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Martes 15 de agosto de 2006
La Jornada
El juez primero de distrito en materia de amparos de Toluca, estado de México, Willy Vega Ramírez, consideró “improcedente” el auto de formal prisión que el juez segundo de lo penal de Almoloya de Juárez, Jaime Maldonado, dictó contra los detenidos tras los hechos en San Salvador Atenco, al señalar que el juzgador estatal “no tiene competencia” debido a que los sucesos ocurrieron en Texcoco y no en Toluca; sin embargo, no concedió el amparo a los inculpados pues dio a Maldonado 10 días hábiles para demostrar por qué había emitido un fallo sobre un hecho ajeno a su jurisdicción, informaron abogados de los detenidos.
Bárbara Zamora, representante legal de Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), y de otros de los detenidos, señaló que con la decisión de Vega se le dio parte de la razón a los defensores, pues en los recursos que presentaron argumentaron que el juez segundo de lo penal no era competente para dictar el auto de formal prisión debido a que no correspondía a su jurisdicción.
La abogada aclaró que el juez de amparo “no entró a fondo” y no analizó la inexistencia de elementos para que sus defendidos permanezcan sujetos a proceso judicial y, por tanto, detenidos. Aunque confió en que, tras el plazo legal, Maldonado dicte un auto de libertad.
Por su parte, Juan de Dios Hernández Monge, abogado de la mayoría de los detenidos e integrante del equipo de representantes legales adherentes a la otra campaña, aseveró que con su fallo el juez de amparo “está administrando el conflicto, pues le da oportunidad al juez Maldonado de reparar los errores que cometió al dictar el auto de formal prisión”.
El litigante refirió que aunque Vega declaró “nulo” el auto de formal prisión, dejó en libertad jurisdiccional a Maldonado para que pueda armar un nuevo fallo, “fundado y motivado”, contra los detenidos con base sólo en el expediente que existe del caso; con lo que, consideró, no podrá demostrar la razón por la que le compete atraer el proceso jurídico, pues no corresponde a su territorio; sin embargo, no descartó que se intente nuevamente emitir un auto de formal prisión contra las 30 personas que aún permanecen detenidas y ratificar los cargos contra los 160 que están en libertad bajo fianza.
Zamora consideró que Maldonado violó el artículo 16 constitucional porque no es “una autoridad competente” ya que el caso no correspondía llevarse a efecto en Almoloya de Juárez. Por su parte, Hernández Monge, esgrimió que el artículo seis del Código de Procedimientos Penales del estado de México es claro al establecer que la competencia de los jueces se basa en razón y territorio, “y el juez de Santiaguito no funda ni motiva la extraterrotirialidad, lo que comprueba su incompetencia” para atraer los procesos.
Negativa de la CNDH
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó por segunda ocasión brindar información y enviar a la Procuraduría General de la República el expediente del caso Atenco como prueba de la existencia de tortura durante el asalto policiaco a ese municipio.
Ayer, integrantes del FPDT se reunieron con el director de la segunda visitaduría, Fernando Cervantes, a quien le exigieron que el organismo emita “en lo inmediato” la recomendación en torno al caso, que haga público su informe oficial, que se permita el acceso inmediato de víctimas y familiares al expediente y que se entregue copia certificada de toda la información que la CNDH ha recabado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres de la PGR para que “sean utilizados como elementos de prueba”.
Debido a que los manifestantes bloquearon por momentos Periférico sur -donde se ubica la sede de la CNDH-, la segunda visitadora general, Susana Pedroza, ordenó que su personal se levantara de la mesa de diálogo; sin embargo, como los bloqueos al tránsito continuaron, los miembros de esa visitaduría tuvieron que regresar y recibir a los atenquenses.
Tras la segunda reunión, Heriberto Salas, representante del FPDT, aseguró que el órgano de derechos humanos “no está respondiendo, vemos que no somos prioridad. Están actuando como cómplices de Vicente Fox y Enrique Peña ante su responsabilidad en el delito de tortura”.
Aseguró que la CNDH les respondió que la recomendación y el informe final sobre el caso pudiera estar listo entre septiembre u octubre, debido a que las dependencias gubernamentales a las que se les han solicitado información “acuden a los plazos máximos para proporcionárselas”.