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Continua firme la Cumbre Nacional Itinerante 
19.05.06
El gobierno debe atender las solicitudes de las comunidades indígenas del Cauca
EL GOBIERNO DEBE ATENDER LAS SOLICITUDES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y ACABAR CON LA REPRESIÓN Y LA VIOLENCIA
Como la opinión colombiana conoce, desde el 15 de mayo, cuando se adelantó en más de 20 departamentos, por parte de 200.000 personas, una jornada nacional contra el TLC, por la vida digna y la soberanía nacional, casi dos decenas de miles de indígenas, campesinos y miembros de las comunidades afrodescendientes del Cauca, se reunieron en Piendamó en la Cumbre de los Pueblos. Allí se pronunciaron por la presencia de varios ministros para atender sus demandas en torno a la concertación de una consulta ciudadana sobre el TLC, a la reclamación de territorios ancestrales que les pertenecen y cuya entrega se les ha incumplido y al requerimiento de mayor atención a sus necesidades en educación y salud.
Al ser desoídas sus peticiones, expresadas en una comunicación enviada al alto gobierno, procedieron a ubicarse de manera pacífica en la Carretera Panamericana. Esa protesta fue reprimida de la misma forma como se había hecho en Popayán donde se procedió de manera violenta contra los manifestantes siendo detenidos y golpeados más de 40, entre ellos cinco miembros de la organización filial AGROPEMCA. El saldo de las bestiales tácticas del gobierno, hasta el 17 de mayo, para desmovilizar a la población es la muerte del comunero indígena de Corinto, Pedro Mauricio Poscué, con arma de fuego, unos 50 heridos, 30 detenidos más y diez desaparecidos y unas cifras similares unidas a la destrucción de instalaciones del resguardo indígena produjo hoy 17 de mayo en las horas de la tarde una clase de sarracina propiciada por el ardid del gobierno que, aunque anunció una comisión negociadora, envió como su representación a un número mayor de tanques, agentes de la fuerza pública y más gases tóxicos.
La Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, reconociendo la justeza de los motivos de la movilización del Cauca, reclama del gobierno el cese inmediato de las acciones hostiles contra la población campesina e indígena, la libertad de los detenidos, la atención de los heridos y la investigación rápida del homicidio del comunero muerto para enjuiciar a los responsables, a fin de que se termine con la impunidad en este tipo de crímenes, y la realización del diálogo necesario como así mismo lo ha requerido la Defensoría del Pueblo. También se requiere que a quienes se han manifestado en otras regiones como Nariño se les brinde un trato democrático y no se recurra a la descalificación para validar la violación de sus derechos fundamentales.
Bogotá, mayo 17 de 2006
ÁNGEL MARÍA CABALLERO LIAN
PRESIDENTE
AURELIO SUÁREZ MONTOYA
DIRECTOR EJECUTIVO.
www.salvacionagropecuaria.net
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Saludamos y apoyamos la valiente movilización indígena y campesina
Asociación Campesina de Antioquia
La asociación Campesina de Antioquia ACA, miembro del Coordinador Nacional Agrario, saluda y apoya la valiente movilización indígena y campesina que desde el 15 de mayo se viene adelantando en el Cauca. La Cumbre Nacional de Organizaciones Sociales es una iniciativa que busca la unidad de las organizaciones sociales, campesina, indígenas y afros; en asuntos de vital trascendencia para el país como: El no al TLC, la reelección de un gobierno tan nefasto y pro imperialista del gobierno Uribe, La ley de justicia y paz y otras cuantas políticas que lesionan los intereses de la gran mayoría de los Colombianos.
Como todas las incitativas populares y democráticas que levantan su voz de inconformidad con el modelo imperante; recibe todo el peso del terrorismo de estado que no escatima ninguna posibilidad para acallar, por los métodos mas violentos la inconformidad de estas comunidades que desde hace mucho tiempo son un ejemplo de organización, movilización y lucha permanente en contra de este régimen.
El gobierno Uribe, se muestra ante la opinión nacional e internacional, como un mandatario que garantiza los derechos de los ciudadanos en el marco de su política de seguridad democrática, pero las permanentes violaciones a los derechos humanos, los crímenes de estado contra las ciudadanos y las comunidades y el manto de impunidad que con la ley de justicia y paz se tiende sobre las victimas, demuestra que en la política de seguridad democrática se esconde el rostro de la tiranía, del autoritarismos y el terrorismo de estado.
