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Diversos operativos policiales se han registrado en los últimos días al interior de comunidades de las provincias de Arauko y Malleco, según denunciaron a Azkintuwe dirigentes afectados por el actuar de Carabineros. El pasado miércoles, efectivos de la Tercera Comisaría de Cañete arrestaron a 26 comuneros mapuches de la comunidad Caupolicán, en las cercanías del Lago Lleu-Lleu. Los comuneros fueron detenidos en la parcela 15, propiedad del fallecido empresario Carlos Campos Valenzuela, donde según la policía fueron sorprendidos talando árboles, en un terreno que sin embargo los comuneros reivindican como propio. En el procedimiento policial, se les incautaron diversas herramientas de trabajo.
Los 26 comuneros fueron trasladados al cuartel policial donde en horas de la tarde el fiscal Mario Elgueta Salinas decidió que seis mujeres quedaran libres y citadas a la fiscalía porque no fueron sorprendidas participando en la movilización. Los otros 20 hombres fueron formalizados el día de ayer -por parte del fiscal Mario Elgueta Salinas- por los delitos de ‘usurpación de terrenos’ y ‘daños agravados’ en la parcela del empresario. Los mapuches quedaron con prohibición de acercarse al predio y a la familia de la víctima, y con obligación de firmar una vez al mes en la comisaría de Cañete.
El fiscal además ordenó protección policial al terreno, medida que se suma a las 13 decretadas por el Ministerio Público en diversos puntos de la Provincia de Arauko y encargadas a una unidad especial de Carabineros. Durante esa misma audiencia, la Policía de Investigaciones detuvo al lonko de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñako Lincopi, quien hace un año no se presentaba a firmar por la condena de 541 días de pena remitida, derivada del incendio a la Hacienda Lleu Lleu, el 2002 y donde fue condenado -junto a otros comuneros, entre ellos Héctor Llaitul Carillanca, detenido en Concepción la tarde del miércoles- en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Meñako fue trasladado durante la tarde hasta Concepción donde fue puesto a disposición de la Corte de Apelaciones de Concepción. Tras ser presentado ante el magistrado Juan Villa, este decretó su libertad, previo mandato de retomar el dirigente la firma mensual ante Gendarmería de Cañete. El mismo tribunal revocó sin embargo la libertad de otro comunero; Ociel Santi Paine, miembro de la comunidad Nicolás Calbullanca y reconocido dirigente social. Santi cayó detenido en noviembre de 2006, por cargos de robo y abigeato en los cuales alega inocencia. En enero, el Juzgado de Garantía lo dejó en libertad, pero el tribunal de alzada penquista ordenó su inmediata recaptura.
Operativo en Temulemu
La tarde de ayer jueves, en tanto, un contingente de al menos medio centenar de Carabineros, fuertemente armados, irrumpieron en la comunidad Antonio Ñiripil del sector de Temulemu, a 15 kilómetros al suroeste de la ciudad de Traiguén, IX Región. Al ser increpados por un grupo de mapuches que desarrollaban faenas comunitarias, estos reaccionaron violentamente, haciendo uso de escopetas antimotines e incluso armas automáticas de servicio, según denunció a Azkintuwe el dirigente Juan Pichún, testigo presencial de los incidentes y uno de los heridos.
‘Nos encontrábamos con un grupo de peñi elaborando madera para arreglo y construcción de viviendas en la comunidad, cuando llegaron de repente tres camionetas, repletas de Carabineros. Dos llevaban policías de uniforme y una personal de civil, creemos que de la Dipolcar [Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros. N.d.R] ya que reconocimos a algunos de ellos. Se bajaron y de inmediato comenzaron los insultos. Nosotros les preguntamos en qué andaban y por qué entraban así a la comunidad y no quisieron responder nada’, detalló Pichún.
Según el dirigente -hijo del lonko Pascual Pichún, que cumple condena en la Cárcel Pública de Traiguén y goza actualmente del beneficio de salida diaria- la negativa de los policías a informar del propósito del operativo desató un intercambio de palabras que desembocó en el indiscriminado uso -por parte de la policía- de sus armas de servicio contra los comuneros, resultando ‘dos peñis heridos en sus brazos, dos en sus piernas, todos con perdigones provenientes de las escopetas anti-motines de los Carabineros. Un peñi resultó herido incluso con una bala 9 milímetros que rozó parte de su cuerpo, dejando una gran quemadura’, denunció Pichún.
