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Autoridades militares, judiciales y agrarias federales respaldan las acciones
Incrementa la Opddic maniobras de despojo contra comunidades del EZLN
La Jornada
San Cristóbal de las Casas, Chis., 26 de febrero. Las acciones de despojo contra las comunidades zapatistas de la selva y la zona Norte, directas o por la “vía legal”, se han incrementado en pocas semanas. En casi todos los casos éstas corren a cargo de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Siempre con respaldo de instancias federales militares, judiciales o agrarias; en algunos casos con el del gobierno municipal (en distintas partes de Ocosingo, gobernado por el PRI), en otros sin él, pero con una tibieza que raya en la parálisis (en Chilón, donde gobierna el PRD). Y ahora se registran nuevas amenazas en comunidades choles de Tila, como Nueva Revolución, que ya anteriormente sufrieron desplazamiento por los paramilitares de Paz y Justicia.
Del mismo modo en que se han recrudecido las hostilidades de la Opddic a raíz de las denuncias de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y las juntas de Buen Gobierno, se han suscitado protestas y extrañamientos de las propias bases de la Opddic, sorprendidas de que su organización posea un perfil agresivo y amenazador, de carácter paramilitar. Sucede que ésta presenta una faceta legal, de gestoría agraria y de programas gubernamentales, además de su vertiente armada de potencial violencia.
Un reciente informe independiente sobre la situación señala: “los riesgos de una intensidad de hostilidades y enfrentamientos se incrementan. Más aún cuando el perfil de algunos nuevos integrantes de la Opddic corresponde a delincuencia organizada y desorganizada, presentan un carácter antizapatista con viejos y presentes rencores, y están armados. No es lo mismo la Opddic en Chilón que en la cañada de Taniperla, donde los rasgos de grupo paramilitar son más nítidos; sin embargo, los nuevos miembros en Chilón se mimetizan con sus contrapartes de la selva. Gradualmente presentan características de grupo paramilitar. Cabe mencionar que muchos nuevos integrantes de la Opddic entraron obligados por la dirigencia, ignorando en qué espectro se metieron” (Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, CAPISE, febrero de 2007).
El informe recuerda que la Opddic nació en la periferia de Montes Azules, en las comunidades El Censo y Taniperlas (Ocosingo), “territorio militarmente controlado y resguardado con recelo por el Ejército mexicano”. En esa cañada “ha operado una de las unidades militares más especializadas, el Primer Cuerpo del Ejército (ICE), única unidad en Chiapas que hasta el año pasado estaba jurisdiccionada a la ciudad de México; el escalón militar recorría Ocotalito, Monte Líbano, Taniperla y San Caralampio, teniendo su cuartel general en Crucero Temó”. Por lo demás, la unidades en Altamirano, Bachajón y Yajalón “son las otras posiciones militares que se articulan estrechamente con la Opddic”.
Los principales líderes de la agrupación priísta de “defensa” (su terminología remite a los grupos de “autodefensa” contrainsurgentes, creados por los ejércitos de Guatemala y El Salvador durante los años de la guerra civil en esas naciones), Pedro Chulín Jiménez y Carlos Moreno Hernández, “actúan con el apoyo tácito o implícito de las fuerzas armadas, tienen base social y política (controlan el PRI en Ocosingo, Chilón y Altamirano), tienen jerarquía y mando, son parte integral de una estrategia de contrainsurgencia y el grupo donde operan es semiclandestino”.
La investigación citada encuentra que la “Opddic es títere y parte operativa de una clara estrategia de contrainsurgencia orquestada y recrudecida con la conformación del nuevo gabinete de Felipe Calderón Hinojosa”. El marco de impunidad en que opera “es prácticamente total”.
En denuncias recabadas en campo, con base en los códigos penales federal y estatal, se identifican los ilícitos perpetrados por la Opddic contra bases zapatistas: amenazas (delitos contra la paz y la seguridad de las personas); lesiones (contra la vida y la integridad corporal); daño en propiedad ajena (contra el patrimonio) y delitos contra la seguridad pública. Hasta el momento “ningún miembro de la Opddic ha sido castigado o detenido por autoridades federales o estatales; de igual forma ha sucedido con la Procuraduría Agraria y la Secretaría de la Reforma Agraria”, concluye el informe.