Una ve más, se deja ver la intolerancia política de este gobierno, que haciendo uso de la represión, quiera acallar miles de voces inconformes. Hasta el momento, son varios los heridos por las balas de la fuerza pública
y más de veinte los detenidos.
En tal sentido, nos unimos al reclamo de varias organizaciones para exigir del gobierno el reconocimiento de la protesta social como un acto legítimo de las comunidades para sentar su voz de protesta y fijar posturas políticas frente a problemas estructurales que afectan y agudizaran las condiciones de vida de las mismas.
Exigimos la presencia de los organismos de control, para permitir el ingreso del personal medico para atender los heridos. De igual forma, exigimos la presencia de los organismos de derechos humanos para que garanticen el pleno respeto de estos derechos para las comunidades.
Asociación Campesina de Antioquia
A.C.A
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Cerca de diez mil campesinos marchan hacia Villavicencio. Si no hay soluciones marcharán hasta Bogotá
Comisión de alto nivel gubernamental hasta las veredas de Puerto Toledo o Santa Lucía en el municipio de Puerto Rico, departamento del Meta, han solicitado los más de nueve mil campesinos que se encuentran, desde el pasado 28 de abril en una Ronda de Resistencia Civil en la vereda Caño Danta, municipio de Puerto Rico, departamento del Meta.
La Ronda liderada por las Juntas de Acción Comunal de la región y la Asociación de Agricultores (AGROGUEJAR), es una iniciativa de las comunidades campesinas que exigen la instalación de una mesa de concertación donde participe el Gobierno Nacional, la comunidad internacional y los representantes de estas comunidades, para convenir soluciones a los problemas que padecen como consecuencia del abandono del Estado y de las graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Y es que no es para más. En lo corrido del 2006 se han presentado más de seis asesinatos, 19 desapariciones forzadas y nueve detenciones arbitrarias de pobladores de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico; corregimiento de Villa La Paz, municipio de Puerto Lleras; corregimiento de Santo Domingo municipio de Vistahermosa y caserío de Matabambú municipio de Puerto Lleras en desarrollo de la estrategia militar encubierta en que participan efectivos del Batallón de Contraguerrilla No. 42 “Héroes de Barbacoas” y No. 40 “Héroes del Santuario” de la Móvil No. 4 y unidades militares de la Brigada Móvil Nº 2.
Erradicación manual
Estos hechos se han incrementado desde el pasado 12 de abril, a raíz de un operativo de erradicación contratada y fumigaciones indiscriminadas en tres de los municipios de la cuenca: Puerto Lleras, Puerto Rico y Vistahermosa. No obstante estas acciones se realizan a pesar de la voluntad que han manifestado los pobladores de esta región, de desvincularse voluntariamente del monocultivo ilícito y de la economía que éste genera, siempre y cuando existan alternativas de subsistencia otorgadas por el Estado colombiano. Prueba de ello es que dichos campesinos adelantan desde el 2004, con recursos propios y sin ayuda estatal un programa de autogestión y sostenibilidad.
Héctor Torres coordinador de derechos humanos del Bajo Ariari, manifiesta que es urgente instalar una mesa de trabajo, en la cual se discuta el pliego de 12 puntos elaborado por las comunidades, entregado el pasado 20 de septiembre de 2005 a la Secretaria de Gobierno de la Gobernación del Departamento
del Meta, del cual nunca se obtuvo
respuesta.
Dentro de las principales solicitudes de dicho pliego, se encuentran la del retiro inmediato de los grupos paramilitares, la suspensión inmediata y definitiva de las fumigaciones con glifosato y el no uso de otros mecanismos diferentes a la erradicación manual concertada y la creación de una Comisión Permanente de Acompañamiento Humanitario y Verificación de los Derechos Humanos y el D.I.H, entre otros.
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Nos ignoran, nos matan de hambre y nos asesinan
[ 05/17/2006] [ ] [ Autor: Marchante de las comunidades de Nariño]
Nasaacin
Mayo 16 de 2006, 4:51 p.m.
