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Jose Aylwin
Abogado, Co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
‘Hágame el favor de mirar a los mapuches\\’, señaló el reconocido Premio Nobel de literatura portugués José Saramago a la presidenta chilena, Michelle Bachelet en un acto con el mundo de la cultura ibérica en Madrid, el 10 de mayo. Saramago se refirió a los mapuche como “los chilenos más antiguos”, lamentando que los miembros de este pueblo fuesen “perseguidos todos los días”.
La Presidenta Bachelet respondió al Nobel señalando que ‘todos los pueblos originarios, y no sólo los mapuches, tienen los mismos derechos a estar integrados en el país con su propia diversidad’. Y luego agregó: \\’Hemos avanzado mucho pero aún debemos avanzar más’ en la consecución de la igualdad, \\’porque en Chile sigue siendo diferente ser hombre o mujer, pobre o rico, del norte o del sur’.
La interpelación de Saramago no debe extrañar. Ella se debe al conocimiento que existe a nivel internacional del trato discriminatorio del que son objeto los pueblos indígenas en Chile. Un trato que se manifiesta no solo en las evidentes desigualdades económicas y sociales existentes entre la población indígena y el resto del país – no por casualidad la Araucanía es la región más pobre del país-, sino también en el desconocimiento de su existencia y derechos en la carta fundamental. El mismo trato se evidencia en los abusos cometidos por la policía en allanamientos a comunidades mapuche – donde hasta ancianos y niños han sido objeto de vejaciones- y en el tratamiento criminal dado a sus demandas sociales. Se trata, como sabemos, de hechos que han sido constatados en forma reiterada por prestigiosas instancias y personalidades del mundo de los derechos humanos, incluyendo entidades de las Naciones Unidas, y que por lo mismo, resulta difícil de desmentir.
Precisamente esta última forma de discriminación – la persecución de su protesta social como protesta criminal- es la que ha motivado a tres personas mapuche y una simpatizante de la causa de este pueblo, condenados el 2004 a 10 años y un día de cárcel por el supuesto delito de incendio terrorista [delito cuyo carácter terrorista fue desestimado por la justicia este año al absolver en la misma causa a dos comuneros mapuche], a desarrollar una huelga de hambre que ha superado ya los 60 días.
Cabe informar a los lectores que la jueza inicialmente a cargo del caso [Poluco Pidenco] rechazó la calificación del delito que se imputaba a los mapuche como terrorista. Posteriormente, sin embargo, la Corte Suprema ordenó restituir los cargos de terrorismo en contra de los mapuche, inhabilitando de paso a la jueza del conocimiento de la causa. En el mismo caso, si bien el anonimato de los testigos amparado por la ley antiterrorista fue rechazado por la jueza antes referida, la fiscalía destinó un total de 20 millones de pesos para su protección.
Los presos mapuche injustamente condenados exigen su libertad, y como forma concreta de hacerla efectiva, que el gobierno otorgue urgencia de discusión inmediata a un proyecto de ley para que les sea otorgada la libertad condicional. Exigen además que el gobierno no siga utilizando legislación antiterrorista en contra de los mapuche involucrados en hechos de protesta social. Exigen, finalmente que no se haga parte en un recurso de nulidad en contra de dos comuneros mapuche recientemente absueltos en el caso Poluco Pidenco antes referido
A 60 días de iniciada la huelga de hambre, cuando la salud de los presos mapuche en huelga de hambre se debilita seriamente – uno de ellos debió ser llevado esta semana al hospital de Temuco con pérdida de conciencia-, y cuando el riesgo para su vida es inminente, el gobierno sigue sin acceder a sus demandas. Ello ha llevado a algunos analistas a interpelar a la Presidenta Bachelet, instándola a no asumir la misma actitud inflexible de Margaret Thatcher, primera ministra de Gran Bretaña, conocida como la dama de hierro, quien a comienzos de los ochenta llevó a la muerte al norirlandes Bobby Sands -y más tarde a varias personas más- encarceladas por su gobierno por razones políticas, tras negarse a cualquier negociación frente a su larga huelga de hambre.
En mundo globalizado, los medios de comunicación permiten que lo que ocurre en Chile con los mapuche sea conocido por la opinión pública hasta en los más remotos rincones del planeta. Para el público europeo, generalmente bien informado, resulta difícil de comprender como un país formalmente democrático como Chile de un trato tan indigno a sus integrantes más “antiguos”, como calificó Saramago a los mapuche, quienes a través de la historia han sido objeto de múltiples formas de sometimiento.
La paradoja para los gobiernos de la Concertación es que ahora son ellos – y no la burda dictadura del general Pinochet- los que son objeto de crítica internacional por su conducta violatoria de los derechos humanos, en este caso, los derechos de los pueblos originarios. Tal interpelación, que obviamente resulta incomoda para quienes adhieren a los principios democráticos, se mantendrá mientras dichos gobiernos no enfrenten las serias contradicciones de que han adolecido en su tratamiento de esta parte no mirada de nuestra sociedad.
En efecto, si bien en lo retórico han valorado la diversidad étnica y cultural que hay en Chile, sus políticas hacia los pueblos indígenas han sido contradictorias, ya que en reiteradas ocasiones han hecho primar su interés en expandir – a través de proyectos de inversión forestal, hidroeléctricos o camineros- el libre comercio y la economía global hacia sus territorios, ricos en recursos naturales, por sobre la voluntad, dignidad y derechos de sus comunidades.
Cada vez que los pueblos indígenas han protestado en contra de la imposición de una forma de desarrollo en que no han consentido y que, en poco o nada los beneficia, sus dirigentes han sido reprimidos, sus líderes procesados y encarcelados.
En esencia la contradicción de los gobiernos de la Concertación ha radicado en que pretenden ser modernos, pero utilizan, en su trato con los pueblos antiguos, o primeras naciones, como se les denomina en otros contextos más respetuosos de la diversidad cultural, las herramientas represivas características de los estados autoritarios, y eso no es aceptable hoy en la comunidad internacional.
Es de esperar que el mensaje de Saramago sea escuchado por el país y, en particular, por la Presidenta. Ello no solo para responder, antes de que sea muy tarde, a las justas demandas de los presos mapuche en huelga de hambre, sino también, y por sobre todo, para rediseñar la que ha sido hasta ahora la política del estado y la actitud de la sociedad chilena hacia los pueblos originarios, permitiendo de este modo avanzar hacia el “nuevo trato” para con ellos, nuevo trato del que mucho se ha hablado en los últimos años, pero del que muy poco se ha practicado en la realidad.
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