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Raquel Gutiérrez Aguilar · Dunia Mokrani
La realización de una Asamblea Constituyente es un evento político extraordinario en la vida de las naciones, a través del cual pueden ocurrir dos grandes sucesos: o se emprende una profunda reforma constitucional conservando, sin embargo, una serie de principios legales generales básicos; o bien se trastocan y modifican los nudos más densos del ordenamiento político de un país, se ponen en cuestionamiento los cimientos mismos del orden estatal que se refunda a sí mismo a través de la Constituyente. Esta disyuntiva ha resquebrajado el ambiente político boliviano durante cinco años y se encuentra, hoy, abierta en Bolivia
A comienzos del año 2001 en Bolivia se difundió un cartel en el cual, sobre una imagen difuminada de los “guerreros del agua” que sostienen una manta donde se lee “Asamblea Constituyente con todos los sectores sociales”, se asienta el siguiente texto: “sin intermediación partidaria para que el pueblo decida el país donde queremos vivir”.
El próximo 2 de julio se elegirán en ese país andino los 255 diputados a la Asamblea Constituyente que debe iniciar su trabajo el 6 de agosto. Esa Asamblea Constituyente, sin embargo, continúa “intermediada” por los partidos políticos y las agrupaciones ciudadanas formales y, junto al tema de “las autonomías”, se ha convertido en el nuevo eje de la confrontación política en la Bolivia del gobierno de Evo Morales. En las siguientes páginas revisaremos panorámicamente el especial momento que se abre en la sociedad boliviana a partir del 2 de julio, comenzando por sus antecedentes.
De dónde sale la exigencia de Asamblea Constituyente
Existen cuando menos dos antecedentes importantes a la exigencia popular de Asamblea Constituyente. Por un lado, desde la década de los 90 algunas organizaciones sociales de los pueblos originarios de Tierras Bajas comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma estatal a realizarse a través de una Asamblea Constituyente. Esto sucedía en medio de la ola de reformas constitucionales, auspiciadas en varios países de América Latina por organismos financieros internacionales, que introdujeron en el andamiaje legal básico el reconocimiento del “carácter multiétnico y pluricultural” de sus respectivas naciones. Reconocimiento constitucional y jurídico que, por otro lado, no tuvo mayores efectos (1).
El segundo y más potente empuje a la exigencia de Asamblea Constituyente ocurre tras la Guerra del Agua. Entre 2000 y 2001 en Cochabamba se vivió un interesante experimento de “control social” de la empresa de agua potable, SEMAPA, “recuperada” por la población movilizada a la trasnacional Bechtel. Durante casi un año se produjo en esa ciudad un gran esfuerzo de deliberación y organización colectivo para subordinar la dirección de SEMAPA a la decisión, intereses y necesidades de miles de ciudadanos agrupados en múltiples comités de agua potable, juntas vecinales y otros organismos territoriales y gremiales de base. En aquel entonces, una y otra vez las decisiones de las asambleas de vecinos sobre la mejor y más factible manera de resolver el problema del abastecimiento de agua en las zonas marginales de la ciudad, chocaron contra la estructura normativa municipal y contra el andamiaje institucional del Estado en medio del cual se desarrollaban las actividades de la empresa. Comenzó entonces a cundir un sencillo razonamiento que se volvió poco a poco sentido común: “si las leyes y las instituciones obstruyen y dificultan el cumplimiento de lo que es la decisión democrática de la población sobre un problema tan importante como el agua…, ¡hay que cambiar las leyes y las instituciones!”. En infinidad de reuniones y asambleas de barrio, se llegaba después de tal constatación a la pregunta: ¿Cómo se cambian las leyes y las instituciones? Y la respuesta que floreció fue: “a través de una Asamblea Constituyente (2)”.