REPORTE EN LA MARCHA DEL SECTOR DE REMOLINO VIA PANAMERICANA NARIÑO.
Asesinadas tres personas y cinco heridos por disparos de bala de la fuerza pública.
Los heridos son:
Dagoberto Mestre de la Vereda Nulpi
Jose Egas del corregimiento de Sidon
Luis Bayardo Rosero del corregimiento de Santacruz
Leonel NN de Santa Rosa
y Luis NN de Sidon
Estas personas provienen de Cumbitara y Policarpa.
HAY POLICIAS EN LOS ÁRBOLES DISPARANDOLE A LA POBLACIÒN CIVIL Y POLICIAS SIN UNIFORME CON GALIL AL ESTILO FRANCOTIRADORES.
La responsabilidad cae sobre el Presidente de la República quien ordenó disolver la movilización a toda costa. Es evidente el uso desproporcionado de fuerza y la intencion de asesinar personas inermes.
HACEMOS UN LLAMADO A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES PARA QUE RECONOZCAN QUE LA SITUACION EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO ESTA DIRECTAMENTE LIGADA CON LA MANERA INCONSULTA COMO SE HAN DESARROLLADO LASACCIONES DE ERRADICACION Y Y FUMIGACION, SIN PROPORCIONAR ALTERNATIVAS DE VIDA A UNA POBLACION QUE SÓLO HASTA AHORA CUANDO LA REPRIMEN Y LA ASESINAN SE DAN CUENTA QUE EXISTE. TUVIMOS QUE SALIR A LA PANAMERICANA PARA SER VISIBLES LO DOLOROSO, ES QUE DEJAMOS NUESTRA SANGRE Y EL RESENTIMIENTO PORQUE A LOS QUE VERDADERAMENTE SE ESTAN ENRIQUECIEDO CON SU NECESIDAD SE LES PREMIA Y SE LES HALAGA COMO HEROES NACIONALES.
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Los Cabildos Mayores del Río Sinú y Río Verde, rechazamos la represión del Gobierno a las Comunidades concentradas en la Panamericana.
rechazamos la represión del Gobierno de Uribe a la Cumbre de Organizaciones Sociales que se movilizan en la vía panamericana y la negación de los escenarios de expresión de la lucha popular.
la represión sobre las organizaciones sociales y autoridades indígenas concentradas en la María, Piendamó, Florida, Nariño, nuevamente nos demuestran la incapacidad de este gobierno para resistir el debate publico y la evaluación de la gestión de los acuerdos y compromisos del estado con las comunidades indígenas.
la ausencia de un política real y concreta para resolver las necesidades territoriales, sociales, económicas y culturales de nuestros pueblos se esconde tras el autoritario ejercicio de la fuerza publica sobre la población que pregunta por el cumplimiento de ya viejos compromisos logrados en los mismos escenarios de lucha y reivindicación durante varios gobiernos.
no hay democracia si el estado no cumple con la palabra dada, con la obligación legal que se define en cada compromiso firmado. exigimos cumplimiento a todos los compromisos acordados con las diferentes organizaciones y autoridades indígenas y la disposición de inversión social. no mas gasto publico en represión, inversión para la realización de los derechos fundamentales de los pueblos.
acompañamos la cumbre de organizaciones sociales y autoridades indígenas contra la imposición de megaproyectos en territorios étnicos que lesionan nuestros derechos colectivos y el derecho a una vida digna como pueblos.
sumamos a la exigencia de una consulta popular sobre el TLC, nos unimos al reclamo en conjunto de una paz con verdad, justicia y reparación, reivindicamos junto con los demás pueblos en marcha la vigencia histórica de los derechos colectivos de nuestros pueblos e invitamos al país entero a construir democracia y libertad.
Tierralta (Córdoba), 16 de mayo del 2006.
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18 de Mayo de 2006
Se agita el panorama laboral por ola de paros y protestas
Sindicatos de bancos que discuten pliegos y trabajadores del Estado anunciaron que se sumarían a las huelgas de empleados de la rama judicial.
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, el clima laboral se agrava.
A las huelgas decretadas ya en los sectores carbonífero y bananero, a la parálisis de la rama judicial y las protestas de los indígenas en el Cauca, se podrían sumar una operación reglamento del sector bancario y una protesta general de los trabajadores estatales.
