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Autogestión productiva y asambleismo
Segunda parte; ¿Y el Estado?
Por Luis Mattini / La Fogata
Me parece adecuado empezar esta segunda parte citando el párrafo final del artículo de Mabel Thwaites Rey: “Debemos caminar permanentemente en esa tortuosa contradicción de luchar contra el Estado para eliminarlo como instancia de desigualdad y opresión, a la vez luchamos para ganar territorios en el Estado, que sirvan para avanzar en nuestras conquistas” (”Autogestión social y nuevas formas de lucha”—————————————————————– http://www.lafogata.org/opiniones/izq_autonomia.htm el 5 de junio 2003)
Excelente propuesta, pero para ello es menester desmitificar el Estado Nacional. Tanto el mito populista que asume como verdadera la supuesta función del Estado de servir al “interés general”, como la hipocresía antiestatista del liberalismo que lo “achica” o “agranda” según los intereses de la libre circulación de la mercancía. Es admitido que el Estado no es neutral, sabemos que es una instancia esencialmente clasista cuya función consiste en asegurar las relaciones sociales desiguales que se metamorfosean en lo jurídico como “igualdad ante la ley”. En esto se puede ser taxativo: si las relaciones sociales fueran iguales no habría necesidad de Estado, como no lo hubo en la comunidad primitiva. Corolario: esto reafirma lo visto en la primera parte de esta nota: no puede existir socialismo estatal.
Sin embargo, el Estado contiene una contradicción entre su papel esencial como máquina de dominación asegurando el funcionamiento de la sociedad desigual y su ficción de representar el interés general. Por eso tiene razón Mabel Thwaites Rey cuando propone: “…aprovechar la apelación al “interés general” que justifica la existencia del Estado para arrancar medidas, para imponer instituciones que preserven el interés de las clases subalternas”
Hasta aquí no habría, creo, demasiada discusión en el campo popular: El problema aparece al momento de ponernos en marcha, sobre todo si tenemos en cuenta las resultantes históricas de “participación popular” en el gobierno.
En primer lugar conviene observar dos instancias en el Estado: la primera, el aparato burocrático permanente, “personal de planta”, los técnicos, como máquina que, sin perder su función de aseguradoras de la estabilidad social desigual, crea sus propios intereses de existencia. Es decir, el Estado es una máquina de dominación impersonal, no obstante, sus piezas no son de hierro, son personas (funcionarios) y esas personas tienen sus intereses individuales y corporativos. Sobre todo corporativos. Desde el ordenanza hasta el Juez, desde el chofer hasta el Escribano General de la Nación. Esta estructura es formidable y tiene plena conciencia “inconsciente”, vaya la contradicción, de su ser y de la acción común en defensa de su propio cuerpo por encima de su papel impersonal sobre conjunto de la sociedad y entrelazado con ésta.
La segunda; los funcionarios transitorios y sus equipos, es decir, la personas elegidas para conducir los periodos marcados por la constitución, vulgarmente hablando, los “políticos”, desde el presidente de la república hasta el último militante del partido contratado como “asesor”.
Ambos grupos humanos que mueven esa maquinaria tienen, repito, dentro de la función específica del Estado, intereses grupales como un fin en sí mismo que no responden sólo, ni a la ficticia función del “interés general” ni a la efectiva función de garantizar el capitalismo como sistema. Unos están motivados por los intereses corporativos permanentes ya mencionados y los otros por la “reglas de la política”, que les obliga a tejer relaciones en vistas al próximo período como garantía de la existencia de la especie. Ambos grupos se comportan de ordinario en una combinación entre sinceras motivaciones “patrióticas” y la defensa propia. (Desde luego que en este análisis no se tiene en cuenta la corrupción en el sentido de la burda venalidad)
Huelga agregar que me refiero a todas las instancias del Estado, a los tres poderes, desde el gabinete del Poder Ejecutivo, pasando por Defensa y Seguridad Interior hasta Sanidad y Educación y los organismos autárquicos.
Además, y esto es lo importante, ambos grupos se desconfían mutuamente. Por eso, modificar la estructura permanente del Estado ha sido la labor más difícil de cualquier político con intenciones renovadoras.
En segundo lugar se hacen imprescindibles algunas consideraciones sobre la relación entre la gestión y la política. La palabra gestión fue puesta de moda y degradada por la nefasta experiencia del FREPASO en la Argentina quien pretendió reemplazar la política por la gestión. Pero ya que la usamos porque está en boga, convengamos que es sinónimo de administración: manera de utilizar los recursos.