Así pues, desde 2001 la idea de la necesidad de realizar una Asamblea Constituyente comienza a abrirse paso en el movimiento social boliviano. Dos rasgos de ese evento se fueron deliberando y aclarando en el tiempo, en medio de las grandes confrontaciones sociales que desgarraron al país: la asamblea constituyente debía, en primera, ser “fundacional y soberana”. En segunda, debía rebasar la camisa de fuerza de la estructura partidaria de la representación política abriendo paso a la participación y a la palabra de los múltiples y distintos sectores sociales organizados en una compleja constelación de instancias, juntas, comunidades, ayllus, asociaciones, sindicatos y federaciones sociales.
Durante los siguientes años, la exigencia de Asamblea Constituyente se fue generalizando a todo el país; tanto es así, que a partir de octubre de 2003, durante la “Guerra del Gas” que acarreó la caída del entonces presidente Sánchez de Lozada, las dos demandas principales del movimiento social boliviano quedan sintetizadas en “reapropiación social de los hidrocarburos” y “Asamblea Constituyente”.
En este marco, durante la gestión del presidente Carlos Meza (octubre 2003-junio 2005), se abre la discusión sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En 2004 se inaugura una oficina estatal para organizar la Constituyente y la discusión pública auspiciada desde ahí se centra en el carácter fundacional o no de dicho evento, opacándose el debate acerca de las formas de representación política legítimas en una sociedad como la boliviana, donde más del 60% de la población se auto-adscribe como indígena y, sobre todo, donde más del 80% de los habitantes están organizados en distintas asociaciones, comunidades, sindicatos, gremios, juntas vecinales, etc. que intervienen directamente en la solución de sus problemas colectivos y sus asuntos públicos.
Tras la llegada de Evo Morales al gobierno en enero de 2006, la primera medida política de gran impacto es la promulgación de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente (LCAC), ocurrida el 6 de marzo pasado. Relacionada con dicha ley se presenta asimismo la cuestión de las “autonomías departamentales”, cuya génesis reseñamos brevemente para completar este bosquejo de los antecedentes del escenario político actual.
Bolivia es un estado central y unitario, conformado por 9 departamentos cuya máxima autoridad política es un Prefecto que, hasta las elecciones de 2005, era designado directamente por el presidente del país. Bajo esta forma organizativa se agigantan los problemas, malestares y cuestionamientos que acarrea la “centralización” de las decisiones políticas principales, aun en estados federales. En el caso boliviano, la centralización ha sido denunciada como un mal estructural de la institucionalidad estatal, sobre todo por las elites terratenientes y agroindustriales de los departamentos del oriente y el norte del país: Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando.
A comienzos del año 2005 hubo en Santa Cruz una gran movilización auspiciada por el empresariado que, aprovechando como pretexto el alza en los precios internos del diesel que se utiliza para la agroindustria, denunciaba el “centralismo secante” y exigía “autonomía departamental”. Esto ocurría en medio de la gran división que por aquel entonces desgarraba al país entre quienes exigían la nacionalización de los hidrocarburos entregados a las transnacionales y quienes, más bien, defendían el status quo en virtud de sus importantes negocios de provisión de servicios a tales corporaciones extranjeras: una fracción del empresariado cruceño y tarijeño. En enero de 2005 la oligarquía del oriente del país organizó, pues, su propia movilización financiando un “paro departamental” y obligando a sus empleados a acudir a un Cabildo. Fue entonces cuando se estableció la “autonomía departamental” como bandera política de las regiones del oriente. Tal demanda de autonomía funciona a dos niveles. Por un lado, sirve de coartada para las elites, que se dotan de un “enemigo” a combatir y a partir del cual movilizar el apoyo popular: el centralismo. Por otro, tal dispositivo discursivo efectivamente recoge cierta sensación de malestar, muy extendida en las tierras bajas bolivianas, sobre el carácter conflictivo de los habitantes andinos y permite que fluyan y se exacerben las discrepancias que atraviesan a los sectores populares de estas dos regiones, en tanto los “cambas” suelen quejarse de la ambición hegemónica y el desprecio de “los andinos”.
