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La tierra ¿pa’ quién?
SEIS MESES
OCUPANDO Y
PROYECTANDO
Se viene la siembra de primavera
para la caña. No es la mejor
agronómicamente hablando, pero
sí la más efectiva por la inmediatez
de los resultados. Es la mejor
pa’l pobre, dicen los que saben.
La inauguración de ALUR y el
anuncio de que se arrendarán mil
hectáreas para el proyecto sucroalcoholero
hizo que los precios se
dispararan hasta las nubes y que
la porción de tierra a repartir se
reduzca a la cuarta parte. ¿Para
quién será?
El sábado se cumplieron seis
meses de ocupación en las
tierras de Colonia España, Bella
Unión. Los sindicatos UTAA, SOCA
y APAARBU organizaron una jornada
de debate y discusión sobre
el futuro, no sólo de la medida
sino también del proyecto sucroalcoholero
que el gobierno anunció
y puso en marcha, con la meta
de 10 mil hectáreas plantadas.
Los ocupantes llevan siete, tienen
prontas otras cinco y esperan
el 15 de agosto para empezar a
sembrar. El año que viene estarán
cosechando, si es que aún
están allí. La idea es, para ellos
o para los que vengan, que las
tierras estén produciendo y en
condiciones de seguir haciéndolo.
Algo muy distinto a la actitud
del colono Conrado Villalba, que
durante once años las mantuvo
improductivas. Quizá por eso la
Justicia las devolvió al Instituto
Nacional de Colonización (INC),
que las reclamaba.
Esas tierras eran causa de otro
juicio, que inició Villalba por usurpación
contra los ocupantes, y que
quedó archivado luego de que dos
directores del INC declararan en
sede judicial que los “invasores”
podían ser, en un futuro no muy
del proyecto sucro-alcoholero. Sea
como fuere, los ocupantes quieren
dejar el lugar en condiciones,
y al tiempo que lo hacen llenaron
los formularios para que ALUR los
considere en el reparto de aquellas
primeras mil hectáreas.
Mil dividido tres = 165
El gobierno anunció que ALUR,
integrado en un 90% de capitales
de ANCAP y 10% de la Corporación
Nacional de Desarrollo (CND),
arrendaría otras mil hectáreas
para la cosecha de primavera (la
de los pobres), y la consecuencia
fue inevitable. Los precios de las
tierras comenzaron a subir hasta
llegar, al decir de Nicolás Colacho
Estévez -militante histórico y fundacional
de UTAA-, hasta las nubes
mismas. Actualmente ALUR ha
logrado conseguir, con los recursos
que tiene, y la oferta existente,
casi 500 hectáreas. Pero sólo 260
están en condiciones de que ese
organismo y el INC las distribuyan.
El resto depende de una serie
de trámites y factores, que quizá
puedan completarse para llegar al
15 de agosto, marcado como ideal
para el inicio de la siembra primaveral.
Se fijó el 15 de setiembre
como el cierre de ese ciclo, y como
tarde, tardísimo, el 30.
Pero si siguen siendo casi 500
hectáreas, las autoridades prevén
un reparto con tres grupos de
beneficiarios, dando a cada uno
165 hectáreas. Serían por un lado
los asalariados (UTAA y SOCA);
por otro los pequeños productores
rurales con problemas de
escala (APAARBU) y los granjeros;
y finalmente los pequeños productores
que perdieron “la caña”
durante la crisis (que para el
rubro comenzó en 1993, cuando
la plantación fue sustituida por
la importación del crudo para la
fabricación del azúcar).
500 dividido 2 = mil
Sólo el sindicato de los cañeros
(UTAA) tiene 90 aspirantes a
convertirse en adjudicatarios en
el marco del proyecto sucro-alcoholero.
Se piensa en principio que
cada uno debería recibir 10 hectáreas,
y eso suma 900. Pero en la
actual coyuntura de 260 hectáreas
disponibles, serían poco más
de 80 para cada grupo.
Los sindicatos que llevan
adelante la ocupación critican la
conformación de los tres grupos.
Consultado por la diaria, Estévez
explicó que en las reuniones mantenidas
con ALUR se planteó que
los sindicatos y colectivos organizados
reclaman que sólo sean
dos las partes, y que los del tercer
grupo previsto se sumen al segundo.
“Hay que potenciar y ayudar a
la gente organizada. Los afectados
por la crisis sabemos que existen,
pero no sabemos quiénes son, y
nunca apoyaron ni fueron vistos
en las manifestaciones para recuperar
la caña en la zona”, sostuvo.
¿Con cuántas de azúcar?
Desde los gremios se reconoce
el diálogo existente con las autoridades
y que sus planteos sean
escuchados. Por eso mismo han
pedido una nueva reunión en la
que, además de exponer opiniones,
“podamos participar y formar
parte de la toma de decisiones en
conjunto. No las nuestras porque
son nuestras, sino que sean las de
todos”, resumió Colacho.
“Queremos ayudar a definir
los criterios de producción y de
gestión en un ámbito conjunto,
con la presencia de ALUR, los
sindicatos, el INC y los pequeños
productores organizados. No queremos
ser sólo ejecutores de las
decisiones”, indicó.
Están esperando fecha para el
próximo encuentro. Quieren que
los representantes políticos de los
organismos que participan del proyecto
definan los criterios. Faltan
varias semanas para el inicio de
la siembra, pero los tiempos hay
que aprovecharlos. Los técnicos de
ALUR están preparando la tierra
en la medida en que las condiciones
climáticas se lo permiten;
la nivelan, sistematizan, surcan. Si
las decisiones finales ya estuvieran
tomadas, las humedades actuales
no habrían permitido ejecutarlas.
Pero los que esperan la cosecha
que dejará la primavera quieren
que el buen tiempo los agarre preparados
para empezar.