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Pactos dificultan conducción política
Alianza con sindicatos amarra a Gobierno
• Abel Pacheco: el diálogo fortalece la paz
social
La capacidad de acción del Gobierno está amarrada
por complejas alianzas que
formó con sindicatos y que tampoco evitaron el
estallido de recientes
huelgas y protestas públicas.
Por el contrario, los pactos con distintos
gremios del sector público
estimularon el poder de organización y de
convocatoria de un sindicalismo
hasta hace pocos años débil, frente a una
administración con evidentes
problemas de manejo político.
Esta realidad podría dificultar la consecución de
dos metas clave del
gobierno del presidente Abel Pacheco: 1) el
ordenamiento fiscal y 2) el
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Además:
Compromisos pactados
El mandatario y su nuevo ministro de la
Presidencia, Ricardo Toledo,
defienden la participación de las organizaciones
laborales en el accionar
gubernamental y son optimistas.
Con ellos coincide el dirigente sindical Albino
Vargas, secretario general
de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), y Ottón
Solís Fallas, presidente del Partido Acción
Ciudadana (PAC).
Pero discrepan Samuel Yankelewitz, presidente de
la Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada
(Uccaep), y el exministro de la
Presidencia de la administración Rodríguez,
Danilo Chaverri.
Las alianzas
En agosto del año pasado, el Gobierno, al acoger
una iniciativa del PAC,
favoreció la incursión de grupos sociales y
productivos en el corazón mismo
de una comisión a la cual el Congreso le
encomendó la tarea de estudiar
propuestas para solucionar el grave deterioro
fiscal del país.
La mayoría de esos grupos fortalecieron
posteriormente sus vínculos entre sí
en un bloque denominado “Tercera República”.
Poco tiempo después, el 15 de octubre del 2002,
Pacheco y la hasta hace
pocos días titular de Educación Pública, Ástrid
Fischel, anunciaron el
recorte, de 200 a 174 días, del curso lectivo, en
una clara señal por
mantener la paz con el Magisterio Nacional.
La Sala Constitucional, sin embargo, enmendó la
disposición gubernamental el
6 de diciembre y ordenó un ciclo lectivo de 200
días.
ATAQUE
Cámaras cuestionan acuerdos del Gobierno
El 16 de febrero de este año el Gobierno, en un
intento por aplacar un
posible paro de labores en el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE),
pactó con los sindicatos de esa entidad polémicos
“mecanismos de
reingeniería financiera” y el envío al Congreso
del proyecto de Ley de
modernización y fortalecimiento del ICE , a pesar
de que este texto fue
objetado por varios sectores.
Más recientemente, y en otro esfuerzo por
controlar la efervescencia
sindical, dos ministros del Poder Ejecutivo
–Ricardo Toledo (Presidencia) y
Ovidio Pacheco (Trabajo)– suscribieron un
polémico documento que le da poder
de decisión a los gremios sobre la política
fiscal e incluso la negociación
del TLC con los Estados Unidos.
Este acuerdo irritó a los miembros del equipo
económico del gabinete,
quienes no fueron consultados, y también a la
cúpula empresarial del país.
¿Cogobierno?
Con este panorama, el Gobierno estimuló y
permitió un conjunto de
heterogéneas alianzas que lo han amarrado en su
accionar.
El Presidente sostiene que el acercamiento con
todos los sectores nacionales
tiene como propósito la búsqueda de soluciones a
los problemas, en un marco
de estabilidad.
“Yo soy un líder de diálogo y he logrado, con
liderazgo, mantener el respeto
tanto de los empresarios como de los
sindicalistas y así mantener el país en
paz y en calma, y lo vamos a seguir logrando”,
dijo el miércoles pasado.
Las declaraciones las dio una semana después de
que su gabinete,
principalmente el equipo económico, fue
estremecido por el acuerdo al cual
llegaron los ministros de la Presidencia y de
Trabajo con los sindicatos.
Y aunque los dos ministros aclararon, en otra
escueta nota, que ese
documento no compromete el legítimo poder del
Gobierno en la negociación
comercial con Estados Unidos y en la política
fiscal, el sector empresarial
tiene otra visión.
