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Hay dos avasallamientos de tierras en Guarayos

Conflicto. Predios de Luis del Río y de la colonia menonita Villa Cariño están ocupadas. Hay un tercero que reclama las posesiones, pero cuestionan la validez de sus documentos. Se pide la intervención policial

En el municipio de El Puente, provincia Guarayos, hay dos conflictos de tierras muy serios. Por un lado está el avasallamiento de 68 familias de campesinos de San Julián y de algunos núcleos de Brecha Casarabe, que han afectado parte de las 2.000 ha de la propiedad 29 de Junio, de Luis del Río, ex presidente de Cotas.
Por el otro, está el avasallamiento del fundo rústico de la colonia menonita Villa Cariño, efectuado por dos sindicatos agrarios, Montenegro y 24 de Septiembre, y de Jorge Andrés Moreno, que ha tomado una parte de la colonia menonita porque asegura le pertenece. (Reclama 3.000 ha).
En el primer caso, los campesinos que han construido sus chozas en la tierra de Del Río, ayer manifestaron que no se irán, ya que argumentan que estas posesiones aún continúan en poder del Estado y que los papeles que el sábado les entregó el administrador, Luis Rivero Suárez, cuando se presentó una comisión compuesta por la Subprefectura de Guarayos y el fiscal Adán Arteaga, son ilegales.
Anoche Rivero aseguró que los papeles son legales y que mañana solicitarán a la Prefectura un amparo para que se ordene la movilización de la Policía para proceder con el desalojo, tal como públicamente se comprometiera el vicepresidente, Álvaro García Linera, ya que el Gobierno no ha establecido las propiedades que serán afectadas con recortes y tampoco hay la orden de distribuir tierras.
Los campesinos se identifican como militantes del MAS, en el lugar izaron una bandena nacional y otras dos más pequeñas de ese movimiento político.
En el segundo caso, Isaac Reimer y Enrique Doerksen, dos de los dirigentes de la colonia menonita Villa Cariño, denunciaron que hace tres semanas, Jorge Andrés Moreno Salvador entró con gente y se asentó en una parte de la propiedad de estos colonos. Indicaron que es la tercera vez que lo hace, ya que la primera fue en el año 2001 con el sindicato Montenegro y luego con el sindicato 24 de Septiembre. Los menonitas afectados con este nuevo avasallamiento mostraron sus documentos avalados por el INRA, Derechos Reales y el Instituto Geográfico Militar. Se quejaron porque las autoridades no hacen cumplir la orden de desalojo que les otorgó la ley.
Por su parte, Jorge Moreno Salvador aseguró que más bien son los menonitas los que han avasallado sus tierras junto con los otros dos sindicatos. Dijo que el Gobierno en 2001 (gobernaba el Acuerdo Patriótico), le quitó 70.000 ha para la ampliación del Parque Nacional Amboró y en compensación le entregó 11.000 ha en Guarayos. Expuso una resolución firmada por el ex ministro Moisés Jarmuz y un informe del asesor legal del ministerio de la Presidencia que le pasó al ex ministro José Guillermo Justiniano. Moreno dijo que tiene también orden de desalojo.
El abogado de los menonitas, Claudio Jiménez, afirmó que en el Gobierno no existe esa resolución ministerial y que tampoco se elaboró ningún decreto que instruya esa supuesta compensación.
Jiménez sostuvo que hay una solicitud gubernamental para que el director del INRA de Santa Cruz denuncie el caso ante el Ministerio Público para que investigue.

El Gobierno garantiza toda propiedad legal

El director general de Tierras, Bienvenido Sacu, dijo estar interesado en que este conflicto se resuelva puesto que la denuncia llegó al Gobierno.
Indicó que se está consensuando las propuestas de decreto del Gobierno con los sectores sociales, y que hay la intención de garantizar las propiedades legales, tanto de los productores agropecuarios como de los campesinos y de las Tierras Comunitarias de Origen. “Las que son legales no tendrán problemas, pero no garantizamos a los que acapararon ilegalmente la tierra, de eso hay muchos casos en Guarayos”, expresó.