El dirigente señaló su extrañeza ante el operativo, toda vez que hace más de un año que no se registraban incidentes con Carabineros en una comunidad emblemática por su lucha contra las empresas forestales y los niveles de persecución policial que afectaron a gran parte de sus dirigentes, entre ellos la familia Pichún-Collonao. ‘Nos llama la atención lo que sucedió y estamos evaluando como comunidad las acciones que vamos a emprender. En estos minutos estamos esperando la llegada del lonko Pascual quien ya fue informado y decidiremos cómo vamos a responder ante este tipo de agresiones’, adelantó el dirigente.
A juicio del vocero, la probable búsqueda de comuneros requeridos por la justicia habría sido el propósito de la sorpresiva arremetida policial. ‘No sabemos, no dijeron nada, no mostraron ninguna orden ni tampoco querían identificarse cuando se lo exigimos. Nos observaron y listo. Luego comenzaron los disparos y nos replegamos todos, tratando de no ser alcanzados por los perdigones… pudo haber terminado mal, en tragedia, lo que pasó ayer en la comunidad. Solo se nos ocurre que andaban chequeando personas que ellos buscan’, finalizó Pichún.
Traslado a Imperial
Esposado y con un fuerte contingente policial arribó durante la madrugada de hoy el dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco [CAM], Héctor Llaitul, desde el cuartel de la Policía de Investigaciones de Concepción, hasta la ciudad de Nueva Imperial, esto tras ser formalizado por el Tribunal de Garantía de la capital penquista por el delito de ‘porte y tenencia ilegal de arma’. Su traslado fue autorizado por la jueza Yolanda Méndez Mardones y se efectuó bajo fuerte resguardo del Grupo Especial de Traslado de Gendarmería, pues debía estar antes de las 11 horas a disposición del Juzgado de Nueva Imperial, donde era requerido desde fines de diciembre de 2006.
En el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial Héctor Llaitul será imputado del delito de atentado incendiario, por un hecho ocurrido la noche del 25 de diciembre de 2006 en el fundo Las Praderas de Chol-Chol. Ese día ocho personas quemaron un camión y un cargador de rollizos de una empresa contratista de la forestal Mininco. Comuneros mapuches del área, agrupados en una junta de vigilancia, detuvieron a Roberto Carlos Painemil, pensando que se trataría de cuatreros. Se le incautaron dos armas de fuego y otras especies, incluido un automóvil, que hicieron presumir su participación en el atentado. Junto a la orden de detención de Llaitul se dictó otras para Ernesto Chachallao y Sergio Luis Tralcal.
Por causas judiciales relacionadas con las movilizaciones mapuches existe una quincena de órdenes de detención pendientes, lo que a juicio de Juan Pichún, hace sospechar un incremento de los operativos policiales en la zona sur. La búsqueda más relevante para las policías es la de José Huenchunao Mariñán, sindicado como uno de los principales líderes de la CAM, quien está condenado a 10 años de prisión por incendio terrorista en el caso Poluco -Pidenco. Otros dirigentes buscados son Mireya Figueroa y Luis Amable Catriminil, condenados por el mismo delito. El último detenido ha sido José Llanquileo en noviembre de 2006 y condenado recientemente a 5 años de cárcel por incendio
El dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul compareció hoy ante el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, donde fue imputado por los delitos de incendio, receptación de especies robadas y porte y tenencia de arma de fuego. Esto, por su participación en un atentado a la Forestal Mininco en Cholchol, en diciembre pasado.
El jefe militar de la CAM se encuentra en prisión preventiva, de acuerdo a lo dictaminado ayer por los tribunales de Garantía de Concepción, oportunidad en que fue formalizado por porte y tenencia ilegal de armas.
Esto, luego que el miércoles –al ser capturado después de cuatro años de clandestinidad- fue sorprendido con una pistola nueve milímetros, un cargador con 10 tiros y una caja con 53 balas, al interior de su mochila.
