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Nota de Clajadep:
Es bastante obvio que esta noticia forma parte de una estrategia comunicacional de acomodos y reacomodos de los milicos a los nuevos tiempos, en especial hoy que los pueblos y comunidades de esa región se encuentran reunidos en la constituyente.
Veremos hasta cuando aguantan, al menos tendrán que aumentar el salario de las tropas.
Veamos la noticia:
La Prensa
La Paz - Bolivia Edición de agosto 06, 2006
Las Fuerzas Armadas supieron acomodarse a las corrientes históricas que rigieron en Bolivia - Eso explica la represión ejercida en los últimos veintitrés años de vida democrática para apoyar a los gobiernos de turno - O cuando, impulsadas por las tendencias internacionales, adoptaron y abandonaron la línea dictatorial - Hoy, la ideología nacionalista parece volver a imperar en su interior
EL PÉNDULO CASTRENSE
La pleitesía militar a su nuevo capitán general, Evo Morales.
Las Fuerzas Armadas han retomado sus cauces nacionalistas.
El retorno a la democracia en suelo boliviano, el 10 de octubre de 1982, fue, también, para las Fuerzas Armadas (FFAA) una vuelta histórica a sus objetivos establecidos en la Carta Magna, tras dos décadas de participación en gobiernos dictatoriales que sentaron presencia con actos ilegales y la vulneración de los derechos humanos.
El general Luis Sánchez Guzmán, miembro de la Academia de Historia Militar de Bolivia, confirma que hasta ese momento histórico, la institución castrense rayaba con la ilegalidad. “Sin embargo —aclara—, en un análisis político histórico no es bueno fijarse en los árboles, hay que mirar el bosque. Por ello, es preciso decir que las FFAA (en los años sesenta y setenta del siglo anterior) jugaron el papel que la historia les había encomendado, de acuerdo con una coyuntura concreta”.
En el devenir histórico boliviano la entidad castrense se supo acomodar a las tendencias históricas del momento. Es por esto que los militares en función del Gobierno coyuntural siguieron las líneas políticas liberales o conservadoras. Basta recordar su apoyo a las corrientes nacionalistas en el área hidrocarburífera con Germán Busch, en 1936, y Alfredo Ovando, en 1967. Incluso su “giro” a la izquierda en la actual gestión del presidente Evo Morales.
La tendencia mundial también influyó en sus acciones, explica Sánchez. Esto explica su viraje institucional en 1982, una época que llevó la impronta del presidente Jimmy Carter, quien asumió el mando en Estados Unidos (1977-1981) y dio un vuelco a la política estadounidense sentenciando de muerte a los gobiernos de facto en toda América Latina.
El aparato represor
En estos últimos veintitrés años, empero, lo que más se ha criticado a la entidad militar es su papel represor en los mandatos “neoliberales”. “Desde 1982 —comenta Sánchez— las FFAA estamos cumpliendo una función legal, el que dicta la Constitución. Es en esta época, cuando los regímenes son elegidos democráticamente, cuando, de acuerdo a este contrato social, (el Estado/Gobierno) tiene todo el derecho de exigir el apoyo de las FFAA cuando su autoridad está siendo ilegítimamente defenestrada”.
Esta característica, como escudo gubernamental, es la que sobresale en la historia reciente de los militares, y se patentó en movilizaciones clave, como la de los mineros durante la última presidencia de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), la “guerra del agua” en Cochabamba (2000), la lucha contra el “impuestazo” (febrero de 2003) y el zafarrancho de octubre del mismo año. Ejemplos en los cuales los gobiernos civiles convocaron a los militares para contener a la turba conflictiva, la mayoría con saldos trágicos.
Además, según datos del Observatorio de Democracia y Seguridad (Odys) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, desde 1985 hasta 2003 se registró la muerte de 256 personas por enfrentamientos con los militares. Frente a este dato, el experto en Seguridad y Defensa Daniel Atahuichi hace una comparación con el periodo de dictaduras militares (1964-1982), cuando, paradójicamente, hubo 200 personas muertas por la represión.
