Imprimir
Pablo Heller
28 de mayo de 2006
La rebelión popular que se desató en Haití, en repudio al fraude electoral, no sólo puso nerviosa a la ONU sino también al propio candidato ganador. “En su primer encuentro con la prensa, el 22 de febrero, el nuevo jefe de Estado confesó que se encuentra asustado (¡!) de ver la pasión levantada por la campaña presidencial, la elección de un Presidente y las esperanzas que la población ha puesto en este Presidente” (Alter Presse, 25/2). En sintonía con ello, Preval ha esquivado cualquier compromiso preciso con respecto a las demandas populares, pero, en cambio, ha sido muy explícito en sus señales con relación a los factores de poder.
Un punto crucial está referido a la ocupación militar. Preval “cree que las fuerzas de ocupación de la ONU deberían quedarse mientras sea necesario”, algo que entra en colisión con el reclamo que viene haciendo Lavalas (el partido de Aristide, que es la mayor organización política del país, apoyada por los nucleamientos y grupos armados organizados en los barrios que fueron los protagonistas del levantamiento popular). La realidad es que Preval rompió hace mucho tiempo con Aristide y ha formado su propio partido, L’Espwa (La Esperanza). Por eso su “prudencia” respecto de un eventual regreso de Aristide (Alter Presse, 5/3).
El abrumador triunfo de Preval es la manifestación más rotunda del fracaso de la ocupación. Con la presencia de las “fuerzas de paz”, la represión, el hambre, los asesinatos y la prostitución infantil (la “nueva esclavitud” en Haití) crecieron geométricamente. El partido Lavalas se convirtió en el blanco principal de una campaña que perseguía diezmarlo. El plan avanzaba, luego, en elecciones amañadas. La ocupación militar continuaría como resultado de la “voluntad de las autoridades legítimamente constituidas”.
Este propósito debió ser replanteado a la luz del nuevo escenario. Preval procura explotar el peligro de que un retiro prematuro de las tropas traiga aparejado que el país nuevamente quede a merced de las bandas armadas de derecha. En los días que terminaron con la caída de Aristide, esas camarillas se adueñaron del país. Haití carece de ejército y de fuerzas armadas, y la policía es un organismo sin capacidad para imponer su autoridad, que en muchos casos actúa en complicidad con las bandas de características parapoliciales. La permanencia de las tropas, esta vez por pedido de Preval, pretende ser exhibida como un mal menor.
En este marco, cobra una importancia inusitada el planteo de una alternativa político-militar. Está planteada la tarea de organizar una milicia ciudadana por parte de las organizaciones representativas de los trabajadores y el pueblo, organizaciones populares de lucha y defensoras de los derechos humanos. Esta fuerza armada obrera y popular pondría a fin a las tropas de ocupación.
La continuidad de las tropas extranjeras, importa destacarlo, está al servicio de asegurar una corriente de inversiones capitalistas que, si bien es incipiente, ha arrancado tiempo atrás, desde la época del gobierno de Aristide. Coincidente con la ocupación militar, se puso en marcha el Marco de Cooperación Provisional (CCI, en francés) apadrinado, entre otros, por el Banco Mundial.
“La población haitiana se opuso en particular al programa de privatización de las fábricas de harina y cemento, además de las empresas telefónicas, de electricidad y los puertos” (Centro de Medios Independientes de Puerto Rico, “Elecciones en Haití”, 15/2). Aristide se fue adaptando a estas aspiraciones del capital, aunque debido a la presión popular no llevó estas tendencias hasta el final. Bajo su último mandato, abrió zonas francas, que a la par de brindar enormes beneficios y exenciones impositivas al capital, son un terreno fértil para la superexplotación de los trabajadores. Esto ha comenzado a atraer inversores, especialmente en el ramo textil, provenientes de la vecina República Dominicana. Esta zona franca es un complemento de la explotación inhumana que se viene haciendo de la mano obra haitiana dentro de las propias fronteras dominicanas, usufructuando la inmigración ilegal. Uno de los hechos más recientes con relación a esto es la muerte de 24 trabajadores que perecieron asfixiados cuando procuraban ingresar clandestinamente a República Dominicana.
El primer viaje de Preval ha sido precisamente al país vecino, donde dijo que respetará los acuerdos establecidos, lo que fue recibido con beneplácito por las autoridades y capitalistas locales. Aunque fracasó el operativo montado en vistas a condicionar a Preval y no hubo más remedio que aceptar su triunfo en la primera vuelta, el presidente electo dijo que está dispuesto a una política de compromiso. Habrá que ver si esto no es el preludio de un futuro gobierno de coalición. El “gobierno de coalición” es un conejo salido de la galera de Lula. Lula y su canciller, Celso Amorim, consultaron su propuesta con Kirchner y la Cancillería argentina. Entre todos, lograron que Condoleezza Rice la aceptara a regañadientes, ante el peligro de que la misión militar haitiana empezara a desintegrarse, como les ocurrió en Irak.
Lo que queda claro es que la agenda de los explotados haitianos no coincide con la de Preval. Organizaciones adictas al gobierno –el Movimiento Democrático Popular (Modep), la organización campesina Tet Kole y la asociación de jóvenes Sildarite Art Jen (SAJ)– “se oponen a la ocupación extranjera, que apunta a mantener el país bajo el yugo de las grandes potencias”; exigen “desligarse del Marco de Cooperación Provisional”, que ha sido, como indicamos, el vehículo para llevar adelante los planes neoliberales, y reclaman también una verdadera reforma agraria, “así como reformas profundas a nivel sanitario, de la Justicia y la Policía” (Alter Presse, 25/2). Todas estas cuestiones –afirman– “deben ser resueltas de manera autónoma”. Preval ha comenzado a abrir el paraguas y ha pasado “el mensaje de que ser Presidente de la República no permite abrir todas las puertas y que las acciones a emprender serán todas de manera condicionada” (ídem).
De cara a esta nueva etapa política que se abre, los trabajadores haitianos tienen que enarbolar su propia agenda, e impulsarla con sus propios métodos. La lucha por el retiro de las tropas y su reemplazo por una milicia ciudadana está estrechamente unida a la lucha por poner fin a la flexibilidad laboral y un salario acorde a la canasta familiar (los trabajadores también tenemos derecho a recibir muestra propia tajada de las leyes de promoción, zonas francas y recuperación económica que se proponen); por la confiscación de los terratenientes y la entrega de la tierra y crédito accesible a los campesinos que están dispuestos a trabajarla; por la puesta en marcha un plan de obras públicas, bajo control de los propios trabajadores, dirigido a dotar a la castigada Haití de educación, de centros sanitarios, de agua, de luz, de servicios esenciales de los que hoy el 80 por ciento de los haitianos, sumergidos por debajo de la línea de pobreza, carecen. Esta agenda supone la lucha conjunta con los trabajadores de la hermana República Dominicana.
Un acción común internacional de los explotados de ambos lados de la isla es fundamental para abrir nuevos horizontes y superar los límites insalvables –y que tempranamente ya se están poniendo en evidencia– de esta nueva tentativa liderada por el progresismo centroizquierdista caribeño.