La Ley de Convocatoria, el referéndum y un poco de aritmética
La Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente, promulgada el 6 de marzo pasado, estableció a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas y a los pueblos indígenas como las únicas instancias capaces de proponer diputados constituyentes (Art.7). Puesto que no existe una definición legal de lo que es un “pueblo indígena”, esto significó un dique a la aspiración de participación y representación política autónoma de una extensa parte de la sociedad boliviana. Además, en una ley conexa a la Convocatoria a Asamblea Constituyente, se estableció la “convocatoria a referéndum nacional vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales”. La pregunta que será a sometida a referéndum el próximo 2 de julio, al mismo tiempo que se elijan los diputados constituyentes, es la siguiente:
Art.4. Ley 3365: ¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas administrativas y los recursos económico-financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes (3)?
Más allá de la confusa redacción de la pregunta, es claro que de ganar el “sí” en algunos departamentos, sobre todo en el Oriente del país, los cambios institucionales derivables de tal decisión serían más parecidos a una descentralización político-administrativa acotada y caótica, que al establecimiento de regímenes autonómicos regionales o de una estructura federal en el marco de un Estado nacional diseñado de otra manera.
La intención de las oligarquías orientales organizadas en los distintos organismos y comités “cívicos” que pretenden asumir la representación política regional ha sido clara desde un inicio: quieren tener prerrogativas de decisión sobre los recursos naturales que se encuentran en sus regiones. Y esa disputa no queda zanjada a través del referéndum. La continuidad de los negocios extractivos de las transnacionales asociados de manera limitada y en clara relación de subordinación a las empresas constructoras y proveedoras de servicios de Santa Cruz y Tarija es lo que está en juego. Ese es el contenido que otorgan a la “demanda autonómica” que, con justa razón ha sido una y otra vez denunciada como “afán secesionista” tanto por el joven movimiento social regional como por los pueblos originarios de Tierras Bajas (4).
El gobierno del MAS, al admitir la pregunta sobre la autonomías departamental redactada de esta manera, en vez de asumir el problema real de la estructura central y unitaria del Estado boliviano y presentar alternativas políticas para ello, lo que ha hecho es quedar atrapado en los afanes separatistas del “discurso autonomista” cruceño. De ahí la confusa postura que el propio presidente Morales ha tenido en relación al tema: primero convocó a votar por el SI en el referéndum y ahora llama a la población a manifestarse por el NO. Aunque manifestarse por el NO, e incluso si el NO ganara en los departamentos de las tierras bajas, no resuelve el problema de una configuración estatal vertical y centralista, muy poco adecuada para la regulación de la vida social en regiones tan heterogéneas y diversas como existen en Bolivia.
Ahora bien, mencionamos arriba que en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente solamente se admitió la representación política a través de partidos y organizaciones formales. Unas cuantas consideraciones en torno a esto.
En las elecciones del 18 de diciembre pasado, dos fueron los principales actores políticos: el MAS de Evo Morales, que obtuvo el 54% de la preferencia electoral, y la organización ciudadana de derecha PODEMOS (Poder Democrático Social), que bordeó el 30% de los votos. En PODEMOS convergieron dirigentes y funcionarios de varios partidos tradicionales responsables de 20 años de neoliberalismo en Bolivia, en momentos en los que las estructuras partidarias más antiguas (MNR, MIR, ADN, MBL, UCS, UN), en tanto instancias de mediación, habían colapsado en sus esfuerzos de rearticulación política desde junio de 2005 (5).
Curiosamente, ahora, a través de la Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente, son justamente esos partidos tradicionales los que reaparecen como titulares válidos de la representación política –pues conservaron su registro, aun si no obtuvieron prácticamente ningún parlamentario en las elecciones últimas—. Por su parte, los voceros y figuras visibles de los múltiples movimientos sociales, o bien no están presentes –como es el caso, por ejemplo, de Oscar Olivera, vocero de la Coordinadora del Agua—, o bien. para lograr convertirse en candidatos a constituyentes, tienen que llegar a algún acuerdo con el MAS, con lo cual se desnaturaliza, o al menos se complica, su carácter de representantes autónomos de un determinado segmento social organizado y con capacidad de movilización.
