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Independentzia eta Sozialismorantz
“HA SIDO MUY DURO”
El día 4 de febrero de 1981, el militante de ETA Joxe Arregi era detenido
en Madrid. Sometido durante nueve días a terribles torturas, fue
trasladado de urgencia al hospital penitenciario. Con las palabras que
encabezan este boletín resumió a otros compañeros su paso por la Dirección
General de Seguridad. Unas horas más tarde moría víctima de los
tormentos. Los compañeros de hospital, testigos excepcionales de un crimen
de Estado, relataron lo ocurrido en un papel que arrojaron por la ventana.
Su crónica se ha convertido en un documento histórico.
Una evidencia actual y abrumadora
Han pasado 25 años pero la situación no ha cambiado. Ianzi, Kalparsoro,
Zabalza son otras personas jóvenes que murieron en dependencias
policiales. Lasa y Zabala, dos jóvenes vascos refugiados en Iparralde,
fueron secuestrados, torturados de forma atroz, conducidos a casi 600 km.
de Euskal Herria, obligados a cavar su propia fosa, rematados a tiros y
cubiertos con cal viva. Práctica muy frecuente en Euskal Herria. Durante
los últimos 25 años son más de 6.000 las personas vascas que han sido
sometidas a suplicio. Entre los años 2001- 2004, 227 miembros de las
fuerzas de seguridad fueron imputados como potenciales torturadores.
Las mil caras de la tortura
Intentar definir la tipología de las crueldades es un amargo recorrido por
la galería de los horrores: brutalidad policial contra el presunto
delincuente y su familia en el momento de la detención; agresiones,
ultrajes, intimidaciones desde el momento de introducirlos en los
vehículos policiales; vejaciones sexuales, amenazas contra sus familiares,
golpes generalizados, bolsa de plástico para provocar la asfixia,
introducción prolongada de la cabeza en bañeras con aguas pestilentes. Una
vez finalizado el período de incomunicación, traslados a puntos lejanos de
la geografía que favorecen la indefensión del recluso.
Las mil caras de los torturadores
Sería ingenuo pensar que el torturador actúa solo. Sabe que forma parte de
un entramado que le garantiza la impunidad.
· Actúa en aplicación de una legislación antiterrorista que permite la
incomunicación del detenido y que, de hecho, está dando cobertura legal a
la tortura.
· Cuenta con la aprobación de la Audiencia Nacional que da por válidos los
testimonios obtenidos bajo tortura y que jamás investiga las denuncias de
malos tratos que presentan algunos detenidos o las evidentes marcas de
agresiones en los interrogatorios.
· De la misma forma actúan los Juzgados o Audiencias que reciben denuncias
de malos tratos y que, con una cobardía miserable, resuelven el
sobreseimiento de las denuncias. Unai Romano es un joven al que,
excepcionalemnte, se le pudo fotografiar con el rostro completamente
desfigurado. Tras presentar denuncia por torturas la Audiencia Provincial
de Madrid ha sobreseido la causa por no encontrar indicios de delito.
· Para garantizar mejor la impunidad de los torturadores, el sistema
judicial español ha abierto otra línea disuasoria: denunciar al
denunciante por calumnias, falso testimonio, venganza contra las fuerzas
policiales.
· Otro factor de impunidad es la exculpación de los acusados por torturas.
En las pocas veces en que son sometidos a juicio suelen ser declarados
inocentes o castigados con penas ridículas. Veinte días sin sueldo y 4
meses de cárcel para dos policías (pasaron por el banquillo 60) tras el
crimen de Joxe Arregi. Uno de ellos fue promovido posteriormente como jefe
policial en Tenerife.
· Medios de comunicación y partidos políticos que tienen sellado un pacto
de silencio para encubrir los malos tratos infligidos en el período de
incomunicación.
El clamor de otras voces
· Amnistía Internacional, en los sucesivos informes anuales, deja
constancia de denuncias de torturas, razonablemente fundadas, aportadas
por ciudadanas y ciudadanos vascos.
· El Comité de Derechos Humanos de la Unión Europea entregó al Gobierno
español en noviembre de 2002 un dictamen para prevenir la tortura. No ha
sido atendida ninguna de las recomendaciones que incluye este informe.
· El ex-Relator de la ONU, Theo van Boven presentó en 2003 un Informe con
recomendaciones para que se erradicara la práctica de la tortura en el
Estado español. El gobierno del PP rechazó de plano dicho informe y las
recomendaciones que contenía. Según ha comentado Theo van Boven en su
reciente visita a Euskal Herria “No se puede erradicar la tortura si se
procesa a quien la denuncia”
· El 3-4 de febrero se celebraron en el Colegio de Abogados de Barcelona
unas jornadas promovidas por las 37 organizaciones que conforman la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura. Reclaman la implantación
del Protocolo Facultativo y las recomendaciones del Relator de la ONU.
Valoraciones y respuestas
La tortura, en contra de lo que se suele decir, no es un hecho
excepcional. Es una de las principales herramientas de las que se ha
dotado el Estado español para reprimir la disidencia. Su práctica no se
puede interpretar como un déficit democrático sino como la mejor
constatación de que el sistema no es democrático. La tortura es un arma de
guerra contra Euskal Herria: conseecuencia de la legislación
antiterrorista y de la Audiencia Nacional. Mientras éstas no desaparezcan,
la tortura seguirá existiendo.
Esta lacra no recibe por parte de los partidos políticos, incluidos los
vascos, la respuesta contundente que merece. El tema no está en sus
agendas. La sociedad, sin embargo, está sensibilizada con el tema: son
muchas las personas afectadas que denuncian los malos tratos sufridos;
cuando sus denuncias son sobreseídas, las elevan a tribunales superiores a
pesar de soportar presiones y amenazas; ahora se denuncia a los
denunciantes. Existen en Euskal Herria varias organizaciones dedicadas a
denunciar y prevenir la tortura. El día 11 de febrero, 6000 personas se
manifestaron en Donosti para exigir la erradicación de esta lacra y la
condena a quienes la practican y consienten; su lema fue “No a la tortura.
Nunca y en ningún sitio”. En ese contexto se anunció la creación de un
colectivo de ciudadanos torturados con el compromiso de impulsar un
frente social permanente para denunciar esta práctica.
Euskal Herria, 26 de Febrero de 2006.