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Oaxaca, México
Luis Hernández Navarro
La Jornada, 7 de noviembre
Durante meses, el conflicto en Oaxaca fue rehén de la situación política nacional. Pero ahora, en un vuelco de 180 grados, la coyuntura inmediata del país está atravesada por la sublevación oaxaqueña. El problema de “una sola calle”, como lo bautizó Ulises Ruiz, define ya muchas de las grandes decisiones políticas nacionales.
Las elecciones federales de julio de 2006 colocaron las protestas magisteriales en la entidad y las movilizaciones de la naciente Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en un segundo plano. Roberto Madrazo aseguró que tenían “aroma de mujer”, insinuando que detrás de ellas se encontraba Elba Esther Gordillo. No fueron pocos los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador que vieron en la sublevación una maniobra para dañar la imagen de su candidato.
El conflicto poselectoral dio vida artificial a Ulises Ruiz. Las grandes movilizaciones contra el fraude electoral oscurecieron el levantamiento oaxaqueño. Cargando a cuestas un grave déficit de legitimidad, Felipe Calderón necesita del apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para llegar a la Presidencia de la República y para mantenerse en ella con los menores sobresaltos posibles. El tricolor ha puesto precio a esta alianza: el sostenimiento en su cargo del gobernador de Oaxaca.
Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. Oaxaca está en el centro de la agenda política nacional. A punto de terminar su mandato, Vicente Fox confesó que heredará el conflicto a su sucesor. El próximo 20 de noviembre, fecha en la que López Obrador tomará posesión como presidente legítimo, distintas fuerzas han anunciado la realización de un paro nacional en apoyo a la APPO. Los insumisos oaxaqueños han dado un jaque al rey al declarar que, si Ulises Ruiz no se va, piensan trasladarse a la ciudad de México para impedir que Felipe Calderón se convierta en presidente de la República.
Una y otra vez, el gabinete de transición del abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) declara a la prensa que sigue atento el conflicto, pero que es ajeno al manejo que el gobierno federal le está dando. La mentira no confunde a nadie. Dentro del movimiento se sabe con absoluta certeza que el envío de la Policía Federal Preventiva (PFP) a Oaxaca fue una exigencia del presidente electo a Vicente Fox. Josefina Vázquez, habilitada como operadora para “desactivar el conflicto”, dejó a su paso demasiadas huellas de su infructuosa labor. Temeroso de tener que lidiar con un problema que ni entiende ni puede resolver con la política de “mano dura” que ha ofrecido a los círculos empresariales, Calderón presionó con todo para que fuera este gobierno y no el suyo el que pagara el costo de la represión en la entidad. Pero todo fue inútil. Las cosas son hoy más complicadas de lo que eran antes de la Batalla de Oaxaca.
Por si fuera poco, la prensa de todo el mundo informa sobre lo sucedido en Oaxaca. Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de países de Europa han pedido a sus conciudadanos que no viajen a la entidad. Reconocidos intelectuales del mundo entero han exigido al gobierno mexicano la salida de la PFP del estado y la renuncia de Ulises Ruiz. Decenas de consulados mexicanos en el exterior se han convertido en el centro de furibundas protestas contra el gobierno de Vicente Fox. Impávida, la diplomacia mexicana hace agua, mientras su capitán abandona el barco antes de tiempo y su vocero declara que los costos a pagar ya “estaban contemplados”.
Las imágenes de las siete horas de enfrentamiento entre los robocops made in Mexico y los estudiantes y colonos oaxaqueños que defendieron la universidad el pasado Día de Muertos dieron la vuelta al planeta. La policía mexicana fue derrotada por un levantamiento popular y los medios de comunicación fueron testigos. La Comuna de Oaxaca ha levantado una enorme ola de admiración, simpatía y solidaridad en miles de jóvenes. Muchos se aprestan a viajar a territorio mexicano para servir de escudos humanos ante la barbarie.
El desaguisado hoy es más grande ahora que cuando los gendarmes federales ocuparon Oaxaca. Alimentada de una compleja e intensa vida comunitaria y de una sabiduría política de decenas de años de lucha, la resistencia oaxaqueña ha mostrado hoy ser mucho más hábil que el gobierno federal y estatal. Sus dirigentes marchan siempre dos o tres pasos más adelante que los políticos profesionales.
Apenas una semana después de la entrada de la PFP en la entidad, cientos de miles de oaxaqueños tomaron la capital del estado para exigir su salida. El intento de presentar la acción policial como una iniciativa “imparcial” para restaurar el orden fracasó. La movilización hizo evidente que los gendarmes federales están allí para sostener a Ulises Ruiz.
La inteligencia táctica de la APPO es sorprendente. Cuando el gobierno federal se prepara para que el movimiento popular responda con la violencia, éste se defiende pacíficamente. Cuando el poder se cree militarmente victorioso y emprende lo que supone será la “ultima batalla” en la universidad, la sublevación resiste con palos, piedras y molotovs y le propina una apabullante derrota. Cuando Bucareli anuncia el regreso a clases, los maestros se quedan afuera de las aulas. Cuando el gobierno federal cree que puede obligar al movimiento a sentarse a negociar su rendición, éste la descarrila. Cuando Abascal quiere llevar a los dirigentes a dialogar a la ciudad de México en lo oscurito, éstos abren una mesa de negociación con la sociedad en Oaxaca.
La última maniobra del movimiento popular ha sido convertir su protesta en asunto central de la agenda política nacional. Las grandes definiciones de los próximos meses estarán marcadas por el conflicto. El gobierno federal se ha metido en un pantano del que no podrá salir. Oaxaca es hoy, más que nunca, México.