Las únicas “agrupaciones ciudadanas” que en estos comicios tendrán representación nacional son dos: Concertación Nacional (CN) que agrupa los intereses de las iglesias evangélicas y TRADEPA donde se aglutinan jubilados de las fuerzas armadas. El esfuerzo que en marzo pasado hicieron diversos sectores y movimientos sociales por postular candidatos a diputados constituyentes a nivel nacional a través de la agrupación ciudadana MUSPA resultó inútil, pues dicha organización quedó excluida de la contienda mediante un argumento administrativo de corte burocrático. En el MUSPA (Movimiento Social Patriótico), agrupación nacional con registro formal, se habían aglutinado a nivel de varios departamentos, diversos representantes, voceros y militantes de múltiples movimientos sociales a fin de participar en la Constituyente. En abril pasado y después de haber sido inicialmente admitidos por la Corte Nacional Electoral, fueron descartados más de 150 candidatos provenientes de los movimientos sociales más representativos, mediante el argumento de que el MUSPA no presentó ante la Contraloría la “garantía” exigida en caso de no obtener la votación suficiente (6). De esta manera se descartó al bloque de representación política de la “izquierda autónoma” para la Constituyente. Esto es, se canceló cualquier representación popular por fuera del MAS. La única posibilidad de participación que les quedó a tales candidatos fue la aceptación de la mediación del partido gobernante. La mayoría prefirió quedarse afuera.
Además de las agrupaciones ciudadanas nacionales, existen diversas entidades de este mismo tipo a nivel departamental, sobre todo en las zonas del Oriente y de Oruro en el altiplano occidental. Entre ellas podemos mencionar, en Santa Cruz, Autonomía Social Integradora (ASI), Autonomía Para Bolivia (APB) , Movimiento de Acción Ciudadana (Maca); en Oruro, Movimiento San Felipe de Austria (MSFA), Movimiento Autónomo Regional (MAR), Alianza de Bases (Alba), Movimiento de Integración Boliviana (MIBOL). Todas estas agrupaciones, además de ser prácticamente desconocidas, se aglutinan en torno a propuestas que al ser locales no inciden en el ámbito de las decisiones políticas de fondo.
Finalmente, aun a nivel departamental, los candidatos a diputados constituyentes que no provienen de la estructura formal de los partidos han enfrentado enormes dificultades que en más ocasiones de las deseables han terminado inhibiendo la participación. Por ejemplo, en el nororiente del país, sobre todo en la región amazónica, hubo interesantes esfuerzos organizativos que no tuvieron éxito. Rosario Aquim, frustrada candidata a diputada constituyente por el departamento del Beni, dominado por empresarios madereros y propietarios de fincas, expresa así lo que sucedió:
“depuraron a la mala las listas de las agrupaciones ciudadanas más representativas de los intereses de los indígenas y campesinos del Beni, que son Cambio-Beni, de Carlos Navia, y Poder Amazonico Social (PASO), de Palmiro Soria. Dicen que porque la Corte Departamental en Trinidad está en manos de la ADN… Teníamos que aliarnos con algún partido tradicional, pero yo no quise (7)”.
Es relevante mencionar para concluir esta parte que ninguna organización indígena se ha presentado como tal. Esto ocurre, en primer lugar, porque la supuesta representación de los “pueblos indígenas” no quedó regulada de ninguna manera. Y en segundo, porque los “pueblos indígenas” realmente existentes participan en política a través de sus organizaciones naturales –los ayllus en el occidente, asambleas de pueblos en oriente, etc.—, o de sus representaciones sociales y sindicales –sindicatos, federaciones, asociaciones, etc.—. De esta forma, toda la representación política indígena que pueda haber en la Asamblea Constituyente, dada la forma de la elección, será posible solamente por la vía del MAS.
