Clajadep :: Red de divulgación e intercambios sobre autonomía y poder popular

Marcha de simpatizantes de la APPO y del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca a la plaza de Santo Domingo, ayer Foto: Alfredo Domínguez

La APPO se deslinda de los bombazos en el DF

Oaxaca, Oax., 6 de noviembre. En tanto la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se deslindó de los bombazos en la ciudad de México y reiteró su exigencia de un diálogo directo con el presidente Vicente Fox, en el gobierno de Ulises Ruiz se aseguró que no ha podido solicitar licencia porque los grupos de poder fáctico en el estado lo presionan para cumplir los compromisos pactados desde su candidatura. Esto, afirmaron, ha retrasado su salida de la gubernatura.

Funcionarios locales indicaron que el mandatario ha sostenido reuniones privadas con grupos que apoyaron su candidatura y que, al igual que sus más cercanos colaboradores, le han advertido la imposibilidad de dejar el cargo en tanto no cumpla sus pactos. En ese tenor, iniciaron la elaboración de programas que “faciliten la reconciliación”, y la aplicación de estrategias de comunicación que favorezcan su desgastada imagen.

Mandos de las fuerzas federales informaron que mantendrán suspendidas las acciones de “restablecimiento de la paz y el orden en Oaxaca”, mientras funcionarios del gobierno federal continúen con las negociaciones con la APPO. Como ejemplo de esos amarres, señalaron, se logró que la megamarcha del domingo se efectuara sin vigilancia policial y que los participantes no intentaran llegar al zócalo.

Este lunes, cuando debían reiniciarse las clases en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), en los accesos al campus se colocaron avisos a alumnos, profesores y empleados de que las puertas de la casa de estudios no se abrirán “hasta nuevo aviso”.

La iniciativa para un diálogo entre la sociedad civil, la APPO y el gobierno federal no se concretó este lunes, ya que no hubo interlocución con la Secretaría de Gobernación y el esfuerzo se limitó a un recuento de las causas del conflicto en la entidad.

Sin embargo, se concluyó exhortar a las partes a adoptar medidas de distensión, como la salida de la Policía Federal Preventiva (PFP), la liberación de presos políticos y el levantamiento de las pocas barricadas que aún existen en esta capital, sobre todo en las inmediaciones de la UABJO.

Así, la APPO sólo participó como observadora del encuentro, al igual que figuras como el pintor juchiteco Francisco Toledo, el filósofo Luis Villoro, el rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri, y los diputados Othón Cuevas, del PRD, y Alberto Esteva, de Convergencia.

Pese al desencuentro con la APPO, el obispo auxiliar de Antequera-Oaxaca, Oscar Campos Contreras, afirmó que la Iglesia católica seguirá dispuesta a facilitar toda iniciativa o acción encaminada a un auténtico diálogo, donde estén representados todos los sectores de Oaxaca, y a respaldar cualquier propuesta de distensión.

Hizo un llamado urgente a los partidos políticos, a sus dirigentes y a los legisladores “a que en esta hora de la historia que pasa por Oaxaca, asuman una actitud de sensibilidad y compromiso con la concordia y la paz del estado y del país”.

Lucha “democrática y pacífica”

Desde la mañana, Flavio Sosa Villavicencio, uno de los integrantes de la coordinación provisional de la APPO, comenzó el deslinde del movimiento social oaxaqueño de las explosiones ocurridas en los primeros minutos de este lunes en el Distrito Federal. Aseguró que la lucha popular por la caída de Ulises Ruiz “es democrática y pacífica”. Luego, al salir de Santo Domingo, aseguró que esos hechos constituyen sólo “una cortina de humo para opacar esta movilización. Este movimiento es exitoso, y tiene el respaldo del pueblo de Oaxaca”.

La profesora Carmen López, delegada de la sección 22 del SNTE en la APPO, insistió en el corte pacífico del movimiento, que, aseguró, se desarrolla dentro del marco constitucional. Rechazó versiones periodísticas de que la asamblea popular tiene nexos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR): “no tenemos ninguna relación con el EPR ni con ningún grupo guerrillero. Nos deslindamos de esas acciones, que si bien las entendemos, no las compartimos”.

La dirección de la APPO calificó las explosiones de “hechos lamentables, que tienden a la violencia” y llamó al gobierno federal a “investigar lo sucedido hasta sus últimas consecuencias, sobre todo porque la lucha de la asamblea es de frente, descubierta, dentro del marco legal y no tenemos ninguna relación con ello”.

Sobre el cauce que tomó la pretendida mesa de diálogo en Santo Domingo, sobre todo a partir del rechazo a aceptar las condiciones del arzobispo José Luis Chávez Botello, Flavio Sosa reconoció que en principio la convocatoria estuvo a cargo de la APPO, pero, tras platicar con un sector de la sociedad oaxaqueña, se dejó que ésta llevara la iniciativa. “Nosotros sólo vamos a participar.”