“No se pueden ceder potestades a grupos (los
sindicatos) que no fueron
elegidos para gobernar (…) Yo veo la
gobernabilidad del país cada vez más
compleja”, opina Yankelewitz, quien ve la sombra
de un cogobierno.
Albino Vargas, de la ANEP, por el contrario, cree
que la clave de la
gobernabilidad es la participación de los
sectores en las grandes decisiones
nacionales.
“El problema de la ingobernabilidad está
directamente asociado a cuánto más
se sientan excluidos los sectores del sistema”,
afirma el sindicalista.
Días de huelga
Este acuerdo fue la arista final de una
negociación anterior que le permitió
al Ejecutivo terminar con la extensa huelga
decretada por los sindicalistas
del ICE.
´Sus dirigentes presionaron por el cumplimiento
de aquel pacto del 16 de
febrero que hablaba de “mecanismos de
reingeniería financiera” –de los
cuales no fue consultado el Banco Central– y que
luego se materializaron en
la demanda de una emisión de títulos valores por
$100 millones para
financiar obras del ICE.
En el transcurso de la protesta se aprobaron $40
millones. Los otros $60
millones los decidirá el Central al amparo de su
autonomía antes del 14 de
julio.
Para Jorge Arguedas, dirigente sindical del ICE,
el principal obstáculo para
resolver el lío estaba originado en la “posición
ideológica de grupos
neoliberales” del gabinete.
La exministra de la Presidencia, Rina Contreras,
quien condujo esta
negociación por varios días, cree que los
sindicalistas del ICE realizaron
“un trabajo estratégico para crear alianzas” y
dificultar el diálogo con el
Gobierno.
Desde afuera, Danilo Chaverri, quien también fue
ministro en la
administración Pacheco, observa errores de
conducción política y lamenta que
el Ejecutivo se comprometiera a mucho con el ICE,
y bajo el estado de una
huelga que implicó la salida de Jorge Wálter
Bolaños del Ministerio de
Hacienda.
La protesta del ICE se unió al movimiento de los
educadores quienes, al
recordar la buena fe del Ejecutivo por recortar
el curso lectivo, comenzaron
una huelga por problemas en el pago de salarios.
Una vez resueltos estos,
prosiguieron el movimiento bajo la bandera de un
lío con 8.000 pensiones.
Esta huelga también obligó a la renuncia de la
ministra Ástrid Fischel
frente a un Magisterio que ahora reclama al
Ejecutivo por un problema
jurídico que es competencia de otros órganos del
Estado.
Eduardo Rojas, presidente de la Asociación
Nacional de Educadores (ANDE),
pide al Gobierno firmeza para cumplir los
compromisos negociados.
Se refiere a acuerdos que –al igual que otros
pactos al calor de amenazas y
medidas de presión– ahora amarran al Ejecutivo y
lo colocan en dificultades
para alcanzar sus grandes metas.
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Compromisos pactados
• En varios intentos por asegurarse la paz con
los sindicatos, el Gobierno
asumió compromisos que dificultan su acción
política.
Análisis mixto
El estudio de las soluciones al permanente
déficit fiscal quedó en manos de
una comisión de diputados y de representantes de
la sociedad civil, en
agosto del año pasado. Este esquema gozó del aval
de la Casa Presidencial.
Polémico recorte
Tras alegar falta de recursos, la exministra de
Educación, Ástrid Fischel, y
el presidente Abel Pacheco anunciaron, en octubre
del 2002, el recorte del
curso lectivo. El Magisterio no objetó la
decisión.
Concesiones
Frente a la amenaza de un paro en el ICE, el
Gobierno pactó polémicas
concesiones financieras con los sindicatos de esa
institución.
El acuerdo lo firmaron, el 16 de febrero del
2003, los exministros Rina
Contreras (Presidencia) y Jorge Wálter Bolaños
(Hacienda), en el centro. A
su izquierda, el dirigente sindical Fabio Chaves.
Asombro
El ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo,
defendió un acuerdo que
firmaron él y su compañero de gabinete, Ovidio
Pacheco (Trabajo), con
sindicatos, el 5 de junio pasado. Este pacto da a
los gremios poder de
decisión en materia económica.