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Gobierno planea dos justicias con el mismo rango
Por La Razón / Bolivia - Viernes, Mar. 23, 2007
Indymedia Argentina
La justicia ordinaria y la indígena originaria se ejecutarían a un mismo nivel. Otro pilar, la justicia constitucional, se encargaría de hacer cumplir la Constitución, y de equilibrar las dos primeras.
La propuesta del Gobierno es que la justicia comunitaria y la ordinaria coexistan y que entre ambas, mediante otro pilar —la justicia constitucional— haya equilibrio. El director general de Normativa y Operativa de Justicia Comunitaria, Petronilo Flores, explicó que se plantea en la Constituyente cambiar incluso el nombre al Poder Judicial.
Si se aprobara la propuesta se denominaría Función Judicial. “Ya no se debe hablar del Poder Judicial porque el verdadero poder en estos tiempos está en el pueblo. Cuando hay crisis política se activa ese poder y por eso estamos frente a una Asamblea Constituyente”, indicó Flores.
Comentó que el principio rector de la Función Judicial será el pluralismo jurídico que consiste en garantizar, proteger y respetar la coexistencia de varios sistemas jurídicos (Justicias Ordinaria y Comunitaria). Se encargaría de ello y de hacer respetar los derechos humanos, la Justicia Constitucional. Las tres justicias tendrán mandos nacionales, regionales y locales.
La justicia comunitaria, explicó, resolverá todos los conflictos, sin excepción, tendrá sus normas y una igualdad de condiciones con respecto a la justicia ordinaria. Las autoridades originarias tendrán la misma legitimidad que los jueces, fiscales, magistrados.
La aplicación de la justicia comunitaria se irá estructurando a medida que sea aplicada en ayllus, comunidades indígenas y campesinas, markas, etc.
Cada comunidad indígena o campesina tiene una forma de administrar la justicia originaria. La propuesta respetará esto, pero reflexionará en caso de que la justicia de ese lugar viole los derechos humanos o la Constitución.
La instancia superior será el Consejo de Administración de Justicia Comunitaria, que actualmente existe, según Flores y que sólo necesitará ser fortalecido.
Los afectados por autoridades que apliquen mal la justicia comunitaria en algunos ayllus podrán recurrir a ese Consejo. “Si es que también hay una mala aplicación en esa instancia, también podrá acudir a una mayor que será el Consejo Nacional de Administración de Justicia Indígena Originaria que tendrá un brazo técnico denominado Consejo de Amautas”, informó Flores.
Ese Consejo estará conformado por representantes de los pueblos indígenas que también se encargarán de promover la institucionalización de la administración de la justicia comunitaria. Coordinarán con universidades, conformarán cursos de capacitación, harán investigaciones, intercambiarán criterios con autoridades de la justicia ordinaria. Se escribirán libros donde se guíe a las comunidades en la aplicación de una buena justicia indígena originaria.
El proceso de la justicia comunitaria es la denuncia, la investigación, la recolección de pruebas, la defensa que la asumen en conjunto los familiares. La defensa es pública y también existe un control que es por parte de ex autoridades y la misma comunidad comentó Flores.
En la justicia ordinaria, el trabajo de fiscales, jueces, magistrados será controlado por la misma población, además de las autoridades correspondientes (Consejo de la Judicatura). Ello permitirá la lucha contra la corrupción judicial. Flores mencionó como ejemplo la realización de una audiencia donde la gente denunciará actos de corrupción.
Además, propuso la desconcentración administrativa de los juzgados. Uno estaría, en el caso de La Paz, en Villa Adela, otro en Obrajes, en cada distrito.
“Lo que se busca es que se brinde un mejor servicio (en la justicia ordinaria). De la participación de los fiscales, Flores comentó que tendría que existir la posibilidad de que se audite el proceso. “Ya se han vuelto profesionales en no dar servicio. Hay denuncias de que tal fiscal me ha cobrado $us 3.000. No se investiga eso. El que pierde es el que denuncia”.
Detalles del plan
Universidades • La justicia comunitaria ingresaría en los diseños curriculares de esas instituciones. Los profesionales deberán generar teoría y conocimiento a partir de la realidad.
Sueldos • Ninguna autoridad originaria percibiría un salario, porque causaría un conflicto. Pero, sí contaría con viáticos y alimentación.
Nombres • Se podría cambiar los denominativos de consejeros, magistrados, por otros.