ha significado proteger una fuente importante para sus ingresos y estimular la visión entorno a la coca como elemento central de sus cultura y tradiciones. Defender la coca y promover viejas y nuevas formas y significados del consumo (desde el mambeo hasta la pasta de dientes o bebidas hechas con base en coca) se ha convertido en un acto de defensa y un arma que ha incrementado el apoyo social a las organizaciones de cocaleros haciendo posible la construccion de alianzas políticas y sociales con otros sectores del país. Evo Morales en Bolivia o las líderes cocaleras y Ollanta Umala en Perú son distintas expresiones de estos movimientos. En Bolivia, las luchas por la defensa de la coca, el gas y el agua significan defensa de la soverania y de los recursos naturales del país. Este es un discurso que refuerza la identidad nacional contra la amenaza de poderes extranjeros, como los Estados Unidos. Esos significados son centrales en las principales manifestaciones. a partir de 1995 y en el programa político del MAS. La erradicación de la coca ha contribuido a estimular el ascenso de este discurso como reacción. El fracaso de los projectos revolucionarios armados en Bolivia no ha estimulado nuevos experiencias en este sentido. Esto y la fuerte tradición de organización sindical y campesina, junto con una activa movilización, ha canalizado las frustraciones y las expectativas, haciendo mas dificil criminalizar el movimiento cocalero. En cambio el ascenso del movimento y sus alianzas han contribuido a crear y fortificar el MAS como una alternativa política nacional en Bolivia.
De otra parte, en Perú y Colombia, el ascenso del movimiento cocalero ha estado vinculado con el conflicto político armado. El discurso antiterrorista del movimiento cocalero en Perú - y su pasado como las ‘Rondas Campesinas’ aliadas del Estado en la lucha contra guerrillera durante los 90’s-, es un punto obligado de referencia en la posición del gobierno en su relacion con los cocaleros, la crisis de la agricultura, la existecia de remanentes guerrilleros y la usual debilidad de los gobiernos.
Aunque los gobiernos bolivianos y peruanos has tratado de criminalizar estos movimientos, parece ser que esta ha sido una actitud orientada especialmente a debilitar su legitimidad y, en consecuencia, debilitar el poder de negociación de estos movimentos en conversaciones y acuerdos que entorno a la coca han realizado con los gobiernos. Criminalizar de un momento a otro y de forma definitiva a movimientos sociales que continuan creciendo no es una actitud sensata para gobiernos debiles como lo han sido la mayoría de los bolivianos y peruanos (a partir del último período de Fujimori). La ausencia de un desarrollo alternativo viable y la ineficacia de la erradicación contribuyen a impedir una total criminalización. Los discursos criminalizando los movimientos cocaleros como traficantes y/o terroristas son muy similares en los tres paises y reflejan las presiones norteamericanas. Con frecuencia los líderez políticos en situación de debilidad y necesidad de apoyo de Estados Unidos, o los directores de instituciones nacionales antidrogas (apoyadas con significativos recursos de los Estados Unidos), son altavoces de discursos que criminalizan a los cocaleros.
En Colombia, a pesar de tener una población indígena significativamente diezmada y una desmedida obsesión por mirar al norte, la coca sobrevive aún entre algunos pueblos. Pero para la mayoría colombiana el significado de la coca está ligado a la violencia, la corrupción, fuente de recursos para el conflicto armado y materia prima para la cocaína. Este discurso ha sido reforzado por el discurso oficial y el tipo de información predominante en los medios de comunicación nacional. El ascenso del movimiento cocalero y su participación política entró en conflicto con los partidos tradicionales, los grupos paramilitares y las FARC en el Putumayo. El rol de las FARC durante las manifestaciones cocaleras y los liderez campesinos acusados de narcoguerrilleros o terroristas por representantes oficiales y la prensa, justificaron la respuesta represiva oficial. Las diferencias de perspectivas e intereses entre el centro y las regiones y el conflicto político armado ha ahogado el discuro del movimento cocalero. En cambio el discurso por la defensa de los derechos humanos se convierte en el tema principal de los campesinos. Asesinatos, desapariciones, desplazamiento de la población y fumigación han sido los principales efectos de la criminalización. Las instituciones locales y el tejido social, incluyendo los movimientos sociales se han debilitado con la violencia. En medio de esta son los actores armados los que determinan y buscan rentabilidad política o económica. Sin embargo los movimientos cocaleros que ascendieron en el 96 en Putumayo, buscaban influenciar en las deciciones políticas que afectaban sus vidas y sus derechos como ciudadanos.
Como alternativa a la erradicación forzada estos movimientos proponian una erradicación gradual y acordada. En Bolivia y Perú no se lleva a cabo la fumigación por presiones campesinas.La prioridad por el tratamiento represivo de la actual política de drogas sobre otras alternativas estimula el conflicto violento. Los movimientos cocaleros mejor organizados han hecho dificil para las autoridades nacionales, hacer efectiva por medios legales, la criminalización del movimiento. Los campesinos han ganado más demandas cuándo han enfrentado a gobiernos en estado de mucha debilidad interna y poco margen de maniobra (último período Fujimori). Pero cuando la debilidad del gobierno está en relación con la necesidad de apoyo norteamericano o las presiones por erradicación de los Estados Unidos se incrementan, la política nacional de drogas se vuelve innegociable (Samper en Colombia).
