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Juchitan, Oax., 3 de marzo. Debido a las protestas de unos 120 ejidatarios, al menos 250 policías federales y estatales resguardaron durante los tres días recientes la instalación de tres torres de alta tensión desde el parque eólico La Venta hasta la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Juchitán.

Personal de la CFE pidió ayuda a la Procuraduría General de la República (PGR), que movilizó a decenas de agentes de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación, además de 150 preventivos del estado y 70 de la Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial.

Carlos Beas Torres, coordinador de programas de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), dijo que la ejecución del proyecto eoloeléctrico La Venta II, realizado por la CFE con la empresa española Iberdrola, con una inversión de más de 110 millones de dólares, ‘’ha sido un verdadero despojo'’ para los ejidatarios, pues a pesar de que el gobierno mexicano está obligado a informar y consultar a la población afectada por los proyectos de inversión, ‘’les ha negado el ejercicio de este derecho'’.

Durante más de dos años, señaló, los campesinos hicieron frente al hostigamiento y las ofertas engañosas de la CFE por sus tierras; sin embargo, la resistencia del ejido se rompió cuando policías ministeriales amenazaron con encarcelar a Rafael Solórzano Ordaz, presidente del comisariado ejidal, a quien de manera dolosa le imputaron varios delitos, lo que lo obligó a renunciar para dejarle el cargo al priísta Carlos Antonio Ordaz.

Con la intervención del nuevo presidente del comisariado ejidal y bajo amenazas y engaños, dijo, decenas de ejidatarios suscribieron ‘’contratos leoninos de arrendamiento'’ a favor de la CFE. Estos contratos, suscritos ante notario público, ‘’son un despojo porque cubren un periodo de 30 años y comprometen a los campesinos a entregar su tierra a cambio de un pago promedio de 12 mil 500 pesos anuales por hectárea donde se establezca una torre de aerogenerador'’.

Mientras, unos 400 habitantes del municipio Jalapa del Marqués realizaron una marcha en rechazo a que la presa de uso agrícola se convierta en una central hidroeléctrica ya que, aseguran, ello afectaría a más de 700 pescadores y más de mil agricultores de la región.