Por otro lado no debemos hacer definiciones estancas en cosas que no pueden separarse. Porque no es posible separar la gestión de la política y viceversa. Y este concepto no lo podría explicar mejor que de la siguiente manera: “Entre política y gestión existe una relación paradojal de reenvíos y reenlaces mutuos, pero que en ningún caso pueden establecer un juego a partir del cual una logre suplir o eliminar a la otra” ( Miguel Benasayag y Diego Sztulwark, “Política y Situación”)
Esta definición de ambos términos en su relación no es baladí, porque la gestión siempre intentó e intenta suprimir a la política. Es el hecho verificado cuando las luchas políticas alcanzan su “materialización”, en concreto cuando se accede al “poder” ( al gobierno) cuando la gestión pretende hacerse dueña de la situación y se apodera de la acción revolucionaria diciendo “yo soy la revolución”, para encorsetarla en la necesidad. Los mismos hombres que en el llano se jugaron azuzando la rebeldía, el romanticismo, la pasión, la libertad y la justicia sin límites, puestos a administrar el nuevo estado de cosas, desde el poder, llamarán a la “responsabilidad”, a la obediencia. Y esto no podría ser de otra manera, porque la gestión, en tanto administración de los logros de la política, necesita de la estabilidad, es decir toma la “ficción-real” de representar “el interés general” El asunto es no confundir los conceptos: nuestro secretario general, ex comandante guerrillero o héroe de la guerra de liberación, o el genial estratega de la resistencia desde el exilio o bien el dirigente obrero combativo que accede a cargos gubernamentales, ahora, en funciones estatales, no “hace política” sino que ejerce la administración. Y la gestión, bueno es repetirlo, estará siempre condicionada por la necesidad, por la simple razón que los recursos pocas veces alcanzan para lo óptimo sin romper privilegios o “derechos adquiridos”. Recordemos entonces el consejo de Rosa Luxemburgo: “no hacer de la necesidad virtud”.
No hay “gestión revolucionaria” per se, por propia decisión, por voluntad o por los antecedentes del gestionario, no pude haberla porque en tal caso sería la política y se negaría como gestión. Tal es la ley no escrita del Estado. El secreto del Estado como máquina de dominación consiste en esa paradojal relación entre la gestión y la política. Por ello todas las dictaduras necesitan un determinado grado de consenso para dominar, por fuerte que sea el aparato militar represivo. Es menester tener en cuenta, no obstante, que en determinadas situaciones concretas, la defensa de una gestión puede ser una lucha política, lo que no le quita a la gestión su carácter de gestión, ni significa que la política se convierta en gestión. Ante un peligro para el verdadero “bien común”, ataque extranjero o una amenaza que signifique retroceso de conquistas populares ganadas, la política podría pasar por la defensa de esa gestión. .
Por lo demás, hay mejores y peores gestiones, distribuciones de los recursos existentes más justas o menos justas ( hasta ahora nunca “justas” sin adverbios ) diversas maneras de administrar, en cualquier caso condicionada por la política, la que a su vez sólo puede ser ejercida por quienes no tienen responsabilidades de gestión. Porque aunque determinado gobernante “represente” a determinada clase, sus decisiones estarán condicionadas por la lucha de clases. Por eso, teniendo en cuenta la estructura piramidal de Estado, es propio decir que la gestión está “arriba” y la política está “abajo”, entendiendo el arriba y el abajo como posiciones espaciales metafóricas y no jerarquizadas.
El Estado entonces, para nuestro pensamiento libertario, - el que se puede reconocer tanto en cierto anarquismo como en el marxismo original - no es el lugar de la política sino de la gestión. El Estado es impotente en política, administra, por así decirlo la resultante de ese entretejido social que es el poder. Impotente en política pero, claro está, no neutral en su cometido. La política en cambio es la potencia del “poder hacer” que activa en ese entretejido social y condiciona la gestión. La gestión es estática, la política es dinámica.
Si convenimos que ni política ni semánticamente se puede hablar de “revolución estática”, entonces, no hay “Estado revolucionario”, como no hay Estado de libertad, hay actos revolucionarios y actos de libertad.
Precisamente, en esa relación paradojal de la que hablan Miguel y Diego, el Estado, destinado a garantizar una relación social desigual, se disfraza de “interés general”. Por la misma razón el Estado, la gestión, siempre tratará de sujetar a la política ya que ella es por definición insaciable y una de las formas mas sutiles de embretarla es acorralarla en la gestión.
