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Sábado 13 de mayo de 2006
Bush busca militarizar la frontera en apoyo a su plan migratorio
El Pentágono analiza ya la movilización de tropas, en particular miembros de la Guardia Nacional
La Jornada
Nueva York, 12 de mayo. El presidente George W. Bush está considerando el envío de miles de efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con México, informaron hoy fuentes de la Casa Blanca. Esta opción podría ser parte del mensaje que el lunes emitirá el mandatario a la nación con el fin de promover la aprobación de una reforma migratoria.
La decisión presidencial sería parte de una estrategia tendiente a impulsar el proyecto de ley que el Senado comenzará a debatir -después de semanas de disputas internas- el lunes. La iniciativa a discusión podría ofrecer un camino hacia la legalización de varios millones de inmigrantes indocumentados.
Aunque Bush y algunos legisladores reiteran la necesidad de una reforma “humana”, el presidente evalúa mayores medidas para militarizar la frontera con México, y otros integrantes del Congreso insisten en que primero debe ser segura la frontera sur, pues de otra manera no permitirán avance alguno hacia una reforma migratoria que contemple la legalización.
Toda esta estrategia es elaborada mientras el secretario de Defensa Nacional de México, general Gerardo Clemente Vega, se encuentra en Washington para una reunión con su contraparte del Pentágono, Donald Rumsfeld.
De acuerdo con The New York Times, fuentes oficiales informaron que Rumsfeld y Vega habrían discutido, entre otros asuntos, la posible asistencia estadunidense en la capacitación y el equipamiento de tropas mexicanas en la frontera.
Consenso para reiniciar discusión
El jueves el liderazgo del Senado anunció que había logrado llegar a un acuerdo para reiniciar el debate en torno a una reforma migratoria. El líder de la mayoría republicana, Bill Frist, y el de la minoría demócrata, Harry Reid, informaron que habían logrado superar la disputa política sobre cómo proceder con el asunto, y con ello presentarían una vez más el proyecto ante el pleno de la cámara alta la próxima semana. Frist y Reid afirmaron que desean poder emitir un voto final sobre el proyecto de ley en los últimos días de este mes.
La iniciativa bajo consideración es resultado de una negociación sobre el borrador aprobado por el Comité Judicial, conocido como el Hagel-Martinez (por sus patrocinadores, los senadores Chuck Hagel y Mel Martinez). El proyecto original incluye mecanismos para la legalización de indocumentados que cumplan con ciertos requisitos, un programa de trabajadores huéspedes y mayores medidas de seguridad fronteriza. La disposición agrega más obstáculos y limitaciones a las vías de legalización, entre otras cosas, y éste es el punto de mayor preocupación para las coaliciones y los movimientos pro inmigrantes.
El nuevo proyecto divide en tres grupos a los aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país. El primero lo integran quienes han residido aquí durante más de cinco años (entre 5 y 7 millones, de acuerdo con cálculos del Foro Nacional de Inmigración), y éstos pueden conseguir la legalización y encaminarse a la ciudadanía si cumplen con una serie de requisitos, pagan una multa de 2 mil dólares y comprueban que no tienen historial criminal.
El segundo grupo lo integran quienes han estado aquí entre dos y cinco años (unos 3 millones). Estos serían obligados a regresar a sus países de origen y se les permitiría reingresar legalmente.
El tercer grupo está formado por quienes han estado aquí menos de dos años (unos 2 millones), que no califican para este programa de legalización y tendrían que volver a sus países, y sólo podrían regresar a través de un programa de trabajadores huéspedes temporales.
Además hay una serie de obstáculos y condiciones en el actual proyecto de ley, que implicaría la descalificación de varios millones más en el proceso de legalización.
Por esas razones, agrupaciones nacionales pro inmigrantes han declarado que la versión actual es inaceptable, ya que hay demasiadas trabas, condiciones y limitaciones que implicarían, además de la descalificación de millones de indocumentados, una serie de medidas punitivas que facilitan la deportación.
“Queremos legalizar a 12 millones, no sólo a 3 o 4 millones… eso no es aceptable”, declaró este viernes Michelle Waslin, directora de Investigaciones sobre Política Migratoria del Consejo Nacional de la Raza, en una teleconferencia. A su vez, Vanesa Cárdenas y Lynn Tramonte, del Foro Nacional de Inmigración, señalaron que la versión actual, sin cambios, tendría que ser rechazada.
El debate en el Senado está programado para durar casi toda la semana próxima, cuando se votará sobre una serie de enmiendas, algunas negativas, con consecuencias posiblemente fatales para una reforma, y otras que intentarán “componer” algunas de las disposiciones a las que se oponen los promotores de una legalización amplia.
Sin embargo, aun si se logra -lo cual no está garantizado- aprobar una iniciativa en el Senado, ésta deberá ser negociado con la versión ya aceptada en la cámara baja en diciembre, el famoso proyecto de ley Sensenbrenner.
La versión de la cámara baja -cuya aprobación provocó en gran medida las grandes movilizaciones de protesta de los migrantes en los últimos meses- sólo se enfoca sobre medidas punitivas y de seguridad fronteriza. Ya que se espera que habrá gran diferencia entre ambas versiones, nadie se atreve a pronosticar si se logrará concluir un acuerdo para una reforma migratoria en Estados Unidos en este año.
A la vez, y respondiendo a las presiones políticas de algunos sectores sobre el asunto de seguridad fronteriza, se reveló que el gobierno de Bush ha solicitado al Pentágono desarrollar ideas de cómo podrían participar los militares en operaciones de apoyo a las fuerzas civiles encargadas de dar seguridad a la frontera sur.
La agencia Ap informó hoy que el Pentágono ha ordenado la exploración de opciones para el uso de tropas y recursos militares, particularmente la Guardia Nacional, en la frontera con México.