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Después de la fracasada huelga de hambre de constituyentes y diputados de la derecha y con la realización de Cabildos simultáneos en los departamentos de Beni, Pando , Tarija y Santa Cruz, la oligarquía articula acciones para ampliar su base social y territorial, dividir a sectores y movimientos sociales y enfrentar la resistencia popular a su estrategia autonómica expandiendo la utilización de la violencia fascista y las consignas racistas.
El 14 de diciembre, el ex capitán del ejército y Prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, dejó atrás el disimulo y se definió abiertamente como pieza en acción de la estrategia de la oligarquía: orquestó un pseudo cabildo y se otorgó a sí mismo el mandato para realizar (a mediados de enero) un nuevo referéndum autonómico desconociendo el de julio pasado en el que Cochabamba dijo NO a la autonomía departamental. Las intenciones de Reyes Villa salieron sin ningún reparo a la luz, en plena arenga cuando se pronunció por la independencia de Santa Cruz y se dijo encomendado a poner en marcha, al precio que fuere, la estrategia autonómica en Cochabamba.
Los movimientos sociales vinculados al MAS reaccionaron de inmediato con marchas y concentraciones desde diciembre. La intención parecía encaminada a frenar el intento de avance de la derecha y a neutralizar a Reyes Villa. En enero las cosas se complicaron: se reprimió a los sectores movilizados y en respuesta se decidió la vigilia en la ciudad, la concentración de campesinos se incrementó y la exigencia de renuncia del Prefecto quedó definitivamente agendada.
Decididos a la confrontación, Prefectos y cívicos de la media luna, intentaron tomar la ofensiva en la coyuntura. Utilizaron los medios de prensa (la mayoría a su servicio) para impulsar una feroz campaña acusando a los movimientos sociales de intrusos, sitiadores y funcionales al gobierno central. Buscaron también incidir en la cobertura de prensa internacional, los medios locales dirigieron su artillería al conflicto en Cochabamba; la cobertura tergiversaba y agrandaba los hechos. Se denunciaba un golpe mortal a la democracia, impulsado desde el mismo gobierno de Evo Morales. En pocos días el clima político se tensionó: se anunció la formación del grupo “Jóvenes por la democracia” que con rasgos fascistas amenazó con ejercer la violencia directa y desde Santa Cruz, cívicos y Juventud Cruceñista se pronunciaron en solidaridad con los ciudadanos de Cochabamba y se declararon en emergencia. El gobierno intervino buscando espacios de diálogo: la situación amenazaba con llegar al desborde y ya era difícil revertir la exigencia de renuncia que hacían las bases.
Sin aviso, Manfred abandonó las primeras instancias de diálogo con el gobierno y se trasladó a La Paz para tomar posiciones conjuntas con los otros prefectos aliados y monitorear desde ahí el desarrollo de las acciones premeditadas que ya se ponían en marcha. El comité Cívico cochabambino, decretó un paro cívico (que no alcanzó mayor incidencia) y llamó a marchar y a expulsar de la ciudad a los sectores sociales en vigilia en la plaza central. El miércoles 10 una primera marcha de jóvenes armados con palos intentó intimidar y logró agredir a algunos sectores populares movilizados. Los hechos no llegaron a más. Campesinos y cocaleros incrementaron su presencia en la ciudad y aunque la vigilia era pacífica estaban decididos a no ser intimidados.
La prensa en tanto, convocaba a mayor movilización “ciudadana” en defensa de la democracia y la paz; la cobertura de la mayoría de medios hacía campaña en contra de la “ocupación campesina” y del “asedio a la institucionalidad del país”. La marcha “ciudadana por la democracia y la paz” se realizó el 11 de enero bajo la dirección de funcionarios de la prefectura. Al frente, la Juventud Cruceñista y los Jóvenes por la Democracia marchaban protegidos con escudos y armados con un verdadero arsenal: bates, fierros con filos, cadenas, cuchillos y armas de fuego. Sortearon el cordón policial que no opuso resistencia al avance y salvajemente atacaron a un grupo de campesinos, mayoritariamente mujeres, que descansaban en la zona verde del Prado. Golpearon, hirieron y dispararon con decisión de matar mientras la policía se limitaba a retirar a los heridos que quedaban tendidos. La agresión fue acompañada de insultos y consignas racistas. La intención de llegar a la plaza y acorralar a los que hacían vigilia no fue lograda gracias a la reacción inmediata de la población: cientos de pobladores de barrios periurbanos, trabajadores, gremiales, estudiantes y universitarios acudieron a la ciudad y se enfrentaron con palos, piedras, ladrillos a la policía que los gasificaba y a los grupos de choque que atacaban con balas.
