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Presidente desea “autodeterminación” de indígenas y estatizar recursos naturales
El presidente Evo Morales quiere que la nueva Constitución otorgue a los indígenas derechos preferentes que no tendrán los demás bolivianos, incluida su “autodeterminación”, y que el Estado sea propietario de todas las tierras y recursos naturales.
Además, que la propiedad privada se restrinja, que la iglesia Católica pierda sus privilegios de religión oficial y que las “organizaciones sociales”, la mayoría integradas en su Movimiento al Socialismo (MAS), integren un “órgano constitucional autónomo” que controle a los demás poderes.
Así lo consigna el documento “Propuestas del Poder Ejecutivo a la Asamblea Constituyente”, que analizan los 255 integrantes del foro y que fue entregado a Efe por el presidente de una de las comisiones que redactan la Carta Magna.
En el capítulo de autonomías se plantea “el respeto a la voluntad de que los pueblos indígenas y originarios recuperen su derecho a la autodeterminación”.
El nuevo Estado deberá “devolver el papel protagónico e incluyente a los pueblos indígenas y originarios, (y) reconocer sus derechos”.
“Los derechos de autodeterminación y autogobierno se ejercen a través de la capacidad de autonomía de los pueblos y comunidades”, agrega la propuesta.
“Las autoridades de los pueblos indígenas -prosigue- tienen personalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento corresponde a cada pueblo y comunidad según sus usos y costumbres, sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad”.
Además, tendrán derecho a que se les consulte sobre la exploración y explotación de recursos en su territorio, e incluso el derecho al veto.
No obstante, se aclara que “los procesos de descentralización solamente pueden darse si es que no significan ningún riesgo para la cohesión y fortaleza del país”.
Se propone la creación de “un órgano constitucional autónomo integrado por representantes de las organizaciones sociales, cuya función será fiscalizar y vigilar las actuaciones y gestión del poder público”.
El sistema judicial indígena, de aprobarse la propuesta, no atenderá a las reglas generales, sino que “su conformación y funcionamiento se sujetarán a normas y procedimientos propios”.
“Todos los recursos (bienes explotables, rentas, ingresos) nacionales son de propiedad del Estado”, afirma el documento.
“El Estado participará mayoritariamente en empresas productivas estratégicas -añade-. Las empresas extranjeras sólo pueden ser contratadas para prestar servicios y, en caso de conflictos, someterse a la jurisdicción boliviana”.
“Se garantiza la propiedad privada siempre que cumpla una función social y que su adquisición o tenencia no sea producto de hechos o actos de corrupción”.
La tierra se mantendrá “bajo competencia exclusiva del Estado, para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades de los pueblos indígenas, naciones originarias y comunidades campesinas”.
El dominio del Estado sobre la tierra “es directo e imprescriptible, y se ejerce por el gobierno nacional, y el derecho concedido a terceros tiene carácter condicional, sujeto a requisitos y límites establecidos en esta Constitución”, agrega el proyecto.
El Estado establecerá “parámetros de superficie máxima individual y colectiva”, y los derechos sobre tierras se extinguirán si, a juicio del gobierno, no cumplen una “función económica y social”.
En las “zonas bajas” (llanos amazónicos y chaqueños que representan dos tercios de Bolivia) “la extensión de la propiedad perteneciente a una persona natural o jurídica no podrá exceder de cinco mil hectáreas”.
La creación de autonomías indígenas implicará una reordenación territorial del país, hoy dividido en nueve departamentos (la mayoría con gobernadores electos adversarios de Morales), y el proyecto aclara que las regiones afectadas no tendrán derecho a oponerse.
Sobre religión, dice que se respetará “la espiritualidad de cada cultura y libertad de creencia, sin imposición dogmática religiosa”, lo cual, según medios informativos bolivianos, convertirá a la iglesia Católica en una ONG más, tras siglos de privilegios.
Entre los “principios rectores” en Justicia, el primero es el proverbio aimara “ama lluia, ama q”ella, ama sua”: “no seas mentiroso, no sean flojo, no seas ladrón”.
Los jueces serán elegidos por voto popular, el pueblo podrá revocar sus mandatos en referendo, y estarán bajo el control “amplio y efectivo” de las “organizaciones sociales”, como llaman en Bolivia a las agrupaciones de izquierda federadas en el MAS.