Así, las organizaciones ciudadanas y de derechos humanos tomaron el control del denominado Foro de Análisis sobre Medidas de Distensión para la Paz y la Reconciliación en Oaxaca, celebrado en la biblioteca del ex Convento de Santo Domingo de Guzmán.

Incluso, hora y media después de iniciado el encuentro, lo abandonaron el rector Martínez Neri y el pintor Francisco Toledo. Hacia las 3 de la tarde lo hizo la APPO. Las organizaciones trasladaron a la Casa de la Mujer Rosario Castellanos la conferencia que había sido anunciada a celebrarse en Santo Domingo. Allí aseguraron que en ningún momento la intención fue constituirse en mediadores para un diálogo entre el gobierno federal, estatal y la APPO, sino exclusivamente “para hacer escuchar la voz de los ciudadanos”.

En un comunicado de prensa, definieron que una de las principales medidas de distensión sería “la renuncia del gobernador Ruiz Ortiz, ya que es el principal responsable del estado de ingobernabilidad que priva en Oaxaca”, así como la liberación de presos y detenidos desde mayo pasado, y el retiro de la PFP de la entidad.

Aunque en principio su postura se enfocó en demandar el “cese” a la incitación a la violencia a través de la Radio Ciudadana, que impulsa acciones de linchamiento hacia los participantes en el movimiento, después la ampliaron y anunciaron la creación de un comité de monitoreo a esa estación, pero también a Radio Universidad, “y evitar así excesos en ambas partes”.

Paralelamente, la delegación regional de Valles Centrales, de la sección 22 del SNTE, emprendió una marcha del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca hasta la plaza de Santo Domingo, donde se ratificó que no se reiniciarán clases en la zona hasta el retiro de la PFP.

A su vez, estudiantes reforzaron las medidas de seguridad atrás de Ciudad Universitaria y ampliaron el número de barricadas para evitar una incursión policial como la de la mañana del domingo, en la que resultó herido de bala en el tórax el estudiante Marcos Manuel Sánchez, quien este lunes fue declarado estable en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La situación en la UABJO se mantiene “en alerta”, ante el temor de otra acometida, pese a los avisos oficiales de que no se afectará la autonomía universitaria.

A pesar de que supuestamente existe la intención de emprender acciones de “distensión” entre las partes en conflicto, desde la noche del domingo Radio Universidad transmite de manera normal, pero la señal se recibe con mucha interferencia y, a decir de los operadores de la emisora, su cobertura apenas llega al centro de esta capital.

A su vez, el secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y delegado especial de ese partido en Oaxaca, Fernando Belaunzarán, aclaró que la exigencia de que Ruiz Ortiz solicite licencia “no persigue ganar la gubernatura en la mesa”, sino solamente la solución del conflicto político social; incluso reiteró la disposición del sol azteca a aceptar un interino surgido de las filas priístas.

En conferencia de prensa, informó que perredistas tomaron este lunes las delegaciones de gobierno de Tlacolula, Teotitlán de Flores Magón, Ixtlán. Tehuantepec, Pinotepa Nacional, Tlaxiaco, Huajuapan de León, Juxtlahuaca, Ocotlán, Tuxtepec, Huautla de Jiménez, Matías Romero y Pochutla, como medidas de presión para obligar a Ruiz Ortiz a pedir licencia. También bloquearon en forma intermitente la carretera internacional Cristóbal Colón, en inmediaciones de El Camarón, Yautepec, y Juchitán de Zaragoza, así como la carretera costera, cerca de Pinotepa Nacional.

En tanto, representantes y autoridades comunitarias de 77 pueblos mixes, mixtecos, zapotecos, zoques, chinantecos y barreños, reunidos en asamblea regional, acordaron intensificar las protestas hasta lograr la caída de Ruiz Ortiz y la liberación de los presos políticos, informó el coordinador de Comisiones de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Carlos Beas Torres.

Así, bloquearán este martes y por tres días consecutivos la Carretera Transístmica, en inmediaciones de Matías Romero y San Juan Guichicovi.

Prendas empeñadas

Por su parte, el Monte de Piedad señaló que casi se duplicó el porcentaje de prendas empeñadas que no son recuperadas por sus dueños, sobre todo profesores, amas de casa y desempleados, a partir del conflicto iniciado en mayo. La institución aseguró que la sociedad oaxaqueña de menores recursos, ante la caída de la economía estatal, ha optado por perder sus pertenencias a cambio de un poco de dinero.

Agustín Rangel, director de la unidad de control, afirmó que se ha producido un incremento de 5 por ciento mensual de operaciones prendarias desde junio pasado, y de manera inversa se redujo el número de solicitudes de préstamo entre agosto y septiembre, periodo en que los padres de familia solicitaban recursos para adquirir útiles escolares y uniformes. En años anteriores, el porcentaje de boletas aumentaba en ese periodo 20 por ciento, y esta vez se mantuvo dentro del cinco por ciento mensual.