Habiendo revisado los mecanismos formales de representación política, vale la pena analizar brevemente el diseño electoral de la Constituyente. La Ley de Convocatoria establece que serán 255 los diputados constituyentes, divididos en 210 diputados uninominales y 45 diputados plurinominales. Para la selección de diputados uninominales, los ciudadanos votarán por tres diputados en cada una de las 70 circunscripciones electorales que existen en Bolivia. Por su parte, se escogerán 5 diputados plurinominales por cada uno de los 9 departamentos.
Esta forma de representación sin duda constituye un avance democrático, pues la mayoría de los constituyentes, al ser uninominales, deben responder a sus electores de manera más directa. Sobre todo en el campo, la representación uninominal ha sido la vía para que ingresen diputados indígenas al parlamento desde 1997. Sin embargo, esta virtud se enfrenta con dos obstáculos: por un lado, como señaló Rosario Aquim para la región amazónica, las organizaciones locales con mayor presencia indígena son boicoteadas por las instituciones electorales tradicionales. Al no tener casi ninguna experiencia en política formal, son fácilmente descartadas. Por otro, al difuminarse la representación política de manera local y sobre todo en ausencia de las voces más claras de los movimientos sociales más influyentes, el contenido de las propuestas locales se diluye en un sinfín de necesidades de alcance limitado, y los temas generales de transformación estatal tienden a evaporarse.
Este diseño electoral tiende claramente a favorecer al MAS, pues no sólo éste ha sido el partido que más diputados uninominales ha conseguido en las dos últimas elecciones, sino que además sus diputados son claramente los “más legítimos” de todos, si consideramos el número local de votos por un candidato como índice de su legitimidad. De alguna forma, existe la intuición en la sociedad boliviana de que en el “acuerdo político” –léase arreglo o pacto entre dirigentes partidarios del MAS y de PODEMOS— que permitió la aprobación en marzo de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente se intercambió la aceptación, por parte de la derecha, de esta forma de elección por la inclusión del referéndum sobre autonomías en la misma elección.
Finalmente, cabe mencionar que la posibilidad de impulsar grandes transformaciones tanto del andamiaje institucional del Estado como del cuerpo legal básico de la nación por la vía de la Asamblea Constituyente también está limitado por su artículo 25, en el que se establece que la aprobación de los nuevos artículos de la Constitución deberá contar con dos tercios de votos. Leyéndolo a la inversa, esto significa que cualquier coalición de 1/3 de los constituyentes tiene capacidad de veto sobre las intenciones transformadoras de cualquier otro bloque. ¿Será que el MAS logra obtener más de 185 diputados constituyentes para rebasar los dos tercios necesarios para la aprobación de cuestiones de fondo? Esto hubiera sido claramente posible, si no se hubiera excluido desde el Estado la representación política autónoma de la diversidad social indígena y popular boliviana. Bajo las actuales reglas de elección, habrá que esperar a después del 2 de julio para realizar cualquier prospectiva, pues es imposible saber qué ocurrirá en los distintos ámbitos locales.
Como conclusión de este acápite insistimos en que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente ha reducido el espacio político abierto por los movimientos sociales en los años de lucha anteriores, tanto por los actores que incluye como por las formas de hacer política que deja fuera. Los movimientos sociales bolivianos entre el 2000 y el 2005 produjeron por sí mismos la apertura del horizonte político y, por ende, la posibilidad de redefinir la política, cuestionando no sólo las formas de representación monopolizadas por partidos políticos tradicionales, sino la propia trama de poder inventada por éstos. En las vísperas de la elección de los diputados constituyentes más bien se vive la reconstitución del viejo ámbito de lo político como espacio de monopolio cerrado de la decisión pública. Así, el escenario actual ha dejado de ser un espacio amplio de deliberación política e intervención directa sobre el asunto público, para convertirse en un conocido teatro electoral.