En efecto, el Estado, la gestión, se siente saciado cuando logra el “equilibrio social” por la forma que fuere y estas son muy variadas ( estado de bienestar, disciplinamiento por coerción económica, represión, unificación ante la amenaza externa, paternalismo, promesa de futuro, etc) acentuando su carácter conservador (puede ser conservador-socialista, recuérdese los 18 años de plomo de Breznev en la ex URSS ) la política en cambio, como arte, como subversión, como libertad, como búsqueda de la justicia es insaciable. Porque hasta ahora, por lo menos, la experiencia vital de la sociedad humana no ha encontrado los límites a la justicia y la libertad y hay razones de sobra para pensar que dichos límites no existen, es lo infinito del devenir, el misterio de la vida. ¿Podría haber “exceso” de justicia?
¿Es esto novedad? ¿Es que después de cuarenta años de lucha se nos dice que “ahora” pensamos así, “desencantados” porque en Cuba, por ejemplo, las empresas turísticas, con las que logran vitales divisas para ese país, donde disfrutan vacaciones los “progres” argentinos ese socialismo que no supimos construir aquí, se parecen desagradablemente a aquellas de la Cuba prerevolucionaria? De ningún modo, siempre que consideremos eso como gestión, como consecuencia de la necesidad y no seré yo - ya lo he dicho - quien tenga el derecho a juzgar cómo se gestiona, como se resuelve cada necesidad concreta en la cual no puedo incidir.
No, nada de esto es esto es novedad, sólo se trata de refrescar la memoria, tanto crear como recrear. La idea de la insaciabilidad de la política estuvo presente siempre en el cuerpo de ideas del marxismo revolucionario. Trotsky fue uno de sus mejores teóricos con su hipótesis de “revolución permamente” y luego el Che es elocuente cuando con su aguda sensibilidad afirma que las revoluciones no se estancan, o avanzan o retroceden y sobre todo con su lapidaria sentencia que debería hacernos sonrojar cuando abusamos de los adjetivos: “revolucionarios son los que hacen revoluciones”.
Separar conceptualmente la gestión de la política sin perder de vista su unidad - y sobre todo no dejarnos seducir por el aparente papel del Estado como intérprete del “interés general” - permitirá meternos a disputar los espacios estatales que propone Mabel Thwaites Rey, sin miedo a perder la autonomía quedando coptados por su fetiche. Esto es necesario - de necesidad - pues si bien es cierto la tendencia a la cada vez menor independencia de los Estados Nacionales, los mismos existen y existirán por un tiempo impredecible que podemos imaginar no corto. Por lo mismo su poder de dominación sigue vigente y su “tolerancia” a los emprendimientos autónomos tendrán el límite de su función como garantía de la sociedad desigual. Sería ingenuo pensar en el arribo a la forma comunal del socialismo por una yustaposición sistemática de cooperativas autónomas sin la feroz resistencia de las clases dominantes.
Dicho de otra manera, por ganas que tengamos, no podemos darle un portazo al Estado. Ignorar su poder sería suicida, desaprovechar sus recursos sería al menos lamentable.
El problema es que, la más de las veces, el movimiento popular ha emprendido la disputa de espacios en el Estado por la única vía que, en su ficción de representar el “interés común”, nos permite de buena manera: la vía institucional de la democracia representativa. Precísamente la máscara que oculta su esencia clasista: el derecho político. De acuerdo a esta ontología del derecho burgués, disputar espacios ha sido siempre ocupar bancas o cargos políticos de “decisión”. Por lo general la resultante ha sido y es, comportarse como “políticos” donde - de aceptar - debería obrarse como administradores tratando de arrancar conquistas, y encima, con harta frecuencia, como malos administradores.
Esto es así porque se considera al Estado como el espacio donde la política alcanza su máxima expresión, como el lugar de la acumulación del poder, como instrumento para transformar la sociedad “desde arriba”. Acumular un supuesto “poder popular” en un ente que tiene como finalidad amolar las aristas más agudas de la desigualdad, disimular la explotación y la opresión, no puede ser menos que un contrasentido. De una u otra manera se cae en la complicidad y ello explica las “traiciones” de los ex revolucionarios o simples “progresistas” que , a la hora de gobernar, defraudan. En el mejor de los casos, esos espacios han servido sólo como tribuna de denuncia, la que a la vez es contrarrestada eficazmente por lo medios y la propia corporación, quedando como resultante aparente la igualdad ante la ley. El sistema se justifica como democrático al permitir las disidencias populares en su seno.