Sánchez defiende a su institución. “En el fondo no podemos perder de vista este lineamiento: el Estado tiene todo el derecho de defenderse, y en una confrontación interna no se puede hablar, tal vez, del ‘enemigo’, pero existen personas o grupos que a veces quieren hacerle daño al Estado”.
Sin embargo, este papel represivo le ha valido a las FFAA varios casos que, bajo el manto del resguardo de la paz interna, han provocado hechos reñidos con la ley que han acabado o permanecen en la “impunidad”. Así sucedió con el capitán Robinson Iriarte, miembro de la Séptima División del Ejército, “el francotirador” que salió a las calles durante la “guerra del agua”, según investigaciones, y provocó la muerte del joven Víctor Hugo Daza, con munición de guerra. La defensa de Iriarte convocó ante el Tribunal Permanente de Justicia Militar a 248 testigos, lo que rindió sus frutos, porque, al final, éste salió libre de culpa, aparte que ascendió de grado en la entidad castrense. Nunca se investigó sobre quién recayó la responsabilidad de esa muerte civil.
La historia se repitió en febrero de 2003, cuando el encontronazo armado entre policías y militares y el desafío de la población paceña al “impuestazo” de Gonzalo Sánchez de Lozada registraron el fallecimiento de 35 personas, todas victimadas por armas de fuego, entre ellas una enfermera de la Cruz Roja. Desde ese año, las autoridades castrenses negaron someterse a la justicia ordinaria y llevaron adelante un juicio interno en el Tribunal Permanente de Justicia Militar, en el que los principales acusados: coronel Gróver Monroy Aliaga y los tenientes José Enrique Costas, Yamil Édgar Rocabado y Rafael Mendieta Vera salieron sobreseídos, o sea, eximidos de los cargos en su contra.
Allí no termina esta novela. El Tribunal Constitucional restó competencia a la justicia militar en el caso, y eliminó la benévola sentencia para los militares acusados; sin embargo, tres años después de lo sucedido, la justicia civil tampoco pudo efectivizar el inicio de un proceso ordinario contra los supuestos responsables de las muertes, y los más de veinte civiles y policías involucrados.
La gota que derramó el vaso, empero, fue lo sucedido en el conflicto de octubre de 2003, que derivó en la caída del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, con el registro dramático de más de 60 muertos y 250 heridos por acción de la fuerza militar —y en menor medida policial—. Un claro ejemplo de esta supuesta actuación “legal” de las FFAA como instrumento del Estado y del Gobierno que ha desvirtuado su papel constitucional de defensor de la seguridad externa.
Al respecto, el ex presidente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosdena) Víctor Gemio explica que en la historia boliviana “los políticos civiles y los de uniforme siempre han estado enfrentados como rivales”. Sin embargo, en este último periodo, denominado como del “retorno de la democracia”, recalca este militar retirado, las FFAA fueron instrumentalizadas y “víctimas” de los líderes políticos en función del Gobierno. Allí se fundamenta su salida a las calles para defender a los mandatos de turno.
La época de las dictaduras
Otro punto oscuro del papel de las FFAA en la historia boliviana fue la era dictatorial en la que participaron, entre los años sesenta y parte de los ochenta, con el mandato de facto del general Luis García Meza (1980-1981), quizá el hecho más emblemático en este punto. La corrupción, la persecución de líderes políticos y la muerte de varios civiles caracterizaron su gestión. García fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto tras un juicio de responsabilidades a mediados de los noventa. La población y la justicia boliviana vieron en esa sentencia un acto simbólico que pagaba las deudas de todas las anteriores dictaduras castrenses.
Al respecto, Sánchez argumenta que una vez que la revolución nacional de 1952 perdió su cauce —alrededor de 1956—, el mundo vivió un recrudecimiento de la Guerra Fría entre el imperialismo norteamericano y el social-imperialismo de la ex Unión Soviética. “La historia es importante para explicar las dictaduras. Los Estados Unidos las fomentaron en el ámbito latinoamericano, y ese proceso de la Guerra Fría, sumado a la aparición de otra corriente nacionalista que propugnaba la alianza con occidente para la lucha contra el principal enemigo que era el comunismo, da lugar a los gobiernos de facto militares. La lucha contra el principal enemigo hace que se tenga una línea nacionalista que no necesariamente estuvo mirando la administración del Estado con igualdad y solidaridad, sino que orientó el asunto a una lucha contra el marxismo. No es algo que salió del Ejército, sino de un alineamiento continental y mundial: una polarización”, resume el historiador castrense.