Los contenidos de la Constituyente
Dada la captura de la “política constituyente de la multitud” (8) desplegada en años previos por el orden legal instituido, que tiñe la a la actual Ley de Convocatoria a Asamblea Constituyente redactada por el vicepresidente García Linera, los contenidos políticos de fondo parecen estar hoy curiosamente ausentes del debate. En Bolivia, actualmente, si bien todos hablan de la Asamblea Constituyente, en relación a los contenidos, se discuten o bien ideas sumamente generales, o bien cuestiones estrictamente particulares. Proliferan en las distintas ciudades los foros sobre tal o cual aspecto político o derecho específico; y ahí los candidatos responden según el universo discursivo de sus intereses coyunturales. Veamos, por ejemplo, el caso de la discusión “Sobre la reelección”, tal como lo retrata La Prensa:
El planteamiento de sí a la reelección, según Romero, jefe de la bancada masista, está fundamentado en la idea de “dar continuidad política a las políticas públicas estatales”. Romero complementó que se planteará la reelección “por las circunstancias que atraviesa el país, es decir, que se requiere diseñar políticas públicas para reconstruir un Estado que ha colapsado y que requiere una gestión continuada de rotación de políticas de mediano plazo”.
La segunda postulante departamental del MAS en La Paz, Marcela Revollo, consideró sin embargo que este tema es por el momento “irrelevante”. “Eso (la reelección) se está dejando para la Constituyente, lo que se está definiendo son más bien expresiones más generales de la reforma política”, aseveró. Según dijo, la propuesta de su partido “apunta a una democracia plural, una institucionalidad inclusiva e intercultural”, y la reelección queda para después.
Al respecto, dirigentes de Poder Democrático y Social y Unidad Nacional rechazaron la reelección por considerarla una forma más de prorroguismo.
Esta es la tónica de la deliberación pública actual. Es decir, un típico debate entre los que detentan el poder y los que lo perdieron, a fin de ponerse de acuerdo en las posibles reformas al orden de gobierno. Los temas de fondo presentados en años anteriores por la población movilizada, que impugnaban el conjunto de la representación política liberal, comenzando por sus principios básicos, así como la estructura de la propiedad tanto de los hidrocarburos como de la tierra y del agua, hoy quedan fuera del debate auspiciado por la prensa y por las propias instituciones políticas formales.
Así, se vuelve a presentar en Bolivia una escisión entre la discusión de los intereses y expectativas de fondo de la población y sus formas de agruparse y deliberar, por un lado; y la puesta en escena de ofertas electorales de candidatos a constituyentes que hacen propuestas de reformas puntuales.
Entre los temas específicos más importantes que están en la mesa del debate público podemos enumerar: 1) el relativo a establecer un estado laico, en virtud de que Bolivia sigue siendo, constitucionalmente, un estado confesional católico. 2) La cuestión de si el sistema político boliviano debe continuar siendo “presidencialista” o conviene su transformación en “parlamentarista” y 3) La propuesta de las feministas de modificar la manera legal de filiación de los hijos, del apellido del padre al de la madre. Temas sin duda muy importantes, pero de mucho menor alcance que la ambición indígena-popular de “refundar el Estado”.
Entonces, lo que más se discute actualmente son, en el mejor de los casos, diversas propuestas parciales de reforma política a consagrarse en la Constitución. Veamos un ejemplo de lo que queda recogido por la prensa, no por su particular importancia, sino para ilustrar cómo se ha modificado el universo de deliberación: de una búsqueda de transformar profundamente la relación entre los gobernantes y los gobernados, a una polémica entre gobernantes sobre la manera más eficiente de garantizar la “gobernabilidad”, es decir, la aceptación de sus decisiones por la población.
Las fuerzas proponen 5 años de gestión congresal
Concertación Nacional
Los representantes al Legislativo deberán tener un periodo legislativo de cuatro años y podrán ser reelegidos por una nueva gestión Constitucional, después de la cual quedarán deshabilitados para volver a ejercer un cargo legislativo.
MAS
Las elecciones de parlamentarios se realizarán por separado en fechas distintas de las del Presidente, Vicepresidente y prefectos con el objetivo de que los poderes Ejecutivo y Legislativo tengan distintos periodos de permanencia en el ejercicio del poder, y serán elegidos por cinco años.
MIR
Por voto universal y directo, por un periodo de cuatro años, el mismo que el presidencial.
