Imprimir
El ministro de Interior francés, Nicolas Sarkozy, expuso ayer ante el Comité Interministerial de Control de la Inmigración (CIC) el proyecto de ley sobre la inmigración, que fue aprobado a pesar de las duras críticas que ha recibido. El proyecto plantea una serie de medidas de control que obstaculiza considerablemente la estancia de los inmigrantes en territorio francés. Tras este primer paso, a Sarkozy le toca defender la polémica propuesta en el Parlamento.
GARA
El Gobierno francés aprobó ayer el anteproyecto de la nueva ley de inmigración, que prevé endurecer los actuales controles sobre los extranjeros y limitar las posibilidades de acceder al Estado así como de lograr la residencia o la nacionalidad francesa. Bajo la idea de que «hay que pasar de una inmigración demasiado tiempo sufrida a una inmigración elegida», la iniciativa del ministro de Interior Nicolas Sarkozy impulsa una política que relaciona el acceso de extranjeros con las necesidades del mercado laboral. Sarkozy afirmó que el propósito de la ley sería el de pasar de una inmigración poco cualificada a una con mayor capacitación profesional.
Extranjeros de primera y segunda
Para el primer ministro francés, Dominique de Villepin, «nuestro objetivo común está claro: dar a Francia los medios para controlar su inmigración, a fin de que ésta se convierta en una verdadera ventaja para nuestro país». Así, el Gobierno se ha permitido elaborar una lista de «inmigrantes de primera y de segunda clase» tal como la definen los opositores, que especifica los sectores en los que «se necesita mano de obra cualificada», para determinar la clase de permiso que se le otorgará a cada uno.
El Gobierno ha acordado que los inmigrantes con capacitación en mantenimiento industrial, mecánica, hostelería, restauración y los relacionados con trabajos públicos y de enfermería tendrán preferencias de acceso. El ministro detalló que la nueva tarjeta de residencia está destinada a facilitar la entrada a «los inmigrantes altamente cualificados, científicos, informáticos, artistas o personas que puedan contribuir al dinamismo económico» del Estado francés.
Destaca que, mientras los inmigrantes no cualificados tendrían un permiso de estancia temporal de un año renovable durante la validez de su contrato laboral, los de alta cualificación disfrutarán de un permiso trienal y renovable. Eso sí, mantiene que no se puede reclutar a un extranjero si hay un ciudadano francés con la misma cualificación. Sobre esto, el delegado del Partido Socialista, Faouzi Lamdaoui, aseguró que pretenden crear «una inmigración selectiva y de vitrina».
Aunque Villepin negó que el Ejecutivo trate de instaurar cuotas de entrada, la propuesta recoge que el Gobierno informará anualmente sobre estimaciones cuantitativas provisionales de visados y permisos de residencia» para los siguientes tres años.
En cuanto a los extranjeros que efectúen sus estudios en el Estado francés, el proyecto de ley aboga por que se queden si encuentran un empleo en un máximo de seis meses después de haber obtenido su diploma.
«Ataque sin precedentes»
PARIS
Un colectivo integrado por más de un centenar de asociaciones considera que el proyecto de ley es una negación radical de los derechos humanos fundamentales. Asegura que sólo serán aceptados los extranjeros rentables para la economía y denuncia el «racismo subyacente en el texto», que trata al inmigrante como «un objeto de usar y tirar». Mantiene que las medidas constituyen «un ataque sin precedentes a las condiciones de residencia de los extranjeros». Desde la izquierda y los sindicatos subrayan el perjuicio que podría provocar a los países subdesarrollados, que verían partir a sus mejores estudiantes y trabajadores. El Gobierno dice que éstos «tendrán la obligación de volver a sus lugares de origen para dar a su país el beneficio de su formación».