O sea, las dictaduras que sentaron presencia en el país, en las décadas referidas, sucedieron en el margen de los acontecimientos internacionales, y estuvieron apoyadas por sectores políticos, civiles u organizaciones partidarias contra la llegada del comunismo. En Bolivia, por ejemplo, se tiene el referente de la lucha librada por el guerrillero cubano Ernesto Che Guevara, lo que desde la institución militar se vio como una injerencia externa, pero que además tuvo sus repercusiones en sectores de la sociedad a nivel de otros emprendimientos de lucha armada que se materializaron en otras experiencias: desde la Unión de Campesinos Pobres (Ucapo) en el Chaco, hasta la sufrida actuación de un grupo de universitarios en Teoponte, en suelo paceño.
Por ello, recuerda Sánchez, las FFAA en esos años se fortalecieron actuando contra un enemigo que no creía en los márgenes nacionalistas sino que reivindicaba un internacionalismo de los sectores explotados. Era el momento perfecto para fortalecer a la institución después del desbande sufrido a causa de la revolución nacional de 1952. “Este desbande causó que se pierda en gran parte el trabajo (de profesionalización de la fuerza militar) de alemanes y franceces. Se politizó el Ejército durante la revolución; había células del MNR en los regimientos. Los uniformados juraban lealtad a este partido, y los disidentes eran expulsados, purgados, y se convertían en perseguidos políticos. El Ejército fue la primera víctima de la revolución nacional”, culpa Sánchez.
Incluso en el levantamiento popular de mediados del anterior siglo se había resuelto disolver a la institución castrense y formar milicias de obreros, además de entregar armas a los campesinos. Eso representó un golpe duro para los militares que venían de una tradición de manejo de poder, incluso estatal, claros son los casos de la década de 1930, cuando los efectivos castrenses adquirieron músculos como institución durante la Guerra del Chaco, bajo la batuta de Germán Busch, pero principalmente por la adopción de una conciencia política nacionalista.
Sánchez cita a Carlos Marx: “La guerra es la partera de la historia”. De acuerdo con su análisis, la Guerra del Chaco catalizó diversas corrientes de pensamiento para confluir en una de corte nacionalista, así surgieron dos organizaciones, una civil y otra militar: el Movimiento Nacionalista Revolucionario y Razón de Patria (Radepa), respectivamente. Al final, “las dos se unieron y se hicieron con el poder en 1943, con Gualberto Villarroel a la cabeza”.
La coincidencia era coherente, porque los nuevos líderes de la población, como Víctor Paz Estenssoro, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y otros, fueron soldados del Ejército boliviano. “Habían bebido también de las ideas nacionalistas durante la campaña del Chaco”, añade el historiador militar. Sin embargo, las FFAA fueron, se puede decir, “traicionadas” por el espíritu populista del MNR.
Hoy se habla del retorno al nacionalismo popular de parte de la entidad castrense, incluso sus efectivos acompañaron al Jefe de Estado, el 1 de mayo, en la nacionalización de los hidrocarburos, con la toma del campo San Alberto, en Tarija. Los siguientes meses o años dilucidarán esta cuestión.
La “coexistencia funcional”
Para el analista en Seguridad y Defensa Daniel Atahuichi, es probable que los miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) estén retomando hoy un carácter nacionalista, ahora que el programa del Movimiento Al Socialismo (MAS) incluye la apertura de la institución castrense a sectores antes relegados, como el de los indígenas.
Y los oficiales pueden entrar en esa dinámica precisamente porque en su práctica está el hacer pactos de “coexistencia funcional”, para acomodarse al nuevo mandato gubernamental. “No les queda otra alternativa a los militares que sumarse a este proyecto”, comenta Atahuichi.
