Imprimir
Mapuexpress
16 May, 2006
Tensión en Chile: Huelga de Hambre y Persecución mapuche (Agencia Periodística del Mercosur)
Tensión en Chile
Huelga de hambre y persecución mapuche
Por Zulema Enriquez | Desde la Redacción de APM
Presos Mapuches llevan adelante huelga de hambre, están en grave estado de salud. Causas y consecuencias de un proceso criminalizador.
Desde el 13 de marzo cuatro presos políticos mapuches chilenos se encuentran en huelga de hambre. Patricia Troncoso, Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia y Juan Huenulao, exigen su libertad y el cierre a la causa llamada “incendio terrorista Poluko Pidenko”, por la que fueron condenados a 10 años y un día más un pago superior a los 400 millones de pesos, por incendio terrorista, sobre 100 hectáreas de plantaciones de monocultivos de Forestal Mininco, en 2001.
La medida ya lleva 60 días, los presos están en grave estado de salud, Patricia Troncoso la única mujer está encadenada a su cama, separada de sus hermanos, están debilitados, deshidratados, sufren torturas psicológicas que consisten en agravios y amenazas, no se les proporciona aseo, ni ropas necesarias. A fines de abril fueron trasladados de la cárcel de Angol a Temuco violentamente, “engañados”. Esto provocó la reacción de los familiares fuera de la penitenciaria, ocasionando una fuerte represión y varios presos mapuches.
La propuesta desde el gobierno es trasladar a los presos al Centro de Estudio y Trabajo en el día, mientras que a la noche volverían a la cárcel. Propuesta que fue considerada una “burla” por parte de los presos y que no responde a las demandas. La posición tomada es sólo aceptar la libertad sin ningún tipo de concesión aunque les cueste la vida.
Actualmente hay 11 presos mapuches en distintas cárceles del país chileno y otras decenas de mapuches procesados por distintas causas, por la demanda de sus tierras ancestrales y por la defensa de sus derechos naturales.
A los detenidos se les imputan los cargos de asociación ilícita terrorista, como participes de la organización mapuche “Coordinadora de comunidades en conflicto Arauko Malleko” y de incendio terrorista.
En el caso de Jaime Marileo Saravia en las dos causas que se le imputan, se presentaron como querellantes: la Gobernación provincial de Malleko (en representación del Ministerio de Interior) y la Empresa Forestal Mininco S.A. Además de la prisión, se condena a los encausados a tener que pagar una indemnización a la Forestal de 425 millones de pesos chilenos. Mininco es una de las empresas pertenecientes a CMPC uno de los complejos forestales más importantes de Latinoamérica con base en los cinco continentes.
Las duras condenas en estos casos obedecen “a una persecución política y hasta racista que pretende frenar la resistencia y la lucha por la autonomía de nuestras tierras y cultura “es así como definen la situación, en el último comunicado que sacaron, los Presos Políticos Mapuche desde la cárcel de Angol, en plena huelga de hambre.
Desde distintos sectores se cuestiona el fallo judicial, considerándolo racista y plagado de irregularidades ya que se considera arbitraria la aplicación de la Ley N° 18.314, llamada antiterrorista (creada por el dictador Pinochet y usada únicamente en estos casos).
Por otro lado se cuestiona la modalidad de las pruebas, basadas en testimonios de “testigos protegidos” desconociéndose la identidad de los que atestiguaban. Y la inhabilitación por parte de la Corte Suprema, de la Jueza de Garantías, que había rechazado la calificación de ataques incendiarios como delito terrorista, presentada por la fiscalía.
A principios de abril una Misión de la Federación de Derechos Humanos (organización no gubernamental, consultivo de la Organización de Naciones Unidas) realizó un Informe titulado “La otra transición chilena: derechos del pueblo mapuche, política penal y protesta en un Estado democrático”, el trabajo demuestra la preocupación en torno a la aplicación de la Ley Antiterrorista en los conflictos mapuches, y hace hincapié en las “insuficiencias de las políticas oficiales de devolución de tierras y el avance y consolidación forestal de exportación”. Al respecto Andrés Cuyul de Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA) dice que “hay un decreto Ley (en Chile) el 901 que promueve la plantación exótica de pino y eucalipto es decir que estructuralmente se promociona a estas plantaciones en proporción, las comunidades mapuches tienen posesión del territorio alrededor de 800 mil hectáreas, mientras que las empresas forestales tienen 3 millones de hectáreas, entonces se deja ver cual es la prioridad del Estado”.
El informe sostiene que no hay un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas Andrés Cuyul dice que “Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo suscribió, pero no lo ratificó, eso quiere decir que no lo ha hecho ley, significa que no se reconoce el Pueblo Mapuche como una unidad cultural y material, como Pueblo/Nación, como si lo conciben las comunidades, por eso hay una incansable resistencia”.
También se analizan los procesos judiciales, que condujeron a las condenas de los presos que hoy están en huelga de hambre, en éstos “el estado chileno violó las garantías a un juicio justo y al debido proceso de estas personas (…) la gravedad de los hechos por los que fueron condenados no guarda proporción con la gravedad del tipo delictivo de terrorismo y de las penas impuestas en estos casos” sentencia el informe.
Finalmente se recomienda una revisión de la legislación antiterrorista “de manera que sólo debe sancionar conductas que claramente afecten al orden constitucional democrático”.
En los últimos años diversas misiones de observadores no gubernamentales internacionales denunciaron el atropello sistemático a las garantías fundamentales y a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La Federación Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas entre otros se expresaron al respecto.