Las fogatas ardieron, la muchedumbre tomó esquinas y calles haciendo retroceder a los agresores. En la plaza, centenares se incorporaron a la vigilia y al velorio de Juan Ticacolque, campesino asesinado con disparos hechos a quemarropa. Finalmente y tras horas de enfrentamiento, una tensa calma se impuso cuando el ejército se movilizó. Para entonces el saldo era trágico: 2 muertos y más de 120 heridos, cuatro de ellos se debatían entre la vida y la muerte.
La estrategia sediciosa en acción
El conflicto en Cochabamba, no ha sido un conflicto local o aislado. Es parte de un plan encabezado por prefectos y cívicos desde Santa Cruz y Tarija que fue diseñado y se ha puesto en acción tras los acontecimientos de octubre 2003 que obligaron a la renuncia y la fuga al ex presidente Sánchez de Lozada. Concibiéndose dueños y señores de tierra, los recursos y la gente, los sectores oligárquicos enquistados en el oriente han decidido no permitir las reformas con las que el gobierno ha rozado apenas algunos privilegios que ilícitamente se adjudicaron. Pretenden detentar el poder absoluto, evitar transformaciones estructurales y conservar el poder económico apropiándose -sin restricciones- de los recursos naturales que tiene el país. Para ello se aventuran a una batalla cada vez más frontal, aprovechando los amarres legales y democráticos con los que han conseguido ajustar al nuevo gobierno. Al parecer, los alcances de su escalada fascista contemplan incluso la opción de una guerra civil.
Hábilmente, derecha y oligarquía capitalizan los espacios de un sistema “democrático” que diseñaron a su medida y para sí. La opción del gobierno por gobernar apegado a las leyes (ilegítimas) de ese sistema, les ha facilitado afianzarse y desde esos espacios seguir en el escenario político con una posición de fuerza que está cimentada además en el control del poder económico que nunca perdieron.
Cochabamba fue, en ese contexto, el escenario de guerra que Manfred Reyes Villa ofreció para dar un golpe frontal a las aspiraciones populares y para intentar posicionar la estrategia autonómica en la región, con la pretensión de inclinar la balanza a su favor en el escenario político de la nación.
Acción Popular contundente y masiva, pero sin horizonte ni rumbo político.
Inicialmente movilizados en torno al gobierno, los sectores sociales lograron trascender las mismas orientaciones de la dirigencia del MAS agendando el pedido de renuncia de Manfred. Los motivos sobraban pues se han acumulado, en la corta gestión del prefecto, denuncias de malversación de recursos, sobredimensiones en los precios de obras, chantajes a comunidades con desembolsos condicionados al apoyo político, adjudicación de funciones que no le competen. En fin, el prefecto ha instaurado el prebendalismo en los municipios y articulado grupos de choque que recurren a la violencia para neutralizar la oposición a su gestión. El vitoreo a la independencia cruceña, el desconocimiento del resultado del referéndum y el ataque armado del 11 de enero, fueron las gotas que derramaban el vaso.
La reacción de otros sectores, en solidaridad y defensa de los campesinos salvajemente agredidos, ha sido importante porque ha conseguido, a pesar de la pretensión de prefectos y cívicos, articular los intereses particulares: sectoriales, étnicos y los de clase en un accionar insurgente masivo bajo una demanda en común, que no puede sino identificarse como el rechazo mayoritario a la intención de la derecha y la oligarquía de conservar el actual estado de cosas. La resistencia espontánea del pueblo consiguió en las calles fracturar la gobernabilidad del Prefecto y revertir la ofensiva lanzada desde las prefecturas de la media Luna. Sin embargo no hubo renuncia, aunque el Prefecto asesinó, desgobernó y actuó al margen de todos los marcos legales, conservó nominalmente el cargo de autoridad departamental bajo el reconocimiento expreso del gobierno central que declaró que el conflicto era de carácter local y llegaría a soluciones por la vía de mecanismos legales y de diálogo.
A pesar de ello, es evidente que el conflicto en Cochabamba es el mismo que subyace en todo el país: la confrontación inevitable de intereses diametralmente opuestos; confrontación que está presente en todos los escenarios de la vida política institucional del país y como lo demuestran los acontecimientos de enero en Cochabamba, también en las calles.
La falta de rumbo político ha sido también evidenciada durante el conflicto. Los cabildos populares aglutinaron a multitudes diversas, que indignadas por los sucesos, unánimemente se pronunciaron por la renuncia inmediata del Prefecto Reyes Villa y la instalación de un gobierno departamental con participación directa del pueblo. Se cuestionaba de fondo el sistema ilegítimo de democracia vigente.