—¿Cuál es la naturaleza de las Fuerzas Armadas (FFAA) a lo largo de su historia?
—Desde la fundación de la República y la paralela creación del Ejército, las FFAA han actuado como un aparato de represión más que como un aparato que está ligado a la defensa externa. Otra consecuencia que ha seguido al Ejército es que tuvo una importante participación dentro del gasto público: por ejemplo durante la primera mitad del siglo XIX recibió alrededor de 70 por ciento del presupuesto general. Entre otras características relevantes está el haber sido una institución “empleómana”, muy burocratizada; que se ha desligado de la equidad social, con actitudes excluyentes, discriminatorias y racistas; una institución que internamente destinaba una alta participación en la partida de servicios personales (sueldos y salarios), o sea, 85 a 90 por ciento de su presupuesto se va en este rubro, y la capacidad operativa se lleva un 2 a 3 por ciento.
—Menciona la represión, ¿en función de qué se aplicó ésta?
—Se debe a que los gobiernos de turno han comprado la lealtad de los militares a través de la partida de gastos reservados, que antes se llamaban gastos extraordinarios. Los uniformados han sido un instrumento de gobiernos de turno; la represión estaba en función de las órdenes o políticas del gobierno que tocara.
—¿Cuánto puede cambiar el componente cultural (como incluir indígenas) a una institución que tiene un objetivo represor?
—Claro, todo esto pasa por fortalecer la institución. Hoy existe una coexistencia, pero no hay ese diálogo honesto entre ambos sectores porque Bolivia no ha estructurado un libro blanco de defensa que fije los parámetros de consenso entre militares y civiles, esto con la finalidad de avanzar hacia una política de Estado, de defensa. Hoy sucede que se maneja una política de defensa implícita, no existe una política de Estado a largo plazo.
—¿Cómo ha evolucionado el gasto o el trato económico a las FFAA?
—Es muy discriminatorio. En la ejecución presupuestaria para las partidas de sueldos y salarios existe total inequidad. Un dato que puede desnudar este hecho es la observancia hacia la gestión 2005, cuando del total de la partida dirigida específicamente a sueldos y salarios, el 80 por ciento está destinado a los oficiales, y la tropa sólo tiene entre un 4 y 6 por ciento. Ésa es la relación con la que convive la distribución del gasto.
—¿A qué se debe que el presupuesto se vaya en su mayoría hacia los sueldos ?
—Eso porque hoy en día la estructura castrense todavía no se ha roto. Actualmente, como dije, la institución armada es “empleómana”, como lo fue en el pasado: se concentra en otorgar cargos públicos. Es una institución burocrática. Un dato: hoy en el pequeño edificio del Ministerio de Defensa existen alrededor de 700 empleados públicos.
En la historia boliviana la entidad castrense se supo
acomodar a las tendencias históricas del momento. Por esto, los
militares en función del Gobierno coyuntural
siguieron a liberales o conservadores.
Hitos militares
Independencia de Bolivia
Después de la fundación de la República, el 6 de agosto de 1825, salieron las tropas del Libertador Simón Bolívar del país y Bolivia tuvo que crear su propio ejército, con reglamentos que garantizaban la defensa nacional y orientaban el cuidado de una posible invasión de Perú por parte de Agustín Gamarra. En esa época se contrató a oficiales provenientes del extranjero, como el general Otto Felipe Braun y otros que imprimieron su sello a las Fuerzas Armadas.
La época anárquica
Entre 1829 y 1879, Bolivia vivió una época de caudillismo militar. El historiador James Dunkerley en Orígenes del poder militar dice que en 1828 Antonio José de Sucre mantenía una fuerza de 2.700 hombres, pero que durante la época del caudillismo los ejércitos estaban saturados de oficiales: en 1843 José Ballivián trató de reducir personal y precindió de un centenar de militares, aún así seguían en las listas 650 oficiales y 36 generales. En 1869, Mariano Melgarejo conservó siete generales, 119 jefes y 347 oficiales para comandar a 1.996 soldados. A esta pléyade de militares se debe sumar Manuel Isidoro Belzu (1847-1857), José María Linares (1857-1861), José María Achá (1961-1964), Melgarejo (1864-1871) e Hilarión Daza (1876-1879).
