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Desde el pasado fin de semana, tres alcaldías permanecen tomadas y este lunes fueron ocupadas otras dos, por simpatizantes de la APPO y pobladores que no tienen nada que ver con el conflicto magisterial.
Miembros de la APPO tienen cerradas las instalaciones del inmueble municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, población perteneciente a la Cuenca del Papaloapan, cerca de los límites con el estado de Veracruz, desde esta mañana y hasta las siete de la noche.
Este día también, miembros del ayuntamiento popular de San Blas Atempa, ubicado a un costado de Santo Domingo Tehuantepec, tomaron desde esta mañana el palacio municipal de ese lugar, en demanda de que se reconozca su forma de gobierno.
Mientras que las alcaldías permanecen tomadas desde el pasado fin de semana son las de San Miguel Chimalapas, la de la Villa de Zaachila, así como el edificio de gobierno ubicado en Ayutla Mixe, en la región de la Sierra Norte.
Los problemas que llevaron a las tomas de las alcaldías de San Miguel Chimalapas y de la Villa de Zaachila, no tienen relación con el conflicto magisterial, iniciado hace ya 45 días en la entidad, como el resto de las tomas que sí son en apoyo a los docentes.
En ambos casos, se trata de problemas entre los regidores que conforman los cabildos de los dos municipios con su respectivo presidente municipal. Además de tomar el palacio municipal de la Villa de Zaachila, pobladores de este último municipio tomaron también el Congreso del estado, en demanda de que sea destituido el presidente municipal de ese lugar, José Coronel Martínez.
Alrededor de las 14:30 horas, unos 100 vecinos de ese sitio, a bordo de moto taxis, cuya circulación es ilegal en la entidad, así como carros de alquiler, se apoderaron de las instalaciones del Congreso local y exigen ser recibidos por el presidente del mismo.
A lo largo del pasado fin de semana, los habitantes de Zaachila decidieron en asamblea desconocer a Coronel Martínez como alcalde, a quien acusan de malos manejos de los recursos públicos y actos de corrupción, y nombraron un Ayuntamiento Popular.
Después de cerrar la sede del Congreso, más de 200 trabajadores no pueden salir del inmueble, y esperan que las negociaciones entre los legisladores y los manifestantes avancen para que sea liberado el edificio.