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Martes 25 de julio de 2006
Luis Hernández Navarro
La Jornada
Hay luchas sociales que anticipan conflictos de mayor envergadura. Son una señal de alarma que alerta sobre graves problemas políticos sin solución en un país. Las huelgas de Cananea y Río Blanco constituyen uno de los antecedentes reconocidos de la Revolución Mexicana de 1910-1917. La revuelta de 1905 en Rusia mostró el camino que, 12 años después, fue recorrido por los bolcheviques durante la Revolución de Octubre.
La movilización magisterial-popular que desde el 22 de mayo sacude Oaxaca es una expresión de este tipo de protestas. Ha puesto al descubierto el agotamiento de un modelo de mando, la crisis de relación existente entre la clase política y la sociedad, y la vía que el descontento popular puede seguir en un futuro próximo en todo el país.
La protesta comenzó hace poco más de 60 días como expresión de la lucha del magisterio en la entidad por una demanda: aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara. No había en ello ninguna novedad con respecto a luchas similares protagonizadas en años anteriores. Pero el intento del gobierno estatal por acabar con el movimiento utilizando la represión salvaje el pasado 14 de junio radicalizó a los maestros que, a partir de entonces, exigieron la destitución del gobernador de la entidad.
El reclamo encontró rápidamente eco en una amplísima parte de la sociedad oaxaqueña que se sumó a él. Agraviados tanto por el fraude electoral mediante el cual Ulises Ruiz se convirtió en mandatario como por la violencia gubernamental en contra de multitud de organizaciones comunitarias y regionales, centenares de miles de oaxaqueños tomaron las calles y más de 30 ayuntamientos. Cerca de 350 organizaciones, comunidades indígenas, sindicatos y asociaciones civiles formaron la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
Las protestas coincidieron con los comicios federales. Después de amagar con el boicot, los inconformes acordaron promover el voto de castigo al PRI y al PAN. El 2 de julio les propinaron a ambos una severa vapuleada. El tricolor fue barrido. La coalición Por el Bien de Todos ganó nueve de los 11 diputados y las dos senadurías de mayoría en disputa. Y si el sol azteca perdió dos posiciones fue por sus divisiones internas y la debilidad de sus candidatos. A pesar de que el gobernador había ofrecido que daría a Roberto Madrazo un millón de votos, tuvo que conformarse con poco más de 350 mil, esto es, 180 mil votos menos que los que ganó López Obrador.
Desde entonces una muy amplia parte de la sociedad no reconoce a Ulises Ruiz como gobernador de la entidad. Desde que el pasado 25 de mayo la Comisión Negociadora Ampliada tuvo la última reunión con el mandatario, no lo ha vuelto a ver. No trata sus demandas ni con él ni con sus representantes. No acepta su dinero ni sus programas. Se manda sola. El 11 de julio, la APPO dio inicio, con éxito, a una jornada de desobediencia civil y pacífica con la que busca hacer patente la ingobernabilidad y la falta de autoridad que existe en el estado.
El movimiento ha asumido el control político de la ciudad de Oaxaca. Si lo considera pertinente, bloquea la entrada a los hoteles de lujo del centro, el aeropuerto local, obstruye el tráfico de avenidas, impide la entrada a edificios públicos y al Congreso del estado. Su fuerza es tal, que el gobierno estatal debió cancelar la celebración de la Guelaguetza oficial. Sin embargo, maestros y ciudadanos organizaron su realización popular de manera alternativa.
La mayoría de los profesores dejaron por un par de semanas la ocupación de la capital oaxaqueña para culminar el ciclo escolar en sus comunidades. Terminadas las clases han regresado a la ciudad para seguir adelante con su plan de acción. La ciudad de Oaxaca está tomada por ellos.
Para tratar de paliar la crisis, Ulises Ruiz cambió a varios funcionarios de su gabinete, incluido el secretario de Gobierno, y los sustituyó con integrantes de los grupos del PRI a los que había desplazado del gobierno estatal. La maniobra no tuvo mayor efecto. Sus problemas no son solamente con la clase política de la entidad, sino con la sociedad en su conjunto.
En la misma dirección, en una acción desesperada para conservar el poder, traicionó a su jefe Roberto Madrazo, proponiendo en una reunión de los gobernadores priístas reconocer a Felipe Calderón como ganador de la contienda electoral. Desde entonces ha conversado en tres ocasiones con el candidato presidencial panista para ofrecerle su apoyo y buscar su ayuda. El gobierno federal, necesitado de aliados para enfrentar las protestas contra el fraude electoral, ha respondido sosteniendo al gobernador destituido.
Con el paso del tiempo la situación se agrava. El 22 de julio un grupo de 20 desconocidos disparó con armas de alto poder contra las instalaciones de Radio Universidad. La radio universitaria, conducida por el movimiento, se ha convertido en un formidable instrumento de información y movilización social. Ese mismo día, varios desconocidos aventaron bombas molotov contra la casa de Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Días después fueron lanzadas bombas molotov contra el domicilio de Alejandro Cruz, dirigente de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos.
En Oaxaca la desobediencia civil está muy cerca de convertirse en un levantamiento popular que, lejos de desgastarse, crece y se radicaliza día con día. El movimiento ha dejado de ser una lucha tradicional de protesta y ha comenzado a transformarse en el embrión de un gobierno alternativo. Las instituciones gubernamentales locales son cada vez más cascarones vacíos carentes autoridad, mientras las asambleas populares se convierten en instancias de las que emana un nuevo mandato político.
Como marchan las cosas, el ejemplo de la naciente comuna de Oaxaca está lejos de circunscribirse a su entidad. En un descuido anticipa lo que puede suceder a lo largo y ancho del país si no se limpia el cochinero cometido en los comicios del 2 de julio.