Pero con la situación complicada, rebasados por el accionar de las bases movilizadas, los dirigentes optaron por tomar el control forzando “acciones orgánicas”. La lectura política fue insuficiente y estrecha. Carentes de horizonte político, gobierno y dirigencias del MAS mostraron incapacidad para capitalizar la insurgencia del pueblo. Se optó por ajustarse aún más las ataduras legales y por obligar al repliegue en aras de una salida en el marco de una democracia excluyente que ha perdido legitimidad y se muestra incapaz de dar soluciones de fondo. Se consiguió en todo caso, poner paños fríos al momento de crisis, pero al precio de confundir a los movilizados que bajo presión depusieron acciones. El argumento de peso ha sido el riesgo a poner en peligro la estabilidad del gobierno. Buscando salidas legales se desactivó a la masa en apronte, se coartó la unidad popular, sin tener como opción más medida que un improvisado e incierto recurso legal. La limitación del gobierno se ha expresado en la opción que tomó: ajustarse a la legalidad democrática hoy en vigencia y esperar a que la Asamblea Constituyente construya el nuevo marco legal del Estado para resolver el problema de fondo. El panorama no parece optimista: han pasado 6 meses desde instalada la Asamblea y el avance en la construcción de ese Estado es nulo, justamente por los amarres que se han heredado -y se han aceptado- de un modelo de democracia ficticio, absolutamente ilegítimo, utilizado para evitar las transformaciones estructurales que demanda la sociedad boliviana.
El incierto recurso legal del Referéndum Revocatorio
Si la desmovilización popular obedeció a resoluciones orgánicas en aras a favorecer la estabilidad del gobierno; la opción legal del Referéndum Revocatorio parece ser el resultado de la búsqueda de una salida apresurada a la crisis. En sí misma la propuesta carece de claridad y muestra inconvenientes de cara al mismo objetivo buscado de preservar la estabilidad del gobierno. No dar más solución que la efímera postergación del conflicto parece ser el destino de la medida si es que logra concretarse en el Legislativo.
Otro recurso, también sujeto al marco legal, curiosamente fue dejado de lado: la destitución directa desde el Ejecutivo. La Constitución Política define que los prefectos son representantes del gobierno central en los departamentos y por tanto deberán ser designados por el Presidente de la República. Así se hizo siempre, hasta enero del año pasado, cuando el Presidente posesionó como Prefectos a los ganadores de un proceso electoral que fue estipulado por una ley Especial promulgada en abril del 2005.
Ciertamente la promulgación de esa Ley fue un logro de los sectores de la oligarquía que pretendieron con ella, contar con un instrumento legal para conjurar el avance de los movimientos sociales que habían logrado desequilibrar la correlación de fuerzas y cambiar el escenario político en el país. Con la complicidad del entonces Presidente Mesa y los partidos políticos, se logró la aprobación de una Ley Especial de Elección para la Selección de Prefectos. En síntesis la Ley Especial fue aprobada para dar a los sectores de la oligarquía, el espacio que necesitaban en el nuevo contexto político para arremeter con su estrategia de autonomía separatista.
Sin embargo, la elección de Prefectos nunca ha supuesto tácitamente que el ganador del escrutinio sea en los hechos posesionado, ya que por sobre la Ley está la Constitución, que establece específicamente que la designación es competencia del Presidente de la República. Por ello, la ley establece un proceso electoral que servirá para la selección de autoridades departamentales que hará el Presidente.
Nada más lógico entonces que ante la ingobernabilidad en el departamento, ante la represión y violación de derechos humanos planificadas desde la prefectura y ante la violación de los resultados legales de un referéndum, el gobierno optara por destituir al Prefecto cochabambino. La medida no solo hubiese sido legal, sino que posibilitaba el camino más razonable y correcto: se restablecería el orden en la ciudad, se demostraría mayor claridad política, se derrotaría el intento de expansión de la estrategia divisionista y todo eso con un rotundo apoyo social. La unidad popular se fortalecería acrecentada por la victoria de los movimientos sociales con asidero legal.
Más allá de las medidas tomadas por el gobierno, lo cierto es que en Cochabamba, la población ha visibilizado a través del ataque, la decisión de una derecha dispuesta a arrasar y a no deponer sus acciones hasta derrotar a los movimientos sociales. Para nadie es ajeno que el conflicto persiste, para nadie es ajeno tampoco que la solución no llegará en la mesa de diálogo. Hoy por hoy, los sucesos demuestran que habrá de asumirse la magnitud del conflicto a nivel nacional y habrá de hacerse de manera inmediata. Pero lo que resulta más claro es que mientras no se defina el horizonte político que se quiere alcanzar, las vidas segadas nos seguirán interpelando.
CEDIB