Pero Llaitul deberá enfrentar nuevos procesos: ante la fiscalía militar de Lebu por maltrato de obra a Carabineros; en la Corte de Apelaciones de Concepción por incumplimiento de pena por infracción a la Ley de Seguridad del Estado por el incendio a una hacienda de Lleu-Lleu; asimismo, registra una orden pendiente del juzgado de letras de Cañete.
Silencioso y atento Héctor Llaitul Carillanca [39], jefe militar de la Coordinadora Arauco Malleco [CAM], siguió cada paso de la audiencia de formalización desarrollada ayer en su contra en los tribunales de Garantía de Concepción.
Si bien los cargos imputados no revisten penas altas ni justifican medidas extremas de privación de libertad, el líder mapuche fue puesto en prisión preventiva conforme a la larga lista de requerimientos judiciales anteriores.
El mediodía del miércoles, mientras efectivos de la Brigada de Robos de Concepción efectuaba un patrullaje de rutina por el sector de Collao, se toparon de frente con Héctor Llaitul mientras caminaba por la Plaza Acevedo.
Según los policías, luego de reconocerlo como uno de los hombres más escurridizos de la CAM, procedieron a controlar su identidad, diligencia que no pudo concretarse dado que no portaba documentos.
Registradas su pertenencias se encontró una pistola nueve milímetros, un cargador con 10 tiros y una caja con 53 balas, todo al interior de su mochila, razón que bastó a los detectives para trasladarlo a un cuartel policial, donde se constató que efectivamente se le había dado caza al buscado “comandante Héctor”.
El cordón policial
El revuelo generado por la detención del jefe militar mapuche no pasó inadvertido. Es más, se amplió a escala exponencial la mañana de ayer, cuando la Policía de Investigaciones estimó necesario no uno, sino cuatro carros con detectives fuertemente armados, para concretar el traslado de Llaitul -chaleco antibalas incluido- desde el cuartel hasta el tribunal.
En el lugar, apostados como en un operativo antidrogas, Carabineros del GOPE y de Fuerzas Especiales, marcaron territorio para darle aun mayor seguridad al evento.
Sin embargo, el segundo hombre de la CAM, con la disciplina digna de un toqui, enarboló el orgullo de su pueblo con un silencio sereno.
En este escenario se inició a la audiencia.
“Estuve prófugo”
La importancia del imputado, mereció que el propio fiscal jefe [S] de Concepción, Julio Contardo, lo formalizara. Su labor estuvo pavimentada por la honestidad de Llaitul al responder las preguntas de la jueza Yolanda Méndez, respecto de posibles apremios de la policía.
“La policía cumplió con su trabajo […] Domicilio fijo no tengo porque hasta ayer [miércoles] estuve prófugo”, dijo.
Relatados los hechos, el fiscal Contardo formalizó por porte y tenencia ilegal de armas, delitos que se configuraron pese a que la pistola está inscrita a nombre del imputado desde 1995. Sin embargo, no cuenta con permisos para portarla.
El prosecutor solicitó la prisión preventiva del asistente social titulado de la Universidad de Concepción, al estimar sus causas anteriores, que le valieron la prisión preventiva durante los tres meses asignados a la investigación, luego que se le considerara un peligro para la sociedad.
Al final de la audiencia, la boca de líder indígena no se abrió ni siquiera para emitir consignas a favor de su causa. Sólo una mirada tranquila le dedicó a su mujer y a su pequeño hijo de dos años, que en ese minuto ingresaron a la sala para saber de su futuro. La jueza Méndez determinó que en un plazo de 24 horas, el imputado debía comparecer ante el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial, por la presunta participación de Llanquil en un atentado a la Forestal Mininco en Cholchol. A esta orden se suman otras tres, de la fiscalía militar de Lebu por maltrato de obra a Carabineros, de la Corte de Apelaciones de Concepción por incumplimiento de pena por infracción a la Ley de Seguridad del Estado por el incendio a una hacienda de Lleu-Lleu. Finalmente, registra una orden pendiente del juzgado de letras de Cañete.