Esto sin contar las manifestaciones que nuevamente harán hoy las universidades públicas, en las que los docentes y trabajadores reclamarán por mejoras en los salarios y en los presupuestos de esos entes.
En varios sectores, la reclamación común es la misma: la mejora en los salarios, así como el inconformismo por la indiferencia del Gobierno a las reclamaciones sindicales.
Para empezar, los primeros en decretar las huelgas afectan a dos de los sectores exportadores más importantes del país: carbón y banano.
Ayer desde las 8:30 de la mañana los trabajadores de Carbones de la Jagua iniciaron el cese de actividades. Son cerca de 300 empleados los que realizan este paro de labores lo que afectará la producción del mineral.
Las peticiones del sindicato se centran principalmente en un incremento salarial cercano al 10 por ciento y mejoras de las condiciones sociales y laborales, especialmente en programas de transporte y salud.
Otra de las empresas donde ya fue decretada la huelga es la Drummond, que tiene una producción anual de 20 millones de toneladas de carbón. En estos momentos se está pendiente de que los trabajadores sindicalizados decreten la hora cero para el inicio del cese de labores. El pliego de peticiones del sindicato incluye un aumento salarial y de los auxilios por encima de la inflación y mejoras en programas sociales, especialmente de salud ocupacional. Son 1.880 los trabajadores que dejarán de laborar por cuenta del paro.
En Prodeco, empresa del sector minero, también fue votada la huelga. Serían cerca de 100 los trabajadores que entrarían en el cese de labores. Las solicitudes se concentraron en aumentos salariales por encima de la inflación y en mejoras laborales.
En el sector bananero fue votada la huelga, de ahí que 16.000 trabajadores de 317 fincas del Urabá antioqueño participarán en el cese de labores, cuya hora cero no ha sido definido. Al cierre de esta edición las empresas del sector bananero y Sintrainagro estaban reunidas para tratar de llegar a acuerdos que permitan que no se decrete la hora cero. Los bananeros solicitaron en su pliego de peticiones un incremento salarial del 10 por ciento para el primer año de vigencia de la convención colectiva, la cual fue rechazada por los empresarios, que argumentaron que por los efectos de la revaluación del peso no están en condiciones de hacer dicho ajuste y propusieron realizar el aumento en el segundo año de vigencia de la convención colectiva.
Los trabajadores no tuvieron en cuenta este argumento, pues en 2005 la producción de banano en Urabá fue de 63 millones de cajas exportadas con un incremento de 29,1 por ciento y el precio promedio de venta de fruta fue de 5,22 dólares.
En el caso de Ecopetrol, la situación es más compleja porque los tres sindicatos: Adeco, USO y Sidispetrol, presentaron pliegos simultáneamente. Los directivos de la petrolera están a la espera de que el Ministerio de Protección responda una consulta realizada sobre cómo negociar con los sindicatos.
En lo que toca a los trabajadores del sector bancario, son varias las inconformidades. La ‘gota que rebozó la copa’ fue el anuncio del Gobierno de poner en venta el Granbanco Bancafé, hecho que se suma a las fusiones que se han dado en el sector financiero en general.
“Hay reestructuraciones en general, hay subcontrataciones que han provocado despidos en todo el sector y además en algunas bancos hay una violación al derecho a la asociación”, dijo Nelson Caballero, presidente de Adeban, una de las organizaciones sindicales del sector financiero.
Lo cierto es que aunque hay descontento general y se ha hablado de la realización de una operación reglamento, que es una especie de operación tortuga, las directivas de las diferentes agremiaciones sindicales del sector no han definido una hora cero.
‘No estamos obligados por las Farc’
Al tiempo que los indígenas del Cauca siguen en protesta, rechazaron las afirmaciones del ministro del Interior, Sabas Pretelt de La Vega, en el sentido que las Farc estarían incitando las movilizaciones en esa parte del país.
A través de un comunicado, la Organización Indígena Colombiana (Onic) señaló que la minoría étnica, en conjunto con la negra y algunas asociaciones campesinas, convocaron de forma autónoma y legítima la protesta.