Si bien la presidenta chilena Michelle Bachelet se comprometió a generar un diálogo y promover nuevas políticas para los pueblos originarios, todavía no se revirtió la política de persecución penal a miembros de las comunidades. Si bien aseguró que no se emplearía más la Ley Antiterrorista en ningún caso, hasta ahora nada se hizo para modificar la situación de los condenados por esa misma Ley dictatorial.
Los pueblos originarios, desde la conformación de los Estados han sido víctimas de la negación de la identidad y de la existencia como Pueblo a favor de la formación de una identidad nacional única y el de la apropiación de sus territorios en beneficio de la conformación de un “territorio nacional único”.
Según el Censo Nacional de 2002 el 4,6 por ciento de la población total en Chile pertenece a pueblos originarios, donde el grupo mayoritario es el mapuche con un 87,3 por ciento del total, como también éste es el sector con índices más altos de pobreza y discriminación, respecto al resto de la población.
Las comunidades mapuches en Chile se localizan desde la VII a X Región, donde están fragmentadas territorialmente por empresas forestales.
Las grandes inversiones de estas corporaciones conjuntamente nacionales y extranjeras, se dieron con la apertura de políticas neoliberales, en su gran mayoría, en la dictadura de Augusto Pinochet.
En los ‘70 comienzan las grandes forestaciones donde los campos destinados a la agricultura pasan a ser hectáreas devastadas. Es el periodo que implicó la liquidación de la propiedad comunitaria de la tierra indígena. Las consecuencias de éstos emprendimientos nacionales y de multinacionales se refleja en los bosques contaminados, en caídas de la producción agrícola de los habitantes y en la emigración de la gente del campo a la ciudad.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Forestal Mininco S.A., empresa del complejo forestal CMPC –uno de los más grandes del mundo–. La empresa nace en 1947 plantando pino insigne y eucalipto abasteciendo de madera a las fábricas de celulosa, papel y cartulinas.
En los ‘80 adquiere primero 12 mil hectáreas comprando Forestadora Nacional S.A., después otras 75 mil hectáreas más provenientes de otras filiales forestales. Exportando importantes sumas a Turquía, Japón, China, Estados Unidos, entre otros.
A partir de los ‘90 se posiciona como una de las empresas de mayor liderazgo en su género entre otras cosas por la gran magnitud de patrimonio alcanzado. En Argentina está la base forestal Bosques del Plata S.A., en el norte del país, con un proyecto que se cumplimentará en 2007 con la instalación de una planta de celulosa. Actualmente está en las provincias de Misiones y Corrientes.
Estas son solo algunas características de la empresa a la que se le debe pagar una indemnización por un “supuesto” incendio de los mapuches en 2001. Más tarde surgieron testimonios de guardias forestales de que habría sido un auto atentado de la misma empresa, pero nunca se investigó.
El conflicto territorial de las compañías con las comunidades generó persecuciones a los mapuches a causa de “defender sus tierras y resguardar sus recursos naturales como identidad del lugar y manifestación cultural”.
Y en algunos casos se usaron grupos paramilitares contratados por las mismas empresas para asediar a los mapuches, que reclamaban tierras sobre las que se producen las plantaciones, son denuncias hechas por los mismos perseguidos.
La persecución judicial es una de los mecanismos más difíciles de sobrellevar para los que están encausados, sentenciados y amenazados en el país vecino. Es una medida represiva frente a las movilizaciones y a la resistencia que las comunidades vienen llevando a cabo.
Así lo expresó Pascual Pichún Collonao, “la represión, la exclusión han sido políticas de Estado en Chile, lo han hecho los sucesivos gobiernos. En el último tiempo se agudizo más, porque las comunidades empezaron a demandar y hacer la recuperación territorial. A partir de allí la IX Región está militarizada, sufre amenazas, mi comunidad fue 50 o 60 veces allanada”.
Pascual fue acusado de incendio de equipos forestales ocurridos en 2002 y condenado con su hermano Rafael a pagar 6 millones de pesos en indemnización, ante la imposibilidad de poder pagar esa fianza fue ordenado a estar en prisión por 5 años y un día.
Los abogados acusan de que fue un juicio plagado de irregularidades, los equipos incendiados pertenecían al Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de Estado e importante latifundista Juan Agustín Figueroa.
Ante considerar injusta la condena, ambos hermanos fueron declarados prófugos por el Estado chileno aunque su hermano Rafael hoy está preso junto a su padre, Pascual Pichún, la madre y los hermanos son los que hoy sufren los atropellos y las intimidaciones de los allanamientos violentos de la policía.
La justicia al ordenar el arresto por no pagar la indemnización, lo que hace es violar la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que excluye que una persona sea encarcelada por cuestiones económicas. Este caso fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Es el caso de Pascual que hizo el pedido de asilo político a Argentina. Este país “cumple con todos los requisitos que exige Naciones Unidas para refugiados, persecución política por ideología y por etnia, por pertenecer a un pueblo que está exigiendo que le reconozcan sus derechos y respeto. Tenemos esperanza de que se pueda lograr el refugio porque históricamente Argentina ha sido un país con mayor recepción de refugiados en otras épocas”, dijo Pichún.
Las luchas se construyen con ideales y decisiones de poder cambiar. “Lo único que queremos es tratar de recuperar las tierras que nos han quitado, que nos han invadido. Los presos en huelga de hambre, nosotros, tenemos clara la convicción de que la lucha que estamos dando hoy es por el sueño de mejorar nuestra condición como Pueblo” afirmo Pascual.