PODEMOS
Podemos plantea: a) la elección de tres senadores por cada departamento. Si la elección se define en la primera vuelta, dos al ganador y uno a la segunda fuerza. Si se realiza la segunda vuelta, dos senadores se asignan en la segunda vuelta mediante sistema proporcional y el tercero al ganador en la segunda votación; y b) la elección de no más de 100 diputados, todos en circunscripciones uninominales, por simple mayoría. El Código Electoral establecerá únicamente un número base para todos los departamentos y la Corte Nacional Electoral fijará para cada elección, con base en los datos oficiales del último censo, el número total de diputados para cada departamento en función del criterio estricto de población.
TRADEPA
Por medio de elección directa, suprimiendo a los representantes plurinominales, y por cinco años.
UCS
Para dar mayor seguridad en el cumplimiento de las obligaciones legislativas, proponemos la elección de parlamentarios plurinominales cada cinco años, alternos a la elección presidencial, es decir un 50 por ciento de congresistas junto a la elección del presidente y el otro 50% a la mitad de gestión de la elección presidencial, con el objetivo de que éstos puedan cumplir su mandato ciudadano con derecho a la reelección.
UN
Los congresistas tienen que ser elegidos por el mismo tiempo que el Presidente y el Vicepresidente.
Más allá de estas complicadas discusiones sobre formas de representación y mecanismos electorales, que obscurecen la voluntad política expresada una y otra vez por los movimientos sociales en los años pasados de constituirse en sujetos legales de derechos políticos colectivos, es decir, en “sujetos de derecho público” (9); la preparación “oficial” de la Asamblea Constituyente consiste en hacer campaña electoral para llamar a votar por los candidatos del gobierno. Una vez más no es la deliberación lo que se privilegia, sino el llamado a delegar la representación. Y peor aún, tal como hemos mostrado, el tratamiento de los asuntos políticos relevantes, como las maneras posibles de “construir” un estado auténticamente pluricultural o la cuestión de los derechos colectivos como mecanismo modificador de la relación estado-sociedad, no están en el centro de la atención.
En cierta medida, durante el último mes, la reapertura del debate sobre las autonomías repolitiza un poco el proceso electoral. Aunque por lo general, las opiniones de los representantes de los movimientos sociales coinciden en que esa es también una pugna entre quienes están en el gobierno y quienes quieren recuperarlo
En síntesis, lo que se refleja en las campañas es una derecha sin otro proyecto político que el de crear nuevas trincheras para su poder apoyándose en las posturas de los Comités Cívicos. Y un partido gobernante, el MAS, que prefiere apresuradamente poner en marcha planes de reforma decididos y gestionados desde arriba (la nacionalización del gas, la reforma agraria), en vez de comprometerse con la deliberación amplia en la Asamblea Constituyente. Cada vez queda más claro que los dirigentes del MAS quieren presentarse a sí mismos como los únicos actores del cambio político y buscan que la Asamblea Constituyente sólo sea la prolongación de ello, en vez de un escenario donde se favorezca la deliberación y la construcción colectiva.
Por el lado de los movimientos sociales hay un lento y dificultoso esfuerzo por recuperar la voz abriendo espacios para la discusión desde la base. Entre los temas que se están debatiendo están 1) la estructura de la propiedad de la tierra, 2) las formas de propiedad de los bienes de la nación y la consagración legal de derechos colectivos, 3) la estructura política conveniente para el país. Sin embargo, habiendo quedado sus figuras más visibles fuera de la Asamblea Constituyente, estas actividades se hacen, una vez más, desde los márgenes, desde los bordes de una estructura política que nuevamente los excluye. Por eso mismo, el lenguaje que viene gestándose desde estos espacios está, nuevamente, cargado de formulaciones que confrontan e impugnan; con la dificultad anexa de que prácticamente todos no sólo votaron por Evo Morales en diciembre pasado, sino que incluso apoyan críticamente las medidas que ha emprendido.
