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CONFLICTOS | Una comisión técnica realizará una inspección ocular de la “zona roja”. Temen enfrentamientos
El INRA confirma 5 asentamientos ilegales en la zona de Guarayos
Santa Cruz | El Deber.- Se expanden los focos de asentamientos ilegales en Guarayos. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) confirmó ayer que existen cinco potenciales conflictos en el municipio El Puente de la provincia Guarayos, razón por la cual hoy prevén enviar una comisión técnica para reiniciar las pericias de campo en la denominada “zona roja” que abarca más de 30 mil hectáreas.
Las propiedades “tomadas” fueron identificadas como Claudia, Rancho Nuevo, Rancho Chico, 29 de Junio y la colonia menonita Villa Cariño. Ante esa situación, los personeros técnicos del INRA tienen como misión determinar si esas tierras fueron saneadas legalmente o ver la posibilidad de un posible “arreglo pacífico” entre las partes.
Dionisio Rivas Brito, director del INRA Santa Cruz, expresó ayer su preocupación por los potenciales conflictos en el tema tierras y que pueden derivar en enfrentamientos si es que no se agiliza el proceso de saneamiento en el departamento.
“Cuando hay estos problemas, el INRA no necesariamente solicita una intervención policial. Hay un procedimiento que establece primero dar una correcta información a las partes sobre el estado actual del proceso de saneamiento o, en su caso, se hace un proceso de conciliación entre ambos. En verdad, hay una alta conflictividad en esa zona y por ello enviaremos una comisión para hacer una inspección ocular del área, pero antes no podemos solicitar ninguna intervención violenta”, indicó.
Consultado sobre el proceso de saneamiento en la zona, adelantó que hay propiedades en las que se continúa realizando los trabajos, pero el accionar de los peritos se centrará en las 30 mil hectáreas en conflicto.
“He dictado una resolución para reiniciar las pericias de campo y aunque no tenemos presupuesto vamos a hacerlo. La propiedad 29 de Junio del empresario Luis del Río y la colonia menonita Villa Cariño que están colindantes con las otras tres propiedades serán sometidas también a una evaluación pormenorizada. Si la situación se torna muy grave entonces se puede disponer el desalojo”, agregó.
Gobierno da garantías
Por su lado, el prefecto del departamento, Rubén Costas, enfatizó que el vicepresidente Álvaro García Linera se comprometió a hacer cumplir la ley para evitar posteriores tomas de tierras.
“Eso es rol del Estado, del Ministro de Defensa. En nuestro caso, cumpliremos el rol que nos asigna la ley y lo que es nuestra competencia. Se va a desalojar a los ocupantes ilegales cuando se cumplan las normas, cuando haya la parte judicial, cuando se nos dé luz verde para que procedamos, sin embargo, no dudaremos para agilizarlo”, aseveró.
En oportunidad de participar de “El Día de la Tradición Cruceña” el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, anunció una férrea defensa de los latifundistas improductivos que acapararon la tierra en el oriente boliviano, según la agencia ABI.
“Podrá parecerles que debería hablar directamente del tema tierras, de la defensa de nuestras selvas, de evitar los avasallamientos, de descubrir los dobles discursos y desenmascarar a los hipócritas”, dijo.
“Defenderemos a ultranza lo que nos pertenece, que nadie nos ha regalado nada y nadie tiene por qué atreverse a usurpar lo que por legalidad y legitimidad nos corresponde”, agregó Costas, según informó la Prefectura de ese departamento.
Mientras tanto, el presidente de la República, Evo Morales, en declaraciones a la agencia ABI, señaló que su Gobierno aplicará estrictamente el artículo 167 de la Constitución Política del Estado, donde se prohíbe el latifundio en el país. Ese artículo de la Carta Magna señala que “el Estado no reconoce el latifundio”, pero garantiza, al mismo tiempo, “la existencia de las propiedades comunitarias, cooperativas y privadas”.
El Jefe de Estado dijo que a pesar de la prohibición constitucional de esa figura de tenencia de la tierra, existe en el país una gran cantidad de tierra improductiva.
ALGUNOS DATOS
El Gobierno aseguró que existen 2 millones de tierras certificadas como fiscales disponibles y 4 millones de tierras fiscales en proceso de saneamiento.
El director gubernamental de TCO, Bienvenido Sacu, informó de que el INRA presentará un diagnóstico el miércoles que revelará los morosos y costosos procedimientos de saneamiento.
Los grandes latifundios, tierras ociosas, tierras de engorde o fraudulentamente adquiridas tendrían una deuda de Bs 77 millones por impuestos evadidos.
Abren debate en un clima tenso
La Paz | Anf.- El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Rural, abrirá este miércoles en Santa Cruz el debate sobre la tierra, precedido por un ambiente hostil conformado por bloques regionales y empresariales agropecuarios que anticiparon su rechazo a la propuesta de revertir latifundios de dudosa propiedad para distribuir a pueblos indígenas y comunidades originarias.
El Gobierno propuso un paquete de disposiciones jurídicas a través de decretos supremos y una reforma a la Ley INRA para hacer operativo el proceso de reversión y saneamiento de por lo menos 10 millones de hectáreas que, según el viceministro de Tierras Alejando Almaraz, tienen uso especulativo, sin precisar los lugares exactos.
El argumento principal del Gobierno es que la concentración de la tierra en pocas manos, sobre todo en el oriente boliviano, significó la negación de derechos de los pueblos indígenas y un insalvable obstáculo para dar oportunidad de desarrollo sostenido y armónico de acuerdo a las características ecológicas, además de significar una reivindicación histórica de sectores campesinos e indígenas.
El presidente Evo Morales quiere implantar el principio de equidad y productividad social sostenible en la tenencia de la tierra, mediante la aplicación de un mecanismo rápido y masivo de redistribución de la tierra en beneficio de los que necesitan y menos tienen.
La Confederación Agropecuaria Nacional se reunió de emergencia el viernes en Trinidad, donde advirtió que la redistribución planteada por Morales puede generar una escalada de violencia por la actitud de defensa que asumirán los actuales propietarios ante posibles avasallamientos de parte de gente del occidente a las tierras productivas.