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30-04-2006
Mineras les roban y contaminan el agua
La sed de los aymaras
Rebelión
Punto Final
Los aymaras que viven en el altiplano son pastores trashumantes de auquénidos.
Los aymaras habitan una extensión que va del lago Titicaca en Bolivia y la cordillera de los Andes chilena, hasta el noreste argentino, en un territorio fragmentado tras la independencia de España.
En Chile sobreviven en el altiplano y la franja precordillerana de Tarapacá y Antofagasta. Sus rituales sagrados se desarrollan al ritmo de las estaciones, coexistiendo sincréticamente tradiciones prehispánicas y cristianas. Basan su economía en la explotación agrícola de subsistencia de oasis y vertientes a lo largo de los valles y quebradas, donde producen choclos, ajos, orégano, tomates y ají, principalmente. Quienes viven en el altiplano crían auquénidos, mientras los habitantes de la precordillera se dedican al cultivo de quinoa, verduras, frutas y semillas, mediante el uso de terrazas. Son pastores y agricultores trashumantes, y en su cosmovisión la naturaleza y la Pachamama -la Madre Tierra-, es sagrada.
Evo Morales Aima, presidente de Bolivia, es un aymara, y bien sabe que las fronteras no tienen importancia: “Debemos explotar juntos nuestros recursos naturales, para resolver juntos nuestros problemas sociales y económicos”, dijo en el Estadio Nacional.
“A comienzos del siglo XX se impuso la cultura chilena, reprimiendo la nuestra. Muchas familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras, que comenzaron a ser escrituradas por el Estado. No obstante, seguíamos ocupándolas. La violenta chilenización hizo que nuestra cultura se practicara clandestinamente. Se prohibió, incluso, el uso de nuestra lengua”, señala Alfredo Chipana, de la Comisión Jurídica Indígena Urbana de Iquique.
La dictadura de Pinochet inició una segunda “chilenización”, estableciendo regimientos y concentrando a la población escolar rural en las llamadas “escuelas de frontera”: “Se rompió el lazo que teníamos con el Alto Perú. Nuestra economía, que se basaba en el intercambio de productos entre los distintos pisos ecológicos como la puna y la costa, se desestructuró completamente. Las familias quedaron separadas por fronteras y grandes trechos del territorio que habita el aymara fueron minados”, agrega Chipana.
Unos 90 mil aymaras viven en Chile, aunque el censo de 2002 sólo contabilizó 48.501, un 7 por ciento de la población del país. Más del 80 por ciento ha migrado a ciudades, incrementándose los procesos de aculturación, debilitamiento de los lazos de parentesco y degradación del ecosistema altiplánico. Las causas del abandono de los pueblos y caseríos son la sequía, el conflicto con las mineras, problemas educacionales, la presión social, la falta de trabajo. Pero siguen resistiéndose a perder su forma de vida y el sueño de constituir una gran nación andina. Muchos ven con asombro y alegría cómo en Bolivia un aymara asumió la presidencia de la República. Hay esperanzas en que los problemas se resolverán y vendrán mejores tiempos para los aymara que “por accidente” viven en Chile.
Antonio Mamani, secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá, señala que es urgente defender los derechos de su pueblo y la participación plena, que no se ha logrado por culpa de las autoridades de turno: “La interculturalidad no es lo mismo que la integración. La interculturalidad debiera ser uno de los elementos básicos para el entendimiento entre los diferentes sectores de la sociedad. El gobierno habla de ‘integración indígena’, eso es un error. Para nosotros, la territorialidad y el patrimonio también son conceptos importantes. Queremos conservar nuestra cultura y lo que ello implica: tierra, agua y forma de vida”.
INCERTIDUMBRE PERMANENTE
El terremoto de junio de 2005 afectó a zonas donde se concentra la mayor parte de la población aymara. Puso de relieve su exclusión social y desprotección. “A pesar del abandono histórico, las autoridades no se han sensibilizado. Más bien utilizan este trágico hecho para la propaganda de otros asuntos, sin que se tomen medidas concretas y urgentes a favor de las comunidades indígenas afectadas”, reclamó el Consejo Nacional Aymara, que agrupa a la mayoría de los representantes y dirigentes comunitarios. “Nunca han respondido. Cuando solicitamos que tuvieran en cuenta nuestra identidad cultural para la reconstrucción de las viviendas, tampoco se cumplió”, dice David Esteban Moscoso, dirigente aymara.