Cuándo los gobiernos peruanos o bolivianos negocian con los movimientos no es exactamente por la gran amenaza que representan estos últimos, sino por el temor de los gobiernos a que las protestas se difundan a otros sectores inconformes de la población. Las amenazas que sienten los gobiernos andinos de ser sancionados economicamente los lleva a insistir en la represión contra los cocaleros. Anteriormente el gobierno boliviano, y aún hoy en día el colombiano, señalan que la política de erradicación no es negociable. El gobierno peruano firma compromisos aceptando las imposiciones de Estados Unidos de erradicación previa, mientras firman acuerdos con los campesinos acerca del cambio de la legislación de drogas y respaldando la autoerradicación. La tendencia ha sido a debilitar los movimientos campesinos haciendo efectiva la criminalización de sus liderez y evitar cumplir los acuerdos firmados bajo presiones campesinas.
En Colombia, Putumayo ha sido considerada una región marginal y violenta, la principal zona productora de coca en 1996, en donde el ejercito colombiano ha sido duramente golpeado por las FARC. Allí ha habido una linea de continuidad entre las demandas por servicios publicos e infraestructura desde 1974 (cuándo no se producia cocaína) y las “Demandas y Alternativas al problema social de los cultivos ilícitos”, presentadas en un documento por el moviemiento campesino de 1996. Allí se demandaba participación social en el diseño y aplicación de soluciones al desarrollo regional y una solución al tema de la coca. Aún en el 2005 organizaciones campesinas demandan un Plan de Paz y Desarrollo, señalando que la coca es el único producto rentable.
La gran capacidad de movilización social hecha por el movimiento campesino de 1996, y el respaldo dado por las FARC, son vistos por Bogotá y la mayoria de medios de comunicación nacionales cómo una amenaza.Hay una tendencia a mostrar que hay conexiones entre los dos primeros, en coincidencia con la perspectiva de los Estados Unidos: “narcotics and guerrilla sponsored demonstrations” (ver International Narcotics Control strategy, 1996). Al nivel regional, el discurso contrahegemónico del movimiento es señalado de pertenecer a las FARC y perseguido por el ejército y los grupos paramilitares. Luego de legitimarse a nivel nacional y, presionado por la polarización del conflicto armado a nivel local, la criminalización del movimiento cocalero se desarrollará através de la represión abierta. El comienzo de la aplicación del Plan Colombia en el Putumayo, refleja la legitimidad alcanzada por los esfuerzos criminalizadores. Aunque la negociación le dio poder e identidad colectiva al movimiento en frente de actores nacionales y regionales, la organización del movimiento ha sido debilitada por la imposición de la erradicación y de la guerra.
En Perú el discurso de los campesinos cocaleros ha ganado legitimidad por: La idea de una mentalidad antiterrorista está reforzada por el discurso del movimiento que retoma de su pasado recientes luchas en alianza con las autoridades contra Sendero Luminoso. La movilización social ha permitido mostrar un movimiento organizado de campesinos pobres demandando sus derechos cómo ciudadanos. Este movimiento también ha reforzado la idea de la coca como un símbolo de tradición y de identidad cultural aún en algunos sectores de la elite peruana. Debido a la debilidad del gobierno y a las luchas del movimiento, los campesinos cocaleros han logrado presionar al gobierno y poner en cuestión algunos aspectos de la politica de drogas del Perú. Allí se ha iniciado un proceso de unificación entre organizaciones cocaleras, se han aproximado a los partidos políticos, han logrado posponer algunas medidas del gobierno y han creado espacios de discusión entorno a alternativas presentadas al gobierno.
En Bolivia el significado cobrado por la coca cómo un simbolo de identidad nacional y cómo una tradición cultural ha sido reforzado por el movimiento cocalero, incrementando su legitimidad. El movimiento Social ascendio hasta alcanzar dimensiones políticas en el liderazgo del MAS (Movimiento al Socialismo). La coca, junto con el gas y el agua, todos causantes de movilizaciones sociales que han expulsado y elegido presidentes, son considerados recursos naturales nacionales en el programa político del MAS boliviano. Aunque las movilizaciones y demandas entorno a la coca no han logrado cambios de política significativos, la llegada del MAS al poder en Bolivia y la consigna de ’sí a la coca no a la cocaína’ auguran cambios en una política que se ha caracterizado por lo antidemocrática, por lo nociva y por su poca efectividad. Lo positivo para el caso de Bolivia y posiblemente del Perú, es que la política antidroga de los Estados Unidos ha disparado la simpatia y el apoyo político para los movimientos sociales que defienden la hoja, el símbolo de lo propio, de la tradición y cultura indígena. Son estas movilizaciones sociales y políticas pacíficas las que han jugado un papel determinante en la canalización de expectativas, desalentando tanto la resistencia armada como de una respuesta militar. Las incomprensiones norteamericanas no han sido del todo negativas.
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