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Nota de Clajadep:
Este ejemplo sirve para ver las tensiones de una reforma agraria donde el protagonismo social es dejado de lado. Por una parte importantes sectores campesinos piden mayor agilización y decisión de las autoridades, y por la otra el proceso se enreda en la maraña de los papeleos y las burocracias. Para avanzar una reforma agraria que cambie la economía de las localidades hace falta mayor determinación del propio campesinado, que ante los trámites pueden ocupar masivamente las tierras de su región y constituir consejos campesinos autónomos que administren las tierras locales en beneficio de la comunidad circundante. Será importante para los avances en el continente prestar atención a como camina ese proceso en Venezuela, igual que en Brasil, donde si el campesinado no asume las riendas de sus dinámicas locales, seguirá prisionero de las estrategias de los dirigentes de los comités centrales y direcciones nacionales.
Nótese que si hay ocupación de tierras, los medios hablan de tierras “invadidas” para deslegitimar la lucha campesina.
No queremos ser mal pensados, pero junto a ello resulta misterioso el asesinato de un dirigente sindical troskista que apoyaba al sector crítico de la UNT en las disputas internas de los aparatos de dirección de “masas”.
Veamos la noticia extraida de Aporrea, que hace tiempo no publica como antes noticias de las luchas sociales, priorizando en la actualidad por el más irrestricto gobiernismo, lo que poco favorece al desarrollo de la autoorganización social:
Inti pedirá apoyo militar para desalojar ganado de La Marqueseña
Por: El Mundo
Publicado el Jueves, 16/03/06 08:59pm
Aporrea
Los propietarios dicen que no cuentan con espacio suficiente para trasladar las 5.000 reses que se encuentran en el área invadida, por lo que temen la muerte de buena parte del rebaño
Jesús Hurtado
El Instituto Nacional de Tierras (Inti) aseguró que si en 15 días los dueños d e l hato La Marqueseña no retiran el ganado de los predios confiscados, asumirá en sus manos el proceso de traslado de los animales y las maquinarias hacia los terrenos de la finca que son reconocidos como propiedad de la familia Azpúrua.
El presidente del Inti, Richard Vivas, aseguró que la Ley de Tierras contempla los mecanismos para acometer este tipo de acciones, las cuales contarían con el apoyo de efectivos militares.
“Procedemos a hacer el desalojo porque el acuerdo con los propietarios (método Chaz) se rompió una vez que ellos no pudieron demostrar la titularidad de la tierra”, afirmó Vivas, quien, no obstante, dijo que el Gobierno estaría en disposición de retomar las conversaciones, si los dueños se comprometen a negociar una salida cónsona con las leyes y en la línea de la lucha contra el latifundio.
Por una cabeza
Sobre la presencia de efectivos militares en el predio, Vivas aclaró que ésta tiene como objetivo “resguardar el ganado y las propiedades del señor Carlos Azpúrua”, así como evitar accidentes que pongan en peligro la vida de los habitantes de la zona.
Destacó que el incidente registrado este martes, cuando un contingente militar prohibió la entrada o salida de personas de la hacienda, tuvo su origen en el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes, tras el choque de un vehículo con un caballo escapado de la finca. “Queremos evitar que este tipo de incidentes se repita, para lo cual hemos recurrido a la vigilancia militar”, dijo Vivas.
Nuevas acciones
Por su parte, tanto el dueño de La Marqueseña, Carlos Azpúrua, como sus abogados, ratificaron que se mantendrán firmes en su posición de recurrir a las instancias legales para rebatir medida.
En este sentido, el abogado Giussepe Rosito, informó que a más tardar la próxima semana será introducido un recurso de nulidad contra la medida cautelar de desalojo ordenada por el Inti.
“Haremos uso de la potestad que nos concede la Ley de Tierras para pedir la nulidad de esta acción, por lo que a finales de esta semana estaremos introduciendo el recurso”, advirtió Rosito.
Asimismo, señaló que está en proceso de preparación un amparo que presentarán ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contra la sentencia de la Procuraduría General de la Nación, que traspasó al Inti 4.400 hectáreas de la hacienda en litigio.
Espacio insuficiente
Respecto a la orden de desalojo, Rosito aseveró que la solicitud no puede ser acatada por cuestiones de logística.
Recordó que el rebaño total alcanza 7.500 cabezas de ganado, de las cuales 2.500 se encuentran en las 1.500 hectáreas que el Gobierno reconoce como propiedad privada (área norte de la hacienda), mientras que las restantes 5.000 pastan en las 4.400 hectáreas invadidas (zona sur).
“Sencillamente es imposible trasladar 5.000 reses a la parcela que el Ejecutivo ha decidido respetar, pues es una extensión insuficiente para el pastoreo de esa cantidad de ganado. Además, en la zona invadida se encuentra la mayor parte de la infraestructura de ordeño.
Cabe recordar que la imposibilidad de ordeñar las vacas, conlleva a su muerte segura en pocos días.