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GUATEMALA, may (IPS) - Las organizaciones sindicales y campesinas de Guatemala miran con escepticismo la mesa de diálogo nacional convocada por el gobierno para abordar la agenda social de los Acuerdos de Paz que sellaron el fin de la guerra civil en 1996.
“El gobierno de Óscar Berger no tiene el liderazgo necesario para llevar a cabo un acuerdo nacional como el que propone”, expresó a IPS Manuel Pablo Quino, secretario ejecutivo de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG). “La ingobernabilidad que vive el país no favorece este plan”, agregó Quino.
Berger pretende iniciar una mesa de diálogo nacional el 18 de mayo para abordar el desarrollo de los Acuerdos de Paz, cuyos principales temas serían la cuestión agraria, pobreza, salud, pueblos indígenas y la transparencia de la gestión pública.
Los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a una cruenta guerra civil de 36 años, establecen el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento de las instituciones democráticas civiles y el desarrollo socioeconómico, incluido el agrario.
El diálogo nacional también podría tratar el pacto fiscal, que abordaría los mecanismos tributarios para dotar al Estado de los recursos necesarios que demanda la agenda social y económica de los Acuerdos de Paz.
La convocatoria está dirigida a los sectores políticos, sociales, académicos y económicos del país, incluidos miembros del Congreso legislativo y del Poder Judicial, aunque todavía no se han producido las invitaciones oficiales.
Fuentes de la vicepresidencia explicaron a IPS que la propuesta de un diálogo nacional busca alcanzar los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, cuya primera meta es erradicar la pobreza y el hambre, lo cual incluye el combate contra la exclusión social que impide la participación plena en la sociedad.
Cincuenta y seis por ciento de los guatemaltecos viven en situación de pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística, de los cuales 15,7 por ciento están en condiciones de pobreza extrema.
Según la vicepresidencia, la población indígena, 41 por ciento de los guatemaltecos, sería la más beneficiada de este acuerdo nacional. Actualmente, más de 80 por ciento de los nativos se encuentran en los estratos bajo y bajo extremo de la sociedad, según el informe sobre diversidad étnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Norma Quixtán, secretaria de la Paz del gobierno y destacada figura indígena, recordó la necesidad de construir “un Estado plural y multilingüe”, puesto que “el racismo sigue presente en la vida cotidiana”.
Ricardo Cajas, comisionado presidencial contra el racismo, agregó que “Guatemala fue construida con base en la discriminación y todas las instituciones del Estado conservan racismo”.
Las estadísticas confirman esta aseveración, que no es secreto para nadie. Los mayas representan más del doble de la población en pobreza extrema que el resto de los guatemaltecos en esta categoría. De los 158 diputados del Congreso, apenas 12 son indígenas. Y en el gabinete, de 13 carteras ministeriales, sólo el titular de cultura es maya.
Cajas subrayó la educación como otro ámbito de exclusión, dado que ésta es “monolingüe en áreas donde la población es multilingüe”. La Academia de Lenguas Mayas calcula que la mitad de los 12 millones de guatemaltecos utilizan uno de los 22 idiomas mayas, pero sólo pueden hablarlo en la vida doméstica, pues para acceder a los servicios públicos se debe hablar el español.
Magdalena Pérez, directora de Planificación Lingüística de la mencionada Academia, señaló que para revertir esta situación “falta mucha sensibilización en los funcionarios y también voluntad política”.
Además de la inclusión, la educación y el respeto de la cultura de los pueblos indígenas, las organizaciones pondrían en la mesa del debate el problema de la tierra y el resarcimiento de las víctimas del conflicto armado, en caso de acudir al diálogo nacional.
Rosalina Tuyuc, responsable de la Comisión Nacional de Resarcimiento, sostuvo que los pueblos indígenas han sufrido “políticas de exterminio como las más de doscientas mil víctimas del conflicto armado. El latifundio es uno de los problemas estructurales del país, ya que hay mucha tierra en manos de quienes no la trabajan, y muchos que la trabajan, no tienen tierra”, agregó Tuyuc, quien es de origen maya kaqchikel, una de las naciones mayas.
Según el informe del PNUD, en el año 2000, una minoría de 1,5 por ciento de la población controlaba 62,5 por ciento de las tierras, mientras que 94 por ciento de los propietarios de predios poseía apenas 18,6 por ciento.
Diez años después de firmados los Acuerdos de Paz, el relativo a la situación agraria y rural es uno de los más atrasados. El mismo estableció la necesidad de acceso de los campesinos a la tierra para la superación de la pobreza y la marginación. Tras el fracaso de diferentes iniciativas para redistribuir la renta y la tierra, este tema sigue siendo uno de los más controvertidos y de más difícil cumplimiento.
La reforma agraria ha sido recomendada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación como una de las estrategias para combatir el hambre y cumplir con los Objetivos del Milenio. Sin embargo, la distribución de la tierra no ha sido debatida en los dos años que lleva el actual gobierno de Guatemala.
Rafael González, dirigente del Comité de Unidad Campesina, lamentó que el gobierno “hubiera quitado de la agenda el problema de la tierra mientras se han producido más de 75 desalojos violentos de campesinos desde que llegó al poder”.
El 31 de agosto de 2004, durante el desalojo de la finca Nueva Linda, ubicada en el departamento de Retalhuleu, occidente del país, murieron nueve campesinos, tres de ellos menores, y cuatro policías.
Como condición para participar en el dialogo nacional, las organizaciones indígenas y campesinas han pedido que se castigue a los responsables de estos crímenes, que siguen en la impunidad.
La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas no ha confirmado su participación en la mesa propuesta por el gobierno. Su coordinador general, Carlos Arriaga, dijo a IPS que “es una llamada del presidente tras 27 meses de gestión en que no se ha cumplido con los Acuerdos de Paz y las demandas campesinas”.
El 20 de abril, campesinos, estudiantes y maestros manifestaron en todo el país y amenazaron con un levantamiento nacional. En respuesta a las demandas, el vicepresidente del gobierno, Eduardo Stein, se comprometió a instalar mesas sectoriales para atender las peticiones.
Según las organizaciones sindicales y campesinas la convocatoria gubernamental sería una consecuencia de dicho compromiso. No obstante, el gobierno niega que la iniciativa de la mesa de diálogo haya sido inducida por las protestas de la sociedad civil.
En caso de que los sectores sociales se negaran a participar en el diálogo nacional, la iniciativa perdería toda viabilidad.
Para el analista guatemalteco Víctor Ferrigno, lo importante no es sentarse a la mesa con una lista de problemas, sino que “sería necesario que se reunieran con un programa político para llevar a cabo las soluciones, con metas e indicadores medibles”.