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Guillermo Almeyra
La Jornada
¿”Gobierno sombra” o lucha por una alternativa?
Andrés Manuel López Obrador ha nombrado ya su gobierno paralelo y mañana será proclamado presidente legítimo, desconociendo el fraude escandaloso que lleva a Los Pinos al usurpador Felipe Calderón. Su gobierno puede ser demostrativo, una especie de “gobierno sombra”, como los gabinetes paralelos de la oposición inglesa, con el fin de hacer una campaña articulada y permanente de educación política de los electores, para ir conquistando gradualmente la mayoría con vistas a las siguientes elecciones. O puede ser, en cambio, alternativo, orientado como la APPO no a las elecciones futuras sino al cambio de las relaciones de fuerza día tras día, a la construcción de poder tanto en las mentes de los trabajadores y los oprimidos (que son mucho más que electores), y también a la construcción de organizaciones sociales amplias, plurales, de frente común, que empiecen a imponer la democracia y las reivindicaciones populares, y actúen como otros tantos gérmenes de poder locales frente al poder legal, pero ilegítimo, del gobierno federal o estatal.
En el primer caso, plenamente instalado en el sistema social y político y reconociendo de facto el poder de quienes califica de usurpadores, actuaría como un árbitro de futbol con poderes restringidos, pitando las infracciones pero sin poder suspender ni expulsar a nadie. Y libraría una batalla minoritaria en las instituciones, cifrando todas sus esperanzas en el desgaste inevitable del gobierno ilegítimo y en la protesta social creciente (igualmente inevitable), para ganar las elecciones sucesivas hasta el fin del sexenio presidencial. Ese cálculo implica desgranar al PRI, profundizar las diferencias en éste entre el ala tradicional, nacionalista conservadora, y el ala dispuesta a servir al PAN. O sea, compensar la atracción del gobierno en las filas del PRD con un engordamiento de éste a costa del PRI y la negociación permanente con el gobierno central (al cual verbalmente seguiría repudiando) y con los empresarios, para demostrarles a éstos que es “realista” y que, al fin y al cabo, puede evitar que la inquietud social escape al control de los partidos y, por lo tanto, debe ir al gobierno para garantizar “el orden y la tranquilidad” (o sea, en palabras más claras, la explotación de siempre y en las condiciones de siempre).
Militan en esta línea la actual dirección central del PRD, el funcionamiento de éste, su carácter mismo (véase lo que hicieron los diputados oaxaqueños, que legitimaron a Ulises Ruiz, se prolongaron el mandato y se aumentaron el sueldo, sin que los echasen a patadas del partido). No se trata sólo de los salinistas: el PRD tuvo como presidenta a Rosario Robles y como dirigente a Demetrio Sodi, varios de sus dirigentes principales se fueron con el gobierno de Fox y ninguno de sus gobiernos locales trata de ser alternativo y de respetar la voluntad de quienes los eligieron para que lo fueran o, por lo menos, para que tuvieran una política reformista popular. En parte por eso, AMLO constituye su gobierno con personas que no dependen del aparato perredista y trata de depender de la convención nacional democrática (CND) y no de aquél. En el caso de esta opción interna al sistema, no sólo habría una creciente oposición entre esta orientación y los movimientos profundos, como el de Oaxaca, sino también una competencia permanente entre AMLO y la otra campaña, que trataría de disputarle el electorado a los “electoralistas de profesión”.
La otra opción es la muy importante que está aplicando la APPO. O sea, desconocer realmente al poder oficial y llevar a cabo una política de movilizaciones sociales cotidianas, ligadas a los problemas y las necesidades de la gente común y construir gérmenes de poder popular, como las policías comunitarias o sindicales que se apoyen en una permanente contrainformación y formación política unitaria. Esta sería posible sea mediante las radios comunitarias y populares, sea recurriendo a camiones con altoparlantes que vayan por los barrios como radios itinerantes informando sobre los hechos principales del día, analizándolos brevemente, extrayendo las conclusiones de aquéllos, divulgando las propuestas alternativas, dando voz a quien lo desee. O sea, construir realmente la CND en todo el país, diferenciarla del PRD, unir la protesta democrática contra el fraude y la usurpación del derecho a elegir con la protesta social y política antisistémica, de la otra campaña, de la APPO y demás asambleas populares, de las organizaciones campesinas e indígenas y de los sindicatos democráticos que apoyan el Programa de Querétaro y se organizan en el Diálogo Nacional.
Esa política no institucional, aunque, por supuesto, no desdeñase las elecciones parciales ni tampoco la batalla en el Congreso y en las instituciones, acciones que deberían respaldar y acompañar la acción cotidiana de base, podría ayudar a unir en un solo haz las distintas fuerzas políticas y sociales que luchan por una asamblea constituyente. En efecto, el ejemplo boliviano, que algunos desdeñaron arrogantemente, demuestra la posibilidad de unir las movilizaciones, como eje político, con la utilización subordinada de las instituciones para imponer el gobierno popular de un frente social amplio que haga posible una constituyente para rediscutir cómo reorganizar el país.