Las reclamaciones son de todo tipo. En contra de la firma del TLC, de la reelección del presidente Uribe, reclaman por la extinción de dominio, por mejoras en la educación, en la salud e indemnizaciones por obras de infraestructura en territorios indígenas, entre muchas otras.
Se estima que son unos 15.000 indígenas del Cauca que bloquean la vía Panamericana desde el martes.
Ayer cinco ciudades del país fueron el escenario de marchas de los trabajadores judiciales
Ayer la huelga de cerca de 38.000 trabajadores de la rama judicial del país vivió una de las jornadas más álgidas.
Se realizaron marchas en las cinco principales ciudades del país y se bloquearon las calles del centro de Bogotá, así como el sistema de transporte masivo, TransMilenio.
Al cierre de esta edición, y después que los magistrados de las altas cortes lo solicitaran, el Gobierno se encontraba reunido con los trabajadores para negociar un posible acuerdo.
Se estima que la protesta represa unos 1.700 procesos diarios en los juzgados, lo que genera pérdidas por unos 4.000 millones de pesos, y afecta la reclamación de cadáveres en Medicina Legal.
En las marchas participaron unos 38.000 empleados. Ellos reclaman al Gobierno el cumplimiento de un acuerdo de ajuste salarial, cuya diferencia es de unos 30.000 millones de pesos. Las exigencias de los trabajadores suman unos 80.000 millones y el Gobierno ofrece unos 50.000 millones.
Ellos piden que el pacto acoja sus aspiraciones y entre en vigencia este año y no en 2007, como lo plantea el Gobierno.
“Las diferencias son por razones presupuestales, creemos que hay que empezar a hacer el ajuste en 2007 y ellos piden que sea en 2006, pero ya no hay espacio fiscal”, señaló ayer el ministro de Interior, Sabas Pretelt, en las horas del día cuando se realizaban las marchas.
Cerca de 3.000 trabajadores bloquearon ayer las calles del centro de Bogotá por las marchas”.
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Diario El Tiempo Bogotá
Mayo 18 de 2006
Tregua en la vía Panamericana se rompió por ausencia de los delegados del Gobierno
Los indígenas permitieron el tránsito por la vía Panamericana a la altura de La María (Cauca) por seis horas: de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Esta tregua fue rota cuando los indígenas caucanos supieron que el ministro del Interior, Sabas Pretelt, no se haría presente para escucharlos.
A la misma hora, a unos 200 kilómetros hacia el sur, en Nariño, seguía la tensión de los cultivadores de coca que esperan a los lados de la carretera. Las dos movilizaciones dejan un muerto y al menos 80 lesionados, entre ellos 9 policías.
En el primer sitio, los indígenas intentaron quemar un camión, pero fueron dispersados por la Fuerza Pública con gases lacrimógenos. La seguridad en la Panamericana, tanto en Cauca como en Nariño, fue reforzada con personal militar llegado de Bogotá.
Unos 3.000 carros que estaban represados entre Cali y Popayán aprovecharon el corto receso para seguir hacia sus sitios de destino. Pero en la tarde de nuevo había filas de vehículos esperando paso.
Aparicio Ríos, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), dijo que la toma continuará si el Gobierno persiste en mantener el incumplimiento de los acuerdos sobre entrega de tierras de hace siete años. Ahora también se protesta por la firma del TLC y se rechaza la reelección presidencial.
Según Ríos, la Panamericana sólo se destaparía si el Gobierno autoriza 28.000 cupos estudiantiles y la creación del Fosiga Indígena.
Y otros líderes del movimiento aseguran que van a quedarse en la carretera hasta las elecciones presidenciales, a finales de mes. La Policía, entre tanto, dice que la orden es desalojar y que hay grabaciones que comprueban la supuesta infiltración de la guerrilla en la marcha indígena.
Mientras tanto, una comisión de la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas revisa las denuncias sobre violencia oficial.
El Cric asegura que el puesto de salud de La María fue atacado por helicópteros militares y que la Fuerza Pública ha usado armas de fuego en contra de la gente.
Ayer, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos les recordó al Ejército y a la Policía la obligación de medir el uso de la fuerza en la represión de las marchas, al tiempo que llamó a los que protestan a no perder de vista que “el reclamo de sus aspiraciones e intereses no justifica en caso alguno el uso de la violencia”.