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Continúan bloqueos en Francia
París - Después de que el Consejo Constitucional de Francia diese la víspera por válida la controvertida reforma laboral, los frentes se endurecieron: jóvenes opositores a la norma bloquearon hoy numerosas carreteras y tramos ferroviarios.
Todos los partidos de izquierda instaron conjuntamente a los franceses a participar “en las huelgas y manifestaciones del próximo martes y todas las acciones posteriores”.
Paralelamente urgieron al presidente Jacques Chirac a retirar la ley, que pone fin a la protección frente al despido de quienes comienzan a trabajar.
Socialistas, comunistas, trotskistas, verdes y liberales de izquierdas recordaron que Chirac ganó en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2002 gracias a sus votos (frente al ultraderechista Jean-Marie Le Pen), con el 82,2 por ciento de los sufragios.
Chirac pretende explicar su posición sobre la ley esta noche en un discurso a la nación que será transmitido por televisión. Según informaciones de su círculo más próximo, Chirac pretende que la ley entre en vigor y ofrecer a la vez a los sindicatos mejoras en negociaciones posteriores, como ocurrió tras los disturbios de mayo de 1968. No obstante, los sindicatos rechazan esa oferta.
El líder trotskista Olivier Besancenot habló de una “declaración de guerra a la juventud y los trabajadores”. En vista de la radicalización del conflicto, la vicejefa del partido de gobierno UMP, Roselyne Bachelot, exigió hoy a Chirac que se abran consultas antes de la promulgación de la ley.
El líder de la oposición, François Hollande, dijo que Chirac debe solucionar el enfrentamiento si no quiere “ser responsable de una gran crisis”.
Estudiantes y universitarios prosiguieron hoy sus acciones de protesta contra la ley del Contrato del Primer Empleo (CPE). Como en los días anteriores, la mayoría de las universidades y de las escuelas, así como estaciones de tren y carreteras quedaron bloqueadas.
El primer ministro, Dominique de Villepin, llevó a cabo la reforma sin llegar a un acuerdo entre las partes y en contra del consejo de su ministro de Asuntos Sociales. Unió la ley a una moción de confianza y con ello llevó la norma al Parlamento mediante procedimiento de urgencia. En la Asamblea Nacional, el gobierno cuenta con cuatro quintos de los apoyos.