Imprimir
Nota de Clajadep:
Vea como la noticia deja para el final a las comunidades indígenas tiskita y guaymí, así parece más una noticia ambiental que de intervención en territorios ancestrales, tierras hoy reducidas a “reservas”, o sea, en proceso de extinción. ¿Nos equivocamos o en alguna parte hemos leido que no hay comunidades originarias en los territorios controlados por el estado de Costa Rica?
Rechazan proyecto atunero en Costa Rica
SAN JOSE - Ecologistas, indígenas y comunidades del Golfo Dulce en el Pacífico Sur costarricense manifestaron el martes su oposición rotunda al desarrollo de un proyecto atunero que estiman provocaría un impacto social y ambiental negativo.
Con pancartas que decían “No a las granjas atuneras” se congregaron en un parque capitalino para levantar su voz y anunciar que ejercerán presión para eliminar la iniciativa.
“Es un proyecto experimental en el mundo que tiene una vida útil máxima de ocho años. Luego de que ya no sirven las aguas la empresa se va y deja a las comunidades con el mar sucio”, dijo la representante de la Fundación Vida Marina Denise Echeverría.
Los ambientalistas denunciaron que los sedimentos y excrementos de las granjas podrían contaminar la playa y afectar la salud pública.
La empresa Granjas Atuneras de Golfito S.A. presentó su estudio de Impacto Ambiental ante la Secretaría Técnica Ambiental el 31 de octubre del 2004 y esa entidad dio el aval el 19 de agosto de 2005.
El promotor de la iniciativa es el peruano Eduardo Velarde y cuenta con capital proveniente de inversionistas de España y Venezuela.
El proyecto comprendería en un inicio unas 10 jaulas para engorde de atún con una dimensión final de 22 metros de profundidad por 7,4 kilómetros de largo y 2,5 kilómetros de ancho.
“No hay un análisis de los riesgos. Por ejemplo se dice solamente que hay un proyecto de tortugas marinas pero no se considera que se liberan a unas 15.000 por año. Las tortuguitas podrían quedar atrapadas en las redes de las granjas y depredadas por los atunes”, señaló el vicepresidente del Programa Restauración de Tortugas Marinas, Jorge Ballestero.
Indicó que parece que los permisos otorgados representan “favores políticos e intereses extranjeros” sin involucrar al pueblo.
“Nunca llegaron a consultar. ¡Mentira! que se hicieron visitas”, denunció la presidenta de la Fundación Tiskita Mariana Espinach.
El líder de la comunidad Guaymí Rafael Bejarano compartió la misma inquietud y afirma que la iniciativa “desconoce nuestro territorio, nuestros derechos pues pescamos en esa zona marítima”.
Las granjas atuneras estarían ubicadas frente a dos reservas autóctonas que albergan unos 1.500 indígenas, a unos 300 kilómetros al sur de la capital.
Las organizaciones han interpuesto un recurso de amparo ante la Sala Constitucional y pedirán ayuda a la Defensoría de los Habitantes.