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Colombia/ Indígenas wayúu en la mira de los violentos
Redacción Actualidad Étnica
Bogotá. Abril 12 de 2006.
Integrantes del pueblo Wayúu informaron acerca de la presencia de un grupo de entre 20 y 70 hombres armados en la ranchería de “Chema Balas”, en la localidad de Bahía Portete, los cuales han venido sosteniendo enfrentamientos con el grupo armado que hace presencia en la zona desde hace dos años cuando se produjo la masacre de 12 indígenas Wayúu.
La masacre que se recuerda por estos días ocurrió el 18 de abril de 2004, cuando un grupo de aproximadamente 150 paramilitares incursionó en Bahía Portete, en donde asesinaron a 12 personas y desaparecieron a otras 30 lo que produjo el temor de los pobladores y causó el desplazamiento de unos 3.000 wayúu hacia Bahía Honda, Punta Soldado, Punta Aguja, Way, Punto Fijo y Media Luna.
La península de Guajira y en especial sus puertos naturales como, Bahía Portete han sido utilizados para el tráfico de drogas, armas y contrabando. En el momento de la masacre el control social a través de la violencia lo habían venido ejerciendo los paramilitares del Bloque Contrainsurgencia Wayúu al mando del hoy desmovilizado “Jorge 40”. También hacía presencia una banda delincuencial, denominada “los cono-conitos”, los cuales venían disputando con las AUC el control del narcotráfico y el contrabando de armas, mercancías y gasolina.
En octubre de 2004 fue capturado Jose María Barros, alías “Chema Balas” quién fue sindicado por las autoridades como uno de los responsables de la masacre ocurrida en Bahía Portete.
En éste caso, al igual que en muchos otros, las autoridades habían sido alertadas acerca de la presencia de grupos paramilitares en la zona y del peligro que ello representaba para los pobladores indígenas de la Guajira, sin que se hubiesen adoptado las medidas necesarias para evitar la masacre y el posterior desplazamiento Wayúu.
Durante el mes de julio de año 2005, una mujer Wayúu que retornó a Bahía Portete en agosto de 2004, luego de haber presenciado la masacre y de haber rendido testimonios dentro del proceso penal correspondiente, fue asesinada durante el mes de julio de 2005. En ese momento, el pueblo Wayúu denunció que el Ejército venía incumpliendo los compromisos de protección frente a la población indígena que había retornado y que por dicha omisión se había presentado el asesinato de Lilia Epinayu.
La violencia continúa
Los hechos más recientes de violencia en contra del pueblo Wayúu de la península de la Guajira ocurrieron el pasado mes de enero cuando, cuando en medio de la celebración de un pacto de matrimonio, un grupo de miembros del Ejército Nacional en desarrollo de un operativo irrumpieron en el lugar disparando de manera indiscriminada contra los indígenas, dejando a tres de ellos muertos y a otros tres heridos.
Ante la nueva denuncia del pueblo Wayúu, la Comisión Colombiana de Juristas solicitó a las autoridades públicas ponerse en contacto inmediato con las autoridades civiles y
militares de la región para efectos de constatar los hechos denunciados; disponer a partir de dicha verificación, el desplazamiento de las autoridades a la zona con la misión concreta de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de los indígenas Wayúu y presentar un informe a la opinión pública un informe que de cuenta de ello.
Dicha entidad señala en su comunicado que “las autoridades deben erradicar la presencia de grupos armados en la zona y garantizar las condiciones para el retorno en condiciones de seguridad y garantías de no repetición de todas las personas que fueron obligadas a desplazarse con ocasión de la mencionada masacre ocurrida los días 17 y 18 de abril de 2004 y a culminar la investigación penal para identificar a todos los partícipes en estos hechos, juzgarlos con todas las garantías, imponerles las sanciones proporcionales a la gravedad de sus conductas y reparar integralmente al pueblo indígena Wayúu y a todos las personas que resultaron perjudicadas por esta acción de los grupos paramilitares y narcotraficantes”.
”El Estado colombiano a través de sus autoridades tiene la obligación de brindar protección oportuna y eficaz a los derechos y libertades reconocidos a todas las personas bajo su jurisdicción. Este deber se torna aún más urgente cuanto se trata de poblaciones indígenas que están en medio del conflicto y a merced de los actores armados en condiciones de indefensión”.