Después del dos de julio, una vez pasadas las elecciones de los diputados, se abre un espacio en el cual, quizá, los asuntos políticos verdaderamente importantes volverán a situarse en la agenda pública. Una vez más, esto lo harán los diversos movimientos sociales autónomos, desde la exclusión de la representación política formal y en una situación tal, que se verán compelidos a “obligar” a los constituyentes uninominales electos de cada región a asumir las posiciones de sus electores. Esto es, nuevamente a través de una mediación impuesta. Pese a todo, hay posibilidades ciertas de ampliación democrática en Bolivia y ahí se están concentrando muchas de las preguntas políticas prácticas más interesantes. En la posibilidad de refundar democráticamente un estado, abierta por la constancia y tenacidad de la lucha de los hombres y mujeres que se levantaron y movilizaron durante media década, los diversos movimientos sociales no encuentran actualmente en el MAS a un aliado, sino a una organización partidaria que quiere sumergir la pluralidad política dentro de sí misma. Eso ya se ha experimentado en en otros lugares del mundo, y significa la clausura de una oportunidad histórica. En todo caso, durante la segunda mitad de 2006 en Bolivia estará expuesta en carne viva la tensión entre la capacidad creativa desde la autonomía política del movimiento social y la restauración estatal de la gobernabilidad colonial y de élite.- Ciudad de México/Sucre-Bolivia, junio de 2006
Raquel Gutiérrez, miembro del Consejo de Redacción de SINPERMISO, y Dunia Mokrani son investigadoras del Centro de Estudios Andinos y Mesoamericanos (CEAM), en México y Bolivia respectivamente. El texto aquí reproducido fue elaborado para el Programa para las Américas del International Relations Center (IRC).
NO T A S : (1) Sobre esto, véase Rodolfo Stavenhagen, “La emergencia de los pueblos indígenas como nuevos actores políticos y sociales en América Latina” en Escárzaga Fabiola/Gutiérrez Raquel, Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, CEAM-UACM-BUAP-Juan Pablos-GDF, México, 2005 // (2) Sobre esto puede revisarse Raquel Gutiérrez, “La Coordinadora de Defensa del Agua un año después de la Guerra del Agua”, en Gutiérrez et al, Tiempos de Rebelión, Comuna, La Paz-Bolivia, 2001. // (3) Ley No. 3365 del 6 de marzo de 2006 // (4) En conversación con Jesús Castillo, representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), cuyos territorios están justamente en la más rica zona hidrocarburífera de Bolivia, la región del Chaco, el dirigente nos comunicó, entre otras, su preocupación de que la legítima reivindicación de autonomía que ha enarbolado la APG sea desnaturalizada por los “cambas ricos” -los empresarios cruceños- del Comité Cívico de Santa Cruz. Participación de Jesús Castillo en las II Jornadas Andino-Mesoamericanas organizadas, entre otros, por el CEAM en marzo pasado en La Paz y El Alto, Bolivia. // (5) En junio de 2005, en medio de un bloqueo general de caminos, las elites partidarias trasladaron la sede del Congreso Nacional de La Paz a Sucre, a fin de desconocer a Carlos Meza como presidente interino de Bolivia y nombrar al entonces presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, del MIR, como nuevo mandatario. La intención política de las elites partidarias consistía en impedir que se abriera un nuevo periodo electoral y, más bien, reorganizar sus fuerzas en torno al MIR desde la presidencia para esperar tiempos políticos más calmados. // (6) Entrevista a Oscar Olivera el 7 de abril de 2006 // (7) Entrevista a Rosario Aquim en mayo de 2006 // (8) Formulaciones y reflexiones en torno a esta idea fueron presentadas en diversas publicaciones y foros públicos por los integrantes del Grupo Comuna, Luis Tapia, Raúl Prada, Raquel Gutiérrez y Alvaro García Linera entre 1999 y 2003 // (9) Utilizamos esta expresión de Magdalena Gómez para explicar el contenido de la Contrarreforma indígena en México, pues precisa las intenciones y búsquedas de varios importantes movimientos sociales en Bolivia.