Asimismo, Dunkerley considera que “la ocasional y directamente coactiva extorsión no fue ni el signo principal de los caudillos ni el principal punto de queja de la oligarquía” contra los militares, sino que el manejo del aparato estatal a nivel de la economía, finanzas y política “permitía a los militares un papel de primer orden en el control de la producción y circulación, así como la apropiación de una parte sustancial del excedente a traves de la Casa de Moneda”.
1879 es el año tradicionalmente considerado como el del fin del caudillismo militar. En esta época surgió entre los efectivos castrenses la corriente roja (constitucionalista) y blanca, una forma de política cuasi partidista.
1879-1884. Guerra del Pacífico
La guerra comenzó por una lucha por el control de los ricos depósitos de salitre en Atacama (guano, plata y cobre). Para Chile tenía una importancia grande la explotación de Atacama, pues la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta tenía la concesión para explotar esos yacimientos, y los miembros del gabinete chileno habían invertido en esa empresa. El presidente y general Hilarión Daza se encontró en una urgente necesidad de fondos para sostener a un ejército que le respaldara en el poder. En 1878 el Gobierno introdujo un impuesto sobre el salitre exportado por la Nitrates and Railroad Co. of Antofagasta, que esa empresa se negó a pagar. La conflagración no tardó en llegar. Al final de la guerra, sin embargo, los empresarios mineros bolivianos estaban tan molestos con el perjuicio sufrido que decidieron organizarse políticamente (en partidos) para asumir la dirección del Estado. Luego de la guerra, un decreto del 7 de septiembre de 1886 ordenaba que a cincuenta cadetes de los departamentos y a 15 subalternos se les enseñara química, astronomía y geografía, higiene, ciencia veterinaria, teoría estratégica, buena puntería, balística, reseñas militares, ejercicios, historia natural y legislación militar, al igual que órdenes y adiestramiento. Se considera que ése fue el nacimiento del Colegio Militar.
Revolución de 1952: disolución del Ejército
El 9 de abril de 1952, la revolución nacionalista puso en pie a las milicias obreras y campesinas con la entrega de armas. El Gobierno de Víctor Paz Estenssoro dispuso una baja de más de 500 oficiales para la reestructuración total del Ejército, institución a la que se otorgó las tareas de construcción de caminos, pistas aéreas y resguardo de zonas fronterizas.
El Colegio Militar fue cerrado para suspender la formación de oficiales castrenses, pero reabrió sus puertas en 1953 con el nombre de “Gualberto Villarroel”. La situación política era tensa, y hubo intentos desde el propio Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y desde la Falange Socialista Boliviana (FSB) de derrocar a Víctor Paz Estenssoro. Ese panorama político inestable demandaba al Gobierno el respaldo de una fuerza organizada y especializada en la administración de la fuerza pública, entonces el Ejército volvió a funcionar como el pilar de la administración gubernamental de esa coyuntura difícil de la historia boliviana.
La posterior vigencia militar
En 1964, el general René Barrientos Ortuño, con un golpe a Víctor Paz Estenssoro, inició un periodo de dictaduras y presencia militares en la administración del Estado. El historiador Herbert Klein explica que “una oficialidad joven llegada al poder bajo el MNR creó un nuevo sistema político basado en su alianza con el campesinado”, se trató de una oficialidad antiobrera y conservadora.
Las guerrillas de origen urbano con el objetivo de “liberación nacional” fueron la ocasión para fortalecer ideológicamente a los militares, quienes a su turno pusieron reformas de ultraizquierda o de derecha, según fuera su tendencia política, como Alfredo Ovando que nacionalizó la Gulf Oil en 1969 o Juan José Torres que tenía la política de aceptación de la ayuda soviética y el ataque sistemático a la cooperación estadounidense. Los siete años de Gobierno de Hugo Banzer Suárez (1971 a 1978) impulsaron la reforma agraria y la colonización del oriente, mientras que Luis García Meza y Natusch Busch representan una época de corrupción y autoritarismo extremo.