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Martes 23 de mayo de 2006
Magdalena Gómez
La Jornada
Hoy está claro que en la zona de Texcoco y San Salvador Atenco tanto los sucesos del 3 de mayo como los del día siguiente fueron planeados desde el Estado. Todas las maniobras para asentar que los ” agresores”, y ahora presuntos delincuentes, fueron algunos integrantes del Frente en Defensa de la Tierra, se han volcado para apuntar que más bien les tendieron una trampa, cuyo desenlace fue el operativo de arrasamiento contra la población aplicado por las policías estatal del estado de México y la Federal Preventiva.
RESULTA SORPRENDENTE COMO se han movido los promotores y perpretadores de la violencia del 4 de mayo; algunos intentan rectificar o más bien tender una cortina de humo señalando, como hacen algunos medios televisivos, que repudiaban la agresión a un policía el 3 de mayo, pero se deslindan y hasta “cuestionan” los “excesos y abusos” del día siguiente, sin asumir que contribuyeron a justificar la bárbara intervención policiaca que su linchamiento mediático alimentó: una lógica de todo se vale en la policía y en sus mandos.
Estos días han aparecido cada vez con más fuerza evidencias de la grave responsabilidad del Estado y de la necesidad de investigar y juzgar a quienes cometieron diversos delitos, todo graves: asesinato de un joven, otro en estado de coma, violaciones a una treintena de mujeres, además de los inherentes al uso desproporcionado de la fuerza pública. Sin embargo, en todos los casos la respuesta es la descalificación: ante el video que el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos presentó con testimonios incriminatorios de tres policías, los mandos de la PFP se burlan y acusan de falsedad a la vez que pretenden intimidar al centro referido, señalando, como hizo Miguel Angel Yunes, que siempre “han estado con los grupos violentos”. Las viejas y no tan viejas tesis de que defender derechos humanos es defender delincuentes han vuelto por sus fueros. Al Centro Pro le piden declaraciones ministeriales de los policías que dieron el testimonio y a las mujeres violadas les piden que “presenten pruebas”.
Mientras tanto, a quienes están sujetos a proceso, los que fueron agredidos, los pretenden juzgar por los sucesos de enfrentamiento del 3 de mayo. Para la justicia penal el 4 de mayo no existe; la forma en que fueron sacados de sus casas y trasladados al penal de Santiaguito no es materia de investigación, mucho menos las violaciones que se realizaron en el largo trayecto.
La decisión judicial de liberar a unos pocos, darles derecho a fianza a otros y fincar responsabilidades a otros más nos habla de una cadena de intimidación contra todo el movimiento de Atenco; está en marcha la vieja estrategia de “sacarle el agua al pez”.
La cuestión es que ya no es sostenible la postura reduccionista de las autoridades; el conflicto ha crecido y cada día diversos organismos y espacios internacionales se suman al reclamo de una investigación a fondo de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas políciacas. De manera destacada, las violaciones a mujeres han provocado el más amplio repudio. Nuevamente el tema de derechos humanos cobra radicalidad y beligerancia y aglutina a los más heterogéneos espacios, igual a Amnistía Internacional que al Alto Comisionado de Naciones Unidas o a la propia Unión Europea. En una veintena de países hay ciudadanos ligados a la otra campaña exigiendo justicia y presionando a sus gobiernos para que lo hagan.
El gobierno foxista no puede sostener la política del avestruz ni eludir la aplicación de la ley para los responsables de los delitos tan ampliamente denunciados, cuyas evidencias son inocultables; no puede inaugurar la presidencia del nuevo espacio de derechos humanos en la ONU con la cauda de impunidad que sembró en Atenco. Resulta grotesco que se hable de que los policías “violaron reglamentos”. Los tiempos actuales no permitirán que estos delitos queden impunes como sucedió con los cometidos en 1968, en 1971 y en los años de la guerra sucia. Urgen medidas de fondo; además de las investigaciones del Ministerio Público, se deben anular las expulsiones a las mujeres originarias de otros países, tanto a las europeas como a Valentina Palma, quien debe regresar a nuestro país al igual que Mario Aguirre, porque aquí está su casa.
El gobierno que pregonó “el cambio” está llegando a su fin con las muestras de los peores tiempos del priísmo y ello no es casual, pues los operadores policiacos provienen de esa experiencia y están actuando con los mismos métodos.
Todo apunta a que la llamada “elección de Estado” que pretenden imponer tiene componentes que van más allá de la promoción del voto del miedo; también quieren amedrentar a los movimientos que tienen una amplia agenda de agravios por los efectos de la continuidad de las políticas neoliberales. Están jugando con fuego al tocar fibras tan sensibles como la relativa al respeto a los derechos humanos, que sería el mínimo indispensable para acreditar a un régimen democrático.