De lo que se trata entonces es de arrancarle al Estado - y por medio de éste al capital - enormes recursos creados por la comunidad, para sustentar el desarrollo de las actividades autónomas en la base de la sociedad que, como en el caso de las cooperativas actuales, no sólo presenten una solución inmediata a los problemas materiales sino también experimentaciones de nuevas formas sociales. En ese sentido toda modificación jurídico-política que favorezca los intereses de las clases postergadas, no serán tanto la obra de los “diputados obreros” como de motorizar la movilización popular para que, sean del partido que fueren, dichos diputados o funcionarios, se vean obligados a votar las leyes que interesan al campo popular. (la tan paradigmática “ley de la silla” no fue la resultante de la elocuencia de Alfredo Palacios para convencer a los insensibles conservadores en las Cámaras, como lo que estaba pasando en la base de la sociedad)
Una relación política como la que estamos tratando de esbozar, excede en mucho el simple hecho de poseer “obreros en el parlamento burgués”; se trata, en cambio, de actuar sobre la totalidad del Estado, en los tres poderes y en sus dos planos, el aparato técnico burocrático y el aparato político. Una especie de “infiltración” político-cultural al Estado en todos sus rincones.
Pero para ello es imprescindible también un giro coperniano en nuestras ideas y prácticas sobre el sindicalismo y el movimiento en el campo de los “intelectuales orgánicos”. El sindicalismo porque el Estado está compuesto también por trabajadores agremiados. Esos sindicatos estatales, que son muchos: (administradores, docentes, sanidad, judiciales, en fin) deberían levantar la mirada del estrecho marco corporativista que les hace dirigirse al resto del pueblo sólo cuando les aprietan sus intereses, romper los compromisos con la corporación estatal y vincular su lucha a la de los autónomos, no sólo como eventual acto de solidaridad ante un conflicto concreto, sino como orientación perenne hacia nuevas formas de relaciones sociales. Y la misma idea para los universitarios y por extensión a todo el sistema educativo: De allí salen los cuadros técnicos del aparato estatal, los futuros profesores, comunicadores, jueces o titulares de secretarias, los funcionarios y sus diversos servicios que luego formaran corporaciones y colegios profesionales en la defensa de sus profesiones, como “especializados”, como un fin en sí mismo, las que constituyen relaciones de dominio conformando el entretejido social, el consenso, que vehiculiza el aparente poder omnisciente de la burguesía.
¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se hace para romper la larga tradición corporativa, más o menos “paraestatal” de estas asociaciones que ejercen su dictadura sobre el conjunto de la población de la cual son parte? Es que el giro coperniano debería empezar por nuestras cabezas y ya hemos visto que eso es difícil porque nuestras “cabezas” están gobernadas por la “conciencia”, la que “nos piensa” indicándonos nuestro rol, nuestro papel taylorista de “especializados”, en esas relaciones sociales que nos mantienen atados a la ontología capitalista. (Un especialista es una persona que, dominando un arte, se dedica a una de sus partes, manteniendo la visión del conjunto de relaciones; un “especializado”, en cambio, es aquel invento taylorista que entrena a una persona para una única función, desconociendo el conjunto, porque esa ignorancia de la complejidad es esencial para su eficaz función en la maquinaria)
Volvemos entonces a la primera parte de esta nota. Esa transformación sólo puede ser intentada por una práctica social que posibilite la libertad del cuerpo que piensa. Hoy esa práctica parece estar en ese campo que empezando por las fábricas recuperadas, los piqueteros autónomos y el movimiento de asambleístas se ha abierto. Una experiencia en donde cada participante debe renovar su “curriculum” día a día porque la desjerarquización laboral pareciera dar indicios de cómo resolver la contradicción de la división del trabajo con la necesidad de especialistas y no de “especializados”. Es justamente, nuestra función de “especializados” (cada uno somos especializados en algo, aunque sea en desocupación) la que nos fija al rol, al lugar que cada uno tiene asignado.
Cuando en la asamblea o en la fábrica recuperada nos “arremangamos” para hacer aquello que nunca hicimos (aunque eses “nunca hicimos” sea continuando el trabajo como especialistas, por ejemplo, yo fabricaba jabones en una fábrica que cerró, lo que nunca se me había ocurrido hacer es fabricar jabones sin el patrón) cuando ponemos el cuerpo en ese desafío, el espíritu se abre a la experimentación de aquello nunca pensado y es allí cuando la resistencia se transforma en creación. Y quizás no sea un sueño romántico de viejos artesanos, dejar de ser “especializados” para ser especialistas.
Correo: arnolkremer@hotmail.com