Para Antonio Mamani, el problema mayor es la extracción y explotación del agua por las grandes compañías mineras: “El agua es cada vez más demandada por las transnacionales que no tienen ningún respeto por nuestra cosmovisión. La legislación permite que soliciten agua como un bien. Esa lógica, nuestras comunidades no la entienden. El agua siempre ha sido ocupada por las comunidades. Extraen minerales desde nuestros territorios con la promesa de trabajo y desarrollo, pero dejan sólo contaminación y sequía. En Puchuldiza, cerca de Colchane, una minera afectó los géisers y continuarán tratando de construir pozos. ¿Qué es el desarrollo si cada vez somos más pobres? Es cierto que hay políticas y algunos espacios, subsidios y recursos. Pero son para ‘integrarnos’ o producir un ‘desarrollo con identidad’, como dicen. Ese no es nuestro desarrollo ni nuestra cosmovisión. ¿Educación? Se habla de ‘interculturalidad’, pero no hay un intercambio entre las dos culturas en escuelas o universidades”.
Un largo y difícil proceso de organización han vivido las comunidades aymara. Hoy su máxima organización es el Congreso Nacional Aymara. En julio del año pasado, en Pozo Almonte, realizaron el V Congreso, y fue un éxito. Emiliano Choque, dirigente, señala: “Hemos vivido momentos tormentosos de división ocasionados por falta de identidad, liderazgo y conducción. El gobierno, a través de Mideplan y la Conadi, ha querido manejarnos usando recursos económicos”.
David Esteban Moscoso, ex presidente de la comisión organizadora del V Congreso, agrega: “Al gobierno no le interesa apoyarnos, nos quiere divididos para seguir sometiéndonos. Tenemos nuevos consejeros nacionales, que asumieron sus cargos en una ceremonia sagrada: Nelson Challapa, por Iquique; Orlando Bueno, por Huara; Rodrigo Mamani, por Alto Hospicio; Carmen Ayavire, por Pica; Bartola Mamani, por Cariquima; David Esteban, por Pozo Almonte y Emiliano Choque, por Camiña. También dirigentes de diferentes comunidades, asociaciones y juntas de vecinos rurales indígenas de Arica, Camarones, General Lagos y Putre participan de la iniciativa. Se ratificó a los consejeros Richard Fernández, de Arica; Bibiano Flores, de Camarones; Isabel Condori, de Putre y Rosa Maita, de General Lagos”. A mediados de este año se pretende realizar el VI Congreso Nacional Aymara, en la comuna de Camarones.
El agua se agota, mientras su explotación se acrecienta de la mano de lo que las autoridades llaman “desarrollo”. A dos mil y tres mil metros de altura, los caseríos de Socoroma, Putre y Belén, entre otros, se abastecen de agua de vertientes y nevadas. Cualquier alteración del ecosistema pone en riesgo la vida de la comunidad: “Es una lucha sobrevivir. Los pueblos desaparecen poco a poco porque muchos emigran. Las mineras y transnacionales se apoderan de nuestros recursos. No les interesa el equilibrio de la naturaleza sino el dinero”, dice David Esteban Moscoso.
Pesan sobre ellos varios peligros. Entre 1992 y 1998, el gobierno autorizó la construcción de pozos altiplánicos que buscaban -se dijo- abastecer la demanda de agua potable de Arica. Al año siguiente, se perforaron pozos -que extraen agua a cuatro mil metros de altura- en el Valle de Lluta. En 2000 las autoridades reformularon su discurso diciendo que “los pozos servirían para revitalizar la actividad agrícola del Valle de Azapa”. Los grandes empresarios de Azapa y Arica presionaban por más agua. Se extraerían 300 litros por segundo en los siete pozos construidos. Pero sirvieron para entregar el recurso a faenas mineras, perjudicando las vertientes y trayendo más sequía y extinción de humedales y bofedales. En 2004, organizaciones aymaras y ecologistas iniciaron una campaña de denuncia para objetar la explotación de los pozos y la aprobación del estudio de impacto ambiental refrendado por Corema. En marzo de 2005, finalmente, el proyecto fue rechazado, pero se teme que sea repuesto.
AGUA PERPETUA Y GRATIS
El proyecto empresarial, avalado por autoridades ambientales, que pretendía explotar reservas de agua en el Parque Nacional Lauca y construir más pozos para las mineras y trasnacionales, es calificado como “un atentado genocida contra nuestra cultura y forma de vida” por David Esteban Moscoso. Por su parte, Magdalena Choque, de Parinacota, denuncia que “hay efectos de sequía en muchos bofedales y, por consiguiente, serios problemas para nuestros animales y en el agua de riego. Ya está seca la laguna Cotacotani, que abastecía a los poblados de la zona”. Otro conflicto ocurrió en 2003. Debieron movilizarse tras el anuncio que Codelco explotaría aguas subterráneas en Mocha, al interior de Huara. Héctor Cayasaya, de Mocha, señala: “Si Codelco explota el agua las pocas personas que viven en el poblado terminarán muriéndose. Las aguas nos pertenecen ancestralmente”. Señala que el peligro no ha acabado, porque el proyecto minero se iniciará en 2012. Desde Mocha se abastecen de agua las quebradas de Tarapacá, Aroma y Coscaya.
