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El gobierno federal acentuó en las últimas semanas su programa de despidos y diversas secretarías, como la de la Función Pública y la de Comercio; organismos descentralizados como la Lotería Nacional y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA); aceleraron el plan para que los trabajadores acepten su liquidación voluntaria bajo prácticas poco claras, catalogadas por los propios empleados como abusivas y, en algunos casos, ilegales.
En paralelo, en parestatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha realizado en los dos últimos años un despido masivo de casi 9 mil trabajadores; se ha remplazado a más de 90 por ciento de los puestos directivos por funcionarios provenientes de empresas privadas como Ingenieros Civiles Asociados (ICA), se han interpuesto casi 16 mil demandas laborales y se prepara para los próximos meses un plan de jubilaciones anticipadas y forzadas, denuncia la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera.
Limbo laboral
Trabajadores de la Secretaría de la Función Pública (SFP) hicieron llegar a esta redacción información en la que sostienen que se han generado irregularidades en el proceso de despidos voluntarios, lo cual dejó en indefensión laboral a empleados que se inscribieron en este programa: les hicieron firmar documentación en la que aceptaban su despido y las condiciones, y se les dijo que se les pagaría en junio su liquidación. Aceptaron todo y la mayoría inició trámites de jubilación en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Pero después de completar el trámite, les hablaron por teléfono para decirles que se tenían que presentar a trabajar porque “el programa estaba suspendido”, lo cual fue desmentido por la dirección de Normatividad de la Unidad de Servicio Civil de la secretaría, la cual les señaló que el asunto era totalmente irregular porque ya la separación se había hecho efectiva y además los recursos del plan estaban disponibles y no estaban suspendidos.
Además, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, después de revisar el caso, se les indicó que ya no eran empleados de la secretaría y que la SFP tenía que liquidarlos, por lo que tuvieron que presentar denuncias al contralor interno de la dependencia y por lo pronto quedaron en el limbo laboral.
Otra irregularidad fue denunciada por trabajadores de la Lotería Nacional, quienes en un documento enviado a esta redacción expresan que se les ha pedido su retiro “casi a la fuerza”. Lo más grave es que a muchos de los empleados tan sólo les faltan algunos meses para jubilarse. Sólo les dieron cinco días para tomar la decisión y les advirtieron que de no aceptar les quitarían derechos como servicio médico y hasta la pensión.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes despidió a 19 trabajadores con más de 10 años de antigüedad. Esto a raíz de que interpusieron una demanda laboral ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en la que exigían ser basificados porque durante más de una década se les ha mantenido como empleados por “honorarios”, con bajos sueldos y sin prestaciones.
En respuesta sólo se les informó que a partir de este lunes 16 de junio dejarán de prestar sus servicios para la institución.Se quedaron sin trabajo por pedir que se reparara la arbitrariedad.
El caso de los petroleros es punto y aparte. La Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera dio a conocer un informe en el que establece que la restructuración masiva que se ha emprendido en Petróleos Mexicanos (Pemex) ha incluido el despido de más de 9 mil trabajadores, así como jubilaciones anticipadas y forzadas.
“Los puestos directivos de Pemex han sido ocupados por funcionarios provenientes de la iniciativa privada nacional e internacional. (…) Los casos más destacados son los de Pemex Petroquímica, donde más de 90 por ciento de los puestos directivos han sido ocupados por funcionarios provenientes de empresas como ICA”, indica el documento y define que en la práctica se está dando un desmantalamiento de los cuadros profesionistas de confianza.
Lo paradójico es que mientras se llevan a cabo los despidos se han contratado cerca de 5 mil nuevas plazas de confianza en las áreas directiva y administrativa de Pemex Corporativo. La razón de esta incongruencia es que se está expulsando a profesionistas institucionales, comprometidos e identificados con la empresa pública y con los intereses nacionales.
“Las 16 mil demandas interpuestas contra Pemex en el país indican la resistencia de los trabajadores a las acciones ilegales en el plano laboral, y se estima que cerca de 6 mil millones de pesos se han entregado por laudos favorables a los trabajadores, lo que significa una auténtica pérdida de la empresa”, indica esta unión.