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by CLAUDIA HERRERA BELTRAN 9:14am Sat Jun 21 ‘03 Indymedia mexico
Unas 50 organizaciones mexicanas y extranjeras demandan cesar acoso a activistas.
Arrecia el gobierno de Chiapas su campaña contra defensores de derechos humanos: ONG.
México D.F. Sábado 21 de junio de 2003.
Medio centenar de organizaciones civiles de México y del extranjero emitieron ayer un pronunciamiento de apoyo a la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos en Chiapas y al Centro Fray Bartolomé de las Casas, que -dijeron- han sido hostigados por su labor de defensa de los habitantes de la reserva de Montes Azules.
Las agrupaciones, entre las que se encuentran la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, reprobaron “enérgicamente” las acusaciones del gobierno chiapaneco en contra de estas organizaciones civiles.
Responsabilizaron al gobierno chiapaneco y a la administración federal de cualquier incidente que ocurra en contra de los defensores de los derechos humanos, dado el contexto político desfavorable que están creando con sus acusaciones.
El 16 de mayo pasado, el Centro Fray Bartolomé de las Casas denunció que autoridades e indígenas lacandones de la comunidad Frontera Corzal, que exigen el desalojo de los pobladores asentados en la reserva de Montes Azules, mantienen “amenazados y presionados” a catequistas y promotores de derechos humanos que no comparten su postura.
Después de esas declaraciones, el 21 de mayo, José Manuel Martínez Pérez, miembro de la red de defensores comunitarios, fue detenido en la comunidad de Nuevo Tepeyac, en una redada de la Policía de Seguridad Pública, y posteriormente encarcelado. Martínez se encontraba documentando las violaciones a los derechos humanos cometidos por los policías cuando fue detenido.
Policías estatales encabezados por el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Arturo Salgado Cordero, golpearon al abogado defensor de los derechos humanos Miguel Angel de los Santos y a la abogada Alejandra Pedroza cuando se encontraban en la procuraduría del estado, acreditándose como representantes de Martínez.
Las organizaciones no gubernamentales dijeron que apareció una columna en un diario local, en la que se acusa a los organismos defensores de los derechos humanos de ser uno de los “reductos subversivos que mantiene el comandante zapatista Samuel Ruiz García”.
Ante ello, manifestaron su respaldo al trabajo que (estas dos organizaciones) realizan en favor de la dignidad de las personas que defienden, ya que su lucha “es legal, transparente, apartidista y sin fines de lucro”.
Demandaron de los gobiernos federal y estatal respeto y reconocimiento al trabajo que realizan estas organizaciones por la vigencia de los derechos humanos en el territorio chiapaneco, partiendo de que la defensa y la promoción de los derechos humanos son una garantía reconocida en México y en el mundo.
El pronunciamiento lo firman, entre otros, la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, la Asociación Pro Derechos Humanos de Espala, Building Bridges Human Rights Project, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos y Servicio Paz y Justicia-Europa (Bélgica).
Además de Magdalena, Manuel Arizmendi, Marie-France Arizmendi, Moisés Picazo, Moramay Micalco, Pedro Raúl López Hernández, Ricardo Robles, Víctor Cabrera y Yolanda Tello.
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