Las disputas con las mineras por el agua se arrastran por más de una década, tiempo más que suficiente para comprobar que su extracción no es sustentable y que hay una crisis hídrica que afecta a la población, agricultura y turismo. La nueva autoridad ambiental deberá resolver cómo hacer frente a una minería que apuesta a seguir creciendo de la mano de una débil legislación. En Chile la explotación del agua es gratis. El actual Código de Aguas permite que el primer interesado en determinado acuífero tenga derecho preferente si lo registra ante la Dirección General de Aguas (DGA). Si cumple los requisitos que estipula la ley, los derechos que recibe son definitivos y puede vender, arrendar o usar el agua.
La reforma al Código de Aguas -junio de 2005-, no terminó con la gratuidad del recurso: si el agua no se usa, el dueño sólo debe pagar una patente anual. La permisiva ley y la indolencia de las autoridades incentivan la especulación. “Una sentencia de la Corte Suprema zanjó la controversia sobre la gestión de las aguas subterráneas. Resolviendo sobre un recurso de protección de la empresa Aguas Andinas, señaló que la DGA debe en el futuro, ‘al resolver sobre las solicitudes presentadas respecto de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, en sectores acuíferos en que existen derechos ya constituidos verificar la disponibilidad jurídica de aguas a nivel de fuente o acuífero y no limitarse a la constatación de la mera existencia física del recurso hídrico’”, dice el abogado Pablo Jaeger. Sin embargo, para la Contraloría “la determinación de la disponibilidad del recurso hídrico es una materia técnica y de competencia exclusiva de la DGA”. Se siguen otorgando derechos sobre aguas subterráneas sólo comprobando la existencia del recurso.
SEQUIA Y CONTAMINACION
Según las comunidades, la indiscriminada explotación de vertientes subterráneas ha secado grandes extensiones de bofedales y continúa agotando el agua. Señalan que la construcción del canal Lauca provocó una evidente baja del lago Cotacotani y la sequedad de bofedales en Parinacota y Chucuyo. No es algo nuevo pues el túnel Lauca, construido en 1960 para la central hidroeléctrica Chapiquiña, agotó las vertientes y ojos de agua en la quebrada de Murmuntani, obligando a sus habitantes a emigrar. Los proyectos ponen en peligro al río Lauca y su reserva.
En agosto de 2004, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) emitió un informe sobre el proyecto del MOP de habilitar pozos en el Parque Nacional Lauca, señalando que las perforaciones no cumplían con la normativa ambiental vigente. Causarán la disminución del agua superficial del río Lauca y la extinción de algunas especies: “Las obras generarán la pérdida de 66 hectáreas de área bofedal, y la disminución del 70 por ciento de especies”. Estudios ejecutados por Codeff y la Comisión Aymara del Medio Ambiente (Cadma), han detectado que los pozos del Lauca no tienen paredes sólidas y que las aguas tienen igual característica que las superficiales del río, lo que indica que el agua subterránea alimenta al río.
Magdalena Choque, presidenta de Cadma, duda de los informes oficiales: “El pozo número 4 fue explotado durante un año por Obras Hidráulicas y el resultado fue que se secó el bofedal. La explicación que dieron fue que había fisuras en el tubo del pozo y que en los otros, los van a sellar. Pero nada garantiza que el sellado será efectivo. Ya hay filtraciones en el pozo 8″, dice. El Parque Nacional Lauca se ubica a 4.600 metros de altura, a orillas del lago Chungará y en 1981 fue declarado reserva mundial de la biosfera por la Unesco. Los aymaras señalan que sólo el uno por ciento del Parque Nacional Lauca es fiscal, y que el 99 por ciento está a nombre de familias que poseen títulos que datan de 1900. Pero el gobierno no los reconoce.
A David Esteban Moscoso le preocupan las decenas de pozos de sondaje en el salar de Huasco, cuyo “evidente destinatario” será la minera Collahuasi: “La extracción de agua afectará la biodiversidad del salar y la vida de los aymara que habitan Pica. La administración del agua debiera estar bajo control aymara”, señala. En el poblado de Parca, la contaminación por micropartículas es responsabilidadde la minera Cerro Colorado, a ocho kilómetros del pueblo: “No cuenta con permisos de la Corema para los sistemas de monitoreo de la calidad del aire. Por lo tanto, los datos que recogieron durante todos estos años, no son válidos. El polvo contaminante afecta el agua superficial, la flora, fauna y vida humana”, dicen los denunciantes
Arnaldo Perez Guerra
En Iquique y Putre
http://www.puntofinal.cl/611/aymaras.htm