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Mineros exigen pago de indemnizaciones prometidas por el ejecutivo nacional
El pasado viernes 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en la capital bolivarense para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Muchos de los mineros expresaron su descontento con la demora, señalando que llevan varios meses desde que fueron desalojados de la Cuenca del Caroní, quedando prácticamente en la calle y sin recibir ningún ayuda. Elvia de Bermúdez, representante del Frente Minero de La Paragua, acotó que han sido muchas las puertas de organismos del Estado que han tocado sin recibir ningún tipo de respuestas. “Queremos que el presidente de la República, Hugo Chávez, venga a La Paragua para que conozca la problemática minera realmente como es. Para que se destape la olla y sepa qué es lo que hay”, señaló. (Correo del Caroní, 17.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978). Paralelamente, un grupo de aproximadamente 200 mineros protestaban en la población de La Paragua, solicitando el aumento a 15 millones la ayuda que recibirían del ejecutivo nacional. La acción consistió en la tranca de vía hacia los poblados de La Paragua y Ciudad Piar, y la obstaculización de los accesos a empresas como Ferrominera Orinoco. La protesta fue reprimida por efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 82, quienes haciendo uso de bombas lacrimógenas lograron dispersarla, y practicar la detención de varios mineros, entre ellos algunas mujeres. Al día siguiente los mineros detenidos fueron trasladados a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la capital bolivarense, para luego ser remitidos al retén policial de Agua Salada. En horas de la tarde fueron trasladados al Palacio de Justicia para su presentación ante el Tribunal Tercero de Control a cargo del doctor José Tadeo Guerra. A estos mineros, algunos de ellos identificados como Douglas Ortiz, Celia González, José Rafael Manrique, María Ríos y Mayerlin Bolívar, se les imputó el delito de obstrucción de la vía terrestre, tipificado en el Código Penal, dentro de los delitos contemplados contra la seguridad, medios de transporte y comunicaciones. La fiscal auxiliar de la Fiscalía Tercera María Guaiquerima, quien estuvo a cargo de presentar las acusaciones por parte del Ministerio Público, solicitó medida cautelar para los detenidos, aprehendidos bajo flagrancia cuando obstaculizaron la vía a Tocomita, en el municipio Raúl Leoni. Mientras, la defensa estaba a cargo de los abogados Orlando Torres y Egrei Prieto, según se pudo conocer. Los imputados salieron en libertad el 21.02.07.
José Martínez, minero de la zona, y cuya esposa se encontró entre las personas detenidas, aseveró a la prensa regional que simplemente están exigiendo sus derechos para una asignación digna. Explicó que no están dispuestos a aceptar el millón de bolívares que pretenden darles los representantes del gobierno en la Paragua, cuando el presidente de la República Hugo Chávez en una de sus alocuciones planteó la cancelación de 15 millones de bolívares. Martínez afirmó que han dedicado su vida entera a la extracción de oro y diamante para ahora ser sorprendidos por un proceso de reconversión, que prácticamente los ha dejado desempleados y sin medio en sus bolsillos. (Correo del Caroní, 22.02.07, http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,162/?id=57978)
El 28.02.07 miembros de más de 30 Consejos Comunales y moradores de la parroquia Raúl Leoni, de Cumaná, cerraron el paso en la capital de esta jurisdicción, que comunica a los estados Sucre y Anzoátegui, para exigir la asignación de una par de galenos en el ambulatorio y mayor resguardo policial. La protesta se desarrolló de manera pacífica hasta el retiro del secretario general de gobierno, cuando efectivos policiales intentaron disolver violentamente la manifestación. Varios heridos de perdigones, afectados por bombas lacrimógenas y cuatro detenidos fue el saldo de la actuación policial. De los lesionados sólo la dirigente campesina, Omaira Barrios, ingresó al Hospital Universitario de Cumaná.
El 27.02.07 un grupo de Jubilados de la Gobernación del Zulia fueron desalojados del despacho cuando realizaban una manifestación para exigir el pago de diferentes deudas laborales. La protesta fue reprimida por la Brigada Especial de la Policía Regional (PR), dejando como saldo cinco personas heridas y tres detenidas.
El 16.02.07 un grupo de participantes del plan de empleo temporal de Pdvsa cerraron la troncal 9 de Píritu, estado Anzoátegui, para exigir la cancelación de pagos atrasados desde el mes de diciembre. El Grupo de Reacción Inmediata (Grip) de la Policía del estado reprimió la manifestación utilizando bombas lacrimógenas.
El 16.02.07 grupos de mineros del municipio Raúl Leoni del estado Bolívar se apostaron frente a la sede del Ministerio del Ambiente en Puerto Ordaz para exigir la cancelación de la llamada ayuda humanitaria prometida por el Gobierno nacional. Paralelamente, unos 200 mineros protestaban en La Paragua solicitando el pago de 15 millones prometido por el Presidente Hugo Chávez, los cuales fueron repelidos por un comando de la Guardia Nacional utilizando bombas lacrimógenas y practicando la detención de nueve personas.
El 14.02.07 cinco deportistas resultaron heridos, dos por perdigones y tres por gases lacrimogenos, cuando un grupo de atletas del estado Carabobo tomaron las instalaciones de la Villa Olímpica en la ciudad de Valencia para protestar por la falta de becas, pago a los entrenadores, incumplimiento en la entrega de viviendas y otras promesas realizadas por el presidente de Fundadeporte. La represión de la manifestación fue realizada por la Policía de Carabobo. El mandatario regional, Luis Felipe Acosta Carléz, declaró que los ciudadanos tenían derecho a protestar “pero con amor y diálogo, y no alterando el orden público, ni trancando la vía, porque ahora es delito”. (Notitarde, 15.02.07, pag. 2).
El 14.02.07 trabajadores de la economía informal trancaron en ambos sentidos la Avenida Francisco de Miranda, en Caracas, en rechazo a las normas respecto a sus condiciones laborales en Petare. Simultáneamente, trabajadores de le empresa Sabenpe protestaron en sus instalaciones, ubicadas en Mariche, sobre el pago de pasivos laborales. Ambas protestas fueron repelidas con bombas lacrimógenas y perdigones por funcionarios de Polisucre, practicando la detención de un total de 11 personas.
El 13.02.07 efectivos de la Policía del estado Monagas dispersaron con gases lacrimógenos y perdigones una manifestación de trabajadores despedidos de la Gobernación en los alrededores de la plaza El Indio. Cerca de allí, se realizó una protesta de transportistas quienes pretendían entregar un pliego conflictivo al director de vialidad y transporte de la Alcaldía de Maturín. Esta protesta también fue reprimida, y según el parte policial, ambas arrojaron dos heridos y 11 personas afectadas por los gases.
El 02.02.07 trabajadores de la economía informal de Charallave se instalaron en la Avenida Bolívar de la ciudad, de dónde habían sido desalojados a comienzos de año. Agentes de la policía municipal de Cristóbal Rojas intentaron desalojarlos con bombas lacrimógenas y perdigones, desencadenando una batalla campal que ocasionó un buhonero herido y ocho detenidos.